La audiencia busca que este tipo de violencia sea reconocido como una violación a los derechos humanos y que el Estado mexicano fortalezca su prevención, investigación y sanción.
La violencia vicaria en México será llevada por primera vez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde tres mujeres mexicanas expondrán la utilización de hijas e hijos como mecanismo de violencia contra las madres y denunciarán la falta de acceso a la justicia que enfrentan en el país.
La audiencia temática se realizará el próximo 3 de agosto en Washington, convirtiéndose en la primera de carácter interamericano dedicada exclusivamente a esta forma de violencia de género. Su objetivo es colocar el tema en la agenda regional de derechos humanos y evidenciar las fallas institucionales que permiten la revictimización de las mujeres.
Las participantes serán Elisa María Zaldívar, Gabriela Pablos y Blanca Estela Paredes, quienes representan los tres primeros casos de violencia vicaria admitidos por la CIDH tras agotar las vías legales en México. Las mujeres estarán acompañadas por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., organización que impulsó la admisión de sus expedientes.
Buscan que la violencia vicaria sea reconocida como una violación a derechos humanos
La coordinadora del Área de Defensa de las Mujeres de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, Ie Tze Rodríguez, explicó que uno de los principales objetivos de la audiencia es que el Estado mexicano reconozca la violencia vicaria como una forma de violencia de género que vulnera derechos humanos.
Además, señaló que buscan que las autoridades asuman su responsabilidad para prevenirla, investigarla y sancionarla de manera efectiva, pues las víctimas continúan enfrentando obstáculos judiciales y procesos que terminan por profundizar la violencia.
Las organizaciones que acompañan los casos subrayan que las infancias también resultan afectadas, ya que son utilizadas como instrumentos para ejercer violencia contra sus madres. Por ello, solicitarán a la CIDH que las niñas, niños y adolescentes sean reconocidos como víctimas directas de estas agresiones y que las políticas públicas incorporen medidas específicas para garantizar su protección y bienestar.
¿Qué es la violencia vicaria?
La violencia vicaria es una forma extrema de violencia de género en la que el agresor busca dañar a una mujer utilizando a sus hijas, hijos o personas con quienes mantiene un vínculo afectivo. El término fue acuñado por la psicóloga argentina-española Sonia Vaccaro, quien la definió como una violencia «por sustitución» (de ahí el término vicaria), en la que el agresor reemplaza el ataque directo hacia la mujer por el ataque a lo que ella más quiere.
¿Cómo se manifiesta?
Algunas de las formas más frecuentes de violencia vicaria son:
- Amenazar con quitarle a la madre a sus hijas o hijos.
- Retener, ocultar o sustraer a las niñas y niños para impedir el contacto con la madre.
- Manipular a las infancias para que rechacen o teman a su madre.
- Utilizar los juicios de custodia o convivencia para ejercer control y prolongar la violencia.
- Incumplir acuerdos de convivencia como forma de castigo.
- Amenazar con hacer daño a las hijas e hijos.
¿Por qué se considera violencia de género?
Porque esta violencia ocurre dentro de una relación de poder desigual y se dirige contra la mujer por el hecho de ser mujer. Las hijas e hijos son utilizados como un instrumento para continuar el control, la dominación y el castigo, incluso después de una separación o divorcio.
Además, las niñas y niños también son víctimas directas, ya que sufren afectaciones psicológicas, emocionales y, en algunos casos, físicas.
¿Qué dice la ley en México?
En los últimos años, varios estados han reformado sus leyes para reconocer la violencia vicaria como una modalidad de violencia contra las mujeres, entre ellos destacan Estado de México, Puebla, Colima, Hidalgo, Sinaloa y Yucatán. También se han incorporado medidas para proteger a las infancias y evitar que los procesos de guarda y custodia sean utilizados como mecanismos de agresión.
Asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido criterios para que jueces y juezas identifiquen cuando una persona utiliza recursos legales —como juicios de custodia, convivencias o amparos— con el propósito de continuar ejerciendo violencia contra una mujer, priorizando siempre el interés superior de la niñez.
