Ciudad de México.- De cara frente a la primera elección de integrantes del poder judicial (ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces), la científica social y analista mexicana, Viri Ríos, se dio a la tarea de investigar y evaluar los perfiles de las candidatas y candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y estos son sus hallazgos.
Actualmente hay 32 candidatas y 30 candidatos que se estarán disputando los 5 lugares para mujeres y los 4 lugares para hombres que conformarían a los 9 integrantes de la próxima SCJN. Cabe mencionar que, las ministras y los ministros de la SCJN son el máximo tribunal constitucional que vigila que las leyes y el actuar de la autoridad sigan lo dictaminado en la Constitución y no vulnere los derechos humanos de las personas. De esta manera, sus decisiones inciden directamente en la vida de las mexicanas y mexicanos.
Para calificar del 1 al 5 a las candidatas y candidatos de la SCJN, la primera variable que Viri Ríos contempló fue el «progresismo», es decir, cuando el perfil muestra interés en interpretar la ley con un enfoque orientado a la justicia social, en la defensa de los derechos de las personas trabajadoras, la equidad fiscal mediante impuestos progresivos y la competencia económica para evitar el poder de mercado.
En sus palabras, «una persona juzgadora progresista protege el interés público frente a privilegios corporativos y prioriza la igualdad sustantiva por encima de la mera igualdad formal». Además, advirtió que ser «progresista» no significa ser afín a la corriente de la cuarta transformación del gobierno en turno, puesto que identificó personas que cubren el perfil dentro y fuera de los vínculos oficialistas
Advertencia: Esta variable solo aplica a la boleta morada. La investigadora, Viri Ríos se basó en las declaraciones públicas, el historial de sentencias, la visión jurisdiccional y de impartición de justicia, así como los motivos que han declarado públicamente ante el INE para ser candidato.
Posteriormente, se calificó a las personas candidatas de 1 al 10 revisando la «experiencia» tomando en cuenta la trayectoria descrita en los CV reportados ante el INE y se emitió una opinión sobre la experiencia, trayectoria académica y profesional como persona candidata y juzgadora. Particularmente, para esta boleta se dio un punto medio a los que contaban con una experiencia excepcional y menos medio punto a los que, por el contrario, tenían menor experiencia.
Para la variable de «independencia», analizó el historial, campaña y redes sociales en el que se evaluó el acercamiento con personajes políticos, afiliaciones partidistas o nombramientos de carácter políticos en gobiernos. Como resultado, se les restó un punto a las personas candidatas en las que se encontró una afinidad política y se les aumentó cuando en sus propuestas se pronunciaron a favor de la independencia o división de poderes.
Otro aspecto a tomar en cuenta fue la «variabilidad», en donde si las propuestas de las personas candidatas no estaban relacionadas directamente con su mandato como personas juzgadoras, se restó un punto.
De acuerdo con la página del INE, esto son las personas candidatas a los cargos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:
Las personas mejores calificadas
La candidata mejor calificada fue Selene Cruz Alcalá quien cuenta con un doctorado en Derecho y Políticas Públicas. En su cargo más reciente se desenvolvía como magistrada representante del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Fue titular de la Procuraduría del Trabajo cuando Luisa María Alcalde era secretaría de trabajo, pero la candidata se identifica como independiente.
Apuesta por una justicia con perspectiva de género, intercultural y sensible a la desigualdad. Dentro de sus tres propuestas contempla: justicia accesible donde las personas juzgadoras escuchen directamente a quienes buscan soluciones; que el poder judicial deje los privilegios y servicios de lujos; integrar perspectiva de género y el análisis de contexto social en pueblos originarios en las resoluciones.
Posteriormente le sigue Natalia Téllez Torres Orozco que hizo una maestría en Derecho. Su puesto más reciente fue como Magistrada de Sala Superior en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y recibió respaldo público de Raquel Buenrostro, extitular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Dentro de sus propuestas esta la búsqueda de justicia sin nepotismos o amiguismos; que las resoluciones protejan los derechos humanos; y que la SCJN interprete la Constitución con un enfoque progresista priorizando a sectores vulnerables.
Olivia Aguirre Bonilla quien tiene un doctorado en Derechos Humanos y Derecho Judicial. Recientemente estuvo como catedrática en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).
Propone que no todos los asuntos se resuelvan con enfoque meramente legal; permitir que la población vea de cerca el trabajo de la SCJN; y el uso de lenguaje sencillo y coloquial en las resoluciones de la Corte para que se pueda entender al igual que la divulgación constante de los derechos humanos.
Marisol Castañeda Pérez también hizo doctorado en Derecho. Se desempeñó como Magistrada de Circuito en el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigesimosegundo Circuito.
Ella apuesta por que las decisiones de la SCJN se alineen con la protección y promoción de derechos humanos; aplicar la perspectiva y tomar en cuenta los derechos de grupos vulnerables; y fortalecer la confianza ciudadana en el sistema judicial con una justicia abierta, es decir, procesos judiciales trasparentes.
