Ciudad de México.- Con la llegada de mujeres a la presidencia de la Cámara de Diputados y al Senado, se abren posibilidades de avances y consensos en una agenda que se ha visto detenida por discrepancias que “mucho tienen qué ver con el desacuerdo político de los hombres”; entre los temas a los que en esta legislatura se podría dar “salida” se encuentran el derecho constitucional al cuidado, la brecha salarial, gratuidad de productos de gestión menstrual en escuelas, entre otros, aseguró Martha Angélica Tagle Martínez, feminista, ex senadora y ex diputada perteneciente al partido Movimiento Ciudadano.
En entrevista con Cimacnoticias, Tagle Martínez, quien formó parte de la LXIV legislatura como diputada, hizo un llamado a que las presidentas y secretarias de ambas mesas directivas invoquen al consenso y a la no polarización de las bancadas, tal como lo hizo ella en 2021 junto a las diputadas Laura Rojas Hernández (PAN), Verónica Juárez Piña (PRD) y Lorena Villavicencio Ayala (Morena), quienes presentaron la iniciativa denominada “Rebeldes con causa, transformando el poder”, para promover la democracia paritaria de los partidos políticos y el poder, con el objetivo construir una sociedad justa e igualitaria.
“Las bancadas te imponen a no moverte en ciertas agendas y seguir la línea de partido, pero tuvimos que presionar cuando veíamos que las bancadas estaban buscando retrocesos”, aseguró.
Añadió que el trabajo “más retador” es el de presidir la mesa directiva, pues desde este cargo “se acuerda qué sube al pleno y qué no”. Esta labor la tendrán Ana Lilia Rivera (Morena), presidenta en el Senado y Marcela Guerra Castillo, presidenta en la Cámara de Diputados.
“Hay atorones en el Senado y en la Cámara de Diputados, pero no son discusiones o temas que no hayan tenido consenso ya, a estos temas debería darse la prioridad si no se han manifestado diferencias de fondo”, puntualizó.
Minutas congeladas en favor de derechos de mujeres y niñas
Entre los temas que se encuentran en vilo está la reforma que eleva a rango constitucional el derecho al cuidado y a cuidar. Fue en noviembre de 2020 cuando la Cámara de Diputados aprobó reformar los artículos 4 y 73 de la Constitución que establece la obligación del Estado de promover la corresponsabilidad entre mujeres y hombres en los cuidados.
El dictamen precisa que toda persona tiene derecho al cuidado digno que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para residir en sociedad.
Además, establece que en todas las decisiones y actualización del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez garantizando de manera plena sus derechos. Sin embargo, al día de hoy, esta minuta se encuentra congelada en el Senado.
Otro tema que continúa pendiente de aprobación en la reforma a la Ley General de Educación, dichas modificaciones obligarían a las autoridades educativas y de salud estatales a brindar productos de gestión menstrual de manera gratuita en las primarias, secundarias y preparatorias.
Lo anterior en medio de un panorama que incluso obliga a las mujeres a dejar de adquirir productos básicos como alimentos, servicios o medicamentos, para poder comprar toallas sanitarias, el producto de gestión menstrual es más utilizado por las mexicanas, de acuerdo con la Primera Encuesta Nacional Sobre Gestión Menstrual (ENGME).
El 28 de abril de 2021 la Cámara de Diputados votó en favor de reformar la Ley General de Educación; sin embargo, es otra minuta que continúa sin ver avances en el Senado.
Por otro lado, al hablar de violencia obstétrica, la Cámara de Diputados aprobó en marzo de 2022 lreformas a las leyes generales de Salud y de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objeto de reconocer a la violencia obstétrica como un tipo de violencia contra las mujeres. El dictamen se remitió al Senado para sus efectos constitucionales, pero no ha visto avance.
Dicho dictamen reforma los artículos 61, fracción I, y 62, y adiciona una fracción V al artículo 64 de la Ley General de Salud, para establecer que la atención materna-infantil deberá ser integral, libre de violencia y con pertinencia cultural a la mujer durante el embarazo, el parto y el puerperio, incluyendo la atención psicológica que requiera.
El dictamen también reforma el artículo 46, fracciones I y XI, y adiciona un capítulo Quáter denominado “De la Violencia Obstétrica” que contiene el artículo 20 Septies de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Lo anterior, para estipular que corresponde a la Secretaría de Salud capacitar al personal del sector salud con perspectiva de género y pertinencia cultural, con la finalidad de que detecten todas las formas de violencia incluidas la institucional y la obstétrica.
Y es que cabe destacar que en México, de las mujeres de 15 a 49 años que tuvieron un parto o cesárea entre 2016 y 2021, 33.4 por ciento experimentó maltrato en la atención obstétrica durante la cesárea y 29.6 por ciento en el parto, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021.
Otra de las iniciativas que no ha visto avance, pero en este caso en la Cámara de Diputados, es aquella que busca erradicar la brecha salarial entre mujeres y hombres; en marzo de 2021 el Senado de la República aprobó por unanimidad una serie de reformas a diversas leyes precisamente con el objetivo anterior.
La iniciativa con proyecto de decreto modifica las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Transparencia y Acceso a la Información Pública; para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; la Ley de Cámaras Empresariales y sus Confederaciones, la Ley del Seguro Social, y la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. Así como las leyes federales de los Trabajadores al Servicio del Estado; de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; de Remuneraciones de los Servidores Públicos; del Trabajo; para Prevenir y Eliminar la Discriminación; la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La propuesta establece que será objetivo de la Política Nacional el diseño, implementación, ejecución y evaluación de medidas para fortalecer el acceso de las mujeres al empleo y la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y hombres.
Para eliminar la brecha de género, las instituciones públicas, privadas y sociales deberán tramitar un Certificado de Igualdad Laboral de Género y No Discriminación para acreditar que cuentan con prácticas de igualdad de género y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de sus personas trabajadoras.
Además, «los salarios se fijarán con base en criterios objetivos, en términos de lo establecido en la Constitución y los tratados o convenios internacionales en la materia, considerando los conocimientos profesionales, la destreza y las aptitudes para las relaciones interpersonales».
Así como los esfuerzos mental y físico, las responsabilidades del puesto, con independencia del número de personas a cargo, y las condiciones en que se realiza el trabajo, es decir, el entorno físico y el ambiente psicológico. Con dicha reforma, los patrones estarán obligados a identificar y hacer del conocimiento de las autoridades e instancias correspondientes posibles acciones u omisiones que afecten el principio de igualdad salarial.
Además, se prohíbe toda compensación o práctica que incida en las percepciones económicas de la persona trabajadora, originada por razones de género, étnica, de edad, cultural o cualquier motivo discriminatorio.
El dictamen se encuentra congelado pese a que la pandemia por COVID-19 incrementó la brecha salarial, expresa Martha Tagle. Así lo reveló también la reciente Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022, la cual dio a conocer que el salario promedio mensual de las mujeres, a nivel nacional, fue de 3 mil 400 pesos inferior al de los hombres. La diferencia aumenta con la edad: mientras que el ingreso de las mujeres de 12 a 19 años es 754 pesos inferior al de los hombres de la misma edad, las mujeres de 50 a 59 años perciben, al mes, cuatro mil 765 pesos menos que los hombres de la misma edad.
Todas las minutas anteriores han sido trabajadas y condensadas, asegura Tagle Martínez, quien refiere que durante el último año de la LXV Legislatura “no tendrían por qué verse detenidas”.
