Ciudad de México.- En punto de las 9 de la mañana hora centro del país, la honorable corte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos inició la primera parte de la audiencia «García Andrade vs México», que constató de escuchar los argumentos de Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García Andrade víctima de feminicidio en Ciudad Juárez en 2001, y las contra respuesta presentada por el Estado mexicano a cargo del abogado Fernando Romero Pérez de la Fiscalía de la Mujer de Chihuahua quien, en la última parte de la sesión, mostró tropiezos importantes en defender las acciones de las autoridades chihuahuenses.
Con una duración de 3 horas con 15 minutos esta primera parte de la audiencia mostró una apertura favorable para Norma Andrade y su equipo legal constituido por la abogada Karla Michel y David Peña.
Durante la intervención de Andrade, fue Karla Michel la responsable de liderar la entrevista y exponer los ejes fundamentales ante la CoIDH: Las omisiones en la investigación de la muerte de Lilia García, el fallo en brindarle protección a Norma Andrade luego de vivir 2 intentos de homicidios y la forma en que la desaparición – feminicidio de las madres implica un recrudecimiento en la vulnerabilidad de las hijas e hijos de las víctimas; misma, que el Estado nunca ha reconocido.
Luego de una extensa intervención de Norma Andrade, por primera vez en los 24 años de lucha desde el feminicidio de su hija, puedo narrar de viva voz las inconsistencias en el caso, cómo su vida cambió por completo y la manera en que tuvo que cargar en sus hombros toda investigación para dar con los responsables, tomó la palabra Fernando Romero Pérez quien salió en defensa del trabajo del Estado de Chihuahua bajo un argumento que, no sólo fue repetitivo, sino también, terminó por mostrar una endeble acción: «Chihuahua no contaba -en 2001- con la infraestructura suficiente para llevar el caso».
Arrancando la audiencia y en la presentación de motivos, fue Cristina Blanco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos quien sentenció que, en el informe de fondo de la CIDH se tenía ya un registro de lo que sucedía en Ciudad Juárez y que ha sido plenamente reconocido por la Corte desde la sentencia por el caso Campo Algodonero.
Por ello, Blanco externó que el Estado era responsable pues, a pesar de saber lo que sucedía en Chihuahua, no se agilizó desde un primer momento para encontrar a Lilia Alejandra Andrade; no tomó ninguna medida, a pesar de que la mujer permaneció con vida al menos 5 días antes de su feminicidio.
«El Estado violó el artículo número 7 de la Convención Belem do Pará, por ello, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos determinó que Norma y los dos hijos de Lilia también sufrieron los estragos de la violencia. El presente caso muestra la persistencia de los mecanismos para dar fin a la violencia de mujeres en Ciudad Juárez. El 20 de noviembre del 2021 se notificó al Estado 8 prorrogas, pero las víctimas nunca obtuvieron una reparación integral, por lo que se giró a la CoIDH que hoy, tendrá la oportunidad de reconocer la violación sexual como tortura, los contextos de grave violencia y, además, los impactos en las familias ante casos de desaparición de mujeres».
Norma
«Soy madre de Lilia Alejandra García Andrade», pronunció Norma Andrade como primera frase ante la Corte Interamericana. Su primera intervención estuvo focalizada en presentar a su hija ante las y los jueces a quien describió como «una joven alegre de 17 años, de carácter fuerte, inteligente y decidida a lograr sus objetivos, ella era poeta, disfrutaba del canto, el ajedrez, la oratoria y soñaba con ser periodista».
Andrade también acotó que su hija se había convertido en madre a una edad muy temprana y aunque existió la posibilidad de una interrupción del embarazo, Lilia nunca estuvo de acuerdo en ello y acordaron que se haría responsable de los gastos del bebé; trabajaría y estudiaría para sacar adelante a su hija.
«Al momento de su asesinato, Alejandra trabajaba en una maquila para sacar adelante a sus dos hijos, era madre de dos pequeños. Jade García de 1 año 8 meses y de José Caleb de 5 meses de nacido. Estaba estudiando la preparatoria, su papá, José García Pineda y yo, teníamos el acuerdo de que, si sacaba buenas calificaciones en la prepa, nosotros absorberíamos los gastos de sus dos hijos para que pudiera estudiar la universidad», dijo Norma Andrade.
