Ciudad de México.- En México, 27 mil 800 mil niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años se encontraban casadas en zonas rurales del país, según el Censo 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia esa situación señala que eso es muestra de normas sociales y culturales y una forma generalizadas de abuso sexual, explotación y violencia, pues son niñas forzadas a contraer matrimonio con hombres de más de 35 años y si llegan a rebelarse, son encarceladas o torturadas.
Por matrimonio infantil se entiende la unión informal entre una niña y un adulto. Si bien la frecuencia con la que se realiza esta práctica se ha reducido en todo el mundo —de 1 de cada 4 niñas que se casaban siendo niñas hace diez años, a aproximadamente 1 de cada 5 en la actualidad—, el matrimonio infantil sigue siendo una práctica generalizada. Antes de la pandemia de COVID-19, se esperaba que más de 100 millones de niñas se casaran antes de cumplir dieciocho años en la próxima década. Ahora, hasta 10 millones de niñas más correrán el riesgo de contraer matrimonio como resultado de la pandemia.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas abogan por medidas mundiales destinadas a poner fin a esta violación de los derechos humanos de aquí a 2030.
Por ello, la Cámara de Senadores reforzó la medida de prohibir los matrimonios infantiles en el país y terminar con niñas convertidas en esposas, esto mediante una reforma a la Constitución Política para establecer en su artículo 2 el respeto al interés superior de las niñas y adolescentes que vivan en pueblos y comunidades indígenas, para que no pueda justificarse el ejercicio de los usos y costumbres de esas regiones y correr el riesgo de sufrir actos que violen sus derechos, como los matrimonios forzados.
“Si bien en 2019 el Senado de la República aprobó la prohibición de los matrimonios infantiles en el país, en algunas comunidades indígenas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Chihuahua, continúa siendo una práctica común, lo que constituye una grave violación a los derechos humanos de las niñas”, puntualiza el doctor en Pedagogía y académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, Pedro Daniel Martínez Sierra.
Considera que debido a esa práctica, resultado de costumbres arraigadas, cientos de niñas se ve interrumpida abruptamente su infancia y adolescencia y, con ello, su pleno desarrollo, además se agrega el embarazo y adolescente, no planeado, con frecuencia resultado de violación sexual, que ocasiona emparejarse a temprana edad.
Ante este hecho, las y los senadores expresaron su compromiso de atender la realidad de niñas y adolescentes que tiene derechos y están salvaguardados en la Constitución, pero son que “totalmente atropellados y violados cuando se permiten, o se es indiferente o se consienten estos matrimonios forzados de niñas, niños y adolescentes”, manifestó la legisladora panista, Josefina Vázquez Mota.
El pleno de la Cámara alta avaló con 76 votos y turnó a la Cámara de Diputados la reforma para que usos y costumbres de comunidades indígenas no estén por encima de derechos de menores, donde las y los senadores advirtieron que si bien es preciso garantizar el respeto a normas sociales de las comunidades indígenas, como la misma Carta Magna lo establece y de acuerdo con diversos tratados internacionales de los que es parte México, también se debe precisar que tales prácticas no pueden estar por encima de los derechos humanos de las niñas y adolescentes.
Las causas y razones
Los matrimonios infantiles en México son más frecuentes en las comunidades indígenas y rurales, que se rigen por usos y costumbres, donde se practican por motivos culturales, económicos o religiosos, lo que los hace un fenómeno normalizado. Esto es así por diversas razones, de las cuales María Luisa Santilán. expone en su estudio “De niñas a esposas. La problemática del matrimonio infantil” de la Divulgación de la Ciencia de la UNAM, detalla:
- La amplia brecha de desigualdad social. Sin trabajo ni educación, las menores optan por el matrimonio como vía para lograr cierta estabilidad económica.
- La pobreza que lleva a familias a casar o vender a sus hijas para obtener un ingreso, reducir la carga económica de su sostenimiento o saldar deudas.
- La desigualdad de género: el machismo impone roles y expectativas diferentes para las niñas y los niños.
- Las normas sociales y culturales que establecen que las niñas deben casarse a temprana edad para asegurar su futuro, preservar su honor o cumplir con las tradiciones de su comunidad.
- La falta de educación, que limita las oportunidades y los derechos de las niñas y adolescentes y las hace más vulnerables al matrimonio infantil.
