Ciudad de México.- Economistas feministas, académicas y periodistas, analizaron hoy los desafíos que enfrentan los países de la región frente a la recomposición geopolítica con la llegada de gobiernos de derecha y ultraderecha a varios de ellos, el papel del Estado en esta nueva estructura que parece dar poder a las grandes empresas en el ámbito de la era tecnológica y digital y cómo la política fiscal, puede ser una herramienta fundamental para reducir las desigualdades, donde los movimientos feministas cobran un papel relevante.
Al participar en el webinar “Justicia feminista en América Latina: poder económico y agendas de igualdad”, convocado por la Fundación Friedirch Ebert Stiftung (FES) y otras organizaciones, diversas especialistas coincidieron en que la concentración de la riqueza en unas cuantas manos sin una vigilancia que les obligue a fiscalizar estos recursos aunado al poder que concentran las grandes corporaciones tecnológicas, son los grandes desafíos a enfrentar.
Uta Dirsken, de la FES Argentina, explicó que este amasamiento de grandes fortunas no son producto de un esfuerzo individual sino que se construyeron gracias a las estructuras públicas y al sistema económico. Recordó que los recortes en servicios públicos especialmente en salud y en cuidados que se han dado en algunos países afectan de manera desproporcionada a las mujeres que son quienes asumen el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado cuando el Estado reduce su participación.
Explicó que quienes participan en este seminario, son una red regional de organizaciones, de investigadoras y activistas que trabaja en políticas fiscales con enfoque de género y analiza temas como los sistemas tributarios, la desigualdad, el impacto de la deuda pública, los presupuestos y la evasión fiscal, además de promover la articulación entre organizaciones y la formación mediante un curso regional sobre política fiscal feminista.
El objetivo de este webinar fue conversar sobre los desafíos actuales para la igualdad de género en América Latina y qué nuevas estrategias habría que implementar frente a este contexto al que se suma la economía de la digitalización que, señalaron, concentra cada vez más poder económico y facilita la evasión fiscal de las grandes empresas tecnológicas, y la contradicción entre el aumento de la productividad y la persistencia de largas jornadas laborales y desigualdades, especialmente para las mujeres, quienes además del trabajo remunerado realizan tareas de cuidado y trabajo comunitario no remunerado.
En su participación, la comunicóloga y periodista argentina, especializada en género y política, Agustina Paz Frontera, analizó el avance de las derechas radicales en América Latina y el impacto que este fenómeno tiene sobre las agendas de igualdad de género, los derechos sociales y el papel del Estado.
Señaló que estas fuerzas políticas impulsan procesos de austeridad, concentración del poder económico, debilitamiento de las instituciones públicas y desfinanciamiento de las políticas y organizaciones feministas, acompañados por discursos antifeministas y contrarios a la diversidad sexual.
La también autora del libro “Demasiado feminismo, la política feminista entre el Estado, el activismo y la batalla cultural de la derecha radical”, sostuvo que el antifeminismo no actúa de forma aislada, sino que forma parte de un proyecto político más amplio que busca reducir el rol del Estado como garante de derechos, fortalecer el poder de las grandes corporaciones —especialmente las tecnológicas y extractivas— y promover modelos económicos y sociales conservadores. En este contexto, consideró que el principal desafío no es sólo enfrentar el backlash, sino construir propuestas capaces de ofrecer alternativas para el período actual y el futuro.
Frente a este escenario, propuso que los feminismos debatan qué tipo de Estado, protección social y democracia desean construir, así como mecanismos para limitar el poder de los actores económicos concentrados y distribuir de forma más justa los beneficios derivados del desarrollo tecnológico.
Agregó que pese al retroceso de políticas públicas de género en varios países, el feminismo continúa siendo un actor político activo, capaz de generar organización, pensamiento crítico y propuestas incluso en contextos adversos. Resaltó el aporte de la economía feminista para visibilizar dimensiones de la desigualdad que suelen quedar fuera de los indicadores económicos tradicionales, como el trabajo de cuidados y la reproducción de la vida.
