Ciudad de México.- La gestación subrogada es una forma de esclavitud moderna, donde los vientres de alquiler y la entrega de recién nacidos a cambio de remuneración económica vulnera los derechos y dignidad de mujeres, así como niñas y niños, por eso diputadas del PRI y PAN consideran urgente legislar en la materia para prohibirlo desde la Constitución y quede como facultad exclusiva del Congreso federal, sobre todo porque el Congreso está en la etapa final de la Legislatura y se busca sacar el dictamen en la última semana del periodo, que concluye el próximo 30 de abril.
“No podemos permitir que se pague por un ser humano; debemos prohibir su mercantilización, porque no solo es para formar una familia, sino que se hace para el mercado de órganos. Hemos dado pasos importantes para avanzar en la eliminación de toda violencia y abuso, por eso hay que seguir adelante”, manifestó la diputada Blanca Alcalá Ruiz.
La Organización de las Naciones Unidas desde el 2018 señaló que una de las grandes preocupaciones aparece en los casos en que, debido a la ausencia de legislación, surge una modalidad comercial no regulada. En muchos de ellos, la gestación subrogada se convierte en un mercado: los servicios de gestación dependen exclusivamente de la demanda y la patria potestad se convierte en un contrato. Además, no existen requisitos para la gestante ni para los futuros padres y no se ofrecen garantías sanitarias ni jurídicas.
“La gestación subrogada comercial, que se practica de forma frecuente en algunos países, equivale a la venta de niños”. La tendencia general indica que las madres suelen proceder de países en desarrollo, como la India, Nepal o Tailandia, y los aspirantes a progenitor de países desarrollados, como Alemania, Australia, Canadá, España o Francia. Esto provoca que la gestación subrogada aparezca como una salida a la pobreza o la falta de educación, que las hace más vulnerables ante la explotación.
“Esta práctica supone desequilibrios de poder y aumenta la vulnerabilidad de niñas y niños y sus madres ante las distintas formas de explotación”.
El proceso legislativo
El documento está en revisión en la Comisión de Salud y propone reformar el artículo 319 y adicionar la fracción VIII al artículo 462 de dicha ley. Define la gestación subrogada como un contrato donde una mujer accede a gestar a través de técnicas de reproducción asistidas, para otras personas quienes serían padres o madres de la niña o niño nacido del embarazo previamente pactado.
Expone que diversos países han intentado regular esta práctica, en algunos se ha prohibido, en otros se acepta con restricciones, diversos presentan lagunas en sus legislaciones y en la mayoría no se ha legislado en la materia. Menciona que en América Latina sólo tres países permiten la maternidad subrogada: Brasil, Uruguay y Puerto Rico; sin embargo, “existen muchos vacíos en sus legislaciones, códigos y reglamentos”.
Expertos de la UNAM proyectaron en 2018 que los ingresos generados por la industria de la maternidad subrogada para 2025 incrementarían a 27 mil 500 millones de dólares, es decir un crecimiento anual de 24.5 por ciento. Sobre este tema, Eleane Harin Proo Mendez, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en ese entonces, detalló que mientras en Estados Unidos el costo promedio del procedimiento es de 150 mil dólares, a la mujer gestante se le paga 20 mil a 30 mil dólares, en México es de 90 mil dólares y en el mejor de los casos les otorgan a las mujeres que subrogan su vientre 9 mil o 10 mil dólares.
En la Cámara de Diputados se llevó a cabo el foro Prohibición Gestación Subrogada mediante cualquier modalidad o acuerdo, donde participaron mujeres académicas, especialistas, representantes de la sociedad civil y activistas feministas, quienes trataron este tema, especialmente, ante la ausencia de toda protección por parte del Estado, donde sus aportaciones serán tomadas en cuenta para enriquecer la propuesta de prohibir vientre de alquiler.
Al respecto, la vicepresidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro, Blanca Alcalá Ruiz, reconoció que en México la maternidad subrogada no se encuentra regulada a nivel federal y únicamente se puede encontrar en cuatro entidades, solo en dos de ellas se prohíbe: San Luis Potosí y Querétaro, mientras que en Tabasco y Sinaloa está permitida cuando hoy estos vacíos de la ley definitivamente ponen en una grave condición de vulnerabilidad a las mujeres mexicanas.
Es de mencionar que la diputada del PAN, Mariana Mancillas Cabrera, impulsa una iniciativa que reforma la Ley General de Salud para considerar ilícita la disposición de órganos, tejidos, células y gametos que se utilicen en procedimientos de subrogación de vientres o cualquiera de las modalidades vinculadas con la práctica de alquiler de vientres, cadáveres de seres humanos y aquellas que se efectúen sin estar autorizada por la ley.
Asimismo, busca que se imponga de seis, hasta 17 años de prisión y una multa por el equivalente de ocho mil a 17 mil días de salario mínimo general vigente en la zona económica de que se trate, al que comercie o realice actos jurídicos que tengan por objeto la intermediación de células, embriones, incluyendo los gametos que se utilicen en procedimientos de subrogación de vientres.
No concluir Legislatura sin abordar el tema
Blanca Alcalá Ruiz consideró definitivamente como una responsabilidad a lo que definió como «esta Legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad», no concluir este período ordinario, el último de la LXV Legislatura del Congreso, sin abordar de manera seria y profunda un tema que afecta a numerosas mujeres.
