El 23 de mayo se llevará a cabo la audiencia que dictará sentencia absolutoria a favor de Roxana Ruiz Santiago, quien en un principio fue sentenciada a más de seis años de prisión por defender su vida ante el hombre que la agredió sexualmente. Mujeres que la han acompañado exigen justicia y no más revictimización.
El 10 de mayo de 2023 la jueza de enjuiciamiento del Penal Neza-Bordo, Mónica Palomino declaró culpable a Roxana por el delito de homicidio simple con exceso de legítima defensa. Cinco días después, el 15 de mayo, resolvió sentenciarla a seis años, ocho meses de prisión y al pago de más de 280 mil pesos como concepto de reparación del daño.
Ante esta decisión, mujeres e integrantes de la Asamblea vecinal Nos Queremos Vivas Neza -quienes han acompañado a Roxana desde hace varios meses- realizaron diversas protestas para evidenciar que el Poder Judicial del Estado de México no analizó el caso con perspectiva de género.
Gracias a la presión ejercida por las mujeres, el pasado 20 de mayo la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) emitió un mensaje en el que informó que desistiría de ejercer acción penal contra Roxana.
“Se llegó a la determinación que la conducta realizada por la sentenciada durante los hechos que se le imputaron, está exenta de responsabilidad penal, toda vez que esta Fiscalía considera que actuó en legítima defensa”, sentenció la FGJEM en un comunicado de prensa.
Fue así como se llamó a audiencia el 21 de mayo. Sin embargo, la asesora jurídica de la contraparte no se presentó a los Juzgados de control Neza-Bordo, por lo que la audiencia fue pospuesta.
“Justicia retardada, es justicia denegada”: Roxana Ruiz Santiago
La audiencia fue reprogramada para el día 23 de mayo, pero para Roxana, la Asamblea vecinal Nos Queremos Vivas Neza y el abogado defensor Ángel Carrera, esto únicamente significa que se continúan violentado los derechos de la mujer.
“El problema es que los términos para nuestra apelación siguen transcurriendo, ya que no se ha suspendido el fallo condenatorio contra Roxana”, explicó Ángel Carrera.
Por su parte, Roxana refirió que las autoridades mexiquenses “siguen atrasando el tiempo para hacer justicia”, lo que provoca que continúen las medidas cautelares en su contra y aún no pueda acercarse a su hijo.
“Juegan con mis sentimientos y con los de todas las que nos han apoyado. Quiero terminar este proceso que ha sido tan cansado. Mi temor es que no se haga justicia realmente. Le dije a mi hijo que lo veía pronto, pero con esto no sé”, expresó Roxana ante medios de comunicación a su salida de la audiencia.
Por ello, Elsa Arista, integrante de Nos Queremos Vivas Neza, exigió que el Poder Judicial de celeridad al caso, que la jueza Mónica Palomino sea cesada y que Roxana sea reconocida como víctima.
Cabe recordar que Roxana ha sido víctima de violencia institucional, por lo cual ya presentó una denuncia en septiembre de 2021. Sin embargo, al día de hoy ningún funcionario público ha sido sancionado.
El 8 de mayo de 2021 Roxana fue agredida sexualmente por un hombre. Para defender su vida actuó en defensa propia y el agresor perdió la vida. Asustada buscó deshacerse del cuerpo; sin embargo, fue capturada por policías municipales de Nezahualcóyotl, aún cuando en más de una ocasión refirió que había sido víctima de violencia. En ese momento comenzaron los atropellos a sus derechos.
La médica legisla no hizo lo debido para determinar la violación contra Roxana, tampoco le suministró los antirretrovirales con el fin de reducir la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual después de la agresión, detalla Elsa Arista, integrante de la Asamblea Vecinal Nos Queremos Vivas Neza, quienes han acompañado a Roxana en este camino.
En el caso de los Ministerios Públicos que recibieron en un primer momento a Roxana, ninguno de los dos actuó en apego a los derechos humanos de la mujer, aún cuando la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece que el personal cercano a víctimas debe atender con debida diligencia incorporando la perspectiva de género.
Sin analizar el contexto ni tomar en cuenta la agresión, tanto los Ministerios Públicos como la defensora de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, decidieron enviar a la mujer a prisión, detalló en conferencia de prensa Ángel Carrera Juárez, abogado defensor de Roxana Ruiz.
La mujer pasó más de ocho meses en la cárcel, hasta que el 15 de febrero de 2022, luego del acompañamiento feminista y las protestas que desencadenó su caso, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad.
Sin embargo, el Tribunal de Alzada en materia penal de Texcoco intentó hacer que volviera a prisión. La defensa de Roxana presentó un amparo para evitarlo, el cual fue resuelto a favor de la mujer.
Pese a llevar su proceso fuera de prisión, Roxana afirma no sentirse libre, pues tiene prohibido salir del Estado de México y de la CDMX, no ha podido ver a su hijo y ha enfrentado la dificultad de encontrar un trabajo, motivo principal por el cual decidió migrar de Oaxaca a la periferia mexiquense, donde pensó encontraría mejores oportunidades.
