Ciudad de México.- La semana comenzó con la puesta en marcha del órgano federal Transparencia del Pueblo y de la Unidad de Protección Civil y Datos Personales, dos instituciones que reemplazan al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) eliminado en 2024 cuando se aprobó la reforma para terminar las funciones de siete organismos autónomos como lo propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2024 se eliminaron siete órganos autónomos: el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).
Anteriormente, el INAI era un órgano autónomo que se encargaba de garantizar dos derechos fundamentales para la ciudadanía. El primero era el acceso a la información en donde la población podría conocer el actuar del Estado y el cual exige la máxima publicidad de toda la información pública que se traduce en la transparencia y que está establecida en el artículo 6° Constitucional.
Por otro lado, también estaba encomendada en la protección de datos personales un derecho que le permite a las personas controlar su información y protegerla como su identidad, historial clínico, datos biomédicos, información genética, patrimonio, situación económica y financiera, orientación sexual, padrones electorales, creencias religiosas, así como su ubicación y comportamiento digital, los cuales están protegidos en el artículo 16° Constitucional.
«Dado la naturaleza distinta de estos dos derechos, nosotros decidimos separarlos», señaló Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, durante la presentación de las nuevas instancias el pasado 11 de mayo. De acuerdo con la funcionaria, la parte de acceso a la información, el cual es de mayor interés para las personas, estará separado en un órgano desconcentrado llamado Transparencia para el Pueblo.
Además, se trata de un órgano con autonomía técnica, es decir, que tiene la capacidad de resolver sin tener que consultar a ninguna otra instancia. Por otro lado, en la protección de datos que están en manos de en instancias como el SAT, el INE o los bancos y que pertenecen a entes públicos y privados, estarán a cargo de la Unidad de Protección Civil y Datos Personales manejado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Para efectuarlas, el pasado 20 y 21 de marzo se aprobó y público la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para dar pie a la creación de la Transparencia para el Pueblo; así como la Modificación al Reglamento Buen Gobierno y el Reglamento Transparencia para la Unidad de Protección Civil y Datos Personales.
Según apuntó Raquel Buenrostro Sánchez, esta nueva reorganización garantiza un ahorro del 52% del presupuesto asignado al INAI del erario público, es decir más de 500 millones de pesos, De esta manera, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien está a cargo de las nuevas instancias, absorbió el 80% de las funciones del INAI.
La Transparencia del Pueblo
Por órdenes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien quedó a cargo de la Transparencia del Pueblo es María Tanivet Ramos Reyes, exfuncionaria de la Secretaría Anticorrupción y excomisionada en Oaxaca. La nueva titular señaló que esta instancia tendrá la función de «autoridad garante federal», es decir, que a su cargo estará la revisión y vigilancia de los sujetos obligados solo del Ejecutivo Federal, ya que los poderes Legislativos y Judicial tendrán sus propios organismos autónomos y descentralizados.
Asimismo, la Transparencia del Pueblo estará integrado por seis direcciones generales:
- Políticas, Vinculación y Capacitación a cargo de Carlos Bautista Rojas: coordina el diseño, implementación y seguimiento de políticas en materia de transparencia; dirige la atención y orientación a la sociedad en las materias de acceso a la información, transparencia y datos personales; y coordina la capacitación a personas servidoras públicas y a sectores de la sociedad.
- Obligaciones de Transparencia a cargo de Laura Carolina Arce Sosa: dirige los procedimientos de acompañamiento, verificación y seguimiento, en materia de transparencia y acceso a la información; resuelve las denuncias que reciba por incumplimiento de las obligaciones de transparencia; vigila el cumplimiento a las resoluciones que emita; e impone medidas de apremio.
- Recurso de Revisión y de Inconformidad a cargo de Julio César Martínez Sanabria: resuelve los recursos de revisión e inconformidad contra sujetos obligados y autoridades garantes; vigila el cumplimiento a las resoluciones que emita; impone medidas de apremio; y propone las emisiones de criterios de interpretación.
- Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública con Miriam de los Ángeles Saucedo Martínez: coordina y da seguimiento a los acuerdos adoptados por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
- Jurídica quien aún no cuenta con un titular: representa legalmente al órgano en todos los trámites, proceso y procedimientos dentro de los juicios de amparo; y apoya jurídicamente al órgano y actúa como área de consulta.
- Asuntos Internacionales e Información con Francisco Raúl Álvarez Córdova: coordina la adopción y seguimiento de mejores prácticas internacionales en materia de transparencia; analiza y elabora información estadística para tomar decisiones institucionales y presentación de informes; y ejerce las atribuciones de la Unidad de Transparencia del OAD.
Asimismo, María Tanivet Ramos Reyes apuntó que el camino para garantizar el acceso a la información se tomara las siguientes medidas:
- Estructura eficiente y acorde a los principios de austeridad republicana.
- Fortalecimiento de la capacidad operativa de la nueva autoridad garante federal a partir de la incorporación de perfiles con trayectorias técnicas sólidas.
- Autonomía técnica y operativa en la toma de decisiones.
- Resoluciones congruentes y exhaustivas, imparciales, apegadas a derecho, eficaces en su cumplimiento e inatacables para los sujetos obligados.
- Emisión de criterios de interpretación para su aplicación por los sujetos obligados del ámbito federal a partir de un sistema de precedentes de resoluciones a los medios de impugnación.
- Acercar información útil para la vida cotidiana de grupos de atención prioritaria.
- Esquema de coordinación nacional que permita establecer criterios homogéneos para el ejercicio del derecho, así como lograr sinergia para consolidar la política general en la materia.
- Diseño e implementación de una metodología integral que permite una medicación real sobre la publicación de información derivada el cumplimiento de obligaciones de transparencia.
Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, puntualizó que la secretaría no será «juez y parte», ya que la nueva ley establece la creación de un tribunal especializado que pueda actuar cuando la persona que solicitó información no fue atendida correctamente se queje ante este.
Anteriormente, estas situaciones las resolvía el INAI desde un enfoque administrativo en donde se priorizaba más en el procedimiento jurídico que en la naturaleza de la pregunta; por lo que ahora se revisará el fondo de la mejor manera que convenga, haciendo más democrático el acceso de la ciudadanía: «El que tiene la última palabra es el tribunal especializado que depende del Poder Judicial», mencionó la titular.
El Logo
De acuerdo con María Tanivet Ramos Reyes, el logo del nuevo órgano federal tiene la base del bordado para reconocer las raíces históricas y culturales de México y como una analogía del bordado de saberes e ideas a partir de lo público.
Se compone de tres figuras que asemejan personas de diferentes colores y simbolizan pluralidad y representan el cambio de enfoque en la forma de entender el derecho humano de acceso a la información el cual debe ser asequible para las personas sin distinción. Los brazos están extendidos en las tres personas reflejan la acción de reapropiarse de la información como un acto de participación en el que las personas asumen el derecho de involucrarse en la vida pública.
Finalmente, las líneas color verde agua, representa un documento, estadística y el flujo de la información pública. El patrón de las líneas busca mostrar que la información no es un recurso estático. En el contexto de los pueblos originarios las líneas recuerdan el uso de símbolos gráficos como los códices para transportar el conocimiento de generación en generación.
Unidad de Protección de Datos Personales
Para la nueva unidad, se planea actualizar y fortalecer la protección de datos personales, ya que las leyes que regulan la materia no se han actualizado desde el año 2010 y 2011, las cuales regulan el sector público y a los particulares, lo que han provocado que no se adapten a las situaciones actuales como la inteligencia artificial, según afirmó José Vicente Peredo Vázquez, titular de la unidad.