Sucintamente, su defensa Karla Michel le pidió a Norma narrar cómo aconteció el secuestro y asesinato de Lilia y la forma en que su trabajo de búsqueda comenzó. De esta forma, la madre de Lilia García Andrade le explicó a las y los jueces que su hija había salido un 14 de febrero del 2001 a las seis de la mañana con dirección al trabajo; cumplía una jornada de 12 horas y usualmente, llegaba a casa a las 10 de la noche, sin embargo, ese día no llegó.
Norma Andrade explicó que, al ser día del amor y la amistad, concluyó que su hija se había ido; sin embargo, toda esa noche la dedicó a contactar a las amistades de Lilia y la respuesta era la misma: dijo que se iría a casa.
El 15 de febrero, Norma se dirigió a la fiscalía y les pidió levantar una orden de búsqueda, la cual fue rechazada pues debía esperar 72 horas. Las autoridades le señalaron que, si quería, mejor «fuera a buscarla ella». Así lo hizo, la buscó en comandancias, en los hospitales, en las delegaciones y entre sus conocidos; fue un día extenuante de búsqueda y preguntas.
No fue hasta el 16 de febrero que la fiscalía por fin aceptó girar una orden de búsqueda, sin embargo, mientras se realizaba el proceso uno de los agentes le dijo: «Ay señora, ¿para qué se hace tonta? Su hija ya no la aguantaba, por eso se fue, porque la tenía en el puño». Asimismo, le plantó en la cara que tenían más de 2 mil desapariciones y que sólo eran dos agentes de investigación; «ahí entendí que no iban a buscarla», contó Norma.
Ante estas respuestas indolentes de las autoridades, Norma y su familia crearon volantes con el rostro de Lilia. Fueron repartidos en centros comerciales, en las calles, en las plazas públicas, lo llevaron a la televisión y a la radio. Para este momento ya habían pasado 5 días de la desaparición de su hija y siendo 20 de febrero, se mostró una primera pieza que terminó por reventar que, en efecto, las autoridades nunca hicieron nada por atender la crisis de desapariciones en Ciudad Juárez y menos, por dar con el paradero de Lilia Andrade.
«El 20 de febrero en un noticiario habla la señora Martha Barragán diciendo que un día antes el 19 de febrero en la noche había hablado a la policía porque desde el garaje de su casa vio cómo unos sujetos golpeaban a una jovencita semi desnuda, alta, de pelo largo y lacio y que se veía que la estaban violentando. La señora refiere que la policía llegó 2 horas después de que hizo la primera llamada y cuando finaliza la llamada, la mujer dice: A ver si no la encuentran asesinada después. El 21 de febrero es encontrada mi hija. Justo a 500 metros de donde Martha Barragán dijo que estaban golpeando y torturando a una jovencita. La necropsia dice, que Alejandra tenía entre 24 y 36 horas de haber sido asesinada, murió por estrangulamiento y tortura sexual.», señaló Norma.
Cambio de paradigma
Uno de los puntos más álgidos durante la presentación del caso -y narrado por Norma Andrade- se dio cuando expuso la odisea que tuvo que emprender para dar con los responsables de la muerte de su hija; todos los fiscales que tuvo que enfrentar, los gobiernos indolentes y los intentos desesperados de los ministerios públicos por frenarla de encontrar justicia.
Sobre el caso de Lilia García se abrieron 8 líneas de investigación, tardaban años en hacerse y sorprendentemente, ninguna dio en el clavo debido a inconsistencias. Como, por ejemplo, cuando se apuntaba a un hombre de apodo «Tyson» quien, de hecho, se encontraba preso desde 1999.
Sólo 7 años después, en el 2008 todas y cada una de las líneas de investigación comenzaron a cerrarse, una a una, y con ella, las posibilidades de justicia; no había responsables y tampoco nada que apuntara a quiénes cometieron la tortura y el feminicidio de Lilia.
«Se solicita un reprocesamiento de todas las investigaciones dándonos como resultado la identificación de otro material genético, la muestra 1666 / 700, estas dos muestras se corren en la base de datos en la fiscalía de Chihuahua y nos da un match con una muestra de un funcionario público quien fue asesinado en 2010 de nombre Enrique Castañeda [existía compatibilidad genética, lo que apunta a que el responsable era un masculino de la familia Castañeda, más no el propio Enrique*]. Gracias a estas pruebas de ADN me doy cuenta de que (Lilia) no fue la única asesinada por estos agresores, sino que hubo 3 chicas antes y una después de Alejandra, a este grupo se le tiene vinculado a 4 casos», dijo Norma.
