Ciudad de México.- La tarde del 28 de abril el Senado de la República abrió su espacio para la presentación del Informe Alterno Beijing +30 construido por organizaciones feministas; una conversación necesaria que advirtió, cómo los derechos humanos de las mujeres y niñas no han presentado mejorías importantes a 3 décadas de la Conferencia de Beijing, apuntando a que en las esferas públicas y privadas continúan vigentes las estructuras de la violencia.
Este informe es un adelanto, como advierte Nahela Becerril Albarrán del Frente Feminista Nacional, a una verdad innegable: Las estrategias del Estado han fallado, particularmente, si se trata de desapariciones y feminicidio. La conclusión de este documento no es sólo punta de lanza en nuestro país para poner la lupa sobre qué tanto se ha hecho, sino también, el recordatorio de cómo la organización de las mujeres continúa moviendo la lucha feminista; el documento se logró sin ningún financiamiento, ni apoyo gubernamental.
Antes de abrir el diálogo y presentar el diagnóstico, Nahela Becerril recordó que en ediciones anteriores el Instituto de las Mujeres había abonado a la investigación, sin embargo, en esta ocasión, la defensora reconoció que se trató de una «paradoja«, pues teniendo en puerta a una Secretaría de las Mujeres, en esta ocasión el empuje del informe salió de los bolsillos de las mujeres y del esfuerzo constante de tocar puertas de forma incisiva, pues se proyecta, el documento será mandado a las Naciones Unidas en Nueva York como una ofensiva de colocar el actual paradigma en nuestro país en la agenda internacional; un paradigma de abuso, de feminicidio, desaparición, asesinatos, negligencia, pérdida del territorio, desplazamiento forzado, trata, abuso infantil y la amenaza latente de la militarización.
«[El informe] Pone el foco en las múltiples formas de violencia, las desapariciones, la compraventa de niñas y adolescentes, entre otros crímenes atroces. Desde el feminismo defendemos los derechos de las mujeres basados en el sexo por ser el origen histórico de la opresión de las mujeres. En el balance observamos retrocesos debido a la falta de compromisos de las leyes con presupuestos insuficientes»
(Nahela Becerril)
En el espacio participó la representante de las Naciones Unidas en México, Moni Pizani, quien recordó que, hace 30 años, ella estuvo presente en la conferencia de Beijing, en aquel entonces, los objetivos que se habían puesto en la agenda parecían mínimos e incluso, Pizani junto a otras mujeres realizaron protestas pues consideraban que «habían alcanzado muy poquito», sin embargo, a 30 años de este suceso, externó sentir una profunda desilusión pues ningún país en el mundo ha logrado alcanzar estos obejtivos que, en su momento, parecían mínimos. Por el contrario, dijo Pizani, se sigue luchando por lo poco que han ganado porque en cualquier momento, se puede venir hacia abajo.
«No es sólo un documento, es una memoria colectiva y lo más importante, es una hoja de ruta construida desde el territorio, desde las experiencias concretas de quienes buscan el cambio»(Moni Pizani)
La presentación del informa implicó no sólo el esfuerzo de las organizaciones civiles, sino también, convirtió al Senado de la República en un espacio de conversación, de cuestionamientos y se gestó una dinámica entre mujeres que colocaron en el visor su principal preocupación, sus exigencias y demanda.
Saliendo a relucir de forma reiterada la necesidad de la apertura del diálogo, particularmente, de las feministas abolicionistas que han vivido un proceso de criminalización; mujeres que han resultado incómodas para muchas agendas y que exigieron respeto, así como el cese a los discursos de odio en contra de otras feministas como Marcela Lagarde: «Queremos que escuchen las voces de las mujeres y no sólo de las feministas afines al gobierno«, refirió una de las participantes.
Entre las demandas fundamentales también se cuestionó la ausencia de la Secretaría de las Mujeres, pues Citlalli Hernández no hizo acto de presencia y tampoco, se contó con ninguna representación, un hecho que fue duramente criticado por el impacto del informe que debería ser eje prioritario de acción para la Semujeres.
Durante la presentación del informe se nombró a la defensora ayuuk Sandra Domínguez a quien se dedicó un minuto de silencio luego de que la Fiscalía General de Oaxaca confirmara su deceso.
