Ciudad de México. – A dos días de la inauguración del Mundial, más de un centenar de defensoras y defensores colocaron una mega manta de 21 metros de largo en la Estela de Luz, una pieza arquitectónica de la Ciudad de México, para hacer un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para que atienda las problemáticas sociales y ambientales del país, en lugar de concentrarse únicamente en el mundial de futbol.
Esta manta que fue colocada por Greenpeace México para denunciar que los temas de migración, desapariciones, violencia, despojo, desplazamientos forzados y justicia ambiental han sido ignorados y que los intereses comerciales del T-MEC están por encima de la gente, informaron.
El mensaje enviado al Gobierno de México respecto de estas problemáticas fue claro:
“Esto también está en juego. El mundo está viendo”.
Las organizaciones convocantes, entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Greenpeace México, Global Exchange, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA), Project Worldcup Spotlight y redes binacionales como el Movimiento de los Pueblos por la Paz y la Justicia y la Asamblea de Incidencia por los Derechos Humanos en el T-MEC, alzaron la voz para expresar su rechazo a la asignación de recursos millonarios para la celebración del Mundial por parte del Gobierno de México y demandaron atención a la grave crisis ambiental y de derechos humanos existente en la región.
«Mientras que el Gobierno de México ha anunciado inversiones por hasta 2 mil millones de pesos para infraestructura en movilidad en las tres ciudades sede y el despliegue de 100 mil agentes de seguridad pública, además de muchas otras inversiones millonarias por parte de los estados para asegurar la infraestructura y el desarrollo de este evento, no existe ninguna consideración por las necesidades urgentes que aquejan a la sociedad mexicana».
Es necesario no perder el contexto en el que se dará esta justa deportiva, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas al 9 de junio del 2026, en México hay 134 mil 870 personas, de las cuales 29 mil 237 son mujeres.
Las y los manifestantes exigieron detener las redadas del Instituto Nacional de Migración en México y la Agencia de Enforzamiento de Inmigración (ICE) en Estados Unidos, así como proteger y asegurar la inclusión de las más de 190 mil personas deportadas mexicanas y cerca de 13 mil personas deportadas a México de otras nacionalidades -con estimaciones que van hasta las 20 mil personas- durante 2025 hasta marzo de 2026.
Las deportaciones masivas han sido una de las estrategias fundamentales de la política migratoria de Donald Trump desde que inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025.
En el informe “Te tratan como si no valieras nada” de Human Right Watch, se documentaron múltiples acusaciones de abuso sexual cometidas por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Patrulla Fronteriza y del ICE. Uno de los casos más alarmantes relata que una niña sufrió abuso sexual y violencia física por un oficial. El informe también denuncia posibles violaciones al debido proceso, ya que muchas mujeres migrantes relatan que los agentes les impidieron presentar solicitudes de asilo o las obligaron a firmar documentos que no comprendían, vulnerando así sus derechos fundamentales.
Redadas del ICE agravan violencia estructural contra jornaleras migrantes en California.
En conferencia conjunta, alertaron que la renegociación del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, no debería ser para beneficiar a billonarios y corporaciones, sino a las personas trabajadoras, la naturaleza, la agricultura y a los derechos humanos, los cuales deberían prevalecer al centro de la relación comercial entre estos países.
En su protesta demandaron atender la discriminación, racismo, violencia y el desplazamiento forzado de comunidades afro mexicanas e indígenas desplazadas en Guerrero; así como la criminalización y el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos.
Desplazadas por el narco en Guerrero
La justicia ambiental
También pidieron una política de gobierno que priorice el medioambiente y los derechos humanos sobre las inversiones en proyectos extractivistas en ecosistemas marinos y terrestres.
Porque, actualmente nos encontramos experimentando la devastación de la selva maya y los océanos a manos de un modelo de “desarrollo” que prioriza las ganancias de las corporaciones frente a la protección de la vida en todas sus formas, detallaron.
La justicia ambiental es otro pendiente. Se trata, ante todo, de un derecho colectivo, porque lo que está en juego es la vida, la integridad y la dignidad de las personas.
Como muestra están los impactos del cambio climático, cada vez más intensos, señalaron, los cuales afectan desproporcionadamente a las personas más vulnerables; las comunidades desplazadas climáticas; otros procesos internos de migración forzada por el despojo de tierras y bienes naturales y un contexto nacional adverso y de alto riesgo para activistas ambientales, así como defensoras y defensores de la tierra.
Por lo que lanzaron este llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos.
«Reiteramos que el mundo tiene los ojos puestos en los países sedes del mundial, no sólo por el evento deportivo sino como ojos vigilantes ante la falta de actuación frente a temas cruciales para la sociedad».
Posterior a este evento, las defensoras anunciaron que seguirán pronunciándose en México, Estados Unidos y Canadá en el marco de la Copa Mundial sobre estas causas.