La presión comenzaba a apretar al gobierno de Chihuahua; un grupo de violadores y asesinos seriales había operado en total impunidad en Ciudad Juárez, y no sólo eso, existían elementos suficientes para saber que, al menos uno de ellos, estaba relacionado con un funcionario público de la ciudad. Y aunque Norma cada vez se mostraba más incisiva para dar con respuestas, su lucha se frenó momentáneamente cuando en 2011 recibió 5 impactos de bala en pecho y hombros.
Fue llevada a un hospital y posteriormente, ingresada a un hospital privado por órdenes del gobierno; sin embargo, sólo 3 días después, sería -en palabras de Norma Andrade ante la CoIDH- «literalmente echada a la calle», porque el hospital recibió amenazas de que asesinarían al personal médico si continuaban dándole atención.
Norma es desplazada forzosamente de su ciudad natal, tomó sus cosas y la de sus dos nietos y migró, donde apenas un par de meses después, y en ese nuevo hogar presuntamente oculto, fue apuñalada en el cuello.
La evidencia de los cuidados, el trabajo de buscar justicia y los cambios de vida
Uno de los ejes más importantes dentro de esta discusión y de la serie de argumentos, fue la manera en que Norma tuvo que responsabilizarse de la hija e hijo de Lilia García; Jade y Caleb, a quienes cuidó desde que tenían 1 año y 5 meses de nacidos, respectivamente.
Los cambios de vida de Norma fueron asunto de discusión entre ella y el juez Diego Moreno Rodríguez quien expresó su admiración a su valentía y a los cuidados de su nieta y nieto.
«De abuelos, volvimos a ser padres, yo tenía 2 trabajos, maestra de profesión y renuncié al otro para cuidar de mis nietos y exigir a las autoridades. Lamentablemente, José [García*, su esposo] no pudo superar la perdida de [Lilia] Alejandra y muere de cáncer a los 2 años del asesinato de su hija, fueron dos pérdidas enormes y, aun así, me hice cargo de mis nietos. El día del funeral de José estaba en la funeraria cuando fueron por mí a sacarme y me llevaron al DIF para saber si yo podía hacerme cargo de mis nietos. De las aulas, tuve que salir a las calles a exigir justicia y empezar a investigar el asesinato de mi hija, me di cuenta de que yo sola no soy nadie y me uní a otras compañeras, donde constituimos un grupo (…) nos dimos cuenta de que teníamos qué capacitarnos porque si no las autoridades se burlaban de nosotras, nos ofendían, nos amenazaban, nos perseguían, robaban nuestros expedientes y vivíamos allanamientos», narró Norma ante Moreno Rodríguez.
¿Qué espera usted de esta Corte?: «Primero espero una sentencia favorable para Alejandra, pero también, para todas las mujeres y niñas de México, quiero tener la certeza de que mis nietas salga a la calle y volver a casa, que cualquier jovencita puede salir a pasear en mi país sin que sea acosada, por eso espero una sentencia favorable.
Que los verdaderos agresores de Alejandra sean detenidos porque mientras sigan libres van a seguir asesinando. Hoy me tocó estar aquí a mí, pero yo no estoy sola, a Norma la acompaña Ramona, Soledad, Irinea que son madres como yo que tienen una hija asesinada. Ellas también esperan una respuesta favorable.
Esperamos que se ordenen políticas públicas para las niñas y niños que quedan huérfanos, que puedan desarrollarse plenamente. Que esta honorable corte obligue al Estado a aceptar su omisión para con ellos y que haga lo que tenga que hacer para que nuestros niños crezcan alegres» le respondió Norma al juez Moreno Rodríguez.
¿Cómo esto ha afectado su vida? «Ahora [los nietos] son adultos jóvenes de 24 y 25 años. Ellos tenían 5 meses de nacido y 1 año 8 meses cuando asesinaron a su mamá, crecieron entre mítines, marchas, mesas de trabajo, aportaciones de líneas de investigación, pero ellos ahí eran unos niños alegres, sociables, platicadores y crecieron todavía sanos hasta que presenciaron mi intento de asesinato, todo cambió, porque aprendieron a vivir con miedo, el miedo a que volvieran a intentarlo y ahora sí lo lograran.