La llegada del Informe Alterno Beijing +30 implica el parteaguas del esfuerzo, de la lucha colectiva y de los intentos de las feministas por continuar resistiendo los embates de los retrocesos, como por ejemplo, el avance de la Guardia Nacional o la desatención sostenida a la crisis de desaparecidos que ha forzado a las madres a poner el cuerpo por realizar trabajos de búsqueda y encarar al crimen organizado.
A 3 décadas de la Conferencia de Beijing, México parece repetir los ciclos de violencia y no garantizar políticas públicas -y recursos- que verdaderamente impliquen un cambio cultural y social: las 7 mujeres que desarrollaron los ejes de este informe coincidieron en que los esfuerzos eran insuficientes y ninguna de ellas, trajo a colación alguna noticia realmente fructífera. Desde los ejes de la violencia, hasta el eje por el medio ambiente, el panorama no se vislumbra como venidero y el temor a que el futuro continúe sin ser próspero para las mujeres y niñas mexicanas, es latente y, sobre todo, real.
Hallazgos del Informe
Eje 1) Desarrollo inclusivo, prosperidad compartida y trabajo decente
Presentado por la coordinadora de Mujeres Iberoamericanas en Red por la Igualdad, Magdalena García, advirtió que el Examen Exhaustivo gubernamental presenta un enfoque plano, autocomplaciente y no participativo, pues carece de perspectivas críticas.
Además de que, en muchos casos, se limita a enumerar acciones aisladas en lugar de describir procesos integrales, y omite indicadores de impacto y desagregación por sexo, lo que impide medir la reducción de brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, advirtió Magdalena García.
La coordinadora externó su preocupación en materias de acceso al empleo y seguridad social, pues son las mujeres quienes enfrentan las tasas más altas de informalidad, además de que mucha de la información de dominio público no permite segregar exactamente por género que está sucediendo con estas trabajadoras, sus condiciones, si maternan o no y cómo esto se relaciona con sus trabajos de cuidado, mismos que, recordó, han sido completamente desaparecidos -como las guarderías-.
Ante eso, este apartado diseñado por Margarita pone sobre la mesa las siguientes propuestas:
- Se recomienda presentar la información en gráficas con datos anuales -o de alta frecuencia desestacionalizados- de los dos últimos sexenios, ya que la información contenida en el Examen no permite identificar la reducción de las desigualdades entre mujeres y hombres en el empleo, los ingresos, los emprendimientos y empresas o la incorporación de trabajadoras del hogar a la seguridad social.
- Garantizar que las Reglas de Operación de los programas sociales incorporen la perspectiva de género, con información desagregada por sexo, para el seguimiento y evaluación sobre el impacto en las brechas de desigualdad social y de género.
- Retomar los compromisos de la PAB en torno a la responsabilidad de los mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer (esfera H), de recoger y analizar periódicamente indicadores pertinentes desglosados por edad y sexo
Eje 2) Erradicación de la Pobreza y Servicios Sociales
Presentado por Teresa Urbina, la feminista apuntó a 3 de sus teorías más elementales:
1.- Los programas sociales no tienen perspectiva de género y no atienden el problema sustantivo
2.- No se han consultado a las poblaciones sobre su efectividad
3.- Son programas asistencialistas
Asimismo, advirtió que la paridad en todo no evitó el desmantelamiento de la política de igualdad sustantiva, tampoco logro la legislación sobre cuidados.
«La austeridad es un freno al desarrollo. El modelo económico keynesiano sigue vigente y se recurre a él en momentos de crisis, con políticas dirigidas a mitigar sus efectos en la población, no como una mirada anacrónica, de lo viejo, sino el anhelo de que los gobiernos garanticen, progresivamente, los derechos humanos que se comprometieron a cumplir en el seno de las Naciones Unidas, pues los Derechos Humanos son Leyes para los Estados, hechas por los Estados y sobre las obligaciones de los Estados» (Teresa Urbina)
Ante ello, las propuestas que se lanzan al Estado para mejorar la condición de vida de las mujeres y zanjar las brechas de precarización consisten en:
- Incluir las voces de las mujeres y las organizaciones que las acompañan a nivel local en el diseño e implementación de los programas que permitan identificar resultados e impactos en el ejercicio de sus derechos.
