De acuerdo con la activista Diana Luz Vázquez Ruiz, es probable que el 20 por ciento de los hombres mexicanos que actualmente residen en Estados Unidos sean deudores alimentarios. La distancia geográfica hace muy complicado el acceso a las mujeres a una demanda o un proceso que obligue a pagar la manutención de sus hijos. Sin embargo, esto podría cambiar si se concreta una iniciativa que ya se está preparando en el Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios y que limitaría el acceso de estos deudores a trámites esenciales para ellos.
En entrevista con Cimacnoticias, Vázquez Ruiz —defensora de los derechos de las infancias— explicó que dicha iniciativa consiste en limitar el trámite de la matrícula consular a aquellos migrantes mexicanos que no han incumplido con el pago de la pensión alimentaria de sus hijos e hijas en México. La iniciativa, por lo tanto, tendría un sentido similar a las reformas publicadas recientemente en el Diario Oficial de la Federación, las cuales (entre otras medidas) impiden que quienes estén en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tramiten licencias, permisos de conducir y pasaportes.
Para las personas mexicanas en el exterior es fundamental contar con una matrícula consular, pues les permite acceder a múltiples trámites. En Estados Unidos, por ejemplo, las y los mexicanos necesitan mostrar su matrícula para contar con una licencia de conducir, un documento esencial para identificarse y protegerse de la deportación en el caso de las personas indocumentadas. De ahí que limitar el acceso a la matrícula consular para deudores alimentarios morosos pueda obligarlos a cumplir con sus responsabilidades si quieren evitar este tipo de inconvenientes.
Las integrantes del Frente Nacional de Mujeres contra Deudores Alimentarios ya están buscando reunirse con personal de la cancillería mexicana para trabajar en la iniciativa. Entre otros elementos, tendrán que analizar la normativa para saber qué leyes o códigos deberán reformarse. Una vez que haya una propuesta formal, ésta llegaría al Senado para iniciar con el proceso correspondiente.
La dificultad de acceder a la justicia cuando los deudores cruzan las fronteras
A lo largo de su trabajo como activista, la también comunicóloga Diana Luz Vázquez ha conocido de cerca casos en los que los padres abandonan a sus familias y se van a otros países (frecuentemente a Estados Unidos y Canadá, dos de los principales lugares de destino de la población migrante mexicana según el Anuario de Migración y Remesas México 2022 de Fundación BBVA). Esta distancia puesta de por medio dificulta el acceso a la justicia a aquellas madres autónomas que desean proceder legalmente contra ellos.
“No hay un mecanismo que les permita a ellas dar un seguimiento o tener una respuesta”, comentó la impulsora de la Ley Sabina. También detalló que, al iniciar una demanda por pensión alimenticia, los juzgados piden a las mujeres la dirección de los deudores; muchos de quienes migran a Estados Unidos, sin embargo, suelen cortar toda comunicación, por lo que conseguir un dato tan simple y continuar con la demanda puede volverse algo verdaderamente complicado.
A nivel estructural, Diana Luz Vázquez Ruiz señala que, aunque existen convenios internacionales en esta materia, es necesario que México refrende dichos acuerdos con países que hasta el momento no han sido contemplados. Por ejemplo: México forma parte de la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, pero en esta convención no están incluidos países como Chile, por lo que no sería posible llevar un caso de pensión alimentaria entre ambas naciones.
Además, en los casos donde estos acuerdos ya existen, sigue habiendo dificultades en su aplicación. Tal es la situación entre México y Estados Unidos; y es que, si bien los consulados mexicanos cuentan con formatos para presentar una solicitud de pensión alimenticia en la nación norteamericana, uno de los requisitos son los datos para localizar al demandado, lo que —como explicamos arriba— puede convertirse en un obstáculo para las mujeres.
Datos del American Community Survey de la Oficina de Censos de Estados Unidos arrojan que, en 2021, en EEUU había 5 millones 580 mil 570 hombres mexicanos viviendo y trabajando en esta nación. Diana Luz Vázquez Ruiz calcula que el 20 por ciento de ellos podría corresponder a padres que abandonaron a sus hijos e hijas en México.
Todo esto hace necesarios mecanismos internacionales eficaces para combatir el problema del abandono paternal. Esto debido a que, tal como declaró Vázquez Ruiz, este asunto no es exclusivo de México. En un reciente encuentro internacional con mujeres de más de 11 países, la activista pudo observar que esta situación se repite en diversas partes de América Latina, una región donde los altos índices de corrupción ayudan a proteger a los deudores alimentarios y a seguir vulnerando los derechos de las infancias y de las madres autónomas.
“Hay que ir poniendo el ojo en esto” —urge la activista—, sobre todo cuando hablamos de un país con un índice de migración elevado como es el caso de México. “Así como se persigue en la justicia internacional a delincuentes en otros países (donde estén, la justicia los agarra en otros temas), así queremos que la justicia alcance a estos hombres más allá de las fronteras de México”.
Para la impulsora de la Ley Sabina esto es posible siempre y cuando haya voluntad política para hacerlo. En este sentido, Diana Luz Vázquez reconoce que el Congreso mexicano ya ha logrado avances en materia de pensión alimentaria. Sin embargo, Vázquez Ruiz asegura que es necesario continuar proyectando a futuro.
“Somos un país migrante. En esta migración, en esta movilidad, también hay mujeres cuyos hijos e hijas no han tenido acceso a la justicia y siguen batallando solas a pesar de que estos hombres viven, existen, respiran y les está yendo muy bien en Estados Unidos”, resalta la comunicóloga y recuerda que todas estas mujeres también deben formar parte de una agenda internacional contra la discriminación y la violencia.