Jade requirió más de 10 internamientos psiquiátricos por crisis de ansiedad e intentos de suicidio porque no lograba procesar lo que estábamos viviendo, porque los 2 atentados fueron cercanos y ella los presenció».
«Muchas consultas médicas, psiquiátricas y muchas terapias. Caleb de ser un niño alegre se convirtió en un niño huraño y violento, desarrolló fobias, empezó a tener miedo a dormir, generó miedo y se culpaba por no poderme proteger. Cuando internaban a Jade yo me tenía que ir al hospital y Caleb quedaba solo, entonces, quienes se quedaban con él eran los escoltas; él se quedaba encerrado. El miedo de que me hagan algo aún prevalece. Aún antes de esta audiencia Jade me dijo: «Estoy cansada de que mi mamá tenga que seguir buscando, que mi mamá vaya a acompañar a otras madres, tengo miedo de que le hagan algo por seguir ayudando», expresó Norma.
Estas últimas dos intervenciones representan un punto clave para dimensionar los impactos del feminicidio en nuestro país y ante la apertura evidente de las y los jueces de la CoIDH se infiere la urgencia de que México desarrolle un mecanismo para atender la salud mental, económica, educativa, de alimentación y cuidados de las personas en situación de orfandad derivado de un feminicidio – desaparición.
La palabra de Norma Andrade nos atañe a toda la población y fue contundente en exponer, a través de sus vivencias, que esto no sólo es una lucha por Lilia Alejandra, sino por todas.
Antes de avanzar con los alegatos de la defensoría del Estado se necesita entender la participación de 2 sujetos y el por qué, el meollo terminaría por explotar entre tropiezos y una clara evidencia de que existen discrepancias, orillando, incluso, a la jueza Verónica Gómez a sostener que no había entendido ningún argumento: Manuel Navarro Rivas y el hombre de apellido Castañeda.
Asimismo, entender que el caso de Alejandra está presuntamente ligado al de Rosa Icela de 14 años asesinada en el 95; Iveth Sánchez de 13 años asesinada en el 96 y Coral de 16 años asesinada en el 2005. En el caso de 2 de ellas, ya hay una persona detenida y sentenciada a 100 años de prisión, sin embargo, este hombre de nombre Manuel Navarro nunca figuró en la carpeta de investigación de Lilia Alejandra, por ello, Norma Andrade rechaza que se le intente adjudicar a este hombre como responsable de la muerte de su hija; no ha permitido que se le dé carpetazo, pues no cuenta con ninguna prueba de ADN que se ligue con Lilia.
«Presuntamente es el asesino de Alejandra y digo supuestamente, porque este señor nunca figuró en las líneas de investigación. Se llama Manuel Navarro Rivas y nunca se le hizo prueba de ADN, se le detiene y hasta la fecha, al menos en el caso de Alejandra, no hay información para cotejarlo. Para mí es un culpable fabricado porque no hay ninguna prueba de ADN para decir: Este es al agresor de Alejandra.», apuntó Norma.
¿Y qué pasa con Castañeda quien sí tiene coincidencia con los residuos biológicos encontrados en el cuerpo de Alejandra?: Es desconocido.
Finalmente, Norma Andrade zanjó su participación advirtiendo que, actualmente, las cosas están aún peor que hace dos décadas; 11 mujeres asesinadas es una cifra imposible de contener.
«Los asesinatos siguen y las desapariciones también. Yo digo que ahorita estamos peor que antes, públicamente cuando empezamos a denunciar se hablaba de 3 asesinatos, ahorita, se habla de 11 mujeres asesinadas al día. No voy a negar que se han creado leyes, instituciones, que el gobierno ha hecho un aparato para resolver la situación porque no lo voy a negar, pero aun así, con la infraestructura no se han frenado ni las desapariciones, ni los asesinatos, incluso los asesinatos de madres buscadoras.», mencionó Norma.
El caso de Lilia Alejandra ha pasado por 9 fiscales, 17 ministerios públicos, 8 policías de investigación, es decir, no ha habido un agente que siga la investigación de forma sostenida. Hasta que llegó el licenciado Romero quien desde el 2016 tiene la investigación y quien, momentos más tarde, fungiría como el defensor del Estado.
«No estoy entendiendo»: La defensa del Estado
Fernando Romero Pérez externó que desde el 2016 ha estado involucrado en la investigación y externó que las líneas de investigación fueron múltiples desde un inicio, donde se tomó en cuenta el contexto social y cultural, lo que encauzó en que la muerte de Lilia Alejandra fuera vinculada a la muerte de las otras menores de edad que fallecieron bajo condiciones similares -tortura sexual y posterior feminicidio-.
«El expediente se mandó a un juez especializado en 2018 y a cada caso se le dio una causa penal, se ordenó librar la orden de aprehensión, sin embargo, en el caso de Lilia Alejandra se mandó [por parte de la defensa de Norma Andrade] un escrito donde se sostiene que no se está de acuerdo con la decisión.», dijo Romero Pérez. Y es que, hay que recordar que, según Norma Andrade, no existe nada que vincule a este presunto agresor con su hija.
Asimismo, Romero Pérez fue increpado sobre por qué se ha dilatado tanto el caso, pues luego de 24 años resulta complejo dimensionar qué ha entorpecido tanto el proceso. En respuesta y defendiendo el actuar de las autoridades, el fiscal de investigación sostuvo que se debía a que, en 2001 -cuando sucedieron los hechos- Chihuahua no contaba con la tecnología suficiente para recoger evidencia biológica y por ello, tuvieron que aliarse con otros laboratorios de Guanajuato y Estados Unidos.
El segundo problema esencial es que, al estar presuntamente vinculado con otros casos, fue necesario tratar cada caso de forma individual reconociendo sus particularidades. Y, además, sostuvo que se han realizado dos exhumaciones para obtener el perfil genético de los hombres de la familia Castañeda, como lo ha exigido la familia García Andrade a quien, además, refirió que han mantenido cerca en todo proceso.
Entonces, ¿cuál es el estado actual?: Con un Castañeda en anónimo, el único que está en manos de la justicia es Manuel Navarro a quien, según Romero, ya están sólo a unos pasos de dictarle la sentencia superior a los 100 años al ser hallado culpable por el feminicidio de las otras 2 menores que comparten similitudes con Alejandra.
Dos de los tropiezos más grandes se dieron cuando David Peña, abogado de Norma Andrade cuestionó a Romero con dos puntos:
- Si se utilizó apoyo de un laboratorio de Guanajuato para obtener mejores muestras biológicas, ¿por qué esto no fue utilizado en el dictamen?
- ¿Qué tiene qué ver Manuel Navarro? Nombre 3 puntos que lo liguen con Lilia Alejandra.
Las respuestas balbuceadas de Romero se limitaron a señalar que desconocía el hecho y que no había entendido la pregunta.
Segunda etapa de la audiencia: Los alegatos finales
Estado reconoce responsabilidad parcial, pero también su «buen actuar«
Con una presentación de alegatos finales de más de dos horas, el enfrentamiento legal apareció en la Corte Interamericana; por un lado, las y los representantes del Estado sostuvieron en todo momento sus buenas acciones a lo largo de los años, del otro lado, la representación de la familia García Andrade luchó por tirar todo argumento presentado por el Estado, señalándolo de único responsable.
En una primera parte, Romero Pérez no supo responder el por qué Norma Andrade negó la responsabilidad de Manuel Navarro, sin embargo, David Peña, en representación de la familia citó un documento oficial del juez que rechazó liberar la aprehensión de Navarro por el caso particular de Lilia Alejandra, donde se rezó «Se niega la orden de aprehensión al no estar acreditada su posible responsabilidad».
Asimismo, David Peña cuestionó que, de nueva cuenta, el Estado si bien reconoció que existía dilación en las investigaciones, no reconoció los hechos particulares donde violentó e incumplió sus obligaciones.
En representación a la familia, también se sostuvo que en el informe del Estado -presentado como defensa ante la CoIDH- se negaba la violación como tortura sexual y se denunció que, en 24 años, las autoridades nunca identificaron al grupo criminal, además de que ejercieron «terribles y groseras omisiones que provocaron que Alejandra fuera sometida, al menos, 7 días a tortura sexual».