- Establecer criterios en las reglas de operación que garanticen el cumplimiento de los objetivos de mejorar la protección social de la población beneficiaria, tomando en cuenta los contextos de pobreza.
- Garantizar la transparencia y rendición de cuentas en el uso adecuado de los recursos públicos destinados
- a los programas sociales.
- Despenalizar el aborto y constituirlo en un derecho para todas las mujeres en el país.
- Garantizar el derecho a la salud integral de las mujeres y las niñas con presupuesto suficiente, así como contar con personal preparado, equipo y material necesario para realizar dicha tarea.
- Hacer efectiva la transversalización de la perspectiva de género en el sistema educativo.
Eje 3) Erradicación de la violencia, los estigmas y los estereotipos
Desarrollado por Margarita Argott del Frente Nacional Feminista, la feminista expresó algunos avances importantes, como por ejemplo, las modificaciones a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia donde se reconoció hace 5 años la violencia vicaria, así como la violencia digital y la violencia política en 2020. Actos que, si bien son importantes, amenazan con ser letra muerta si no cuentan con avances sustantivos, es decir, presupuestos reales que hagan visible el acceso a la justicia para quienes enfrentan algunos tipos de violencia. Concretamente, sí se persiguen algunos avances, pero estos, quedan estancados si no se les da seguimiento, ni se les otorga el recurso suficiente para sostenerse y hacerse efectivos.
Margarita advirtió entre sus hallazgos que la violencia sexual en el espacio comunitario se ha disparado de forma importante en el país con un incremento del 4%, además, de que uno de los asuntos que debería ser prioritario para el Estado es la homologación del delito de feminicidio, pues las disposiciones legislativas son escuetas lo que implica que la sanción penal pueda ser contrariada; mientras en algunos lados se le pueden dar 50 años a un feminicida, en muchos otros, sólo se logra una sentencia condenatoria de 20 años.
Asimismo, expuso que en materia de desaparición se destaca el Protocolo Alba que, en un momento, pareció una ruta estratégica, sin embargo, se reconoció su falta de prontitud en los 26 estados donde se mantiene activa. Algo muy similar con el Protocolo Amber que sólo está fichado en 16 entidades hasta el momento.
Para el desarrollo de este punto se consideraron otros ejes transversales como medios de comunicación; cobertura periodística sin sesgos; regulación de contenido digital antifeministas y la promoción de la educación digital
Las propuestas de este apartado son:
Garantizar que el delito de feminicidio sea homologado a nivel nacional, para lo cual se pensó en la elaboración de un código penal único; sin embargo, no se ha concretado en el poder legislativo.
Establecer tiempos de cumplimiento claros para la implementación de las AVGM, sancionar a las autoridades que no respeten las medidas y crear un mecanismo de evaluación con indicadores de impacto para medir el avance
oportuno de dichas alertas.
Fortalecer las AVGM y transformar en mecanismos vinculatorios para todas las entidades del país, con presupuestos suficientes y sanciones para las entidades que no registren avances en el cumplimiento de recomendaciones.
- Mientras sigan existiendo feminicidios no pueden levantarse dichas AVGM.
- Armonizar el mecanismo de coordinación entre los gobiernos federal, estatal y municipal en las acciones derivadas de la AVGM.
- Promover que los gobiernos municipales tengan acceso directo a los fondos y sean responsables de presentar proyectos específicos para atender la AVGM.
- Fortalecer la prevención con campañas de sensibilización y estrategias de comunicación referidas a la AVGM en México
- Fortalecer la evaluación y seguimiento para el acceso a la justicia, la implementación de protocolos y la atención a víctimas.
- Regulación de la publicidad. Supervisar contenidos publicitarios para evitarla reproducción de estereotipos sexistas.
- Cobertura periodística sin sesgos de la participación política de las mujeres.
- Contar con criterios que prioricen las propuestas y trayectorias de las mujeres políticas sobre su imagen personal.
- Ética en inteligencia artificial. Desarrollar políticas para la igualdad entre mujeres y hombres en el diseño y entrenamiento de modelos de lenguaje, garantizando la participación de mujeres en el desarrollo de tecnología.
- Diversificación en los medios. Fomentar el liderazgo de las mujeres en medios de comunicación y en la industria tecnológica.
- Regulación de contenido digital. Monitorear el impacto de discursos sexistas y antifeministas en redes digitales y promover la educación mediática para el consumo crítico de información.
