Ciudad de México.- El Comité contra la Desaparición forzada (CED por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas ha denunciado que las desapariciones en México es un asunto de corte urgente, pues es «preocupante» lo sistemático y generalizado del fenómeno que atraviesa al país, según expresó Olivier de Frouville, presidente de la CED. Derivado de esto, se activa por primera vez un protocolo de acción basado en el artículo 34 de la Convención Internacional Sobre Desapariciones Forzadas.
De acuerdo con lo estipulado por la Convención, si el CED recibe información que, a su juicio contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma sistemáticas en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado, entonces, este órgano tendrá la facultad de exigir al Gobierno mexicano un informe detallado sobre la situación y aunque se esperaría una cooperación optima para garantizar un conjunto de datos abiertos que reconozca la crisis de desapariciones -pero también forense-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, bajo la dirección de Rosario de Piedra, ha tomado una postura que, más que cooperativa, resulta hermética y reacia.
En un posicionamiento oficial, la CNDH refirió que las declaraciones de Olivier de Frouville, presidente de la CED están completamente «descontextualizadas», en añadidura, informó que se abrirá una oficina regional en Jalisco, esto luego de la documentación del campo de exterminio en el Rancho Izaguirre; la CNDH colocó este asunto como respuesta en aras de sostener la voluntad del Estado mexicano para prevenir y atender las problemáticas relacionadas a las violaciones a derechos humanos.
Tras este anuncio que pretende defender la voluntad política del Gobierno, negó rotundamente que se viva una crisis de desapariciones en México «y más aún que estas sean consecuencia de una política del Estado», según refirió la CNDH.
«El posicionamiento del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la ONU, está totalmente descontextualizado de las razones que motivan la persistencia de las desapariciones en nuestro país, y se apartan de lo que debiera ser un juicio serio de las condiciones que se viven actualmente en México. Por eso, frente a la problemática, que es innegable, y frente a la aparente «respuesta» que emite ONU, sostenemos que lo más importante es la acción y respuesta integral del Estado mexicano, y a eso abonaremos» (CNDH)
La CED no ha revirado al respecto, sin embargo, la activación protocolaria es un hecho más allá de las defensas lanzadas por la CDNH y constituyen la primera medida que, de acuerdo con Olivier de Frouville, en las próximas semanas el Estado recibirá un documento oficial donde se le exige un archivo veraz sobre las desapariciones; sucintamente, México está obligado a entregar un documento veraz y objetivo sobre la crisis de desaparición.
Consecuentemente, el artículo 34 que ha aplicado la CED a México expresa que, una vez que la Asamblea General de las Naciones Unidas obtenga este informe, entonces, -y de «carácter urgente«-, el Secretario General de las Naciones Unidas podrá extender las primeras acciones para contener la crisis en materia de desapariciones. La activación de este protocolo resulta histórica, incluso para la misma CED, pues constituye la primera vez que se aplican estas medidas para un país miembro de la ONU, asimismo, implica un reconocimiento de que México ha sido incapaz de contener esta crisis y ante ello, surge la intervención internacional.
En el mejor de los escenarios, se apunta a que, si el informe es transparente y los órganos de las Naciones Unidas consideran que las desapariciones cumplen con un carácter «sistémico» (como apunta el artículo 34), entonces, la Asamblea General de Naciones Unidas tendrá la facultar de intervenir y mantenerse cerca del Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones y garantías de no repetición, pero para que se llegue a este escenario, primero, el Gobierno deberá manejarse de forma honesta y recabar en su informe que, en efecto, lo que atraviesa al país no son hechos aislados, sino que cumple con la característica sistémica que es condenatoria para la CED.
La primera ofensiva de este armaje protocolario es:
«Solicitar al estado toda información pertinente relacionado a la relación esta solicitud se le hará llegar al estado y al igual que los informes de visita, el comité tendrá por objetivo mantener cooperación y diálogo», sostuvo el presidente de la CED.
Ante este escenario, el Centro Prodh se ha pronunciado, exigiendo al Estado mexicano a colaborar activamente con el análisis enviando información fidedigna y abriéndose al escrutinio internacional como una primera puerta para mejorar las condiciones de vida de las y los mexicanos. En añadidura, la organización ha calificado esta medida como un «recurso extremo» que debe contemplar, siempre, las voces de las familias buscadoras, las experiencias de vivir con una desaparición y las luchas cotidianas de estas familias contra las autoridades omisas.
«El Comité celebrará sus sesiones a puerta cerrada cuando examine las comunicaciones previstas en el presente artículo. El Comité informará al autor de la comunicación sobre las respuestas proporcionadas por el Estado Parte de que se trate. Cuando el Comité decida poner término al procedimiento, comunicará su dictamen al Estado Parte y al autor de la comunicación» (Artículo 31, donde se basan medidas cautelares expedidas por la CED)
¿México pudo evitarse llegar a esto?
