Ciudad de México.- De acuerdo el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), ante el panorama actual, las políticas públicas de migración necesitan incluir la visión de las mujeres retornadas a México sobre todo en los procesos posdeportacion.
Durante el foro ‘Mujeres migrantes, construyendo puentes binacionales’ en el que participó el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Justice for Migrant Women (J4MW), diferentes mujeres retornadas conversaron sobre sus experiencias de vida ante su camino migratorio.
A través de la Unidad de Política Migratoria, el IMUMI tiene registro de que se han deportado aproximadamente a 1.5 millones de mujeres en eventos de repatriación desde el 2002 hasta el 2024.
Actualmente, persiste problemas para dimensionar la cantidad exacta de mujeres que han sido deportadas, debido a que las han invisibilizado para focalizar a sus homólogos. Por mucho tiempo se ha creído que los hombres son los únicos que abandonan sus países para trabajar, estigmatizando a las mujeres migrantes al rol de «acompañante».
En general, no se sabe con exactitud el número de personas retornadas porque cada vez que son deportadas, los gobiernos hacen un conteo individual sin tomar en cuenta a las familias que viajaron con esa persona como las hijas e hijos.
Rocío Antunes, trabajadora del IMUMI y procedente de la Sierra Norte de Oaxaca, puso sobre la mesa el panorama al que se enfrentan las mujeres deportadas que tienen que vivir en México a la espera de la resolución de su situación, porque en algún momento de su vida también fue retornada.
Desde su perspectiva, su trabajo ha implicado construir conversaciones a través de puentes binacionales y transterritoriales, pues señaló que, las mujeres retornadas y deportadas no pueden acceder a espacios y plataformas en las que puedan construir sus propias narrativas para posteriormente crear propuestas de políticas públicas al Estado mexicano.
Como ella señala, cuando se deporta a una mujer solo se piensa en atender el proceso de retorno y atención durante el momento de recepción sin tomar acciones para atender el proceso de posdeportación como acceso a derechos que deben ser diferenciados debido a que muchas son indígenas o afrodescendientes.
Sin embargo, esto no es tomado en cuenta dentro de los planteamientos que hace el gobierno mexicano sobre las necesidades de las personas deportadas y retornadas.
Este panorama también es enfrentando por las mujeres mexicanas y que al llegar a su país podrá acceder a derechos inmediatos, pero la realidad indica que se encuentran en una posición vulnerable porque desconocen los procesos burocráticos que deben seguir o cuales son los derechos a exigir
Por ejemplo, entre las mayores necesidades jurídicas que tienen las mujeres deportadas es el acompañamiento en temas familiares como la custodia de sus hijas e hijos, reclamar pensiones o responsabilidades paternales, denunciar a padres abusadores o situaciones de violencia por parte de la familia, trabajadores, empleadores o de la sociedad que discrimina y las vulnera.
«Una de las cosas que nosotras hemos visto dentro del IMUMI es que la gran mayoría de estas mujeres se acercan a nuestras organizaciones a solicitar apoyo jurídico para sus familias, pero nunca para ellas»
También se enfrentan a narrativas discriminantes, principalmente reproducidas en medios de comunicación, que generan estigmatización hacia la figura de la mujer migrante como hipersexualización, seres de consumo y fetiche invasoras, por lo que las organizaciones señalaron la importancia de desnormalizar estos discursos
La negativa sobre otorgar derechos a las mujeres migrantes termina por repercutir su salud mental, especialmente en ellas porque en ellas recae la responsabilidad de insertar a sus familias en México, afectando así a toda la estructura familiar, debido a su papel histórico sobre el trabajo de cuidados.
Por lo que, las mujeres participantes del IMUMI y J4MW exhortaron al gobierno mexicano a diseñar políticas públicas con un enfoque de género, intercultural y antirracista para que se cumplan dentro de instituciones y de la población mexicana quienes han ejercido xenofobia contra las mujeres migrantes indígenas y afrodescendientes.
«Por ello, nosotras como mujeres deportadas y retornadas, pues exhortamos al gobierno mexicano a que ponga el centro a estas mujeres, que nos ponga al centro a nosotras como mujeres retornadas y deportadas, pero también a las personas eh extranjeras eh viviendo en México en calidad de situación irregular, pero también aquellas mujeres migrantes en situación de refugio.
IMUMI y J4MW, su camino en la defensa de las mujeres migrantes
El Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y Justice for Migrant Women (J4MW) crearon una delegación conformada por 12 mujeres que fueron migrantes pertenecientes a varios países de América Latina para trabajar en conjunto por las mujeres migrantes que viven en ambos lados de la frontera.
A través de compartir sus experiencias de migración esperan crear caminos, iniciativas y estrategias para poder empoderar y ayudar a la comunidad inmigrante en Estados Unidos y a las personas que están siendo deportadas en México.
Hasta el momento, IMUMI y J4MW mandaron una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum en enero de 2025 para crear una mesa de trabajo conjunta que permita abordar las problemáticas de las mujeres migrantes retornadas, así como distintas propuestas, pero no han recibido respuesta.
