Ciudad de México.- Este miércoles 22 de enero las y los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nayarita discutieron la iniciativa de proyecto que pretende derogar algunos artículos del Código Penal estatal que criminalizan el aborto; el resultado, fue una serie de atropellos constantes, revictimización, sesgos religiosos y embates del Partido Verde por echar abajo la iniciativa propuesta por la diputada morenista Madrid Vargas Paredes; aún con todo, el dictamen fue aprobado por unanimidad.
El estado de Nayarit tenía una orden expedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el primero de agosto del 2024, donde se le exigía derogar el delito penal de aborto en su Código Penal, pues representa una medida inconstitucional según la sentencia expedida por el máximo tribunal en 2021 donde resolvió de forma absoluta, que criminalizar la interrupción del aborto era una violatorio a la Constitución.
Esta maniobra se logró gracias al amparo 1447/2023 presentado por organizaciones civiles como Redefine Nayarit, Aquelarre Púrpura y Gire.
Consecuentemente, se pautó que el Congreso nayarita tenía como fecha límite el 31 de diciembre del 2024 para acatar el amparo e iniciar el proceso legislativo, sin embargo, se argumentó que existía demasiados pendientes en la agenda y la discusión se aplazó, reanudándose finalmente el día de ayer entre señalamientos en contra de la SCJN y cuestionamientos sobre cómo les habían forzado a realizar esta discusión de forma apresurada.
La discusión en el Congreso
La diputada del Partido Verde Ecologista, Silvia Guadalupe Briseño fue la primera en abrir el diálogo durante la discusión en lo general, apuntando a una serie de cuestiones, principalmente, donde se responsabilizaba a las mujeres «por no cuidarse lo suficiente», recordando que, el doctor Miramontes -inventor de la píldora anticonceptiva- era nayarita y que, «con tantos métodos anticonceptivos», le resultaba impensable justificar «la vida de un ser humano inocente.
Asimismo, la diputada se reconoció provida, refirió haber luchado por los derechos de las mujeres, pero que «jamás sostendría la muerte de bebés inocentes». La participación de Briseño resultó indispensable durante la discusión, no sólo porque pautó la agenda en el resto de sus pares, sino porque, además, cuestionó la autonomía del Congreso nayarita.
«Sí, estoy enterada del juicio de amparo indirecto que señala al Congreso como autoridad responsable de llevar a cabo estas reformas pero yo les pregunto, ¿qué no somos un poder autónomo e independiente? Me parece una fata de respeto a nuestras investiduras que tengamos qué aprobar, así sin ver, un tema tan trascendental».
Diputada del Partido Verde Ecologista, Silvia Guadalupe Briseño
Briseño continuó con su agenda refiriendo que el aborto era una consecuencia y no una causa, en sus palabras, la causa sólo son actos de violencia como el abuso sexual y la consecuencias, es la «pérdida de valores», paralelamente, cuestionó que el estado nayarita no estaba preparado en materia de infraestructura para despenalizar el aborto, atender a las mujeres y darles atención psicológica, para finalmente rematar su participación: ¿De verdad están seguros de que las mujeres no lo usarán como método anticonceptivo?
Estos mismos apuntes fueron reiterados por su colega de la misma bancada, Georgina Guadalupe López Arias quien abonó refiriendo que las personas obtenían los valores desde casa y que eso las hacía responsables de entender que el derecho a la vida es fundamental para el desarrollo.
Asimismo, increpó el por qué esta discusión se había acelerado tanto, aún cuando estaban en un periodo de receso.
«Nuestro quehacer legislativo obedece a tomar decisiones congruentes e informadas. No veo que haya apertura a escuchar las diversas voces [de la sociedad]; se presenta una iniciativa, aún cuando estamos en un periodo de recesos, nos mandan a llamar y con pocos días, tenemos que tomar una decisión», cuestionó López Arias.
Durante la discusión de aproximadamente una hora, participaron diversos personajes del escenario político nayarita; todos, con posturas opositoras quienes, más allá de incitar al diálogo y el cuestionamiento, expidieron discursos revictimizantes y dejaron a su paso evidencias del nulo conocimiento en derechos sexuales y reproductivos.
Por ejemplo, dijeron que el producto tiene latidos desde el momento de la concepción; que las nayaritas usarán este derecho como un método anticonceptivo y abortarán de forma rutinaria causándoles daños irreparables; que el legrado uterino es el único método abortivo que «extrae a los bebés del cuerpo» sin anestesia produciéndoles dolor; que habrán sentencias por acabar con la vida de «ángeles» o que su sistema de salud colapsaría al no poder atender a todas las nayaritas que accedan a una interrupción del embarazo.
