Ciudad de México.– La organización Amnistía Internacional hizo un llamado urgente a la protección y reparación del daño hacia mujeres acusadas de brujería, quienes enfrentan violencia física y son exiliadas de sus comunidades hacia campos informales donde viven en condiciones precarias, sin acceso a agua potable, atención médica ni alimentos suficientes.
Ghana es un país ubicado en la costa occidental de África, en el Golfo de Guinea y según datos de la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, comparte fronteras con Costa de Marfil, Togo y Burkina Faso.
Tiene una población aproximada de 33 millones de habitantes, su idioma oficial es el inglés, con lenguas locales como el Twi, Fanti, Ga, Ewe y Hausa y su población principalmente profesa la religión cristina en un 70 por ciento.
El informe que reveló esta información de este país africano es de Amnistía Internacional: “Marcadas de por vida: Cómo las acusaciones de brujería conducen a violaciones de los derechos humanos de cientos de mujeres en el norte de Ghana”, ahí, la organización denuncia un alarmante retroceso en materia de derechos humanos hacia las mujeres acusadas de brujería. Estas mujeres no cuentan con un lugar seguro al cual acudir, y los únicos refugios disponibles son campos vigilados por líderes religiosos, situados en las regiones norte y nordeste del país.
De acuerdo con el informe, los abusos relacionados con estas acusaciones se dan particularmente entre grupos étnicos como los Konkomba, Dagomba, Mamprusi y Bimoba. No obstante, se destaca que esta problemática no es exclusiva de Ghana, sino que ocurre en diversas partes del mundo, y que incluso ha aumentado tras la pandemia.
“Las acusaciones de brujería y los abusos relacionados vulneran los derechos de cada persona a la vida, a la seguridad y a la no discriminación. Esta práctica, profundamente arraigada y extendida, ha causado un sufrimiento y una violencia incalculables. Aunque la creencia en la brujería está protegida en el derecho internacional, no lo están las prácticas nocivas derivadas de ella, y las personas afectadas por éstas necesitan protección y reparación”,
Michèle Eken, investigadora de Amnistía Internacional.
Los investigadores de la organización advierten que las mujeres mayores que viven en la pobreza, con problemas de salud o alguna discapacidad, son quienes corren mayor riesgo. Además, también se encuentran en situación de vulnerabilidad las mujeres viudas, divorciadas, solteras, sin hijos, o aquellas percibidas como exitosas e independientes.
Incluso la apariencia física de las mujeres adultas mayores representa un factor de riesgo como la falta de dientes, piel arrugada, mala postura o los senos caídos, son consideradas erróneamente en Ghana como “deformidades” o “anomalías”, y utilizadas como “prueba” para acusarlas de brujería.
Las consecuencias de estas acusaciones son: palizas, lapidaciones, quemaduras o envenenamientos, que en muchos casos pueden provocar la muerte. Las sobrevivientes suelen ser expulsadas de sus comunidades. Hasta el momento, se desconoce la magnitud real del problema, ya que el gobierno de Ghana no publica estadísticas sobre la prevalencia de estos ataques y muertes. Amnistía Internacional solicitó dicha información al Ministerio de Justicia, pero no obtuvo respuesta.
Generalmente, las acusaciones son iniciadas por un miembro de la comunidad, y suelen ser los hombres quienes actúan como principales acusadores y perpetradores de la violencia. Estas acusaciones pueden surgir tras un evento trágico, como una muerte, un aborto espontáneo o una enfermedad dentro de la familia o la comunidad. En algunos casos, incluso los sueños sirven como base para señalar a una mujer como bruja. “Mi vecino dijo que había soñado que yo intentaba matarlo. No me quiere [en la comunidad], por eso me acusó”, denunció una residente del campo de Gnani.
Asimismo, el informe expone que la prevalencia de estas acusaciones en el norte de Ghana está vinculada a la falta de inversión en el desarrollo de la región y a la codicia. Muchas veces se recurre a este tipo de acusaciones como método de desprestigio, especialmente contra viudas, con el fin de expulsarlas de sus tierras y apropiarse de ellas.