«Es lamentable que hoy el Estado pretenda sustentar esta investigación [la de Manuel Navarro], cuando el Estado cometió graves omisiones, incluyendo un inconsistente desarrollo como ha quedado evidenciado. Hubo inactividad casi total, no ha garantizado una investigación en un lapso de tiempo razonable; hablamos de un grupo de perpetradores sistemáticos que opera desde hace 10 años y el fracaso del Estado mexicano. Respecto a las violaciones de Norma, tras el feminicidio no sólo tuvo que cargar con el cuidado de sus nietos, sino también ha sido víctima de múltiples intentos de homicidio [además], respecto a las investigaciones por los atentados contra Norma, se encuentra que nunca se ligó a la carpeta de Lilia Alejandra», sostuvo la representación de García Andrade.
En añadidura, la defensa fue contundente en señalar que el Estado es el único responsable de cooptar -a Norma y a sus dos nietos-, del derecho a la familia, de garantías sociales y el libre tránsito. Además, se denunciaron las profundas heridas emocionales hija e hijo de Lilia, quienes vivieron el brutal feminicidio de su madre siendo apenas unos bebés, enfrentaron el horror de presenciar los atentados contra su abuela y finalmente, vivir el desplazamiento forzado que les alejó de sus redes de apoyo; se les negó el derecho a una familia, a ser cuidados por su madre y crear recuerdos propios.
Asimismo, la nieta y nieto de Norma Andrade han asumido roles de protección que no les corresponden, viven en constante alerta y han renunciado a su derecho a la privacidad al estar acompañados todo el tiempo y en todo momento.
Karla Michel Salas le pidió a la Corte recordar el caso Campo Algodonero donde al igual que en el caso García Andrade, negó su responsabilidad total en el caso y aunque este primer hecho permitió crear un marco normativo más sólido a favor de las mujeres, resulta evidente que no fue suficiente, por ello, en aras de la emisión de una sentencia, pidió a las y los jueces cuestionar si México había tenido avances efectivos y si logró transformar la cultura de la violencia. Así, se constituyeron los siguientes puntos del pliego petitorio:
- Debe ser la Federación quien siga las investigación de Lilia Alejandra
- Debe existir un mecanismo de defensa y no repetición, pues desde 1993 a 2024 hay 49 víctimas de feminicidio aún sin identificar, por ello, es necesario desarrollar un banco de datos y procesamiento de datos óseos independiente de la Fiscalía General de la República.
- Solicitamos que se ordene la preservación y conservación de las memorias del feminicidio, así como cuidar los espacios como las cruces rosas o las antimonumentas, constituyen ejercicios de memoria viva donde el estado es interpelado por sus omisiones estructurales.
- Que se reconozca a las madres buscadoras como defensoras de derechos humanos, así como el robustecimiento de los mecanismos de protección Se exigió su reconocimiento al desempeñar un papel fundamental en la búsqueda de justicia de forma histórica.
- Es la oportnidad de esta honorable corte para evaluar el campo normativo, sino el impacto concreto en la vida de las mujeres y niñas. No basta con reconocer los avances [legislativos], exigimos justicia transformadora.
- Ninguna política institucional tendrá legitimidad si no se construye de manos de las víctimas.
En respuesta a estas exigencias y ante la clara evidencia de que el Estado debía reconocer sus deficiencias para prevenir la muerte de Lilia Alejandra, el Estado intervino bajo una bandera muy clara: Reconocerlo, sí, pero sólo parcialmente.
Victor Sánchez Colin, embajador de México en Costa Rica aprovechó la apertura del Estado para hablar de Claudia Sheinbaum quien, en su representación, «reafirma su compromiso con la protección de los derechos humanos, destacando a las mujeres como su prioridad«
Sucintamente, Jennifer Feller de la Secretaría de Relaciones Exteriores extendió las primeras disculpas en un total de casi 7 horas de sesión.
«El estado expresa su más sincero pesar, a su hija Jade, a su hijo Kaleb y a su madre, Norma Andrade, es consciente de mejorar su fortalecimiento institucional. El estado reconoce que el caso se enmarca en un contexto de violencia y asume plenamente su responsabilidad en la privación de libertad de Lilia Alejandra, que es reflejo de fallas estructurales que, en su momento, Las dilaciones obedecieron a la falta de personal debidamente capacitado, este reconocimiento no es sólo un compromiso formal, sino garantizar que nunca más una familia enfrente la violencia feminicida» (Jennifer Feller, SRE)
Asimismo, se destacó la creación de la Secretaría de las Mujeres y su trabajo en transversalizar la perspectiva de género, el asunto medular con este reconocimiento es que, en todo momento, se manejó el discurso de que las dilaciones fueron de infraestructura y falta de recursos, mismas, que ahora ya han sido subsanadas, esto a través de las reformas de Igualdad Sustantiva que impulsó Claudia Sheinbaum y la inyección a los programas por las mujeres, así como el lanzamiento de la Cartilla de las Mujeres.