«La verdad que tristeza que nuestro país, por un lado se le den abrazos a los delincuentes y por otro, se impulsen temas como el que nos ocupa el día de hoy, de alguien indefenso y sin pecado, un ángel, se le pretenda arrebetarle la vida. No es la solución» (Diputado José Ramón Campero)
En aras de combatir este conjunto de posturas preocupantes gestadas al interior del Congreso de Nayarit, se recuerda:
| Mito | Realidad |
| «El aborto es un procedimiento riesgoso« | Falso, el aborto realizado bajo condiciones adecuadas es seguro, algo respaldado desde hace más de 25 años por la Aspiración Manual Endouterina (AMEU) que sostiene que el aborto con medicamento es un procedimiento que puede realizarse de manera segura con un nivel primario de atención; ningún sistema de salud colapsaría. Lo que sí es riesgoso, es cuando el aborto está criminalizado y las mujeres son forzadas a abortar bajo condiciones insalubres; el 13.2% de las muertes maternas en el mundo se atribuyen a abortos inseguros |
| «Las mujeres vivirán trastornos psicológicos» | Este argumento fue reiterado hasta en dos ocasiones por la diputada del Verde, Guadalupe Briseño; es falso. El Relator de las Naciones Unidas para el Derecho a la Salud ha señalado que el aborto no está asociado a ninguna consecuencia negativa en la salud mental; un aborto seguro no representa ningún estrés mayor al de cualquier otro procedimiento obstétrico. Naciones Unidas ha evidenciado que, las mujeres sí enfrentan procesos de estrés a causa de otros factores, como por ejemplo, la criminalización, el miedo a ir a prisión o que se abra una investigación penal en su contra. |
| «Las mujeres abortarán más y lo usarán como método anticonceptivo» | Esta idea también es falsa y se puede comprobar fácilmente con las cifras de aborto en otras entidades que ya han despenalizado este derecho. En CDMX, por ejemplo, el número de abortos se ha mantenido en la misma secuencia entre los 17 y los 20 mil procedimientos anuales desde hace una más de una década; la despenalización no las insta a abortar de manera cotidiana, y tampoco a usarlo como método anticonceptivo. No se debe olvidar que con marco legal o no, las mujeres y adolescencias nayaritas siguen abortando en ese Estado bajo condiciones irregulares o viéndose forzadas a trasladarse a otra entidad donde el aborto sea legal. |
Finalmente, la diputada Marisol Contreras Pérez zanjó la reunión refiriendo que no habría más tiempo para consultar, ni pretender frenar la discusión, pues todo trabajo de investigación y escucha debió hacerse de manera anticipada entre las y los diputados como parte de su responsabilidad individual y recordó que en la entidad se ha inaugurado un hospital para las mujeres que cuenta con 120 camas que dará atención a quien la demande; argumento utilizado para aminorar los señalamientos de que el aborto colapsaría a Nayarit que «nunca ha hecho nada por la salud de las mujeres».
El asunto terminó cuando se aprobó por unanimidad y se avanzó a la discusión particular donde no hubo registro de más personas oradoras por lo que se sometió a votación de maner expedita abriéndose el sistema de votación electrónica.
El resultado fue un fallo por unanimidad a favor de la iniciativa de reforma y con ello, la despenalización del aborto en Nayarit parece comenzar a caminar, por primera vez, después de meses de haber congelado el ordenamiento de la SCJN.
¿Qué ordenó el Tribunal Colegiado a Nayarit?
Existen 4 puntos medulares en los que se sostiene la despenalización del aborto en Nayarit. El Segundo Tribunal Colegiado determinó lo siguiente:
- Criminalizar el aborto consentido o autoprocurado es un acto de violencia y discriminación de género. Esto último, porque reduce a las mujeres a su vida gestante, cuyo fin es la procreación.
- Se determinó inconstitucional imponer sanciones al personal de salud que realiza la interrupción del aborto de manera consentida. Esto discrimina y limita el ejercicio de un derecho libre a la salud para las mujeres.
- La penalización del aborto vulnera el derecho a la salud e impide el acceso a servicios sanitarios de calidad
Se declaró inconstitucional la norma que refiere que «a juicio del médico que la asista, oyendo este el dictamen de otro médico, siempre que esto fuere posible y no sea peligrosa la demora», pues constituye un obstáculo para el acceso efectivo de la interrupción del embarazo por motivos de salud. - Recordemos que, hasta antes de que lograra este avance en el Tribunal, Nayarit no reconocía la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas y tampoco contemplaba el aborto voluntario.
Solo reconocía tres escenarios en los que una mujer pudiera acceder a este derecho: Aborto producido por un accidente clínico, aborto en caso de abuso sexual y cuando la vida de la mujer corra peligro de seguir con su proceso gestacional
Al dirigirnos al actual Código Penal de Nayarit encontramos que en el Capítulo IX es una violatoria directa a los derechos sexuales y reproductivos, pues el artículo 336 contempla lo siguiente:
Se impondrá de cuatro meses a un año de prisión y multa hasta de cinco días de salario, a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar, si concurrieren estas cuatro circunstancias: Que no tenga mala fama, que haya logrado ocultar su embarazo, que éste sea fruto de una unión ilegítima y que el aborto se efectúe dentro de los primeros 5 meses de embarazo.
Faltando alguna de las circunstancias mencionadas, se aplicará de uno a tres años de prisión y multa hasta de veinte días de salario. La misma sanción se aplicará al que haga abortar a una mujer a solicitud de ésta en las mismas condiciones.
