Ciudad de México.- Desde hace algunos años resuena en el país los desplazamientos forzados de comunidades indígenas debido a la violencia desatada por bandas de la delincuencia organizada y uno de los focos rojos sin duda, está en la Montaña Alta de Guerrero y las mujeres viven los impactos de la situación.
Las mujeres desplazadas por el narco es un fenómeno que acontece en México, además de Guerrero hay otras entidades que presentan esta situación: Las Coloradas en la Sierra Tarahumara de Chihuahua y Michoacán.
Mujeres rarámuris desplazadas de la Sierra Tarahumara a un año de ganar amparo
Hoy, en la Montaña Alta de Guerrero se acumulan pueblos desolados, mujeres desplazadas quienes cargan con las y los sobrevivientes de ese abandono del Estado mexicano y deben comenzar de nuevo en otro lugar para sostener la vida de quienes escaparon de los ahora narcoterritorios. Una de ellas es Victoria (nombre editorial ficticio).
Ella está lejos de Guerrero, por motivos de seguridad evitaremos brindar datos de su ubicación. Dejó atrás Huixtlazala, municipio de Atlixtac, la comunidad indígena que la vio nacer, una región ubicada en la Montaña Alta. Debió desplazarse de su estado junto con sus cuatro hermanos menores a quienes materna, se hizo cargo de ellos tras sobrevivir al ataque armado que le quitó la vida a su mamá un 12 de diciembre del 2023.
En entrevista para Cimacnoticias y desde el territorio que habita, narra que los hombres quienes asesinaron a su mamá, forman parte de la Policía Comunitaria.
Estos grupos de hombres violentos que asolan este territorio, les exigían no solo a la familia de Victoria, sino a todas y todos los habitantes de Huixtlazala abandonar sus hogares, dejar todas sus pertenencias e irse. Así, les exigieron salir sin nada.
Es necesario apuntar el por qué del surgimiento de la Policía Comunitaria. La respuesta la otorga el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan en tu texto 30 años de la policía comunitaria: la persecución que no cesa, publicado el 13 de octubre del 2025. Aseguran que las autoridades comunitarias agotaron todas las instancias y los esfuerzos para coordinarse con los agentes del estado, pero finalmente tomaron la decisión de nombrar a sus policías, sus comandantes regionales y sus coordinadores y así se estableció la nueva estructura de su sistema de justicia y seguridad comunitarias.
Señalaron que entonces, las comunidades a través de asambleas regionales reafirmaron su postura y con una marcha masiva le dieron fuerza y sustento a la policía comunitaria. Así es como resolvieron todo aquello que dejaba de hacer el Estado mexicano, así fue que se bajaron los índices de violencia. Tras el surgimiento de ésta debieron enfrentar a las autoridades y la persecución en su contra. No obstante, bandas de la delincuencia organizada han infiltrado a algunas comunidades.
Precariedad
La pobreza, el rezago, la violencia, la precariedad y el abandono del Estado mexicano en Guerero son un conjunto de elementos que se conjugan para que una situación así pueda generarse.
Según datos de Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el municipio de Atlixtac, según el Censo de Población y Vivienda del 2020, tiene una población de 2,003 mujeres y 1,730 hombres, es decir, ellas son mayoría.
Además el estado vive una situación generalizada de precariedad. En el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025, publicado por el Gobierno de México, de la población total en Guerrero: 3 millones 606 mil 733 personas, el 60%4 vive en pobreza (2 millones 173 mil 314), el 38.1% viven en pobreza moderada (1 millón 372 mil 834) y 22.2% en pobreza extrema (800 mil 480).
Particularmente las mujeres de Guerrero en el 2020, vivían con carencia por acceso a la seguridad social, en 72.4 %. La segunda carencia con mayor incidencia en 2020 para ellas fue el acceso a los servicios básicos en la vivienda en 55.7 %. La tercera fue el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad con 36.2 % en 2020.
Por otro lado, la carencia por acceso a los servicios de salud presentó el mayor incremento en este grupo, al pasar de 10.9 % en 2018 a 30.1 % en 2020. Esta información según el Informe de pobreza y evaluación 2022 del hoy extinto Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
El ataque
Victoria narra que estos hombres armados ingresaron a su casa a las 8 de la noche un 12 de diciembre del 2023, sacaron por la fuerza a todas las mujeres de su familia, así como a los niños, sus hermanos menores. A uno de ellos lo golpearon hasta la inconsciencia y les pidieron que dejaran el lugar inmediatamente. Recuerda las palabras dichas por uno de estos agresores: «Quiero este lugar y lo quiero limpio, ya».
Al momento de este ataque, Victoria se encontraba en otra entidad. Migró para estudiar su universidad. Ella había dejado Huixtlazala en el 2018 para seguir con su formación, pero al enterarse de los sucedido con su familia, debió actuar de inmediato y aunque intentó llegar a su casa se encontró un territorio sin ley y se dio cuenta que no podría subir a su comunidad sola.
