Ciudad de México.- De nueva cuenta medios de comunicación, autoridades y sociedad, colaboraron en difundir información que hacía apología de la violencia machista tergiversando información al violar los derechos de las víctimas en un caso de feminicidio, al cual le dieron seguimiento hasta el punto de revelar evidencia y pruebas y no tardaron en llamarlo «el demonio de Iztacalco».
Hay que recordar que la filtración y difusión de imágenes, audios o videos asociados a crímenes cometidos por razón de género es una práctica violatoria de derechos humanos de las víctimas y sus familias, que atenta contra el derecho al debido proceso y amplifica el agravio cometido contra la vida y dignidad de las víctimas.
Estas acciones también violan los derechos de las víctimas a la privacidad y a la protección de sus datos. Además, constituyen prácticas de revictimización que vulneran la seguridad física, psicológica y material de las personas afectadas, y contribuyen a la normalización de la violencia feminicida, socavando los esfuerzos para prevenirla y erradicarla.
Estos casos de feminicidio filtrados a la prensa que acontecieron en la alcaldía de Iztacalco, no son aislados, forman parte de un registro nacional que aumenta día a día y cuyas víctimas se enfrentan a un patrón de impunidad que provoca que agresores sigan delinquiendo.
En lo que va del presente sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se tiene un acumulado de 4 mil 892 casos de feminicidios y 13 mil 811 homicidios dolosos en contra de mujeres, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad (SESNSP). Tan solo en el 2023, se registraron 848 casos de mujeres víctimas de feminicidio.
Miguel N, fue detenido el pasado 16 de abril, tras atacar sexualmente y cometer feminicidio en contra de la adolescente María José y luego herir su mamá tras volcarse en su ayuda, caso que fue ampliamente difundido en medios de comunicación.
La noticia fue narrada inmediatamente desde el agresor y colocaron el acento en el “monstruo”, para referirse al feminicida, dejando de lado la responsabilidad del Estado mexicano por no dar garantías de no repetición en casos como estos, es decir, el agresor feminicida realizó y una otra vez actos violentos contra mujeres en total impunidad.
Luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México, diera a conocer que el acusado podría estar detrás de otros cinco feminicidios, se comenzó una serie de especulaciones en torno a quienes podrían ser las eventuales víctimas de ese agresor, al cual, la justicia todavía no ha concluido una carpeta de investigación, ni llevó en privado los datos de la investigación que, por Ley, son confidenciales.
Desde que inició la investigación se filtraron detalles a la prensa, como un diario en el que el imputado supuestamente confesaba los feminicidios y otros detalles que hacían apología del miedo, otros datos, era que conocía a las posibles víctimas, con las cuales habría tenido una relación previa.
Al difundir este tipo de información, se crea la imagen de un asesino en serie con habilidades especiales o problemas de salud mental. Sin embargo, este enfoque desvía la atención hacia estos personajes construidos y hace que la sociedad pierda de vista el problema real: la violencia extrema contra las mujeres, la permisividad de las autoridades y la impunidad que la rodea.
Para especialistas en el tema de la violencia estructural ejercida contra mujeres no puede relacionarse con una presumible enfermedad mental, porque individualiza un problema que en realidad es estructural y revictimiza a quienes viven con alguna de estas enfermedades y no cometen ningún tipo de delito.
La directora de la organización Justicia Pro Persona, Ana Yeli Pérez Garrido, afirmó que la atención a la violencia feminicida “no va por ahí”, pues al hablar de perpetradores no podemos asumir que los crímenes son cometidos a raíz de una “enfermedad mental”.
En ese sentido, Pérez Garrido, señaló que el feminicidio “no puede estar enfocado y justificado en cuestión de salud mental, sino en la violencia estructural en que vivimos”, explicó la abogada feminista. También añadió que la alta criminalidad e impunidad son los factores que propician que estos crímenes persistan.
Normalización de la violencia
Recientemente, organizaciones de la sociedad civil manifestaron su preocupación por la filtración y el manejo de la información de diversos casos de feminicidios y desapariciones de mujeres que todavía están siendo investigados por las autoridades.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y Justicia Pro Persona, señalaron:
“Organizaciones de derechos humanos que brindamos acompañamiento a víctimas de desaparición forzada cometida por particulares y violencia feminicida, manifestamos nuestra preocupación por la filtración y el manejo de la información de diversos casos de feminicidios y desapariciones de mujeres que todavía están siendo investigados por las autoridades”.
