Ciudad de México.- Han pasado dos meses desde que venció el plazo otorgado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado mexicano para presentar información sobre el caso de Blanca Paredes, primero en violencia vicaria aceptado por este organismo, y esta dilación contrasta con las promesas de Claudia Sheinbaum, quien afirmó que, como la primera presidenta de México su principal obligación sería proteger a las mujeres.
Cimacnoticias reportó en julio de este 2024 que el caso de denuncia por violencia vicaria presentado por Blanca estaría por ser aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que se convertiría en emblemático a nivel regional, porque visibiliza las violencias e impunidad que enfrentan las madres por sus ex parejas a través de sus hijas e hijos.
Cabe señalar que esta violencia fue definida en 2012 por Sonia Vaccaro, psicóloga clínica y experta en violencia de género, como vicaria, que es ejercida contra la madre mediante daños a sus hijos o hijas, con la intención de herirla a través de terceros. Aunque este tipo de violencia está descrito en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, solo está tipificada como delito en el Código Penal de 12 estados, lo que limita su denuncia.
En el caso de Blanca, hay una orden de aprehensión en contra del presunto victimario, pero éste está prófugo de la justicia, ella también ha interpuesto más de 20 juicios y 65 denuncias en contra del presunto agresor, sin que ninguno tuviera avance.
El acusado, por su posición laboral contaba con fuero, no obstante fue desaforado el 26 de enero del 2022, con la finalidad de poder detenerlo e investigarlo.
Es por eso que tras estas violencias sistemáticas y no encontrar justicia en el país Blanca presentó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y actualmente en etapa de admisibilidad, convirtiéndose así en el primer caso de violencia vicaria que entraría al Sistema Interamericano por este tipo de delito.
Es de resaltar que Blanca fue acompañada jurídicamente por la organización de derechos humanos Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C (RSDCIAC), quien la apoyó para encontrar justicia.
En entrevista para Cimacnoticias, Blanca Paredes expresó que, después de años de lucha, el inicio de un nuevo gobierno liderado por una mujer le representaba una esperanza renovada. Sin embargo, esta esperanza ha comenzado a desvanecerse, ya que las acciones necesarias para que el Estado mexicano colabore en su caso concluyeron el pasado 13 de octubre sin avances significativos. A pesar de ello, Paredes se mantiene firme y decidida a continuar con el proceso legal.
Declaró que su objetivo junto a la Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC (RSDCIAC), su represención legal, es solicitar una audiencia y lograr que su caso sea llevado a juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No obstante, advirtió que este procedimiento ha afectado gravemente su economía, ya que, tras haber sido destituida de su cargo de manera injustificada, ha enfrentado grandes dificultades para solventar los gastos derivados del proceso legal.
“El gobierno ya no emitió la respuesta. Lo que me queda es luchar porque el caso avance, juntar dinero para ir a pedir una audiencia a nivel internacional para hacer frente”.
Blanca denuncia la impunidad y la revictimización que ha enfrentado durante su proceso legal, señalando la falta de apoyo de las autoridades. Afirma que instituciones han intentado intimidar a medios y colectivos feministas que la han ayudado a visibilizar su caso.
«Me han comentado medios que ya no pueden cubrir mi caso porque se los han prohibido por cuestiones políticas», asegura.
A pesar de la falta de apoyo del sistema judicial, que ha intentado invisibilizar su situación y desmotivarla para que abandone el proceso legal, con graves consecuencias económicas y psicológicas, Paredes se mantiene firme en su lucha por la justicia. Está convencida de que su esfuerzo es un precedente y sirve como un ejemplo para otras mujeres en situaciones similares, como Gabriela Pablos, víctima de violencia vicaria, cuyo caso es el segundo en ser admitido por la CIDH.
Blanca envía un mensaje a todas las mujeres víctimas de violencia, invitándolas a no desistir, ya que, según afirma, el gobierno busca que las víctimas se cansen. Destaca la importancia de contar con una red de apoyo que las oriente y guíe en su proceso legal, además de ayuda psicológica que les permita seguir adelante sin rendirse.
«Debemos luchar contra la impunidad, la corrupción y este sistema narcisista y patriarcal que sigue oprimiéndonos. La manera en que las autoridades se dirigen hacia mí es una violencia de género evidente y lo hacen de forma pública, pero no pasa nada».
Blanca Paredes
Casos como el de Blanca Paredes, desatendidos por las autoridades mexicanas, evidencian la necesidad urgente de respuestas efectivas y acciones concretas que eliminen cualquier forma de agresión contra mujeres, niñas y adolescentes.
De acuerdo con el Informe Contextual sobre Violencia Vicaria publicado en noviembre de 2023, solo los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas los que han reconocido la violencia vicaria como un tipo de violencia en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de cada estado. Sin embargo, sólo 8 estados lo han tipificado en su código civil y 11 en su código.
Una característica de la violencia vicaria, consiste en que es un tipo de violencia de género y al mismo tiempo se convierte en una forma de maltrato infantil, pues el victimario se aprovecha de un estado de vulnerabilidad de las hijas e hijos. Según datos recopilados por Cimacnoticias, entre 2021 y 2022, la violencia vicaria aumentó 14.09 por ciento, con afectaciones a 22 mil 904 niñas y niños víctimas de esas violencias
La violencia vicaria confluye con otro tipo De conductas como:
- Violencia familiar.
