Florencia Jovita Herrera Ramos fue absuelta el pasado 27 de diciembre, tras pasar 10 años en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso). Durante este tiempo, fue acusada de un delito que no cometió, convirtiéndose en un ejemplo más de las fallas del Estado mexicano.
La liberación de Jovita fue posible gracias al trabajo conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Instituto de la Defensoría Pública Federal. Este caso se suma a una larga lista de injusticias que afectan principalmente a sectores vulnerables.
Florencia Jovita Herrera, originaria de San Miguel de Allende Huajapan, Oaxaca, vivía en Valle de Chalco Solidaridad, Estado de México, cuando fue arrestada en la madrugada del 3 de octubre de 2014. Un grupo de hombres encapuchados irrumpió en su hogar sin identificarse ni explicar su presencia. Jovita y su nieto, que dormían en ese momento, fueron violentamente atacados.
La agresión no terminó en su casa. procedieron a sacarla de su domicilio, en donde fue llevada a un cuarto, en donde elementos a policía municipal y regional de Valle de Chalco, reanudaron la tortura física y psicológica. Posteriormente, Jovita fue llevada a la sede ministerial y se negó a rendir declaración, posteriormente, ante agentes del Ministerio Público, la mujer explicó la violencia y tortura de la que había sido víctima al momento de su detención.
A pesar de la violencia policial sufrida por Jovita y el constante proceso de revictimización al que fue sometida por las autoridades del Estado de México, su caso no solo continuó, sino que se aceleró de manera injustificada. En consecuencia, se le imputaron falsamente los delitos de secuestro y delincuencia organizada, bajo la jurisdicción del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, sin pruebas suficientes.
En el mismo sentido, peritas oficiales de la procuraduría en materia de medicina forense certificaron la totalidad de las lesiones que, por sus características propias, quedaron pendientes de clasificación. ( Centro Prodh, documento Las Historias de sobrevivencia y resistencia).
Hasta 2015, Florencia Jovita presentó su primera declaración, en donde de denunció al juez de la causa,la esperanza de concederle un fallo a su favor, la violencia de la cual había sido víctima y los actos de discriminación que habían cometido los elementos de seguridad para que se declarara culpable
El Centro Prodh, declaró que a pesar de exigirle al órgano jurisdiccional que ordenara al Ministerio Público para que este iniciara la carpeta de investigación correspondiente por el delito de tortura cometido en contra de Florencia Jovita, el órgano hizo caso omiso.
“el uso de la tortura contra personas detenidas representa una doble injusticia, pues además de los impactos físicos y psicológicos en la víctima de tortura y su familia no se realiza una investigación diligente para saber la verdad de lo sucedido y dar con el responsable del delito investigado” (Centro Prodh. La magnitud de la crisis de derechos humanos en México)
Después de estar 10 años recluida en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 16, en Morelos y ser víctima de la ineficiencia e impunidad del poder judicial, el l 27 de diciembre del 2025 fue liberada y finalmente pudo reunirse con su hija, Yaquelina, y su nieto, Alejandro.
Prisión preventiva: un riesgo a los derechos humanos
En México, la prisión preventiva oficiosa obliga a las personas acusadas de ciertos delitos, señalados en el artículo 19 de la Constitución, a permanecer encarceladas mientras se desarrollan las investigaciones y hasta que se dicte sentencia definitiva. Esta medida, criticada por organismos internacionales, es una herramienta que ha perpetuado la injusticia y la desigualdad.
El 1 de enero de 2025 entró en vigor una reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, lo que ha generado preocupación en la comunidad internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) ha señalado que esta práctica es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos, Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2022 y 2023 que tanto la prisión preventiva como el arraigo violan los estándares internacionales y exigió a México reformar sus leyes.
Según el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatal (CNSIPEE), el 50% de las mujeres encarceladas en México se encuentran en prisión preventiva oficiosa, en contraste con un 28% que han recibido una sentencia. Este dato subraya el impacto desproporcionado de esta medida en las mujeres, quienes enfrentan un mayor riesgo de permanecer años en prisión sin que se resuelvan sus casos.
Karen Selsy sentenciada a 50 años de prisión
El caso de Karen Selsy Ordoñez Hernández es otro ejemplo de la crisis del sistema judicial mexicano. En 2015, con solo 19 años, Karen fue detenida arbitrariamente mientras buscaba exigir manutención al padre de su hija recién nacida. Fue interceptada por policías federales y ministeriales en Tlaxcala, separada violentamente de su bebé y sometida a tortura física y psicológica para que firmara una confesión fabricada.
Mientras Karen era encarcelada, su bebé fue entregada al DIF. Doce días después, la abuela materna logró recuperarla. Karen, en cambio, enfrentó una sentencia de 50 años de prisión dictada en 2019 por el Juzgado Penal de Apizaco.
En 2021, un Tribunal Colegiado concedió un amparo a Karen, señalando violaciones a sus derechos procesales y ordenando la reposición del procedimiento desde la etapa inicial. A pesar de esto, su caso sigue abierto y su libertad, incierta.
Los casos de Jovita Herrera y Karen Ordoñez exponen un panorama sombrío, en el que se halla un sistema judicial que perpetúa la tortura, la discriminación y la fabricación de delitos. En lugar de ser un símbolo de justicia y protección, las autoridades mexicanas han fungido como agentes de represión y violación de derechos humanos.