Reprochó que algunas mujeres sean vistas como objetos de alquiler y aunque varias de estas conductas ya se encuentran sancionadas en nuestra legislación, aún no es el caso de la utilización de mujeres para procreación y para la entrega de infantes a cambio de dinero, que beneficia a la industria del vientre de alquiler. De ahí, dijo, la importancia de reservar el tema solo para el Congreso Federal y prohibir toda figura que pueda equipararse a la esclavitud.
En su oportunidad, la diputada del PAN, Joanna Felipe Torres, señaló que la subrogación de vientres constituye una pequeña parte de la reproducción asistida y es necesario abordarla, pero antes se debe asegurar que el Congreso de la Unión, tenga la facultad exclusiva de legislar en esta materia y después trabajar en una ley general, donde se establezca todo el tema de los vientres subrogados.
Comentó que en las vísperas del Día Internacional de la Mujer se debe enfatizar en los trabajos legislativos al respecto de este tema. Además de lo llevado a cabo el 6 de diciembre de 2023 cuando presentó dos iniciativas que reforman los artículos 1 y 4 de la Constitución Política, a fin de prohibir la llamada gestación subrogada comercial, así también y como complemento de lo anterior se presentaron diversas reformas a los ordenamientos de la Ley General de Salud y de la Ley General para Prevenir, Sancionar y erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas para proteger y asistir a las víctimas de estos delitos.
De esta forma, facultar a la Secretaría de Salud para establecer lineamientos de prevención y sanción de prácticas de explotación reproductiva, así como bases para sancionar estas prácticas mediante la gestación subrogada, cuya finalidad sea la comercialización de niñas y de niños, ante una preocupación sobre las nuevas formas de explotación de las mujeres y comercialización de niñas y niños.
Apuntó que este encuentro constituye una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuirá al avance de este tema no solo para México, sino para toda Latinoamérica. “recogeremos las aportaciones para que las iniciativas estén más motivadas y fundamentadas”.
Destacó la importancia de que los trabajos se enfoquen en la gestación subrogada, referida en unos casos como la comercialización del cuerpo humano, los llamados “vientres de alquiler”, actividad que está expresamente prohibida en países como España e Italia, y los que la permiten, como Canadá y Reino Unido.
Refirió que la UNICEF ha advertido que las niñas y los niños que nacen por este procedimiento corren el riesgo de sufrir múltiples violaciones de derechos humanos, como a la identidad, al nombre, a la nacionalidad, a la salud, a las relaciones familiares y acceso a sus orígenes, y el derecho a no ser vendidos.
Participación de especialistas
Patricia Olamendi Torres, creadora de la Red Nosotras Tenemos otros Datos, aseveró que urge una legislación que prohíba tajantemente estas formas de explotación reproductiva, al señalar que las iniciativas que están en discusión en la Cámara de Diputados son valiosas.
Agregó que las mujeres no nacieron para ser personas gestantes, como las llaman despectivamente, somos seres humanos plenos y tener un desarrollo con dignidad, la cual se sigue pisoteando, por eso pidió que de las iniciativas que están en el Congreso todas valiosas se saque por lo menos una, la que ponga fin a la explotación de los cuerpos de las mujeres.
“Saquemos una legislación, la que ponga fin a la explotación de los cuerpos de las mujeres y lograr una reforma en materia de trata que ponga fin a esta barbarie de los contratos para vender seres humanos, destaca, porque nos urge una legislación que prohíba tajantemente estas formas de explotación reproductiva de las mujeres”, enfatiza.
En el tema Los derechos humanos y la llamada subrogación, Beatriz Cosío Nava, activista por los derechos de las mujeres, afirma que la agenda feminista no contempla legalizar la maternidad subrogada. Se pronunció por promulgar leyes que protejan los derechos de las mujeres, y adoptar medidas para impedir la venta y trata de niñas y niños.
“Tomamos una postura ante lo que consideramos formas de esclavitud moderna y en defensa de los derechos de las mujeres, porque un tema importante de la agenda feminista es la autonomía de las mujeres sobre su capacidad reproductora y existe un interés neoliberal y patriarcal que la distorsiona, en aras de regular y convertir a las mujeres en vientres de alquiler de usurpar y que las mujeres no tengan su capacidad de gestar con esa autonomía reproductiva”, resalta.
Al exponer el tema, ¿Qué pasa en Tabasco a partir de la legalización de vientres de alquiler?, Keith López Nares, jefa de Redacción de la revista Las Libres, externó que, en 1997, ese fue el primer estado en legislar a favor de esta práctica, sin discutir las consecuencias.
A la fecha no se sabe cuántos niñas y niños nacieron, a quiénes se vendieron, si están vivos o hacia qué país se los llevaron, lo que demuestra la irresponsabilidad con la que se manejó el tema y la deshumanización de las mujeres tabasqueñas, precisó.
La activista feminista de España, Nuria González López, abordó las causas y consecuencias de los vientres de alquiler, una visión global, y alertó que México está en riesgo de convertirse en el útero del mundo, por eso es necesario promover leyes que prohíban definitivamente el alquiler de vientres en cualquiera de sus formas, pues se encuentra en la mira de todas las empresas de explotación reproductiva.
La activista Cinthya Fernanda Acosta Sánchez se refirió al tema de los vientres de alquiler y la ley en México. Esta actividad representa la explotación reproductiva de las mujeres y la compra de bebés por contrato mercantil, realizada por organizaciones en un negocio multimillonario que hará de México el paraíso de la explotación reproductiva. Plantea modificar la legislación para tipificar ese delito y castigar a quienes participen.
