Nuevamente el Estado le falló a una familia, a una madre y a una periodista. Pese a las evidencias que todo el mundo vio en el video del secuestro de la comunicadora veracruzana Roxana Berenice Guzmán Ramírez, la prioridad de localizarla con vida pareció quedar en segundo plano. Lo que se tiene hoy son restos humanos localizados que, tras pruebas de genética, se confirma que pertenecen a la periodista.
Tras esta falla del Estado, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo omite revisar la política de protección y revira la responsabilidad llamando a las y los periodistas a «solicitar protección al Mecanismo de Protección Federal», una instancia burocratizada que ha perdido su efectividad y su propósito central: salvaguardar la vida y la integridad de los comunicadores y defensores de derechos humanos.
Hay que recordar que, desde 2024, periodistas beneficiarias de este Mecanismo solicitaron revisar la política de protección ante sus constantes fallas y los juicios que han tenido que iniciar para evitar la desprotección, mediante una comunicación dirigida a la presidenta Sheinbaum, a la secretaria de Gobernación y a la directora de dicha instancia. Oídos sordos es lo que han encontrado. De este contexto, ni una palabra.
Tras el secuestro de Roxana, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró un día después que la prioridad era encontrarla; omitió aclarar que la prioridad era hallarla con vida. Días después, en su visita a Coatzacoalcos, Veracruz la madre de Roxana, la señora Rubicela Ramírez, apeló a encontrarla con vida. La presidenta, además del beso y abrazo a través de la ventanilla de su camioneta, le pidió «no desesperarse, que la iban a encontrar».
La tarea le tocaba al hombre de su confianza, Omar García Harfuch, el mismo que en abril de este año localizó al presidente municipal de Taxco, Juan Andrés Vega, a quien secuestraron tras ir a negociar con un grupo armado la liberación de su padre, el doctor Juan Vega Redondo. Dos hombres que fueron rescatados de la muerte a horas de su plagio.
Dos meses después, en Nanchital, Veracruz, una cámara de seguridad del domicilio de la periodista Roxana Guzmán atestiguó la violencia con la que un grupo armado la secuestró. Pese a la solicitud de ayuda de su familia, las acciones —si es que las hubo— no lograron salvarle la vida. Roxana Berenice Guzmán Ramírez, una mujer y periodista local, no corrió con la misma suerte que el alcalde de Taxco.
¿Por qué no localizaron con vida a la directora de Pulso Informativo del Sureste? ¿Qué hace la diferencia entre el presidente municipal rescatado y la periodista asesinada? Ocho personas han sido detenidas y se dice que es justicia, ¿pero ahí acaba la historia? Me parece que quedan preguntas sin responder; falta rendir cuentas a la ciudadanía, a la familia y a la madre a la cual la presidenta le pidió «no desesperarse».
¿Usted qué haría, señora presidenta, si estuviera en los zapatos de doña Rubicela? ¿O en los de las miles de madres buscadoras desesperadas por no encontrar a sus seres amados? ¿Cuál es el reporte del Consejo de Seguridad que lidera Harfuch y qué acciones se hicieron para localizarla con vida? El Estado mexicano debe explicar por qué secuestraron y asesinaron a la periodista Roxana. ¿Tiene que ver con su tarea informativa? Sí. ¿Con cuál línea? ¿Quién dio la orden?
¿Qué acciones se realizarán para evitar que otra u otro periodista sea asesinado en Veracruz —la entidad más mortífera para el gremio— y en todo el país? La respuesta presidencial es responsabilizar a los propios periodistas de solicitar la intervención del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando haya amenazas. ¿Acaso no tendría que ser la autoridad la que actúe de forma proactiva? ¿El Mecanismo de Protección está en condiciones de atender la demanda o es necesario fortalecerlo?
El crimen de Roxana deja al descubierto las falencias en la política de protección que, sin duda, hay que revisar. La Junta de Gobierno del Mecanismo tiene que dejar de ser un adorno y asumir su responsabilidad como máxima instancia. Además, la supuesta participación de cuatro policías municipales en el feminicidio de la periodista confirma la colusión entre el crimen y los agentes del Estado ligados con la desaparición de una persona que, en este caso, ejercía el periodismo.
«Actualmente en México resulta esencial la prevención e investigación de los delitos que afectan el derecho a la libertad de expresión, ya que este derecho ha sido catalogado como la piedra angular de una sociedad democrática y como condición esencial para que ésta se encuentre suficientemente informada». Así cierra su texto de presentación del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión la entonces subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la entonces Procuraduría General de la República, Sara Irene Herrerías, actual ministra de la Suprema Corte; instancia que ahora busca dejar sin protección a la periodista desplazada Myrna Gómez y a sus hijas. La presentación de dicho protocolo fue en 2018. ¿Dónde quedó la prevención?
¿Por qué las muertes tienen que ser las nuestras, las de quienes hacemos la tarea de informar? ¿Acaso hay unas vidas más valiosas para rescatar que otras? ¿Por qué a Roxana no la encontraron con vida? ¿Cómo no desesperarse si es tu hija la que está secuestrada?
Dice la Fiscalía de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión que un cuarto de las investigaciones que lleva son contra mujeres periodistas; el dato debe implicar acciones de prevención, no solo estadística. El silencio de la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección, anclado en la Secretaría de Gobernación, desespera. Tanta institución burocratizada y tantas leyes que no se aplican dan como resultado un Estado mexicano que le falló a una familia, a una madre, al gremio periodístico y a la ciudadanía.