En un principio buscó ayuda con la Fiscalía General de Justicia de Guerrero. La respuesta fue tajante: ellos ya no ingresan a ese territorio, por los niveles de violencia que se presentan.
Así que solicitó apoyo y 15 días después de los hechos, el Centro de los Derechos de la Montaña Tlachinollan le brindó su apoyo y en conjunto con la Policía Estatal, El Ejército y la Guardia Nacional subieron en caravana. Fue la forma en que pudo recuperar el cuerpo de su mamá.
Describe que su casa tenía 3 habitaciones; en el último de ellos estaba el baño y ahí semi enterrada encontró a su mamá.
Aprovechó el momento para bajar algunas de sus pertenencias y a partir de ese momento, Victoria y sus cuatro hermanos viven en condición de desplazamiento forzado.
El desplazamiento
Victoria, tras perder su casa en Huixtlazala, enfrentar la muerte violenta de cuatro familiares, incluida su mamá y tener que maternar a sus cuatro hermanos menores, narra que ahora lejos de Guerrero se dedica a la venta de comida y del dinero que obtiene le sirve para sostener la vida.
Otros familiares de ella quienes también salieron de la Montaña de Guerrero lograron montar un local de tortillas.
Aunque la violencia le arrebató todo su patrimonio e integrantes de su familia y vivir en desplazamiento forzado con voz fuerte, recuerda que a ella le enseñaron «que el mundo no es para débiles».
«Ya no nos sirve de nada llorar, solo poder sobresalir. Una nunca vuelve a ser la misma, solo aprendes a vivir con eso. No hemos tomado ninguna terapia».
Solo ha vuelto a la cabecera municipal en Tlapa de Comonfort a visitar el lugar donde reposan los restos de su mamá e inmediatamente vuelve al sito de desplazamiento.
Aunque vive en pareja desde algunos años no piensa de momento en tener hijas o hijos propios. Dice que su vida «no tiene una definición como tal a estas alturas». Indica que todos trabajan y solo tratan de sobrevivir.
Sabe que nunca va a volver al lugar donde nació.
Atrás quedaron los tiempos en que Huixtlazala tenía un ambiente sano, regía un Comisario, no había violencia, solo resolvían inconformidades entre familias y se dedicaban al cultivo.
La carga en las mujeres
Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quien acompaña este tipo de casos, incluido el de Victoria, apunta que son siempre las mujeres quienes enfrentan los mayores impactos. Ellas son quienes quedan a cargo de la vida de las y los adultos mayores así como de niñas y niños.
La mayoría de las mujeres en esa región, afirma la especialista «están viviendo en zozobra porque nadie las protege». Sus hijas e hijos ya no acuden a la escuela. La alimentación cambia totalmente para estas familias quienes tienen costumbre de consumir quelite o frijol y deben adaptarse a lo que tengan disponible.
Además, el empleo es un problema para las mujeres porque no cuentan con estudios básicos. Están completamente dedicadas a resguardar su seguridad y la de sus familiares.
En cuanto a las autoridades, Arias Vitinio considera que solo revictimizan a la población, porque argumentan que este tipo de violencia se debe al enfrentamiento que sostienen grupos de la delincuencia organizada por territorios, pero son ellas, las mujeres quienes cargan con los impactos de la situación.
Considera que a estas mujeres indígenas de Guerrero «nadie les da garantías», esto a pesar de que las instituciones de gobierno estatales pueden abordar estos desplazamientos dándoles lugares seguros para llegar junto a sus familias, son omisas y las dejan solas. Son ellas quienes buscan su propia supervivencia.
El inicio
Todo comenzó recuerda Victoria con dos de sus tíos quienes fueron asesinados en el 2018. En ese año recordó que todo cambió, porque estalló la violencia en esos territorios de Guerrero.
En la primera etapa vino la expulsión de los hombres. La policía comunitaria infiltrada por los grupos de la delincuencia organizada a quien señalan como los responsables de la ola de violencia, solo permitieron que las mujeres y niños se quedaran habitando la comunidad.
Por tanto, el papá de Victoria junto con otros hombres se desplazaron a otra entidad quien migró a Colima para recolectar sandía. Se fueron por miedo y por la amenazas recibidas, recordó.
Las mujeres de la familia de Victoria permanecieron en su casa, su mamá, su abuela y sus hermanas, se quedaron a sostener la vida familiar, a resguardar sus terrenos de cultivo, su patrimonio.
A partir de ese momento se comenzó a conformar la Policía Comunitaria en esa comunidad, con la finalidad de contrarrestar la ola de violencia que se había desatado.
En ese mismo 2018, asesinaron a otro de sus familiares de Victoria. Fue el esposo de la hermana de su papá y luego para el 2020. La esposa de este hombre luego intentaba vender algunas pertenencias para irse definitivamente pero también fue asesinada junto con su suegra.
Tiempo después los cuerpos fueron encontrados en un terreno baldío en la localidad de Potoichán. La abuela fue la primera que se hizo cargo de sus hijos quienes quedaron en orfandad. Luego, Victoria les perdió la pista.
