Ciudad de México.- Este 14 de enero se realizó la audiencia intermedia en el caso de Kenia Hernández Montalván, activista indígena amuzga, correspondiente a la causa penal 39/2021 en Cuernavaca, Morelos, en donde se pretende que Caminos y Puentes federales (Capufe), acepte un acuerdo reparatorio que permita evitar el juicio; además de una indemnización por la reparación del daño para resolver el caso, no obstante este organismo ha sido reacio a cambiar su postura frente a la defensora a pesar de que este encuentro judicial es crucial para definir el rumbo de su situación legal.
El Comité de Apoyo para la Liberación de Kenia informó que la audiencia ha enfrentado múltiples aplazamientos debido a la falta de un intérprete, así como las negociaciones con Capufe y cambios en la Fiscalía.
De acuerdo con la ley, esta audiencia representa la última oportunidad dentro de esta carpeta para alcanzar una salida alterna. Las opciones se reducen a dos: optar por un procedimiento abreviado, lo que implicaría que Kenia acepte haber cometido un delito y cargue con antecedentes penales (afectando otros casos abiertos en su contra), o concretar un acuerdo reparatorio, que evitaría el juicio y no implicaría la aceptación de los hechos ni del delito, aunque esto último depende de la decisión política de Capufe.
El informe enfatiza que la liberación de Kenia está en manos de una institución bajo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, quedando su resolución sujeta a la voluntad y visión política de quienes pueden terminar o prolongar lo que califican como un castigo ejemplar hacia una compañera indígena.
Hasta el momento, el Comité no ha emitido un comunicado oficial que confirme si la audiencia se llevó a cabo o si se alcanzó algún acuerdo reparatorio.
Kenia Inés Hernández Montalván, originaria de Xochistlahuaca, Guerrero, ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos, especialmente de las mujeres en los pueblos indígenas. Fue dirigente del Colectivo Libertario Zapata Vive y del Movimiento Nacional por la Libertad de los Presos Políticos, además de ser beneficiaria del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Desde febrero de 2019, Kenia y los miembros de su colectivo comenzaron a ser objeto de amenazas y hostigamiento judicial. En junio de 2020, durante una manifestación por la liberación de los presos del Movimiento por la Libertad de Presos Políticos, ella y tres activistas fueron detenidos sin orden de aprehensión en la carretera Toluca-Valle de Bravo, en el estado de México. Posteriormente, Kenia estuvo cinco días en prisión preventiva en Chiconautla, una cárcel en Ecatepec, antes de ser liberada.
Cuatro meses después, el 18 de octubre de 2020, Kenia fue detenida en la caseta de Amozoc, Puebla, por alrededor de 22 elementos de la policía, quienes no le informaron el motivo de su aprehensión ni presentaron una orden judicial. Solo al día siguiente se comunicó a sus familiares que se encontraba en el Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Se le acusó de ataques a las vías de comunicación contra CAPUFE.
Actualmente, Kenia Hernández se encuentra recluida en la y enfrenta una condena de 21 años y 9 meses de prisión, resultado de dos sentencias que incluyen cargos fabricados de robo con violencia y el uso de arma. En total, enfrenta nueve cargos en su contra en los estados de Guerrero, Estado de México, Morelos y Guanajuato, según la última investigación notificada el 18 de marzo de 2022.
El gobierno de Sheinbaum declaró 2025 como el «Año de la Mujer Indígena», en un intento por reconocer y defender los derechos de las mujeres de los pueblos originarios. Sin embargo, ha habido una falta de congruencia entre el discurso y las acciones. A pesar de que el presidente López Obrador prometió en el sexenio pasado apoyar la liberación de Kenia Hernández, esta promesa aún no se ha cumplido. Esto evidencia la distancia entre los compromisos gubernamentales y los avances concretos en la protección de los derechos de las mujeres indígenas.
Criminalización de defensoras indígenas
El caso de Kenia Hernández es un claro ejemplo del deterioro institucional que afecta a las defensoras de derechos humanos en México y América Latina. Este fenómeno no solo busca deslegitimar su trabajo, sino que utiliza mecanismos de criminalización como una herramienta para frenar la lucha por la justicia social
En su informe “Criminalización de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) define la criminalización de estas personas como el uso indebido del derecho penal, mediante la manipulación del poder punitivo del Estado por parte de actores estatales y no estatales, con el fin de obstaculizar su labor de defensa y, de esta manera, impedir el ejercicio legítimo de su derecho a defender los derechos humanos.
La CIDH ha observado un aumento de mecanismos y acciones destinados a entorpecer la defensa de los derechos humanos, lo cual afecta particularmente a quienes defienden la tierra y el territorio. Además, ha identificado un patrón de criminalización dirigido a los líderes indígenas, quienes, al ejercer su derecho a la protesta, buscan proteger sus derechos frente a las acciones que ocurren en sus territorios.
De acuerdo con EarthRights International en su informe Criminalización de defensores y defensoras de la Tierra, la criminalización tiene consecuencias devastadoras en múltiples niveles. A nivel individual, las y los defensores enfrentan graves impactos psicológicos, emocionales y financieros, además de exponerse a ataques físicos que pueden poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Estos efectos tienen un impacto profundo en la dinámica familiar y comunitaria, agravando su situación de vulnerabilidad.
A nivel colectivo, estos ataques generan un debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil, reduciendo su eficacia, legitimidad y capacidad de acción. Este proceso no solo disminuye el espacio de trabajo de los defensores, sino que también fomenta un ambiente de miedo e inacción que afecta el tejido social.
Particularmente preocupante es el caso de las defensoras indígenas, quienes enfrentan un contexto de violencia y discriminación múltiple. EarthRights destaca que estos ataques no son hechos aislados, sino que ocurren en un marco de culturas machistas y patriarcales profundamente arraigadas en la región. Esta estructura sociocultural permite que la violencia contra las mujeres defensoras sea naturalizada, invisibilizando sus luchas y perpetuando un sistema de opresión que las silencia.
