Ciudad de México.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) declaró a El Salvador responsable por vulnerar los derechos fundamentales de Beatriz, una mujer con un embarazo de alto riesgo, a quien el Estado le negó la posibilidad de abortar, ya que no está legalizado en el país. Actualmente, este caso es un ejemplo de la situación que viven las mujeres en Latinoamérica ante la prohibición del aborto.
El pasado 20 de diciembre, la decisión de la CoIDH estableció que el Estado salvadoreño violó su derecho a la salud, a la protección jurídica, a la vida privada, y a la integridad personal de Beatriz y su familia.
En El Salvador, el aborto está completamente penalizado desde 1988, sin excepciones incluso en casos de violación, incesto o cuando la vida de la mujer o niña embarazada está en peligro. Esta legislación ha tenido consecuencias devastadoras, pues ha costado la vida de muchas mujeres y niñas, y ha llevado a otras a enfrentar sentencias de hasta 40 años en prisión.
En el fallo, la CIDH destacó que la atención médica proporcionada a Beatriz tuvo lugar en un entorno de incertidumbre jurídica donde no existían mecanismos o protocolos para atender embarazos de alto riesgos, en un contexto de prohibición absoluta, lo que restringió las acciones del personal médico, sometiéndola a violencia obstétrica, debido al temor de enfrentar consecuencias legales.
En consecuencia, se le ordenó a El Salvador implementar las medidas normativas necesarias para brindar certeza jurídica al personal médico sobre cómo proceder en materia se salud materna, así como adoptar medidas normativas para atender este tipo de casos cuando hay inseguridad jurídica. Además, se solicitó al Estado brindar atención a la salud integral de a la familia de Beatriz y rendir cuentas de sus avances en un plazo de un año.
Ante este hecho, organizaciones feministas señalaron que la lucha de Beatriz y su familia se ha convertido en un eje central para visibilizar la violencia que enfrentan las mujeres en El Salvador y en el mundo. También, destacaron que esta sentencia histórica representa un paso crucial para prevenir casos similares en el futuro y en un llamado a los Estados que mantienen la prohibición absoluta del aborto.
Caso Beatriz
Beatriz, quien vivía en situación de pobreza y lupus eritematoso sistémico, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea; experimentó un primer embarazo que empeoró su salud. En 2013, durante su segundo embarazo, se le diagnosticó que el feto tenía anencefalia, una malformación incompatible con la vida fuera del vientre materno ya que el cerebro no logra desarrollarse.
El Comité Médico del Hospital Nacional de Maternidad evaluó el caso de Beatriz, pero condicionó su decisión a consultas legales con varias autoridades. En una segunda reunión, se discutieron los riesgos para la vida y salud de la madre y las opciones de intervención, incluida la interrupción del embarazo debido a la anencefalia. Sin embargo, no se tomó una decisión, ya que no existían protocolos para atender casos como el de Beatriz.
Dado el tiempo transcurrido, se interpuso una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo. A pesar de haber superado las 20 semanas, el Instituto de Medicina Legal indicó que el embarazo no representaba riesgo para la madre, por lo que la Sala de lo Constitucional concluyó que las autoridades no pusieron en riesgo a Beatriz. A las 26 semanas de embarazo, se realizó una cesárea y la hija de Beatriz, Leilany Beatriz, falleció cinco horas después.
La Corte estableció que la condición médica de Beatriz requería una protección especial por parte del Estado, exigiendo atención médica oportuna y adecuada. Sin embargo, la falta de protocolos para atender embarazos de alto riesgo como el suyo impidió que el personal médico pudiera tomar decisiones de forma adecuada. La incertidumbre jurídica sobre cómo proceder en su caso llevó a la burocratización y judicialización de la atención, generando varias consecuencias.
Los largos periodos de espera para determinar el tratamiento adecuado, debido a la falta de protocolos claros, resultaron en un trato deshumanizado, constituyendo violencia obstétrica; además de la integridad de Beatriz y su familia.
La Corte declaró la responsabilidad del Estado y ordenó medidas de reparación, incluyendo directrices claras para médicos y jueces en casos de embarazos de alto riesgo. Solicitó actualizar o crear protocolos que brinden certeza jurídica y aseguren una atención adecuada en situaciones similares, garantizando la no repetición de este hecho.
Tras este suceso, El Salvador aprobó protocolos para la atención de mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, como los Lineamientos técnicos para la aplicación del código amarillo en las Redes Integrales e integradas de Servicios de Salud, que permiten interrumpir un embarazo y los Lineamientos técnicos de procedimientos y técnicas quirúrgicas en obstetricia. Sin embargo, la Corte determinó que aún existen vacíos normativos para atender casos de manera adecuada y oportuna.
Legalización del aborto en El Salvador
De acuerdo con el informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) documentó que la cifra de niñas y adolescentes embarazadas en El Salvador fue de 10 mil 352 en 2022, por lo que se ubica entre los primeros 50 países, de 236, con el mayor número de embarazos entre los 10 y 19 años.
Actualmente no se dispone de una cifra exacta sobre el número de abortos realizados en El Salvador. Sin embargo, según datos proporcionados por Amnistía Internacional, entre 2005 y 2008 se registraron 19 mil 290 abortos en el país, de los cuales más de una cuarta parte involucraron a mujeres menores de 18 años.
Ante la prohibición total del aborto en El Salvador, la ONU ha exigido al país cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y poner fin a esta restricción absoluta. A pesar de estas recomendaciones, las mujeres salvadoreñas continúan enfrentando las consecuencias de un sistema que les niega el acceso a un aborto seguro y gratuito, poniendo en riesgo su salud e integridad.