Eje 4) Participación, rendición de cuentas e instituciones con perspectiva de género
Presentado por Alma Margarita Oseguera, la feminista explicó que el desarrollo de este eje estuvo cimentado en 3 rutas: La mujer en el ejercicio del poder y adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer y finalmente, la mujer y los medios de comunicación.
En el país, las mujeres continúan viviendo en condiciones de desigualdad, perpetuando la asimetría en la toma de decisiones, sin acceso a cargos de poder en los espacios públicos y privados como en los ámbitos legislativos, ejecutivo y judicial. Lo anterior, a pesar de que por primera ocasión México ha logrado —con una amplia votación— que acceda una mujer a la presidencia de la república: 74 Claudia Sheinbaum Pardo, y que el número de gubernaturas haya alcanzado en 2024 a 15 mujeres, algunas de partidos de oposición. Sin embargo, advirtió que la violencia de género no ha disminuido y se continúa instrumentalizando con esto para impedirle a las mujeres cargos políticos.
Alma Margarita expresó su inconformidad en lo endeble del Plan Nacional de Desarrollo, pues no cuenta con el presupuesto suficiente para ser efectivo todos los objetivos que tiene en el mapa, advirtió que el 80% de los presupuestos destinados a la igualdad han sido absorbidos por los programas de pensiones del bienestar y las becas. Como si esta «absorción» no fuese suficiente, la feminista expresó que, además, los institutos de las mujeres han desaparecidos y las nuevas secretarías han adoptado otras agendas que se alejan del análisis de las desigualdades entre hombres y mujeres.
«Entre 2019 y 2021, el gobierno favoreció la eliminación de institutos de las mujeres para convertirlos en instancias de mujeres y diversidad social o de inclusión y diversidad sexual; o bien, sustituirlos por secretarías de igualdad sustantiva, asignándole la responsabilidad de una política antidiscriminación de atención a grupos vulnerables», expuso Alma Margarita.
Así, algunas de las propuestas en este eje son:
- Garantizar la creación de defensorías públicas electorales en cada entidad federativa y en el INE. Consolidar la iniciativa piloto que se instrumentó en las elecciones del 2024 para crear una defensoría con apoyo integral, ante la
- VPMRG.
- Evaluar el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia
- Política contra las mujeres en Razón de Género, ya que requiere medidas más eficaces para cancelar las candidaturas a los agresores que reinciden.
- Aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas (3 de 3), sustituyendo el requisito de sentencia firme por la denuncia, como elemento suficiente para inhabilitar un agresor.
- Garantizar políticas públicas que favorezcan la participación política de las indígenas y afromexicanas y destinar mayores recursos para capacitación en su lengua.
- Determinar criterios de adscripción a partir de procesos de consulta con los pueblos indígenas y afromexicanos para evitar la simulación y usurpación de estas identidades en los procesos electorales a nivel federal y local.
- Aprobar legalmente que la población afromexicana conozca la identidad de quienes son sus representantes legislativos y esta información no sea clasificada como confidencial y se sancione la usurpación.
- Avanzar en el reconocimiento de municipios afromexicanos para postulación
- de candidaturas e incorporar la variable afrodescendiente en los estudios
- estadísticos, con desagregación de datos por edad y sexo.
- Crear mecanismos para la defensa y protección de las defensoras de derechos políticos y electorales, con suficiencia presupuestaria y capacidad técnica para acompañamiento y apoyo de víctimas de violencia política.
- Velar por que las necesidades y los problemas de violencia que enfrentan las mujeres periodistas se traten conforme a los estándares internacionales y el marco de protección del derecho nacional. Para ello se requiere fortalecer la política de protección integral desde un enfoque feminista y con presupuesto adecuado.
- Abstenerse de cometer actos de violencia contra la labor periodística de las mujeres y promover el respeto a la libertad de expresión.
- Que se fortalezcan dentro de los medios de comunicación la figura de las editoras de género. Que sean una práctica generalizada y no la excepción de la regla para crear una alianza institucionalizada en la generación de contenidos en favor de los derechos humanos de niñas y mujeres.