La respuesta es sí. Esta no es la primera vez que el CED pone los ojos sobre México, de hecho, ya había realizado una visita hace 4 años donde lanzó una advertencia contundente al gobierno de López Obrador, exigiéndole que metiera freno a las desapariciones a través de políticas públicas útiles, siendo la más importante, la Política Nacional para Prevenir y Erradicar las Desapariciones; misma, que nunca se diseñó, ni implementó. Señal clara de una falta de voluntad política que hoy, empuja a la CED a activarse para iniciar la intervención de la Asamblea General en nuestro país.
Del 15 al 27 de noviembre del 2021, el Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) arribó por primera vez a nuestro país. Llegó con 10 personas expertas independientes quienes pusieron la lupa en qué tanto México había seguido los compromisos estipulados en la Convención Internacional Sobre Desapariciones Forzadas de la que México es parte desde el 2008.
Un apunte necesario es que el CED ha sido incisivo con México y desde el 2013 exigió conocer cuáles eran las condiciones que atravesaban al país en materia de desapariciones. En aquel entonces, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, no se logró llegar a un acuerdo y de forma evasiva, el CED no pudo realizar su visita sino hasta 8 años después, en 2021 con López Obrador un momento, de hecho, coyuntural.
De acuerdo con A dónde van los desaparecidos, durante el gobierno de López Obrador la crisis de desapariciones se disparó de forma «espeluznante», según nombró el mismo Santiago Corcuera, expresidente de la CED. Durante el sexenio lopezobradorista y de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, desaparecieron -hasta mayo del 2024- 50 mil 278 personas.
En este contexto es que la CED llegó por primera vez a México lanzando una serie de recomendaciones para contener la crisis, mismas que quedaron rezagadas. Para 2023, la CED evaluó puntualmente las acciones del Estado y qué tanto atendió estas recomendaciones, sin embargo, resultó evidente que el trabajo no sólo fue escueto, sino claramente, insuficiente; el Comité expresó su preocupación, pues México no creó ninguna Política Nacional Sostenida y tampoco rindió cuentas sobre lo que atraviesa al país.
De acuerdo con el Centro Prodh, las principales hallazgos que realizó en aquel entonces fueron:
- Las desapariciones son generalizadas
- Las desapariciones son cometidas diariamente por agentes públicos
- Son las mujeres quienes están a cargo de las labores de búsqueda
- La impunidad en México es estructural
- Los discursos oficiales diluyen la responsabilidad del Estado
- La crisis de desapariciones está relacionada con la política de seguridad
- Hay preocupación por las fosas aún no localizadas
- Las víctimas de desaparición enfrentan estigmatización
- Hay graves deficiencias en las herramientas para abordar la desaparición
- Urge adoptar una Política Nacional de Prevención y Erradicación de las desapariciones
Sheinbaum ya reconoce la crisis; buscadoras rechazan su postura
Por primera vez en su discurso oficial, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció en el mes de marzo la desaparición de personas, pero no la crisis humanitaria y la violencia estructural que conlleva el fenómeno y aunque propuso 6 acciones para acabar con el delito, Colectivos de familiares buscadoras de todo el país le reviraron.
La colectiva Hasta Encontrarles, manifestaron su preocupación de la propuesta de Sheinbaum, «pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación».
Reiteraron que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Afirman que son los operadores del sistema, los Ministerio Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas.
Incluso, detallaron que la Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
Sobre esto último, Cimacnoticias documentó que al menos la mitad de las medidas para prevenir y erradicar la desaparición forzada que ha presentado la presidenta ya existen o cuentan con un antecedentes, lo que refuerza el discurso de que se necesitan más reformas a los marcos normativos; se necesita voluntad política para quebrar con un sistema que ha permitido que las personas desaparezcan en nuestro país en total impunidad; que ha permitido que las mujeres, armadas con palas y varillas, salgan a rascar la tierra para encontrar a sus seres queridos.
Esta propuesta de Sheinbaum se da luego del hallazgo de la colectiva Guerreros Buscadores, el pasado 12 de marzo, en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el cual revelara presuntamente restos óseos humanos y un sin fin de prendas de vestir de personas que tenían reporte de desaparición.
Donde se presume, el rancho era ocupado por miembros del Cártel de Jalisco Nueva Generación que utilizaban el espacio para cremar a sus víctimas y ocultar los restos óseos. Asimismo, los registros reiterados de impactos de bala sobre las paredes apuntan a que el lugar también era ocupado para adiestrar, reclutar y enseñar a las personas a hacer uso de armas de fuego.
Hay que recordar que México sigue enfrentando una grave crisis de desapariciones vinculada al contexto de violencia e inseguridad que se ha acrecentado en las últimas décadas, como lo demuestra el hecho de que en México desaparezcan 30 personas diariamente, de acuerdo con los datos del propio gobierno.
La mayoría de las mujeres no localizadas del 2024, son adolescentes de entre 15 y 19 años de edad (959), posteriormente, son las mujeres jóvenes de entre 20 y 24 años quienes tienen la mayor incidencia en ser víctimas de desaparición forzada.