Finalmente, planteó que la justicia fiscal es una herramienta estratégica para fortalecer la democracia y sostener las políticas públicas. Defendió la necesidad de un sistema tributario más progresivo, donde los sectores de mayores ingresos contribuyan proporcionalmente más, permitiendo financiar políticas de igualdad, fortalecer las instituciones públicas y garantizar derechos. También enfatizó que los movimientos feministas deben incorporar la discusión sobre política fiscal e institucionalización en sus agendas, promoviendo una conciencia colectiva sobre cómo la recaudación pública puede mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población.
El problema no son las plataformas sino las grandes corporaciones tecnológicas
Para la economista especializada en economía digital, desarrollo y empleo e integrante de la Red Latinoamericana de Inteligencia Artificial Feminista, Sofía Scasserra, el problema central no son las plataformas digitales en sí, sino el enorme poder que han acumulado las grandes corporaciones tecnológicas que es resultado de una desigualdad histórica basada en la apropiación del conocimiento y la creación de monopolios tecnológicos, más que de la innovación o el mérito individual.
Explicó que uno de los principales cambios del capitalismo contemporáneo es la “datificación de la vida”, es decir, la conversión de actividades cotidianas, relaciones sociales, territorios, gustos y comportamientos en datos que pueden ser extraídos, comercializados y utilizados para generar ganancias. Este proceso dijo, amplió las desigualdades económicas y permitió que las corporaciones tecnológicas organicen cada vez más aspectos de nuestra vida social.
Frente a este escenario, planteó que la justicia fiscal debe ocupar un lugar central pues no basta con reducir la desigualdad de ingresos, también es necesario regular el uso de los datos y limitar el extractivismo digital, ya que la acumulación masiva de datos tiene impactos sociales y ambientales. Aclaró que su propuesta no es rechazar la tecnología, sino cuestionar el modelo económico que prioriza la obtención de beneficios privados por encima del bienestar colectivo.
Por ello, la especialista propuso avanzar hacia una “fiscalidad de los datos”, pues dijo que a diferencia de otros bienes tangibles e intangibles, los datos han permanecido prácticamente exentos de impuestos debido a regulaciones internacionales. Destacó que la eliminación, impulsada por Brasil, de una norma de la Organización Mundial del Comercio que impedía gravar las transmisiones electrónicas abre una oportunidad para debatir nuevas formas de regulación y tributación de la economía digital.
Finalmente, sostuvo que los países del Sur Global aportan datos, conocimiento y trabajo a la economía digital sin recibir beneficios proporcionales, por lo que una tributación más justa permitiría redistribuir mejor la riqueza generada por este sector.
Concluyó que el feminismo, al igual que el movimiento obrero, ha demostrado históricamente su capacidad para impulsar transformaciones sociales profundas y puede desempeñar un papel clave en la construcción de políticas fiscales que orienten la economía digital hacia la igualdad y el bienestar colectivo.
Conectar con la ciudadanía
La historiadora, especialista en educación y profesora de la red pública de enseñanza y actual presidenta nacional del Partido Socialismo Libertad de Brasil, Paula Coradi, dijo que el feminismo debe entenderse como un movimiento que representa a la mayoría de la sociedad, ya que las mujeres desempeñan un papel central en el sostenimiento económico y en el trabajo de reproducción social. Destacó que en Brasil las mujeres —especialmente las mujeres negras— son quienes enfrentan mayores niveles de endeudamiento y precariedad, por lo que cualquier política pública debe considerar sus necesidades.
Ejemplificó que aunque en Brasil ganó un gobierno de izquierda en 2022, el Congreso continúa siendo mayoritariamente conservador, lo que dificulta la aprobación de reformas progresistas y mantiene una constante amenaza sobre los derechos de las mujeres. Sin embargo, señaló que la movilización social permitió frenar un proyecto de ley que buscaba restringir aún más el acceso al aborto legal, demostrando que disputar las ideas en la opinión pública puede generar mayorías incluso en contextos adversos.
