En el marco del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, organizaciones civiles alertaron que México sigue siendo uno de los países más peligrosos para proteger el territorio.
Cada 17 de julio se conmemora el Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, y en este contexto organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas advirtieron que México continúa siendo uno de los países más peligrosos de América Latina para quienes defienden la naturaleza y los territorios, por lo que urgieron al Estado a fortalecer las medidas de protección y cumplir con los compromisos establecidos en el Acuerdo de Escazú.
Durante el conversatorio «Personas defensoras del medio ambiente: desafíos para su protección y acceso a derechos», convocado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), personas defensoras, especialistas y organizaciones coincidieron en que las agresiones, la criminalización y la impunidad continúan poniendo en riesgo la vida de quienes protegen los bienes naturales del país.
La conmemoración del 17 de julio fue establecida en 2022 para reconocer el trabajo de las personas defensoras ambientales, quienes enfrentan amenazas, violencia y procesos de criminalización por proteger los ecosistemas y los territorios de sus comunidades.
Aumentaron las agresiones contra personas defensoras ambientales
Durante el encuentro, Alicia Sánchez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), expuso que México ocupa el tercer lugar entre los países más peligrosos de América Latina para la defensa del medio ambiente.
De acuerdo con el informe presentado, en 2025 se registraron 135 eventos de agresión y al menos 10 homicidios, además de un incremento del 33 por ciento en las agresiones respecto al año anterior.
La especialista señaló que más de la mitad de las agresiones fueron atribuidas a autoridades y al propio Estado, mientras que la defensa del agua y del territorio concentra el mayor número de ataques. Los conflictos se relacionan principalmente con proyectos de infraestructura, energía, biodiversidad y recursos hídricos.
Mujeres indígenas denuncian despojo y violencia
Uno de los ejes del conversatorio fue la participación de mujeres indígenas que encabezan procesos de defensa territorial.
La defensora maya Raquel Flota Báez, integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, afirmó que defender el medio ambiente significa también proteger la cultura, la identidad y las formas de vida de los pueblos originarios.
Explicó que la expansión de megaproyectos, así como de industrias avícolas y porcícolas en Quintana Roo, ha incrementado los riesgos de contaminación, despojo territorial y violencia en las comunidades, situación agravada por la presencia del crimen organizado.
Además, denunció las dificultades para acceder a la justicia y a mecanismos eficaces de protección, así como el impacto que las agresiones generan en las familias y en los procesos organizativos comunitarios.
Por su parte, Berenice Sánchez, integrante de la Comisión en Defensa del Bosque y la Vida de San Francisco Magú, en el Estado de México, alertó sobre proyectos inmobiliarios que buscan urbanizar cientos de hectáreas de bosque de pino y encino, lo que representa una amenaza para los ecosistemas y para los derechos de las comunidades indígenas que históricamente los han preservado.
Criminalización, una de las principales formas de violencia
Durante el conversatorio también se abordó el uso del sistema judicial para frenar la labor de las personas defensoras.
Raquel Gutiérrez, del Instituto de Derecho Ambiental (IDEA) de Jalisco, denunció que autoridades y empresas continúan utilizando procesos legales para intimidar a quienes defienden el territorio.
Recordó que 107 personas defensoras enfrentaron procesos judiciales injustificados durante 2025, equivalente al 33.1 por ciento de las agresiones registradas.
La activista pidió adecuar la legislación mexicana a estándares internacionales que garanticen el ejercicio del derecho a defender derechos humanos sin ser objeto de persecución o represalias.
Exigen fortalecer el Mecanismo de Protección y aplicar el Acuerdo de Escazú
Itzia Miravete, de Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), llamó a las autoridades a poner fin a los discursos que desacreditan a las personas defensoras y organizaciones civiles, señalando que incluso instituciones públicas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han contribuido a esta narrativa.
Asimismo, planteó la necesidad de fortalecer el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas mediante mayores recursos humanos, técnicos y presupuestarios.
Entre las principales demandas también destacan la creación de un protocolo especializado para investigar delitos contra personas defensoras y el desarrollo de una hoja de ruta nacional para implementar plenamente el Acuerdo de Escazú, tratado regional que garantiza el acceso a la información, la participación pública y la protección de quienes defienden el medio ambiente.
El conversatorio fue moderado por Hugo Arreola, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien subrayó que proteger a las personas defensoras ambientales significa salvaguardar los ecosistemas, los derechos colectivos y la democracia.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que incorpora disposiciones específicas para proteger a las personas defensoras del medio ambiente. México lo ratificó en 2021, por lo que está obligado a garantizar un entorno seguro para quienes defienden los recursos naturales, investigar las agresiones en su contra y promover su participación en las decisiones ambientales.