La Unidad de Protección de Datos Personales tiene la responsabilidad de asegurar que se respete el derecho de todas las personas a la protección de sus datos personales. De esta manera, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno no resguardará los datos personales, sino que es la autoridad encargada de vigilar que las instituciones y los particulares cumplan con sus obligaciones en esta materia.
Esta instancia tendrá tres direcciones generales en donde estarán esparcido 114 servidoras y servidores:
- Datos Personales en el Sector Privado a cargo de Jennifer Colin Álvarez: verifica que empresas y particulares respeten los derechos de las personas sobre sus datos personales; y resuelve quejas e impone sanciones cuando hay violaciones, promueve conciliaciones entre las partes y realiza investigaciones para asegurar que las resoluciones se cumplan adecuadamente.
- Datos Personales en el Sector Público a cargo de Luis Alberto González García: supervisa que las instituciones públicas cumplan con la ley al manejar datos personales; resuelve impugnaciones, investiga posibles violaciones, aplica medidas correctivas y realiza verificaciones; y promueve acuerdos entre las partes, da seguimiento a irregularidades, y evalúa como están cumpliendo las dependencias sus obligaciones.
- Normatividad y Prevención a cargo de Aldo Arturo Fragoso Pastrana: su labor es garantizar que el manejo de los datos personales sea seguro, legal y respetuoso con los derechos de las personas; se dedica a revisar posibles riesgos en materia de protección de datos personales; y diseña políticas e implementa medidas preventivas para el cumplimiento de la ley.
José Vicente Peredo Vázquez mencionó que la Unidad de Protección de Datos Personales está adscrita a la subsecretaria del Buen Gobierno. Sus atribuciones están definidas en el artículo 30°B del Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y vigilaran que se cumplan con las Leyes de Protección de Datos Personales de Sujetos Obligados y en Posesión de Sujetos Particulares.
De esta manera, el camino a proyectar en la Unidad de Protección de Datos Personales es:
- Garantía del derecho de manera cercana y sencilla con una visión preventiva en el sector público y privado.
- Actualizar la normatividad para contar con procedimientos sencillos, transparentes y expeditos.
- Resoluciones e imposición de sanciones a partir de metodologías claras y objetivas.
- Modernización de procedimientos transitando hacia trámites preferentemente por medios electrónicos (digitales).
- Acompañamiento a titulares y responsables en ambos sectores de cara a garantizar la observancia normativa y, en consecuencia, la garantía del derecho.
¿Qué sucederá con la Plataforma Nacional de Transparencia?
De acuerdo con Raquel Buenrostro Sánchez, la Plataforma Nacional de Transparencia no quedará a cargo de esta secretaría, sino que pertenece el 20% de las funciones que no manejarán en esta nueva estructura. Por ello, la información que ya existía se mantendrá en esta plataforma «para construir las cosas más simples y con mayor transparencia», apuntó la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
«Si nosotros dejamos que cada autoridad maneje un sistema distinto (una plataforma propia) entonces va a ser muy complicado para la ciudadanía, Los únicos que pierden son los ciudadanos porque no tienen un solo lugar (…) para encontrar la información. La idea es mantener la plataforma intacta.» -Raquel Buenrostro Sánchez, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Es decir, aunque la plataforma se mantendrá en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, su regulación no depende de ella. Se trata de un servicio de mantenimiento de proporcionará la instancia sin interferir en más allá.
Alejandro García Ravizé Guízar señaló que la Plataforma Nacional de Transparencia, de la que está a cargo, ha sido una herramienta para que todas y todos los ciudadanos puedan acceder a información y a los derechos de protección de datos personales.
Desde la desaparición del INAI, esta ha operado sin interrupciones bajo la Unidad de Innovación de la Gestión Pública del Buen Gobierno. Además, se ha mantenido la recepción y aceptación de solicitudes de acceso, ratificación, cancelación y oposiciones de datos personales.
Sin embargo, la Plataforma Nacional de Transparencia advierte que algunos de los procedimientos en materia de protección de datos personales están sujetos a suspensión de plazos:
