Ciudad de México.- A tan solo una semana de haber sido liberada tras una acusación injusta de secuestro agravado, Keren Ordóñez, mujer veracruzana, celebró su libertad junto a su familia y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Aunque su caso concluyó con un fallo favorable, Keren advirtió que su lucha continúa: «Hoy alcancé mi libertad, pero hay muchas otras que no. Por eso, seguiré en la lucha», expresó.
El 16 de abril de 2025 marcó un hito sin precedentes en los últimos años, al revertirse por primera vez desde 2018 una sentencia condenatoria por secuestro, transformándola en absolutoria. Este giro fue posible gracias a un recurso de apelación, presentado por el equipo legal del Centro Prodh. La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala concluyó que las pruebas en su contra carecían del valor probatorio necesario para acreditar su responsabilidad penal, según explicó Ivette Galván, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh.
La sentencia absolutoria de Keren también incorporó una perspectiva de género, reconociendo que las circunstancias de vulnerabilidad a las que se enfrentaba en el momento de su detención no fueron adecuadamente valoradas. Ignorar estos factores fue una grave omisión. Además, el proceso estuvo marcado por estereotipos de género que revictimizaron y acusaron injustificadamente a Ordóñez.
«Por ejemplo, se cuestionó por qué Keren se encontraba en el lugar de los hechos con su hija recién nacida en brazos. Este tipo de razonamientos no solo carecen de valor jurídico, sino que se basan en prejuicios sobre cómo debe actuar una ‘buena madre’, lo que afectó gravemente la valoración de su testimonio», comentó Ivette Galván, coordinadora del área de defensa del Centro Prodh.
El caso de Keren estuvo marcado por múltiples violencias, incluyendo el uso de tortura como método de investigación, irregularidades procesales y la falta de una perspectiva de género adecuada. Sin embargo, su caso no es aislado. Según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, el 23.9% de las mujeres condenadas fueron sentenciadas por secuestro, frente al 11.7% de los hombres. Galván destacó que muchos casos similares, como el de Keren, se producen en contextos de desigualdad, donde las mujeres enfrentan alta presión por parte de sus parejas y carecen de una defensa adecuada.
Aunque Keren celebra su libertad tras pasar 9 años y 4 meses injustamente detenida, señala que aún existen muchas mujeres en prisión de forma injustificada. «Al igual que me pasó a mí, se les juzga solo por ser mujeres. No hay equidad en el sistema de justicia, y eso debe cambiar», expresó. Por ello, hizo un llamado a continuar la lucha y alzar la voz por quienes aún no han obtenido justicia.
Asimismo, Neftaly Pérez, abogado del Centro Prodh, aclaró que la absolución de Keren no generó una justicia restaurativa que le permitiera acceder a una compensación por los casi diez años que pasó en prisión. Sin embargo,actualmente existen dos carpetas de investigación por violación a los derechos humanos de Ordóñez, aunque desde 2017 no se ha recibido ninguna notificación favorable sobre estas acusaciones. «Esperamos que en esta nueva etapa se impulse la investigación y se sancione a los responsables de esta violación a los derechos humanos», indicó Pérez.
Por su parte, Keren subrayó que, aunque una compensación económica por parte del Estado sería un paso hacia la reparación, no podría devolverle los años perdidos lejos de su hija y su familia. «El tiempo no se recupera, pero lo estamos aprovechando», aseguró, refiriéndose al reencuentro con su hija y sus seres queridos, un momento que describió como indescriptible.
Al finalizar la conferencia de prensa, Ciria Hernández, madre de Keren, expresó su firmeza en la lucha por la libertad de su hija. A pesar de las pruebas presentadas durante el proceso judicial, la criminalización persistió. Sin embargo, la pobreza y las adversidades no impidieron que Ciria luchara incansablemente por demostrar la inocencia de su hija. «No fue fácil, pero nunca bajé la guardia. Con uñas y dientes, demostré que mi hija era inocente», concluyó.
¿Quién es Keren Ordóñez?
Keren Selsy Ordoñez Hernández, originaria de Veracruz, creció en un contexto de pobreza y desigualdad económica. A los 19 años se convirtió en madre por primera vez, pero no contó con el apoyo de su pareja, quien se negó a brindarle cualquier tipo de ayuda. Esta situación la obligó a ejercer la maternidad de forma autónoma.
En diciembre de 2015, Keren salió de su hogar rumbo al domicilio de su expareja, ubicado a pocas cuadras de distancia, con la intención de exigirle la manutención de su hija. Sin embargo, al llegar al lugar y mientras lo esperaba en la entrada, fue interceptada por vehículos de la Policía Federal y de la Policía Ministerial de Tlaxcala. Sin contar con una orden de aprehensión, los agentes detuvieron a su expareja, a otro hombre presente en el sitio, a Karen y a su bebé.
Desde el inicio de la detención, Keren fue víctima de múltiples violaciones a sus derechos humanos. Los agentes le arrebataron a su hija de los brazos y la subieron a una patrulla sin ofrecer explicación alguna. Dentro del vehículo oficial, Karen fue golpeada, asfixiada y amenazada. Los oficiales incluso advirtieron que podrían hacerle daño o desaparecer a su hija, argumentando que, al no contar con un acta de nacimiento, “nadie notaría su ausencia”.
Tanto Karen como su hija permanecieron detenidas por 11 horas, desde el momento del arresto hasta su presentación ante el Ministerio Público. Durante este tiempo, fue interrogada sobre un supuesto secuestro ocurrido en el domicilio de su expareja. Bajo amenazas constantes hacia su hija, fue forzada a firmar una declaración fabricada en la que reconocía haber participado en el delito, realizando labores de cuidado.
Horas más tarde, las autoridades ministeriales entregaron a la bebé al DIF estatal sin notificar previamente a ningún familiar, ignorando por completo el deber de salvaguardar su salud e integridad física y emocional. Fue hasta 12 horas después que la abuela materna logró recuperarla.
Deuda social tras 9 años en prisión
La violencia institucional contra Karen no terminó con su detención. Durante todo el proceso penal, enfrentó discriminación y la falta de una perspectiva de género. Además, los distintos defensores públicos que la asistieron incumplieron con su deber de brindarle una defensa técnica adecuada, omitiendo recabar y presentar pruebas que pudieran haber demostrado su inocencia y permitir su liberación.
En 2019, tras cumplir cinco años de prisión, su expareja y padre de su hija, quien fue detenido y procesado junto con ella por el mismo delito, recuperó su libertad al ser considerado menor de edad en el momento de los hechos.
En contraste, ese mismo año, Karen fue sentenciada por el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala, a 50 años de prisión por un delito que no cometió. El 27 de septiembre de 2021,que un Tribunal Colegiado le concedió un amparo al reconocer que se habían violentado sus derechos procesales, ordenando reponer el procedimiento desde la etapa de instrucción, Sin embargo en noviembre del 2024, se volvió a reiterar la sentencia previamente dictada por
Después de casi una década de lucha incansable, Karen Ordoñez, hoy con 29 años de edad, logró su libertad ; sin n embargo, aunque su liberación representa un triunfo y un paso importante hacia la justicia, persiste una deuda socia. Las graves violaciones a sus derechos humanos no se anulan con una sentencia absolutoria. Por ello, se exige la implementación de una justicia restaurativa que reconozca el daño causado y repare, en la medida de lo posible, las consecuencias de casi diez años de encarcelamiento injusto.
