Ciudad de México-. El pasado viernes 21 de marzo, docentes y trabajadores en Panamá han tomado las calles para iniciar un Paro Nacional de 24 horas en protesta contra la Ley 462, que busca privatizar el sistema de pensiones y permitir que los fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) sean gestionados por bancos y empresas privadas. Esta reforma ha generado un fuerte rechazo, especialmente entre las mujeres, quienes serían las más afectadas por las nuevas exigencias impuestas.
La Ley 462, presentada en noviembre de 2024, fue aprobada el pasado martes por el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, generando indignación entre los trabajadores. Se pretende eliminar el sistema solidario que garantizaba una pensión mínima, particularmente para aquellos que no han tenido la oportunidad de hacer grandes aportes a lo largo de su vida laboral.
Ante esta situación, desde el martes, grupos sindicales han vuelto a protestar en las calles, denunciando que la reforma pone en riesgo a la sociedad, dejando a los trabajadores expuestos a recibir pensiones mínimas. Para obtener una pensión equivalente al 60% del salario mensual, sería necesario cotizar durante 35 años de forma continua, es decir, trabajar entre 10 y 15 años más de lo estipulado inicialmente.
En entrevista para Cimacnoticias, Claudia Figueroa Pino, periodista e integrante del Centro de Comunicación y Derechos en Panamá, compartió las repercusiones que la implementación de la Ley 462 podría tener sobre las mujeres en Panamá. Figueroa destacó que las mujeres ya enfrentan un panorama de desigualdad en el ámbito laboral, caracterizado por brechas salariales y una mayor inestabilidad laboral.
“Al sector de la población que le es más difícil alcanzar cotizaciones continuas, son a las mujeres. Somos quienes entramos más tarde al mundo laboral formal en donde se pagan las cotizaciones al seguro social. De igual forma debido a las tareas de cuidado entramos y salimos del mundo del trabajo con mayor frecuencia y se nos contrata de una forma precaria” -Claudia Figueroa Pino, periodista e integrante del Centro de Comunicación y Derechos en Panamá.
Figueroa Pino señaló que muchas mujeres se ven excluidas de la seguridad social, ya que no pueden cumplir con una jornada laboral completa debido a las tareas de cuidado. Con los cambios en la ley, aquellas que no alcancen el mínimo de semanas cotizadas se enfrentarán a pensiones significativamente reducidas, lo que pondría en riesgo su bienestar y dignidad en la jubilación, exacerbando la desigualdad de género y dejando a muchas mujeres en una situación vulnerable al llegar al retiro laboral.
De acuerdo con el informe “Territorios que cuidan: hacia la construcción de un sistema nacional de cuidados en Panamá”, en 2019, solo un poco más de la mitad de las mujeres de 15 años y más se habían incorporado al mercado laboral. La tasa de participación de las mujeres era del 55.0%, mientras que la de los hombres se ubicó en 78.8%.
En ese año, de las 718 mil 600 mujeres que integran la población económicamente activa (PEA), el 51.8% declaró no haber buscado trabajo porque es ama de casa o trabajadora familiar. En comparación, de los 320 mil 412 hombres en la PEA, solo el 4.3% se dedica a este tipo de responsabilidades. Sin embargo, Panamá carece de políticas públicas que favorezcan la creación de un Sistema Nacional de Cuidados para reducir la carga de cuidados de las mujeres y las familias.
Es por ello que son principalmente las mujeres las que han salido a manifestarse en las calles. En el sector docente, que lidera gran parte de la marcha, son mayoritariamente maestras y profesoras quienes están al frente.
“Las mujeres están masivamente en las calles. A través de cánticos y consignas folklóricas, las maestras dan fuerza al mensaje, llamando a la unidad y solidaridad. Buscan que las mujeres, las más afectadas, sean escuchadas, exigiendo que, a pesar de contar con trabajos precarios y no haber podido cumplir con las semanas de cotización exigidas por el gobierno, se garantice el derecho a una jubilación digna y una vida plena» -Claudia Figueroa Pino, periodista e integrante del Centro de Comunicación y Derechos en Panamá.
Cabe destacar que, a nivel legislativo, las mujeres intentaron suspender la reforma. En la Asamblea Nacional de Panamá, de los 71 diputados y diputadas, solo 3 defendieron la petición de la clase trabajadora, votando en contra de la propuesta del gobierno. “Las mujeres han sido las que más han salido a dar la cara y a defender el derecho a la seguridad social del pueblo panameño”, añadió Figueroa.
Sin embargo, pese a que los diversos sectores sociales han tratado de entablar diálogo con el Estado, este se ha limitado a escucharlos y llegar a un nuevo acuerdo. Figueroa Pino, declaró que desde el inicio del Paro Nacional han existido represalias para las manifestantes, como la detención injustificada.
“Hoy en la mañana lo primero que se hizo fue detener al dirigente de los docentes de la provincia de Colón, junto con 12 personas más, entre ellas maestras. Se han hecho advertencias y amenazas de no poder ejercer el derecho a la protesta en Panamá, violando el derecho a la libertad de expresión” -Claudia Figueroa Pino, periodista e integrante del Centro de Comunicación y Derechos en Panamá.
El presidente Raúl Mulino, en una conferencia de prensa sobre el Paro Nacional, declaró: “El que no trabaja no cobra. No vamos para atrás, el seguro social se está recuperando con una ley que no es perfecta, pero es mejor que lo que teníamos”.
Ante la posible negativa del gobierno de derogar la Ley 462, se planea extender el paro hasta lograr su eliminación. Además, diversos colectivos han expresado su intención de sumarse a la manifestación la próxima semana, en caso de no obtener una resolución favorable.