Para entonces se desató una oleada de asesinatos contra hombres y mujeres y comenzaron las desapariciones de personas. Hombres y mujeres por igual.
Otra comunidad con registros de violencia es San Pedro Huitzapula, la cual ya presenta desplazamientos de su población. Han entrado grupos de la delincuencia organizada a apoderarse. Han denunciado bombas que han enviado por drones.
La especialista en Derechos Humanos apunta que otras comunidades se han sumado a los focos rojos, uno de ellos es Cruz Fandango quien sostiene un conflicto agrario con la comunidad de Cuyuxtlahuac y enfrentan desplazamiento forzado.
Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan. recordó aquel inicio. Evocó cuando intentaron crear la Policía Comunitaria en Huixtlazala pero algunas familias se opusieron, afirmaban que «no era buena para ellos». Afirmaban que tenía vínculos con algún grupo delictivo y que no trabajaban para el pueblo.
A partir de que la gente se opuso, comenzaron las amenazas, la violencia y los desplazamientos forzados.
El retorno
Para el 2020, los hombres de Huixtlazala quienes se había desplazado en el 2018 retornaron a Guerrero, por lo que buscaron al Gobierno del Guerrero y lograron un pacto de no agresión. Se involucró la entonces Secretaría de Asuntos Indígenas y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a quienes les solicitaron intervenir para volver a sus comunidades. No obstante a los tres meses comenzaron de nueva cuenta los asesinatos.
Arias Vitinio, abogada de Tlachinollan afirma que el Gobierno de Guerrero ya no le dio seguimiento el tema y a partir de ese momento, cerca de 200 personas tuvieron que salirse de la Montaña de Guerrero y están dispersos en distintos lugares del país.
No perdamos de vista que la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) es un sistema autónomo de seguridad y justicia indígena y afromexicana surgido en Guerrero en 1995. Opera en la región de La Montaña y Costa Chica a través de sus cinco Casas de Justicia, rigiéndose por usos y costumbres para impartir justicia restaurativa y brindar protección.
Actualmente, las autoridades comunitarias tienen 6 Casas de Justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco, El Paraíso, Caxitepec, Zitlaltepec y Chilixtlahuaca. Se ubican dentro de 7 municipios de la Montaña Alta y 4 de la Costa Chica, cuenta con 131 comunidades indígenas y Afromexicanas, de los pueblos Me pháá, Ñu savi, Nahuas y Afomexicanos y tienen Casas de enlace.
La especialista narra que la comunidad de San Juan Escalerilla se acercó para ser parte de la Casa de Justicia de Espino Blanco pero desafortunadamente, se empezaron a dar desapariciones y homicidios. Las 5 Casas de Justicia se deslindaron de los hechos violentos.
Aurelia
Neil Arias Vitinio, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, confirmó que tienen documentado otro tipo de desplazamientos que se relacionan con matrimonios forzados, desaparición forzada y casos de feminicidio.
Afirma que cuando se dan estos hechos en una familia, las víctimas deben dejar su comunidad por el estigma del pueblo y de las autoridades, porque «ya no se sienten cobijadas y deben salir.» Uno de estos casos es el de Aurelia quien se encuentra desaparecida.
A las 2 de la mañana del 29 de abril del 2020, una persona se metió a su casa y asesinó a su esposo. Ante las detonaciones salió corriendo con su bebé para pedir auxilio a sus suegros. En Tu’un Savi, les informó lo que había sucedido. La culparon de los hechos.
Su suegro, quien era director de seguridad pública del municipio de Cochoapa el Grande, generó que los policías ministeriales trasladaron a Aurelia a Tlapa de Comonfort para interrogarla. Vivió agresiones en este proceso. Ninguna prueba aplicada por la policía verificó que ella accionara un arma de fuego.
Al volver a su casa, la familia de su esposo la ató a un poste para agredirla. Acudió acompañada de Tlachinollan al Ministerio Público para solicitar una orden de protección pero le fue negada. Aunque intentaron ingresarla a un refugio la preocupación por sus dos hijos quienes se encontraban con sus suegros, le impidieron hacerlo. Ninguna autoridad apoyó a Aurelia, por lo que decidió acudir al domicilio donde se encontraban sus hijos y desde ese momento está desaparecida.
La mamá de Aurelia en todo momento apoyó a su hija pero tras las amenazas tuvo que tomar a su familia de noche y salir de su comunidad para poner a salvo sus vidas.
La violencia en Guerrero se sigue extendiendo y el lugar se ha vuelto un territorio violento para las mujeres. No olvidemos que en la entidad hay 9 municipios con Alerta por Violencia de Género (AVG): Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravos, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, Ometepec, Tlapa de Comonfort y Zihuatanejo de Azueta.
Además de los hechos vividos por Victoria en Huixtlazala, Tlachinollan mapeó los puntos rojos en las comunidades de: Zapotitlán Tablas, Zacatepec, Alcozauca, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Tlapa de Comonfort.
En esas zonas ya no ingresa el Ministerio Público. Ya no hay peritajes ni investigaciones.