Protección a las víctimas
La filtración y difusión de información sobre el caso ha expuesto la vulnerabilidad de las investigaciones en curso.
Tras estos hechos, la Fiscalía pudo acceder al domicilio del victimario y encontró pruebas que lo vinculan con otros casos de feminicidio. Sin embargo, se han filtrado fotos de la escena del crimen y del hogar del imputado, fragmentos del video de la audiencia inicial, y nombres de posibles víctimas asociadas a Miguel “N”.
También se han revelado nombres de mujeres jóvenes desaparecidas en la Ciudad de México como posibles víctimas de feminicidio del detenido. Si dicha información forma parte de las líneas de investigación relacionadas al presente caso, no debería hacerse pública.
Tampoco deberían ser públicos los peritajes e investigaciones, protegiendo así los derechos de las víctimas, quienes deberían ser las primeras en tener acceso a esa información, a través de canales institucionales y de los procedimientos adecuados para ello.
Respecto al trabajo de las Fiscalías especializadas, María de la Luz, Directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en México, comentó que hay una ruta de impunidad, que se debe seguir trabajando, “se requiere que haya fiscalías especializadas que tengan sus protocolos, que se sancione a servidores públicos, por omisión o por lo que no investigaron, mataron a la joven, no la protegieron”.
Señaló que, aunque actualmente se cuentan con fiscalías especializadas, no funcionan ya que no se sabe si están funcionando con el personal adecuado, personal capacitado, o bien, que se cumplan los protocolos establecidos.
“Si hay violencias graves, tienes que tener fiscalías fortalecidas, equipos que realmente se estén coordinando y que realmente se estén coordinando. Y que no se inventen hipótesis porque se viven inventando y prejuiciando de que, -desapareciste porque te fuiste con el novio-“, subrayó.
Un pendiente para las autoridades es realizar investigaciones y métricas que den cuenta de los patrones y modos en que operan estos feminicidas.
Otro pendiente de las autoridades es tener registros certeros de la desaparición de niñas y mujeres jóvenes, ya que se entiende que cuando no se tratan del delito de feminicidio, estas desapariciones vienen de la mano de delitos, como la trata de personas y la explotación sexual.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hasta la fecha, la Ciudad de México tiene un total de 6 mil 840 mujeres desaparecidas, pero las autoridades no informan cuántas han sido localizadas y cuántas siguen desaparecidas, señaló el reporte emitido por El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; y Justicia Pro Persona.
Es importante mencionar que el Gobierno de la Ciudad de México solicitó la inclusión de medidas en la Alerta de Violencia de Género para prevenir y atender feminicidios, desapariciones y trata de mujeres. Si bien ha habido avances en el tema de feminicidios, la problemática de las desapariciones requiere un mayor esfuerzo, detallaron.
Es urgente que se implementen acciones de prevención, atención, protección, búsqueda inmediata, con perspectiva de género e investigaciones rápidas, exhaustivas y diligentes, que permitan a las familias encontrar a las víctimas y responsabilizar a los culpables.
Luz Estrada, afirmó que exigen a las autoridades correspondientes de la Ciudad de México que apliquen la Ley Ingrid para evitar la filtración y difusión de información en proceso de investigación. La información divulgada debe poner en primer plano el respeto a la dignidad humana y ser sensible hacia a las personas afectadas por la violencia.
También hizo un llamado a detener la filtración, difusión y reproducción de información que hace parte de la investigación en curso y cuya responsabilidad y secrecía depende de las autoridades de administración y procuración de justicia, entre ellas, la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Igualmente, hizo un exhorto a «no divulgar datos sensibles e imágenes de las víctimas y de sus familias, quienes actualmente enfrentan una situación profundamente dolorosa»,
Además, pidió a titulares de las dependencias mencionadas que den vista a los organismos internos de control a efecto de investigar las responsabilidades disciplinarias y penales de las personas funcionarias públicas que actuaron como primer respondiente y quienes procesaron la escena de los hechos, esto es, peritos, personal ministerial y policial y colaboraron para violar los derechos de las víctimas.
LOA/OLO