En su participación contó cómo se impulsó en Brasil la campaña para eliminar la jornada laboral 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso). Explicó que esta iniciativa surgió a partir del descontento de un trabajador de una farmacia que difundió en redes sociales su cansancio por las largas jornadas laborales y entonces fue impulsada por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), junto con sindicatos y movimientos sociales. Aunque inicialmente parecía inviable debido a la correlación de fuerzas en el Congreso pues de 513 diputados la izquierda apenas tiene 116 escaños y en el Senado es igual, la campaña logró reunir más de un millón y medio de firmas y obtener un amplio respaldo ciudadano.
La política atribuyó este éxito a una estrategia de comunicación sencilla y cercana, enfocada en explicar cómo la reducción de la jornada laboral mejora la calidad de vida de las personas, permitiéndoles disponer de más tiempo para el descanso, la familia, el ocio y el cuidado de la salud mental. Este enfoque, dijo, conectó especialmente con las experiencias cotidianas de las mujeres y de la clase trabajadora, convirtiendo la propuesta en una demanda ampliamente respaldada por la sociedad y obligando incluso a sectores conservadores a modificar su posición.
Finalmente Paula Coradi afirmó que las transformaciones sociales requieren construir alianzas amplias y vincular las demandas feministas con las condiciones materiales de vida de la mayoría de la población y en este sentido, la experiencia de la campaña contra la jornada 6×1 demostró que es posible avanzar en derechos laborales y sociales incluso en escenarios políticos desfavorables cuando las propuestas logran conectar con las necesidades reales de la ciudadanía.
En una segunda ronda de intervenciones, las especialistas reflexionaron sobre las estrategias que los movimientos feministas pueden desarrollar frente al avance de las derechas radicales, la concentración del poder económico y los desafíos de la economía digital.
Por ejemplo, Agustina Paz Frontera sostuvo que es fundamental fortalecer la formación política y generar una conciencia crítica tanto dentro de los movimientos feministas como en la sociedad. Para ella es indispensable disputar los espacios institucionales y participar en la política, ya que abandonar al Estado implica dejarlo en manos de intereses económicos concentrados. Más que limitarse a defender los derechos ya conquistados, dijo, es necesario construir una agenda feminista que transforme las condiciones materiales que sostienen la vida y que establezca alianzas estratégicas para impulsar nuevas políticas públicas.
Por su parte, Sofía Scasserra afirmó que los desafíos de la economía digital requieren respuestas internacionales. Argumentó que las grandes corporaciones tecnológicas operan más allá de las fronteras nacionales, por lo que la regulación y la justicia fiscal deben pensarse desde una perspectiva global, por lo que propuso fortalecer la cooperación entre movimientos sociales y repensar las instituciones internacionales para democratizar la economía digital, controlar el poder de las empresas tecnológicas y garantizar que tributen de acuerdo con la riqueza que generan. También destacó la importancia de que los países del Sur Global participen activamente en los debates internacionales sobre fiscalidad digital desde una perspectiva feminista.
Paula Coradi agregó que en Brasil pese a los indicadores económicos positivos como la baja tasa de desempleo, que dijo, se ubica en 5 por ciento, persiste un fuerte malestar social principalmente debido a factores como la inflación, el endeudamiento, la pérdida del poder adquisitivo y la creciente influencia de las redes sociales, que difunden modelos de consumo inalcanzables y contribuyen a generar frustración, especialmente entre la juventud. Además, advirtió sobre la falta de regulación de las plataformas digitales y de actividades como las apuestas en línea.
Finalmente Agustina Paz enfatizó que el que una feminista ocupe un cargo en el poder no equivale necesariamente a tener capacidad real de transformar la realidad y ejemplificó que muchas instituciones de género han contado con presupuestos muy limitados, lo que restringe su impacto.
Recordó que uno de los principales aportes del feminismo ha sido convertir problemas considerados privados —como la desigualdad económica, los cuidados o la violencia— en asuntos públicos y políticos, temas que hora, advirtió, las narrativas de las derechas radicales buscan revertir responsabilizando a cada persona de sus dificultades y debilitando las respuestas colectivas frente a la desigualdad.
