Ciudad de México.- El día de ayer, 4 de marzo, se cumplieron 151 días de la desaparición de Sandra Estefanía Domínguez, abogada feminista de la comunidad mixe en Oaxaca. Ante la ineficacia de las investigaciones realizadas por las autoridades, se creó un comité de búsqueda para mejorar las condiciones de búsqueda, así como una iniciativa de reforma para incluir la perspectiva de género y enfoque interseccional en la búsqueda de mujeres que desaparezcan en cualquier circunstancia.
De acuerdo con la familia y amistades de Sandra, fue el Estado el culpable por la desaparición de la abogada mixe al no garantizar su seguridad: «Categóricamente hoy afirmamos que: La vigilaron, la acosaron, la persiguieron hasta desaparecerla», afirmaron. Asimismo, acusaron a las instituciones de ser indiferentes, tener falta de sensibilidad, personal inexperto y de ser víctimas de maltrato y desinformación.
También señalaron al Gobierno de Salomón Jara sobre la narrativa del caso que llevó a minimizar la gravedad de la desaparición de Sandra y la pérdida de tiempo para su búsqueda efectiva, por lo que, exigieron la no criminalización para deslegitimar la lucha de los familiares y amistades de la abogada mixe.
Ante este panorama, se tomó la decisión de conformar el comité de familiares y amistades llamado El Komite Pëjy Tyotk, cuyo objetivo es generar mejores condiciones para la búsqueda, vinculación y alianzas con otros referentes a nivel nacional e internacional que se encuentran en la misma tarea de hallar a Sandra.
La madre de Sandra, Mariana Martínez, publicó una carta, a través de Consorcio Oaxaca, dirigida a su hija en la que señaló que ninguna madre debería atravesar por la desaparición de una hija o hijo, así como resaltar que su lucha continuara hasta encontrar a las personas responsables.
La iniciativa de reforma
La diputada Aracely Cruz, de la bancada de Partido del Trabajo, informó durante conferencia de prensa en el Congreso Federal que, se creó una iniciativa para reformar la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La finalidad de establecer el inicio inmediato de la investigación ministerial, búsqueda y localización con perspectiva de género y enfoque interseccional de mujeres, de las cuales se tenga noticia, reporte, informe o denuncia de que han desaparecido en cualquier circunstancia.
Esto debido a que la ley establece una diferenciación entre personas desaparecidas y aquellas que no han sido localizadas, esta última señala que una persona esta desaparecida pero no en un contexto de violencia o delito, mientras que la otra se sabe que sí aconteció por un delito. La consecuencia provoca que la carpeta de investigación de ambos casos no inicie de forma inmediata, sino 72 horas después, a excepción de personas menores de edad.
En el caso de Sandra, su carpeta está catalogada como persona no localizada lo que ha dificultado su búsqueda, sobre todo en una entidad federativa con Alerta de Violencia de Género contra Mujeres por feminicidios.
Pese a que la búsqueda con perspectiva de género para personas desaparecidas y no localizadas, ya se había implementado como obligatoria y publicado en el Diario Oficial de la Federación en 2020, la diputada señaló que agentes ministeriales se niegan a aplicarla.
Sandra Domínguez y su desaparición
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el conteo ya alcanzó las 323 mil 205 personas, de las cuales 28 mil 143 son mujeres. En el monitoreo de Red Lupa, el estado de Oaxaca tiene un nivel medio inferior de gravedad y crecimiento de casos de personas desaparecidas asociado al avance en la creación de institucionalidad y leyes locales.
En 2024, la organización identificó la desaparición de 255 mujeres en esta entidad federativa, de las cuales el 23% estaba en un rango de edad entre los 15 y 19 años y los municipios con mayores desapariciones fueron Loma Bonita, Santa Lucía, Xoxocotlán, Tuxtepec y Oaxaca Centro, siento este el que concentra 170 casos de 730 desapariciones.
Anteriormente a su desaparición, Sandra Estefanía Domínguez evidenció al coordinador de Delegados de Paz Social, Donato Vargas Jiménez por estar relacionado en grupos de corte sexual donde se compartían fotografías y videos de mujeres mixes. Además de pedir la destitución de Donato Vargas, solicitó a Salomón Jara tomar acciones sobre el caso.
la Red de Mariposas de Mujeres Mixes también señalaron al gobernador de Oaxaca por incumplir sus promesas sobre el caso, puesto que cuando Sandra hizo público los grupos de corte sexuales, él no dio seguimiento sobre la responsabilidad de Donato Vargas.
En 2022 la Red de Mariposas de Mujeres Mixes también señalaron a Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, por haber incumplido sus promesas, pues al momento de que la abogada Sandra Domínguez expuso los grupos de corte sexual, este dio su palabra de investigar el caso y dar el seguimiento pertinente sobre Donato Vargas.
Hasta el momento, ya han sido tres activistas mixes quienes han desaparecido: Claudia Uruchurtú e Irma Galindo, defensora del bosque Ñuu Savi (Mixteca), desaparecida en octubre de 2021.
La desaparición de personas defensoras es una práctica generalizada en México, pero se agravan cuando se trata de mujeres tan solo por su género. Entre 2012 y 2023. El informe Datos que nos duelen, redes que nos salvan documentó 35 mil 77 agresiones en contra de 8 mil 926 mujeres defensoras y también, en contra de 953 organizaciones – colectivas que luchan por la defensa de los derechos humanos.
Las principales causas que las mujeres desempeñan en México y Sudamérica es el Derecho a la justicia, defensa de la tierra y el territorio; derecho a la libertad de la expresión; derecho a una vida libre de violencia; derecho a la participación comunitaria; derechos de las mujeres; derechos de las personas privadas de su libertad; derechos sexuales y defensa de los pueblos indígenas.
Para el 04 de octubre de 2024 Sandra desapareció en San Juan de Cotzocón, Oaxaca. Desde entonces, la familia ha enfrentado la difusión de información privada sobre la abogada mixe, así como violencia como propaganda pagada que intenta criminalizarla. También ha habido retrasos en el proceso de búsqueda y criminalizaciones sistemáticas que han generado preocupación, temor y angustia.