El informe también revela que las denuncias contra estos actos de lesa humanidad son mínimas. En un proyecto de investigación realizado en 2022 por la Comisión de Derechos Humanos y Justicia Administrativa (CHRAJ) en colaboración con la ONG Crossroad International, se constató que 106 de las 166 mujeres entrevistadas (63.9%) no denunciaron ningún incidente de violencia tras ser acusadas de brujería.
Del mismo modo, la mayoría de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional en los cuatro campamentos tampoco presentaron denuncias ante las autoridades. Expresaron temer por su vida, considerarlo socialmente inaceptable o simplemente no imaginar que fuera una opción viable
“Si lo hubiera denunciado a la policía, los acusadores habrían acabado conmigo”, relató una mujer recluida en el campo de Gambaga.
Campamentos: otra forma de violación de derechos
Los campamentos del norte de Ghana se ubican en terrenos privados pertenecientes a sacerdotes tradicionales. Estos espacios surgieron de manera informal cuando las personas acudían a estos líderes religiosos para realizar rituales que determinaran si alguien era bruja o brujo. Aunque existen desde hace más de un siglo, no se sabe con certeza cuándo fueron establecidos.
Amnistía Internacional documentó que, al llegar al campamento, la persona acusada debe someterse a un ritual en el que se utilizan aves y alcohol para confirmar si posee supuestos poderes de brujería. En el ritual, el sacerdote mata un ave: si el animal cae de espaldas, se interpreta como una señal de culpabilidad. Luego, la persona debe beber un brebaje preparado por el sacerdote para “purificarse”.
Incluso si el ritual determina que la persona es inocente, muchas veces optan por permanecer en el campamento, ya que consideran que no estarán seguras ni serán aceptadas nuevamente en su comunidad.
Si desean abandonarlo, deben someterse a otro ritual de purificación, cuyo costo debe ser cubierto por la persona acusada. La mayoría no cuenta con recursos ni tiempo suficiente, ya que fueron expulsadas repentinamente y sin pertenencias.
Una vez dentro del campamento, las mujeres deben buscar formas de subsistir. Algunas trabajan en granjas locales a cambio de comida; otras se dedican al comercio informal, vendiendo carbón vegetal o leña seca. Las mujeres mayores o con alguna discapacidad física enfrentan más dificultades para alimentarse adecuadamente o acceder a agua potable, por lo que dependen exclusivamente de apoyo externo. Sin embargo, en varios campamentos el gobierno local no cuenta con ningún programa para asistir con actividades de subsistencia o provisión alimentaria.
Además, las condiciones de vivienda son indignas. En todos los campamentos se reporta la falta de infraestructura adecuada. Por ejemplo, en Gambaga, las acusadas de brujería viven en chozas de barro con techos de paja, o comparten edificios con varias habitaciones de cemento, donde el agua se filtra durante la temporada de lluvias. “La habitación no está en buenas condiciones.
El suelo se ha echado a perder. Duermo sola en una estera. Uso mi ropa usada como almohada”, denunció Zumera, quien llegó al campo de Gambaga en 2014.
Ante este contexto de despojo sistemático de derechos humanos hacia las mujeres ghanesas, Amnistía Internacional emitió una serie de recomendaciones con el objetivo de erradicar esta grave problemática y proporcionar justicia a las víctimas de estas acusaciones. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
- Implementar una estrategia nacional de sensibilización sobre los daños causados por las acusaciones de brujería, con enfoque de género e interseccionalidad.
- Financiar a organizaciones locales que trabajan en derechos humanos y protección de mujeres.
- Mantener un registro actualizado sobre ataques relacionados con brujería y usar esa información para desarrollar políticas públicas.
- Impulsar programas de desarrollo económico en las regiones afectadas.
- Revisar y reformar leyes para prevenir la violencia contra mujeres mayores.
- Brindar apoyo integral a las víctimas, que incluya albergues seguros, acceso a medios de vida y servicios esenciales.
- Garantizar el acceso a educación y servicios básicos para todas las personas que habitan en los campamentos.