- Impulsar el financiamiento de investigaciones periodísticas realizadas por y sobre las mujeres
- Garantizar que la paridad vertical y horizontal sea efectiva en los hechos, tanto para el acceso a cargos electorales o públicos como las funciones sustantivas de puestos de poder, con las condiciones necesarias para su ejercicio pleno.
- Garantizar la evaluación externa y la renovación de los observatorios de Participación Política de las Mujeres para favorecer la información y la incidencia de su labor, con la inclusión de las organizaciones civiles con voz
- y voto
- Garantizar la creación de defensorías públicas electorales en cada entidad federativa y en el INE. Consolidar la iniciativa piloto que se instrumentó en las elecciones del 2024 para crear una defensoría con apoyo integral, ante la
- VPMRG.
Eje 5) Sociedades Pacíficas e Inclusivas
Antes de exponer los principales hallazgos sobre este eje, su autora y presentadora, María de Lourdes García Acevedo condenó la ausencia de la Secretaría de las Mujeres y refirió que se trataba de una «omisión», además, recordó que, el papel de las mujeres de la sociedad civil tienen por objetivo ser críticas y documentar todo aquello que las atraviesa.
«Nosotras como organizaciones de la sociedad civil somos críticas, ese es nuestro papel, no tenemos compromiso con nadie, nuestro papel, lo que nosotras estamos viendo desde el territorio y esto es lo que hacemos en el informe. Decir que vamos a enviar este informe directamente a Naciones Unidas a Nueva York porque nuestra postura y propuestas tienen que ser escuchadas dentro y fuera del país, es un esfuerzo sin recursos y muchos problemas de elaborar un documento colectivo como este»
Un hecho clave de este informe es que Naciones Unidas sólo contempla en este punto las estrategias de paz, sin embargo, el informe alterno enriquece esta visión y vuelca sus esfuerzos en entender qué sucede con la seguridad pública, poniendo especial foco en la Guardia Nacional, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y la trata de personas.
La perspectiva sobre las fuerzas castrenses es uno de los ejes transversales más importantes y revolucionarios de este punto, pues sólo para ponerlo sobre la mesa, María de Lourdes recordó que los programas para atender la violencia contra las mujeres recibieron el .73% del recurso que se le otorgó a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Se denunció el avance de las fuerzas armadas en el territorio, el golpe que representa en la vida de las mujeres y sus impactos en el desplazamiento forzado; «el desplazamiento tiene cara de mujeres y sus niños», dijo la feminista.
En este sentido, se presentan las siguientes propuestas:
- Establecer una política que garantice la seguridad pública de toda la población, a través de medidas de inteligencia que permitan la desintegración de los grupos armados que operan en todo el territorio nacional; intervención de cuentas y negocios ilícitos donde lavan dinero.
Documentar los impactos de la violencia en mujeres y niñas, como consecuencia del conflicto armado no internacional por la presencia de crimen organizado y las fuerzas armadas. - El ejército debe dejar de hacer tareas de seguridad pública, de manera paulatina.
- La Guardia Nacional debe ser un organismo civil, con controles de confianza y capacitación en derechos humanos y perspectiva feminista.
Fortalecer a las policías estatales y municipales con recursos públicos (Fondo para la Seguridad Pública), con capacitación en derechos humanos, perspectiva feminista controles de confianza, rotación de adscripción. - Crear políticas públicas orientadas a la búsqueda de la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, con perspectiva de género, que respondan al conflicto armado interno.
- Capacitar a los agentes estatales en temas relacionados con el derecho internacional de los derechos humanos, especialmente con perspectiva de género, a través de organizamos de derechos humanos y OSC.
Establecer una Política de Estado con una estrategia integral de seguridad en las entidades más afectadas: Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. - Creación de políticas inmediatas para la atención de personas desplazadas por la violencia derivada del crimen organizado. Garantizando los derechos a la seguridad, vivienda, alimentación, empleo, educación y salud, el Estado debe generar las condiciones para un regreso seguro.
Eje 6) Conservación, protección y rehabilitación del medio ambiente
Presentado por Martha Teresa González Rentería, este eje priorizó los temas de análisis de medio ambiente y las mujeres; la minería, cambio climático, desastres provocados por fenómenos naturales, agricultura y agua.
