Este jueves 9 de julio, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó por mayoría de seis votos la posibilidad de reconocer que 30 días no son suficientes frente al Mecanismo. Aunque los ministros sí dijeron que en cualquier momento las periodistas pueden solicitar revisión de su plan de protección.
El caso corresponde a la periodista Myrna Susana Gómez Vázquez y fue resuelto a partir del proyecto presentado por la ministra Loretta Ortiz.
La mayoría del Pleno determinó que las personas periodistas pueden solicitar en cualquier momento la revisión de las medidas preventivas y de protección que les hayan sido otorgadas, así como una nueva evaluación de riesgo. Además, sostuvo que el recurso de inconformidad es una vía para hacerlo, pero no la única.
Durante la discusión, el ministro Giovanni Azael Figueroa respaldó el proyecto al señalar que el diseño del mecanismo permite revisar las medidas cuando cambian las circunstancias de riesgo, sin limitar a las personas beneficiarias a un solo medio de impugnación.
En contraste, el ministro Irving Espinosa votó en contra. Recordó que el asunto ya había sido discutido el 24 de febrero, cuando el proyecto original fue desechado, y sostuvo que el análisis debió realizarse bajo el principio del interés superior de la niñez, aspecto que dijo, no fue considerado en la nueva propuesta.
También votó en contra el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, quien advirtió que una interpretación estricta del plazo de 30 días podría poner en riesgo la vida o la integridad de las personas periodistas.
«No perder de vista la situación de los periodistas en el país. Estamos frente a una periodista con dos hijas y con una enfermedad que le dificulta caminar; el plazo de treinta días puede significar que un día, un minuto o una hora salven una vida o pongan en riesgo la integridad física», expuso.
Agregó que, si una persona deja transcurrir ese plazo, debería poder presentar una nueva solicitud y no quedar limitada por una decisión anterior, pues el contexto de violencia que enfrenta el gremio exige una interpretación amplia de la norma.
Por su parte, la ministra Yasmín Esquivel expresó que el proyecto le daba certeza de que las y los periodistas continúan protegidos por el mecanismo.
El ministro Arístides Rodrigo Guerrero García también votó a favor y destacó que el caso debía analizarse desde una perspectiva de interseccionalidad, considerando que la promovente es periodista, mujer, madre, persona con discapacidad y que también debía atenderse el interés superior de la niñez. Afirmó que esos elementos justifican una interpretación flexible de los plazos de acceso a la justicia, en consonancia con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011.
Al defender su proyecto, la ministra Loretta Ortiz sostuvo que el Mecanismo de Protección fue diseñado para responder a riesgos que pueden modificarse de un momento a otro, por lo que las medidas deben poder revisarse cuando cambian las circunstancias.
En tanto, la ministra María Estela Ríos González manifestó su respaldo al proyecto y consideró riesgosa la propuesta de ampliar el criterio en los términos planteados durante el debate, al señalar que la legislación ya establece las condiciones para que las personas periodistas soliciten medidas de protección.
Finalmente, el proyecto fue aprobado por una mayoría de seis votos a favor y tres en contra.
Amenazas y desplazamiento
En 2019, Myrna Susana Gómez Vázquez fue víctima de amenazas, allanamiento a su domicilio y un ataque armado presuntamente perpetrados por integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima, hechos que ocurrieron como consecuencia de su labor periodística.
Tras denunciar las agresiones ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, la periodista solicitó la intervención del Mecanismo Federal de Protección, que determinó su extracción inmediata de la entidad, su reubicación en San Luis Potosí y el acceso a un refugio de seguridad junto con sus dos hijas menores de edad.
Sin embargo, en junio de 2022 el refugio le fue retirado, por lo que tuvo que reubicarse nuevamente sin apoyo gubernamental, pese a que persistían las condiciones de riesgo derivadas de su desplazamiento forzado.
De acuerdo con el acompañamiento realizado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), durante aproximadamente un año la periodista dejó de recibir seguimiento por parte del Mecanismo respecto a las medidas de protección acordadas. En ese periodo enfrentó además problemas de salud que la mantuvieron postrada en cama durante seis meses.
Recursos sin respuesta
Ante la falta de atención, Myrna Susana Gómez promovió diversos recursos de inconformidad para solicitar la revisión de las decisiones adoptadas por el Mecanismo.
Como resultado de la incidencia realizada por CIMAC, en septiembre de 2023 se instaló una Mesa de Trabajo interinstitucional en la que participaron autoridades como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), quienes asumieron diversos compromisos para garantizar su protección y atención integral.
No obstante, según la organización acompañante, dichos acuerdos no tuvieron un seguimiento efectivo.
Posteriormente, un nuevo análisis elaborado por las autoridades concluyó que existía una disminución en el nivel de riesgo de la periodista, sin considerar que continuaba en condición de desplazamiento forzado interno ni los efectos diferenciados que esa situación implica para ella y sus hijas.
En enero de 2024 presentó un tercer recurso de inconformidad; sin embargo, éste fue desechado por el Mecanismo bajo el argumento de haber sido presentado fuera del plazo establecido.
El camino hacia la Suprema Corte
Con el acompañamiento jurídico de CIMAC, en abril de 2024 la periodista promovió un juicio de amparo para controvertir esa determinación.
El expediente pasó por diversos órganos jurisdiccionales que declinaron competencia hasta que, el 8 de septiembre de 2025, fue turnado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Corte resolvió atraer el asunto al considerar que plantea un posible análisis sobre la constitucionalidad del artículo 37 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, disposición utilizada para desechar el recurso de inconformidad promovido por la comunicadora.
Inicialmente, el caso fue presentado mediante un proyecto elaborado por la ministra María Estela Ríos González, quien proponía negar el amparo solicitado por la periodista. Sin embargo, el 24 de febrero de 2026, el Pleno desechó ese proyecto, por lo que el asunto fue nuevamente estudiado por otro integrante del máximo tribunal.