- Infanticidio u homicidio en razón de parentesco o relación
familiar. - Alienación Parental.
Caso Blanca Paredes
El caso de Blanca fue uno de los primeros en ser considerado como violencia vicaria, pero tuvieron que pasar años para que este tipo de violencia en su caso fuera nombrado con todas sus letras.
“Yo no sabía dónde encajar esta violencia, este miedo de sentir que me quitarían a mis hijos y que por medio de ellos me estaban haciendo daño. Después de recibir todos los tipos de violencia por parte de mi ex pareja, esta era la peor.
Ya después de documentarme supe que se le conoce como violencia vicaria. Así fue como otras mujeres también empezaron a nombrar sus casos”.Blanca Estela Paredes Hernández, abogada y defensora de los derechos humanos y víctima de violencia vicaria.
La doctora en Derecho Penal, Blanca Estela Paredes Hernández inició una relación a los 15 años con José de Jesús N, exmagistrado del Tribunal de Justicia de Jalisco, quien entonces tenía 44 años. Esta relación, iniciada en circunstancias que implicaron un delito, pasó inadvertida y marcó el comienzo de un ciclo de abusos.
Durante la relación tuvieron dos hijos, quienes legalmente fueron registrados únicamente por la madre. Más tarde, Blanca descubrió que el exmagistrado estaba casado, pero, debido a la manipulación ejercida por él, no logró separarse. Pese a ser víctima de violencia física y verbal, Blanca pudo presentar una denuncia contra su agresor. El poder político del presunto agresor le impidió acceder a la justicia.
En 2020, Blanca instaló cámaras en su hogar para proteger a sus hijos, descubriendo así que el padre de los menores había cometido abuso sexual contra su sobrina. Esto dio lugar a una denuncia penal por abuso sexual infantil y corrupción de menores contra José de Jesús N, quien respondió con amenazas, intentando fabricar pruebas falsas para quitarle a sus hijos y evitar que entregara los videos incriminatorios. Este nuevo ataque representó otra forma de violencia contra Blanca: la violencia vicaria.
Pese a las amenazas, Blanca presentó a la Fiscalía de Jalisco los videos del abuso. En noviembre de 2021, el Tribunal de Justicia lo suspendió temporalmente, permitiéndole conservar el 30% de su sueldo sin laborar. El 26 de enero de 2022, se aprobó su destitución para iniciar una carpeta de investigación, pero el exmagistrado no compareció ante los juzgados de Puente Grande el 2 de febrero del mismo año y permanece prófugo.
La violencia contra Blanca Estela no cesó. En su entorno laboral, fue víctima de acoso y removida injustificadamente de su cargo el 1 de agosto de 2023 por el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco. Días después, el 11 de agosto, sus hijos, su sobrina y su hermana sufrieron un atentado con amenazas de muerte para que Blanca retirara las denuncias.
“Yo presento estas denuncias porque yo ya no quería seguir en su juego; yo ya no quería tener una relación con él ni estar sometida por las violencias que yo había vivido, pero creo que eso no me hizo despertar, sino el abuso hacia mi sobrina”, insiste, Blanca.
Después de que estás violencias fueron perpetradas, éste recurrió a una que en ese momento no era nombrada ni tipificada como tal: violencia vicaria.
Con el fin de evitar que Blanca revelara los videos del abuso de su sobrina a la Fiscalía, su ex pareja amenazó con quitarle a sus hijos y para ello presentó un juicio de paternidad alegando que deseaba la custodia total porque Blanca “es una mala madre para ellos”, señaló.
Blanca no recibió apoyo de la Fiscalía del estado de Jalisco. En 2022 empezó a realizar ruedas de prensa afuera de sus instalaciones para hacer público el abuso sexual de su sobrina y la violencia vicaria que ella vivía y nombraba con todas sus letras.
A mediados de julio de 2023, Blanca hizo una huelga de hambre frente a la casa Jalisco para exigir justicia, no obstante, comentó que Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, en un intento por amedrentarla, mandó a 50 elementos de seguridad que la lesionaron en el vientre.
Un sistema de justicia en contra de mujeres, niñas y niños
La organización Nosotras Tenemos Otros Datos informó que las mujeres sí denuncian cuando son víctimas de algún tipo de violencia en razón de género, pero los estados no los documentan adecuadamente o tienen subregistros que no se toman en cuenta; miles de carpetas de investigación se quedan rezagadas.
“Ellas se presentan a los ministerios públicos, llevan sus documentos, sí comprueban lo que ha pasado, sin embargo, la mayor parte de las carpetas de investigación se quedan guardadas en las fiscalías y difícilmente llegan a los tribunales o a los juzgados”.Patricia Olamendi, abogada feminista.
Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), hasta 2021, el 46.9 % de los delitos cometidos contra mujeres en los que se inició una averiguación previa o carpeta de investigación no pasó nada y 26.5 % están en trámite.
“México se convirtió en uno de los países con uno de los más altos índices de impunidad, principalmente en delitos contra las mujeres. Los datos oficiales son solo un fragmento de lo que sucede a las mujeres en espacios públicos y privados”, afirmó la abogada.