- Los conflictos armados y las acciones del crimen organizado, que generan situaciones de desplazamiento, inseguridad y violencia que pueden empujar a las niñas y adolescentes a buscar o aceptar protección en el matrimonio.
Es importante hacer mención que en las comunidades indígenas, en muchas ocasiones, son desconocidos los derechos humanos que tiene cada persona por la falta de difusión y comunicación por parte de las instituciones y por la lejanía de las comunidades, lo que genera que no sea suficiente el reconocimiento judicial de los derechos humanos.
Algunos de los pueblos y comunidades indígenas en nuestro país en los que se ha documentado el matrimonio infantil, según lo establece Gabriela Alvarado León, en su estudio Aplicación del matrimonio forzado en comunidades indígenas en México:
- Los tzotziles y tzeltales de Chiapas, que intercambian o venden a sus hijas por dinero, ganado o terrenos.
- Los mixtecos o tlapanecos de Guerrero, que entregan a sus hijas a cambio de una dote o para resolver conflictos familiares o comunitarios.
- Los huicholes de Jalisco, que casan a sus hijas con hombres mayores que las eligen durante las fiestas rituales.
- Los mazahuas del Estado de México, que pactan el matrimonio de sus hijas desde la infancia o la adolescencia con hombres de su misma comunidad o de otras cercanas.
- Los nahuas de Puebla, que acuerdan el matrimonio de sus hijas con base en la afinidad entre las familias o el interés económico.
Es más cara una vaca que una niña
El pleno del Senado determinó que con la reforma al artículo 2 constitucional contribuir a una protección integral de los derechos de niñas y adolescentes que pertenecen a las comunidades indígenas del país, considerando de suma relevancia el respeto a su interés superior, sin perjuicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios. Al fijar la postura de Morena, Lilia Margarita Valdez Martínez manifestó que no se puede aceptar que haya niñas de 13 o 14 años casadas con sujetos de más de 35 años.
“Imagínense su día, imagínense su noche; es de dar miedo, un miedo social que no se nos debe de olvidar, por lo que reitero que mi bancada respalda esta reforma al artículo 2 de la Constitución por unanimidad y sin cuestionarla. Estamos con las niñas de México”, subrayó la legisladora por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña”, narró la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se rebelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.
Del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos subrayó que esta reforma constitucional robustece y reitera lo que se ha aprobado durante las últimas legislaturas en el Senado de la República.
Con la erradicación de la unión entre menores y adultos, añadió, no se recurrirá a los usos y costumbres como un atenuante o excluyente de responsabilidad. “No más maltrato infantil, no más matrimonios infantiles, no más embarazos producto de creencias o permiso de padres o familiares”, sentencia.
La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, advirtió que nuestro país ocupa uno de los primeros ocho lugares en el mundo en materia de matrimonio forzado infantil, hecho que se da en no pocas comunidades y que no obedece a los usos y costumbres, sino que es consecuencia de que no se reconozca a las niñas y adolescentes como sujetos de derecho.
Con ello, por ejemplo, se ha alertado que en algunas zonas de Zacatecas “es más cara una vaca que la vida de una niña”, narró la presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, y lamentó que aquellas que se rebelan en contra de los matrimonios forzados sufren de una violencia todavía mayor, con encarcelamientos, castigos y torturas.
Del PVEM, la senadora Gabriela Benavides Cobos subrayó que esta reforma constitucional robustece y reitera lo que se ha aprobado durante las últimas legislaturas en el Senado de la República.
Con la erradicación de la unión entre menores y adultos, añadió, no se recurrirá a los usos y costumbres como un atenuante o excluyente de responsabilidad. “No más maltrato infantil, no más matrimonios infantiles, no más embarazos producto de creencias o permiso de padres o familiares”, sentencia.
En representación del PT, Geovanna Bañuelos lamentó que, en localidades de Oaxaca, Chiapas y Guerrero persistan prácticas que atentan contra la libertad de decisión y transgredan los derechos humanos de las niñas y adolescentes indígenas con lo que, tan sólo en esta última entidad, se tenga registro de que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio.
“Desafortunadamente no contamos con mayor información, pues no existen estadísticas para determinar este delito en otras regiones del país donde suceden”, añadió; ante ello, exigió que las niñas, adolescentes y mujeres en México dejen de ser “intercambiables”, pues son personas cuya dignidad debe ser respetada.
