Ciudad de México.- En el marco del Día Internacional de la Madre Tierra celebrado cada 22 de abril, organizaciones que integran la Misión Civil de Observación del Istmo denunciaron la persistencia de la criminalización contra 24 personas indígenas Ayuujk y Binizaa, entre ellas 12 mujeres, que se manifestaron por la ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Las comunidades de Mogoñé Viejo del municipio de San Juan Guichicovi y de Rincón Viejo, Petapa que se encuentran en el estado de Oaxaca han sido afectadas por la ampliación del ferrocarril del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Se trata de un proyecto gubernamental que interconecta más de mil 200 kilómetros de vías férreas operadas por el Ferrocarril del Itsmo de Tehuantepec (FIT), incluyendo los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos, Veracruz; Puerto Chiapas, Chiapas y Dos Bocas, Tabasco; sin embargo, su ampliación fue hecha sin el consentimiento de las comunidades de Mogoñé Viejo y Rincón Viejo.
Debido a las denuncias ignoradas por parte de las autoridades para impedir su avance, las personas indígenas de Ayuujk y Binizaa han recurrido a la protección de los territorios y proyectos de vida en diversas manifestaciones que ha provocado que hoy enfrenten procesos judiciales injustas para silenciar su resistencia.
Actualmente existen tres carpetas abiertas contra 24 personas indígenas (OAX/000294/2023; OAX/000201/2023 y OAX/000574/2024). La primera se dio en la comunidad Mogoñé Viejo, municipio San Juan Guichicovi donde 6 defensores (4 mujeres y 2 hombres) están siendo acusadas del delito de ataques a las vías de comunicación.
No obstante, la lucha se remonta en 2019 cuando se instaló el Campamento «Tierra y Libertad», una manifestación pacífica que duró 62 días y fue objeto de
hostigamiento y ataques por parte de la Secretaría de la Marina (SEMAR), la policía estatal y civiles encapuchados, siendo desalojados hasta abril de 2023 de forma violenta donde detuvieron a los 6 defensoras y defensores.
Otro de los registros se dio en Rincón Viejo donde se enfrentan procesos penales por el delito de invasión de Derechos de Vía, siendo esta una represalia a su negativa de desalojar sus viviendas y de oponerse a pagos para compensar el valor de su patrimonio y herencia, según señaló Juana Inés Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo, quien pertenece a la lista de las 24 personas que enfrentan algún proceso penal por su labor.
«Esta situación refleja el clima de hostigamiento e intimidación que enfrentan las personas defensoras del territorio, en contravención del artículo 9 del Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe), que establece la obligación de los Estados de garantizar condiciones adecuadas para la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales» -Juana Inés Ramírez Villegas, integrante de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo
La lucha de las mujeres defensoras de la tierra
De acuerdo con datos del Misión Civil de Observación del Instituto Tehuantepec hasta el corte de junio de 2024 se registraron múltiples agresiones contra personas defensoras de los territorios de la región, la mayoría de ellas perpetuadas por actores gubernamentales de diferentes niveles. También mencionaron que existen al menos 55 carpetas de investigación contra defensoras y defensores, señalando que es alarmante el poder punitivo del Estado.
La criminalización contra las personas defensoras de la tierra o del territorio no es un hecho aislado, se trata de una práctica que atenda contra sus derechos a salvaguardar la vida de la naturaleza, el agua, los ríos, las montañas, los bosques, la semillas y la diversidad de especies animales. La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (Im-defensoras) apunta que:
«Defender la tierra significa también defender nuestros medios de reproducción de la vida y nuestras cosmovisiones, las cuales, alejándose de la acumulación y explotación capitalista, establecen otros vínculos y formas de relacionarnos con el territorio y la naturaleza. Defendemos también una manera de entender el territorio no como un lugar geográfico y de explotación humana, sino como el lugar donde descansan nuestros ancestros y donde encontramos identidad y arraigo»
La organización señala que, la mayoría de quienes defienden la tierra son mujeres indígenas, garífunas o afrodescendientes que viven en zonas rurales, por lo que les ha tocado trabajar la tierra a la par de que históricamente fueron excluidas de poder ser prioritarias de estas y de tomar decisiones sobre los territorios ante las políticas coloniales que han terminado por eliminar las cosmovisiones de varios pueblos originarios.
Sin embargo, su lucha es perseguida por intereses económicos que busca la apropiación de tierras y territorios obligándolas a vivir distintas violencias. Datos de Im-defensoras señalan que entre 2012 y 2024 se contabilizaron 9 mil 629 agresiones contra defensoras y organizaciones que defienden la tierra en Mesoamérica, siendo que 35 mujeres fueron asesinadas.
También apuntaron que México, El Salvador y Guatemala las agresiones contra mujeres representaron 13.4%, 12.7% y 12.3% respectivamente, pero en Honduras tuvo un alza de 62%. En ese mismo periodo, se documentaron 738 agresiones vinculadas acciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otros grupos etnias.
En 2023, el informe de Global Witness informó que México, Honduras, Guatemala y Nicaragua están entre los 10 países del mundo con mayor cantidad de asesinatos por defender la tierra y el medio ambiente.
En adherencia, en Centroamérica el 80.2% de los conflictos socioambientales están relacionados con minerales y materiales de construcción, uso de la tierra para actividades de agricultura, pesquería, ganadería y forestería; la gestión del agua, el combustible fósil y el cambio climático, según mencionó el Estado de la Región.
Las peticiones
Según denunciaron en la conferencia, hasta el momento las recomendaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han mitigado los impactos ambientales del proyecto y no ha surgido ningún diálogo con las personas defensoras del Itsmo de Tehuantepec para atender la criminalización hacia las comunidades indígenas.
Las organizaciones denunciaron dicha criminalización está alcanzando a la población Donají, del municipio de Matías Romero, ya que también han sido demandados penalmente por el Jurídico de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). Por ello, señalaron las siguientes peticiones:
- E una mesa de diálogo con la Secretaría de Gobernación para establecer acciones y frenar la criminalización que enfrentan las 24 personas indígenas de las comunidades de Mogoñe Viejo y Rincón Viejo.
- Al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que actualicen y refuercen las medidas de protección para todas las personas defensoras que enfrentan criminalización en el Istmo de Tehuantepec.
«Ante la gravedad de esta situación, las organizaciones nacionales e internacionales, reiteramos nuestra preocupación por las repetitivas violaciones a los derechos humanos y colectivos de las comunidades del Istmo de Tehuantepec en el contexto de la implementación del megaproyecto Corredor Interoceánico. Exigimos la urgente y necesaria intervención de las autoridades con el fin de evitar que habitantes indígenas del Istmo de Tehuantepec sean criminalizados por defender sus terrenos y viviendas»
