La decapitación de Alejandro Arcos Catalán, alcalde de Chilpancingo, es un crimen político de terrible significado para la sociedad y el gobierno mexicano. No es el primer acto de barbarie en un país con amplias regiones tomadas por grupos criminales que imponen el terror con saña.
El asesinato previo, a balazos y en plena calle, de Francisco Tapia, secretario general del mismo ayuntamiento, a su vez precedido por la muerte violenta del potencial Secretario de Seguridad, constituyen una evidencia clara de la ingobernabilidad de la capital de Guerrero (y del Estado, si consideramos los continuos homicidios dolosos en Acapulco).
Tres crímenes políticos en diez días deben ser un signo de alarma para todos. Para los gobiernos federal y estatal, cuya reacción ha seguido el acostumbrado guión de expresar condolencias y asegurarnos que se investigará hasta las últimas consecuencias (sin asumir ni una pizca de responsabilidad por no haberle otorgado protección al alcalde), y luego pasar a notas más positivas, como si el horror que vivimos –directa o indirectamente- fuera pasajero y no urgiera cambiar de estrategia para garantizar la seguridad territorial y ciudadana.
Para la sociedad toda que, del repudio al constante asedio de violencias abominables como éstas o el atroz asesinato de Víctor Muro en Xalapa, debería pasar a la exigencia activa de una paz verdadera que no sea mera ausencia de conflicto.
Poco medios ayudan, en vez de darle el espacio principal a estos actos prefieren destacar vacuas declaraciones oficiales, reparto de nuevos contratos al ejército, reiteradas iniciativas que poco contribuirán a la pacificación del país, o renovados pleitos presidenciales con el gobierno español.
Menos inspiran confianza las acciones de la mayoría legislativa y del ejecutivo que, con tal de culminar la demolición del poder judicial, están empeñados en seguir ignorando una realidad sangrienta, plagada de conflictos que destruyen los proyectos de vida y la esperanza de millones de personas.
¿Por qué tanta prisa por liquidar al sistema judicial existente aun sabiendo que su propia reforma está mal hecha? ¿Qué gana la presidenta con “consultar” a mano alzada la elección de jueces, magistradas/os y ministras/os e insistir machaconamente en que la aberrante “reforma va”? ¿Acaso no sería benéfica una pausa para medir los alcances reales de estos estropicios a la constitución que la mayoría oficialista quiso “regalarle” al expresidente ? ¿Tan poco les importa detonar una crisis constitucional en medio de una debacle de seguridad? ¿A qué le apuesta este gobierno? ¿A gobernar sin leyes?
Es desolador el inicio de un nuevo gobierno que, hasta ahora, ha demostrado el mismo desprecio por la legalidad que el anterior. La presidenta proviene del mismo grupo político pero ahora es – debe ser- gobernante de todas y todos los mexicanos. Evaluar las consecuencias del choque frontal que sigue impulsando con la Suprema Corte, en total desacato de legítimas órdenes de suspensión; considerar los efectos de la dejadez sexenal frente al despliegue de poderosos y crueles grupos armados; asumir la realidad que nos han dejado casi dos décadas de conflicto armado interno y seis años de negligencia gubernamental, sería un acto de sensatez política.
Seguir normalizando la violencia, congelarnos ante el horror indecible que representan los sucesivos asesinatos de actores políticos en Chilpancingo, los cuerpos torturados de pescadores que habían sido privados de la libertad en Chiapas, los cincuenta cadáveres abandonados en las calles de Sinaloa, la muerte “por error” de Juan Carlos, abatido por la Guardia Nacional al intentar proteger a su hija, el asesinato de Víctor Muro, y tantas otras vidas aniquiladas por hombres armados, nos deshumaniza a todas y todos.
¿Cuántas atrocidades más estamos dispuestos a tolerar en este país de las fosas? ¿Dónde han quedado nuestra capacidad de indignación, nuestro sentido ético? ¿Para cuándo nuestra exigencia de detener la barbarie?