Y aunque el Estado se defendió bajo la premisa de que se había avanzado enormemente a favor de las mujeres y que hoy, existían marcos normativos más poderosos, olvidaron que en la otra trinchera de la defensa estaba Karla Michel Salas, coautora de la Cartilla de las Mujeres y presente en el diseño de políticas públicas quien en un revés refutó: No es suficiente y es ambivalente señalar a la falta de recursos.
«No es simple dilación e insensibilidad, en el caso concreto, pudo rescatarla, evitar que fuera torturada y asesinada. Se marcó a la línea especializada en estos casos y funcionaba, no fue porque no existía una infraestructura, la había y la que había no sirvió. En el caso específico de Lilia Alejandra pudo evitarlo y no lo hizo, el estado argumenta el principio de complementariedad cuando ya pasaron 24 años y 3 lustros de los atentados contra Norma»
Karla Michel Salas sostuvo haber participado en muchas acciones, como la redacción de la cartilla de las mujeres, se han redactado protocolos y leyes justamente porque, aún con marcos normativos, reformar y proyectos, no ha implicado un efecto útil que garantice el acceso a una vida libre de violencia.
Paralelamente, Sayuri Herrera, Directora General de Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres mantuvo la misma narrativa discursiva sobre «ser conscientes que el Estado debe reparar el daño y garantizar la erradicación de la violencia con perspectiva de género», además, en representación de la Secretaría de las Mujeres externó que el órgano estará dispuesto a desarrollar nuevas políticas públicas para garantizar el derecho a la familia de las niñas, niños y adolescentes… no sin antes, apelar a que, si no se había hecho, era porque en su momento «no había el desarrollo suficiente para responder a esas necesidades».
«El Estado manifiesta su voluntad de asumir las responsabilidades que la Corte demande, se cuenta con el impulso de la Secretaría [de las Mujeres]por el cambio cultural, las reformas constitucionales, perspectiva de género en tareas de seguridad pública, medidas de protección y fiscalías especializadas en delitos de género. [Solicitamos] que tome en cuenta estos avances y que, de considerarse necesarias, medidas de reparación estas se alienen a los estándares interamericanos. Desde la Secretaría de las Mujeres le decimos que se continuará en el desarrollo de políticas públicas para que ninguna otra mujer viva las series consecuencias que vivió usted [Norma Andrade]» (Sayuri Herrera)
Desde Chihuahua, el fiscal estatal Jesús Manuel Fernández se defendió sosteniendo que el estado norteño había avanzado en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar investigaciones con perspectiva de género. Y aunque, igual que toda la bancada de defensa del Estado, Fernández mantuvo el margen denunciando que todas las falencias cometidas ya se habían corregido en estos 24 años, fue el primero en reconocer que, en efecto, hubo violaciones que propiciaron la tortura sexual y el feminicidio de Lilia Alejandra.
«El Estado reconoce que existió dilación en el inicio de la investigación, particularmente, cuando se debió desplegar la búsqueda de Alejandra en las primeras horas de desaparición, sin embargo, estas falencias han sido corregidas por el Estado mexicano. Todas las líneas de investigación se han señalado exhaustivamente, hay complejidad por el material genético, ello se dificulta aún más tomando en cuenta no tenemos a disposición los datos de la población para así dar con los responsables, desde el 2001 se recabaron muestras genéticas, se han realizado acciones para identificar al agresor y no fue hasta 2018 cuando se encontró un empate con un presunto responsable [Manuel Navarro, quien, Norma niega de forma incisiva que tenga algo qué ver con su hija, pues además, nunca se le ha realizado una toma genética a pesar de ya estar aprehendido].»
Además, el fiscal chihuahuense sostuvo que el Estado ha estado cumpliendo con sus obligaciones internacionales y no existen datos suficientes para comprobar lo contrario, pues el proceso penal avanza determinando las debidasresponsabilidades y si bien existe una persona imputada, el Estado seguirá atendiendo las peticiones de Norma Andrade hasta agotar todas las particularidades hasta concluir el proceso.
