La iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes tiene el fin de prohibir expresamente las uniones infantiles.
Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas y adolescentes, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, a fin de prohibir de manera expresa el matrimonio infantil, las uniones de hecho y el concubinato entre personas menores de edad, así como impedir que adolescentes trabajadores realicen jornadas laborales extraordinarias.
La propuesta contempla modificaciones a los artículos 45 y 47 de dicha ley para reforzar el interés superior de la niñez frente a prácticas que continúan vulnerando sus derechos y que, advirtió la legisladora, pueden provocar consecuencias físicas, psicológicas y sociales permanentes.
Buscan cerrar vacíos legales que permiten las uniones infantiles
Pese a que esta práctica está prohibida en todo el país, el matrimonio infantil continúa registrándose en diversas regiones, principalmente en comunidades rurales y zonas con altos niveles de marginación.
Estas uniones ocurren bajo figuras distintas al matrimonio formal, como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», lo que permite evadir la prohibición legal vigente y dificulta la protección efectiva de niñas y adolescentes.
Por ello, la iniciativa plantea que la legislación prohíba expresamente no solo el matrimonio infantil, sino también cualquier institución equivalente o similar, independientemente de usos, costumbres o prácticas culturales.
La senadora Corona Nakamura señaló que las reformas buscan consolidar los avances alcanzados en la erradicación del matrimonio infantil, incorporando herramientas legales que permitan a las autoridades prevenir estas prácticas y sancionar las violaciones a los derechos de niñas y adolescentes.
La senadora sostuvo que el propósito es fortalecer la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar el interés superior de la niñez y brindar mayores condiciones de protección a quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad desde edades tempranas.
Las «uniones de hecho» mantienen vigente el matrimonio infantil en México
Aunque el matrimonio infantil está prohibido en México, organizaciones de derechos humanos han advertido que miles de niñas y adolescentes continúan siendo obligadas a unirse con hombres adultos mediante figuras como el concubinato o las llamadas «uniones de hecho», prácticas que permiten eludir la legislación vigente y perpetúan distintas formas de violencia.
De acuerdo con la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (ADIVAC), estas uniones suelen estar vinculadas con violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar, pobreza y explotación, además de reproducir patrones de desigualdad de género. La organización sostiene que, pese a los compromisos internacionales asumidos por México, el país mantiene una deuda pendiente en la erradicación de estas prácticas.
Incluso, un informe presentado ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) señala que alrededor de un millón 420 mil niñas y adolescentes en México viven casadas o unidas antes de cumplir los 18 años, mientras que en regiones como la Montaña de Guerrero, Chiapas y Oaxaca persisten matrimonios y uniones forzadas justificadas bajo «usos y costumbres», donde las menores son privadas de su derecho a la educación, la salud y una vida libre de violencia.
El trabajo adolescente también pone en riesgo el derecho a la educación y al descanso
Dentro de la iniciativa de la senadora, Corona Nakamura señaló que también busca consolidar los avances alcanzados en la erradicación del trabajo que afecta principalmente a adolescentes. Aunque en México la edad mínima legal para trabajar es de 15 años, muchas chicas y chicos adolescentes continúan realizando jornadas extraordinarias, pese a que aún son menores de edad.
La legisladora recordó que la Ley Federal del Trabajo ya prohíbe las horas extraordinarias para personas menores de 18 años; sin embargo, consideró necesario incorporar esta protección de forma explícita en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y sanción por parte de las autoridades.
