Ciudad de México.- Tras el genocidio español en América Latina, se impusieron instituciones para controlar y homogeneizar las creencias de todas las personas, como el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición el que fue clave en este proceso, pues protegió los intereses de la Corona y el catolicismo a través de la persecución de personas acusadas de brujería, como en el caso de Latlalpa en Querétaro.
La brujería y la hechicería fueron prácticas prohibidas por la religión católica y consideradas delitos cuando frailes católicos llegaron a tierras mesoamerianas; la primera de ellas consiste en la “expresión de un poder maligno en el cuerpo de una persona” y, la segunda, en “la utilización de una habilidad o un conocimiento mágico para beneficiar o perjudicar a otros”, detalla un artículo publicado en el portar de investigaciones sociales Scielo.
En los registros se documentó que la mayoría de las mujeres condenadas por brujería o hechicería vivían solas, eran solteras o viudas; en situación de pobreza, mayores de edad, extranjeras o sanadoras, entre otras.
A la fecha no existe un número exacto de mujeres acusadas y castigadas por el delito de brujería en Mesoamérica. Sin embargo, casos como los de Latlalpa, en Querétaro, nos permite conocer cómo eran señaladas las mujeres y los procesos que las autoridades de la época llevaban a cabo para “castigar” o “corregir” a estas mujeres que, en muchos casos, eran curanderas y parteras.
“Brujería”, una forma de control
A partir del establecimiento del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, cualquier oposición a esta orden era considerada como un crimen contra la majestad o una herejía.
Una de las principales responsabilidades de la institución inquisitorial era la de supervisar el comportamiento de los pueblos indígenas, y de aquellas y aquellos que caían bajo su custodia, presuntas hechiceras, brujas, adivinas, astrólogos, amancebados, blasfemos, e incluso personas consideradas más cuerdas que otras.
Es importante señalar que en el siglo XIV, las conductas consideradas herejías eran determinadas como tal por dos factores; las acusaciones populares y los señalamientos de la Corona.
Fue así como, las acusaciones de las y los pobladores, llegaron a generar cientos de casos que el Tribunal de la Santa Inquisición investigaba para poder dictaminar si existía algún motivo para emitir un castigo.
En este contexto surge el caso de Latlalpa, una mujer queretana acusada por el delito de brujería.
Latlalpa, una de las cientos de mujeres acusadas de brujería
El 13 de abril de 1657, a las 8 de la noche, en la ciudad de Querétaro, se presentó ante el comisario de la ciudad una mujer española soltera que se identificó como Catalina de Ávila, una joven de aproximadamente veintiséis años que bajo juramento afirmó recordar un incidente ocurrido cinco años atrás en el pueblo de San Juan del Río, sobre una mujer que presuntamente hacía brujería.
De acuerdo con su declaración, en una conversación con otra mujer llamada Josefa de Echaves, ésta le mencionó que una vecina mulata del pueblo, llamada Beatriz y conocida como Latlalpa, era una bruja.
Según la declaración, la madre de Beatriz realizaba actividades relacionadas con la brujería. La mujer continuó relatando que, unos días después, en una conversación con Leonor Bata, esposa de Diego de Puña, español residente en el mismo pueblo, le confirmó la información proporcionada sobre que Beatriz era una bruja.
También mencionó que el vicario Marcos Sevilla encontró a Beatriz Latlalpa con varios objetos y velas en su casa en una ocasión, pero el acontecimiento se terminó cuando ella lo reconoció y apagó las luces. A pesar de las acusaciones en contra de Latlalpa, no se sabe si la «bruja» fue castigada, ya que su sentencia no se encontró en el expediente.
La declaración concluyó con la afirmación de la testigo de que sus palabras no eran motivadas por odio o rencor, sino por un deseo de liberar la conciencia de Latlalpa. El comisario, Juan, confirmó la veracidad del testimonio y se comprometió a mantenerlo en secreto. El documento fue firmado por el comisario y por el notario Nicolás de Bonilla, con el sello de Báñez Cochano.
Así como el caso de Latlalpa, existieron muchas mujeres que fueron castigadas gracias a suposiciones motivadas por las creencias religiosas o la ignorancia.
Las acusaciones, testimonios, persecuciones y castigos se encuentran detallados en documentos resguardados en el Archivo General de la Nación.
En particular, el fondo de la Inquisición alberga una amplia cantidad de testimonios que proporcionan información sobre las circunstancias que llevaban a procesar a una persona. Estos documentos son valiosos para comprender en detalle las prácticas y procedimientos de la época.
A la fecha, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desconoce el número exacto de víctimas de estos abusos y se cree que no se denuncian. Como mínimo, se cree que hay miles de casos de personas acusadas de brujería cada año en todo el mundo, a menudo con consecuencias fatales, y otras son mutiladas y asesinadas por rituales relacionados con la brujería.
