Ciudad de México.- Con ocho de 11 votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la controversia constitucional interpuesta en 2020 contra el Acuerdo Presidencial por el que se permite el uso de las fuerzas armadas de manera permanente para tareas de seguridad pública hasta el 2024.
Este martes 29 de noviembre el Pleno de la Corte invalidó la controversia presentada por la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Laura Angélica Rojas Hernández, en 2020, en la que argumentó que el Acuerdo Presidencial «se aleja de los parámetros que establece la Constitución para el despliegue de la fuerza armada permanente en tareas de seguridad pública, dejando de nuevo al Ejército y la Marina sin un marco jurídico que le dé certidumbre a su actuación».
Al respecto, en la argumentación de su proyecto, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat explicó que el Acuerdo “no es la fuente” que llevará el Ejército a las calles.
“Esa (la militarización del país) fue una decisión del Constituyente donde participó el Congreso de la Unión que, inclusive, ahora acude a la presente controversia constitucional alegando una invasión de competencias legislativas y que, se insiste, no está siendo evaluada en el presente mecanismo de control constitucional”, afirmó.
Por su parte, el ministro Arturo Zaldívar aseguró que avalar el Acuerdo Presidencial no significa que estén a favor de la militarización de la seguridad pública.
“Quiero insistir en que el hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración o adiestramiento, de ninguna manera significa que este Tribunal este autorizando la militarización de la seguridad pública”, sentenció.
Organizaciones rechazan decisión de la SCJN
La organización Intersecta señala que el Acuerdo Presidencial no define las condiciones y límites para el uso legítimo de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública.
“El Acuerdo básicamente da carta abierta al actuar de las fuerzas armadas, con pocos controles, y tiene graves implicaciones para los derechos humanos. Desde la sociedad civil, varias organizaciones hemos documentado que la participación del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública no solo no disminuye la violencia, sino que deriva en la comisión de graves violaciones a derechos humanos”, acusó Intersecta.
Destacaron que la participación de las fuerzas armadas tiene efectos nocivos principalmente en las personas pertenecientes a grupos históricamente discriminados. “Por ejemplo, las mujeres viven las violencias directamente ejercidas por elementos de las fuerzas armadas, así como las dinámicas de violencia que la presencia de los uniformados genera en sus comunidades”.
La organización señala que es más común que las mujeres sean detenidas de manera arbitraria y sean torturadas sexualmente por elementos de las fuerzas armadas. Además, destacan que los casos de feminicidio y desapariciones también han aumentado a raíz de la militarización, así como la carga de cuidados y búsqueda de justicia que llevan a cabo.
Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroPro) destacó que dicho acuerdo contraviene las obligaciones internacionales de México porque ordena una militarización que “no es extraordinaria, pues se prevé para todo el país y sin distingo de delitos o situaciones. No está debidamente regulada, no está debidamente fiscalizada, no es subordinada y no es complementaria, pues las fuerzas armadas seguirán siendo los protagonistas centrales de la política de seguridad”.