A continuación, estas son las medidas de reparación que ofreció el Estado mexicano y sus debidas consideraciones.
- Sobre las medidas de rehabilitación, se manifiesta el compromiso de seguir externando atención psicológica a las víctimas indirectas del feminicidio – desaparición, en caso de determinarse atención médico particular, se podrá realizar la vinculación con sistemas de salud pública según el modelo de atención a víctimas
- En cuanto a las medidas de satisfacción, el Estado puede ofrecer una disculpa pública por los hechos que responsabiliza, puede participar las autoridades estatales y federales en el acto
- Se propone realizar el resumen oficial de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial de Chihuahua, así como dejar un año este documento en las páginas web oficiales de Gobernación
- Medidas de indeminización: Determinar las cantidades de acuerdo con estandares interamericanos considerando la proporcionalidad de los hechos
- Sobre medidas de no repetición, se solicita que al momento de la determinación [de la Corte] esta considere los cambios sustanciales [realizador por el Estado] de la política pública para prevenir, erradicar y sancionar la violencia
Asimismo, el abogado Pablo Rocha solicitó a la Corte que acepte la responsabilidad parcial del Estado mexicano y que determine que el país no ha incurrido en la irresponsabilidad internacional, asimismo que, al momento de lanzar su veredicto, se tomen en cuenta los criterios interamericanos aplicados en casos similares y que considere las medidas de reparación ofrecidos por el Estado, así como verdaderos avances sustanciales.
Ante esto, la defensa de la familia García Andrade reviró de forma contundente:
«Nos sorprende la posición ambivalente del Estado que se resiste a especificar los hechos donde incumplió, [señalan que] no se contaba con el andamiaje institucional, no fue por eso, sino que se extendieron por el tiempo e incluso lo agudizaron aún más con el nuevo andamiaje. ¿El principio de complementariedad? El Estado ha sido omiso en recordar que se le dieron 8 prorrogas y se le han dado 24 años para resolver el caso y no han hecho nada al respecto. Nos da mucho gusto escuchar que hay deficiencias, aunque siga sin reconocer su responsabilidad, pero es falso que estas deficiencias fueron corregidas. 24 años después, la desaparición y, la tortura sigue impunes. Dicen que la representación del Estado seguirá con sus investigaciones si Norma Andrade lo quiere, lo que evidencia de nueva cuenta que la actividad procesal sólo debe recaer sobre ella».
Aún con estos argumentos sólidos, el Estado zanjó luego de casi 3 horas de alegatos con una intervención de Pablo Rocha quien concluyó:
«El Estado sostiene que el feminicidio se ha llevado de manera diligente»
Finalmente, los representantes de las presuntas víctimas, el Estado y la representación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan hasta el 25 de abril del 2025 presentar sus alegatos escritos finales escritos, lo que representa, la última parte antes de que se desahoguen todas las pruebas y la Corte Interamericana haga de conocimiento público su sentencia.
En resumen: Los atentados sin resolver de Norma Andrade
Como ya se apuntaba, Norma Andrade fue víctima de dos atentados; no se cuenta con ninguna carpeta de investigación por estos hechos y mucho menos, una línea que apunte a quién / quiénes son los responsables. El caso se cerró, luego de que se calificara como «lesiones que ponen en riesgo la vida» y no como tentativa de feminicidio.
Asimismo, la manera en que el Estado notificó de esto fue dejando un aviso la puerta de su domicilio ubicado en Ciudad Juárez; mismo, que Norma abandonó hace más de una década por seguridad y que, por supuesto, nunca pudo leer, ni impugnar.
En respuesta, Pablo Rocha, en defensa del Estado mexicano enterró esto sosteniendo que «la señora Andrade no agotó sus impugnaciones» y aunque la Procuraduría General del Estado inició una investigación por la agresión, no se obtuvieron los elementos suficientes para identificar al responsable.
Además, en ese entonces, la ley era expresa sosteniendo que, en caso de que no se pudiera comunicar con la persona y / o familiares, se debía colocar en el domicilio de la persona. La ley -aunque ya reformada- era contundente y pareció llevarse una respuesta convincente entre las y los jueces.
