Ciudad de México.- El Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social solicitará al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres Guadarrama le otorgue el indulto a Karime, presa en 2011 tras ser víctima de tortura y obligada a declararse culpable por el delito de robo a casa habitación. Desde que el político fungió como Senador (de 2018 a 2021) tiene conocimiento del caso; sin embargo, desde entonces lo ha olvidado.
Hace un par de semanas se dio a conocer que el juez de control de la Ciudad de México, Júpiter Lopez Ruiz, determinó que prescribió la investigación por el delito de tortura en contra de Karime, es decir, se extinguió el tiempo para sancionarla. Mientras que el delito de tortura perpetrado al mismo tiempo en contra de su hija, quien fue detenida junto a ella cuando apenas tenía un año, ni siquiera a ameritado la apertura de una carpeta de investigación.
En conferencia de prensa la abogada defensora del caso, Karla Micheel Salas Ramírez, acusó que las autoridades impartidoras de justicia de la CDMX han buscado dejar a Karime sin posibilidad legal de recuperar su libertad.
Karime lleva 13 años privada de su libertad en el penal de Santa Martha Acatitla, tras ser acusada de robo. La detención arbitraria aconteció el 11 de abril de 2011, cuando la mujer fue interceptada por dos hombres vestidos de civiles.
Más tarde la investigación reveló que los hombres eran policías judiciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, quienes, además, se encontraban a bordo de un vehículo que no tenía elementos que lo identificaran como oficial, recordó Salas Ramírez.
Al momento de la detención, que se realizó aproximadamente a las 13:30 horas, los hombres le arrebataron a su hija y obligaron a Karime a subir a un vehículo en el que se encontraban otros dos hombres en los asientos delanteros.
Ninguna de esas personas se identificó como policías de investigación ni le indicaron los motivos de su detención, tampoco le presentaron ninguna orden emitida por alguna autoridad.
Luego de ser llevada a una casa donde fue violentadas psicológica y fisicamente, hasta aproximadamente las 19:00 horas Karime y su bebé fueron llevadas a una agencia del Ministerio Público, donde las amenazas y la tortura continuaron.
A Karime la amenazaron con detener a toda su familia si no firmaba la declaración en la que ella aseguraba ser culpable del delito de robo. Tras hacerlo, fue enviada de inmediato a prisión y en menos de tres meses la sentenciaron a 25 años de prisión.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México documentó la tortura sufrida por Karime y su bebé en la Recomendación 16/2019. Sin embargo, ninguno de los funcionarios responsables ha sido sancionado.
Por el contrario, el juez Júpiter Lopez Ruiz determinó que el plazo para investigar y sancionar la tortura en contra de Karime había concluido, dejándola así sin recursos para recuperar su libertad.
La abogada Karla Michelle Salas impugnó la decisión de dicho juez; sin embargo, aunque se resolviera a favor de Karime, esto implicaría un proceso largo y costoso, pues aún faltaría localizar y notificar a los elementos que presuntamente torturaron a Karime, pero la ahora Fiscalía General de Justicia de la CDMX no ha brindado información sobre su localización.
Durante todo este tiempo la familia de Karime se ha enfrentado a indolencia institucional y a abogados que “solo les cobraron, pero no realizaron trabajo diligente y además presentaron mal los recursos”, señaló la abogada Karla Michelle Salas.
Es por ello que, como último recurso, se decidió solicitar al jefe de gobierno de la CDMX el indulto para Karime por los delitos que enfrenta para que finalmente pueda salir de prisión.
No sería la primera vez que la familia de Karime se acerca a Martí Batres, cuando el político era senador, Verónica, la madre de la mujer, le dio a conocer el caso y sus peticiones; sin embargo, desde ese día han sido ignorados.
Con el indulto Karime sería eximida de cumplir la sentencia que se le impuso, también quedaría absuelta de pagar la cantidad de casi medio millón de pesos como concepto de reparación del daño por un delito que no cometió.
“El jefe de gobierno puede poner fin a la cadena de injusticias”, aseguró Salas Ramírez. Para lograr visibilizar esta exigencia se abrió una petición en la plataforma Change.org nombrada “Karime será libre”, para permitir que se reúna con sus hijos, entre ellos su hija de ahora 13 años, misma con la que fue detenida en 2011 y cuya tortura no se ha comenzado a investigar.