«En el mundo existe el modelo de protección y consumo que ha creado una crisis ambiental que tiene efectos en todos los ámbitos, en lo social, en la cultura, en las relaciones, en los ecosistemas y todo ser vivo. Esta crisis ha abierto más la brecha de desigualdades entre hombres, algunas son las cargas de trabajo y responsabilidades familiares, así como el incremento de la migración de los hombres», refirió Martha Teresa.
En su exposición en el Senado nombró la violencia de la extracción de metales, pues es una industria que favorece el despojo de territorios, la migración y genera graves conflictos sociales al interior de las comunidades. Asimismo, expresó su preocupación por el cambio climático, la producción de combustibles fósiles y los desastres ambientales.
Recordó que la igualdad de género es clave para garantizar la seguridad alimentaria y la protección contra la exposición de agroquímicos, pues se ha rastrado una ingesta diaria de alimentos con pesticidas que implican un riesgo grave a la salud de las mujeres en situación de precarización, quienes son las principales consumidoras de estos alimentos contaminados.
En materia de sequía y agua, Martha Teresa señaló que ya no es un tema que se vea sólo en el norte del país, sino un fenómeno que se replica en todo el territorio y que implica mayores tasas de enfermedades; la falta de agua potable golpea a grupos vulnerables como personas mayores e infancias. «¿Y quiénes cuidaran de estas personas? Las mujeres, el cuidado se recrudece con las sequías», sostuvo.
Las propuestas que se colocaron en la agenda consisten en lo siguiente:
- Crear consejos de participación ciudadana en el sector ambiental.
- Sancionar la corrupción para hacer posible la aplicación de las leyes existentes en relación con el uso de cambio de suelo.
- Crear políticas públicas dirigidas a la capacitación y empoderamiento de las mujeres en la gestión de riesgos.
- Prohibir el uso de agrotóxicos en la agricultura y proteger la semilla nativa del maíz.
- Prohibir la siembra de productos transgénicos.
- Diseñar acciones afirmativas para el acceso de las mujeres a la propiedad del patrimonio natural, sobre todo indígenas, afrodescendientes, rurales y residentes de ejidos.
- Implementar programas que disminuyan la carga del trabajo de cuidados en las mujeres, mediante servicios públicos de calidad.
- Reforestación y conservación del agua con programas para capturar la que procede de la lluvia.
- Regular y proteger el ciclo y cuenca hidrológica y mejorar la resiliencia de los ecosistemas ante la sequía
El informe fue realizado en conjunto por el Frente Nacional Feminista, MIRA, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y Cátedra Unesco de Derechos Humanos y se puede consultar completo a continuación:
¿En qué consiste la Plataforma de Acción Beijing +30?
Este documento histórico fue adoptado de los resultados de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer que fue celebrado en Beijing, China, entre el 4 al 15 de septiembre de 1995. Se trata de un plan visionario para promover los derechos de las mujeres y alcanzar la igualdad de género a escala global.
Para asegurarse del cumplimiento de lo establecido en la Declaración, se creó la Plataforma de Acción de Beijing que llama a los gobiernos, comunidad internacional y organizaciones no gubernamentales participantes a contribuir a los mecanismos, acciones y medidas que permitan lograr los objetivos de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), así como los avances de los derechos de las mujeres.
Desde entonces, representantes de 189 gobiernos acordaron un compromiso sin precedentes para involucrarse en el desarrollo de los derechos humanos de las mujeres como la modificación de sus políticas nacionales, política exterior, así como inversiones en leyes, políticas y programas dirigidos a la igualdad de género.
Recordemos que, la igualdad de género es el principio que establece que todas las personas, independientemente de su género, tienen derecho a acceder a los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades en todos los ámbitos de la sociedad. Sin embargo, debido a que vivimos bajo una estructura patriarcal ningún país ha podido alcanzar este objetivo.
También es un pilar fundamental del cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ya que aborda temáticas como la pobreza, educación y acción climática que inevitablemente se ligan con los derechos de las niñas y mujeres, por lo que, sin ellos será imposible erradicar los desafíos que nos atraviesan. Según ONU Mujeres, al menos 14 de los ODS dependen de la erradicación de la violencia de género
Con los cambios políticos, económicos, sociales, económicos, culturales y climáticos que actualmente nos rodea, ahora más que nunca se debe seguir analizando los avances y obstáculos, así como redefinir la hoja de ruta para alcanzar la igualdad de género y una mejor calidad de vida para las mujeres.