Finalmente, esta Alma Delia Gonzáles Centeno quien cuenta con una maestría en Derecho Constitucional y su cargo más reciente fue de magistrada en el Tribunal de Justicia del Estado de San Luís Potosí.
Desea impulsar una Reforma Judicial que establezca un proceso de certificación obligatorio para las ministras y ministros cada cuatro años; abrir la SCJN a la ciudadanía mediante foros públicos a nivel federal y estatal; y promover la implementación de un sistema de medición de eficiencia que evalué su desempeño de forma transparente.
Respecto a los hombres, el mejor calificado fue Isaac De Paz González que cuenta con un doctorado en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas. Fue profesor investigador en la Universidad Autónoma de Baja California.
Busca atender a sectores de alta vulnerabilidad como mujeres víctimas de violencia, niñez, derechos de los consumidores y los derechos de los pueblos agrarios, comunidades rurales y afromexicanas; recuperar los beneficios sociales de sectores que deben ser reivindicados a los procedimientos que lleva la SCJN; y cambiar de forma profunda la Escuela Federal de Formación Jurídica.
Carlos Enrique Odriozola cuenta con una maestría en Derecho y es socio fundador del Bufete Odriozola. Propuso vigilancia y denuncia a los jueces y magistrados corruptos; integrar a un equipo de trabajo con equidad de género y abogados de grupos minoritarios; y emitir criterios que permitan a la genta la ejecución pronta y efectiva de las sentencias.
Posteriormente se encuentra Edgar Corzo Sosa que tiene un doctorado en Derecho y anteriormente fue investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Apuesta por juzgadores sensibles y cercanos a la realidad que visiten los lugares donde suceden las problemáticas; una SCJN que sea capaz de identificar los abusos y las injusticias sin caer en sesgos; y consolidar el humanismo constitucional mexicano.
Sergio Javier Molina Martínez hizo un doctorado en Derecho y una especialidad en Amparo. Estuvo desarrollando la función de consejero de la Judicatura Federal y es esposo de Camarillo González, secretaria de Estudio y Cuenta de Yasmín Esquivel Mossa.
En sus propuestas contempla eliminar barreras que impiden a la gente acceder a la justicia; que todos los sectores de la sociedad puedan opinar y participar en el mejoramiento de la justicia; y que la SCJN garantice una justicia rápida, accesible y clara.
Por último, se encuentra Raymundo Espinoza Hernández que tiene una maestría en Derecho Constitucional y recientemente fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT, recibiendo así el raspando público de María Elena Álvarez la titular de la institución.
Sus propuestas apuntan a emitir resoluciones con sentido social y no sólo jurídico y que la impartición de justicia no puede reducirse a la aplicación de la ley sino generar un impacto social; impedir que la defensoría pública ceda ante intereses políticos y corporativos; y revisar los planes y programas de las facultades de Derecho para promover un enfoque crítico y social.
Perfiles reprobados
La lista de peores calificaciones estuvieron Ingrid de los Ángeles Tapia Gutiérrez con una calificación reprobatoria. La candidata cuenta con una licenciatura en Derecho. De acuerdo con el registro de Viri Ríos, afirma que tiene relaciones con grupos conservadores como el Frente Nacional por la Familia y en su visión de impartición de justicia señaló que pone en el centro el derecho a la vida y la familia.
Dentro del listado de mujeres candidatas calificadas con NA se encuentran: Rebeca Stella Aladro Echeverría, Yasmín Esquivel Mossa, Estela Fuentes Jiménez, Paula Malía García Villegas Sánchez Cordero, Rosa Elena Gonzáles Tirado, Sara Irene Herrerías Guerra, Dora Alicia Martínez Valero, Marisela Morales Ibáñez, Loretta Ortiz Ahlf, María Estela Ríos Gonzáles, María Consuelo Rosillo Garfias, Gloria Rosa Santos y Luz María Zarza Delgado.
A estos perfiles, Ríos les otorgó una calificación de NA porque tienen: antecedentes preocupantes o no deseables como acusaciones de ética, crímenes o corrupción que han documentado las organizaciones Defensorxs y el Observatorio Electoral Judicial, así como búsquedas de Viri Ríos con información pública; que alcanzarán una edad superior o a la establecida en la jubilación de la mayoría de las cortes supremas locales de Estados Unidos; o no cuentan con actividades de campaña.
Para consultar los detalles de cada perfil, ingresar directamente al siguiente link.
Respecto a los hombres, se encuentran Mauricio Flores Castro quien tiene una maestría en el nuevo sistema de justicia y es socio fundador del despacho Flores y Brambilia S.C. especializado en la defensa de delitos fiscales.
A él le siguen Cesar Marino Gutiérrez Priego que cuenta con una maestría en Administración Pública y es fundador de la Fundación General Jesús Gutiérrez Rebollo, Militares y Marinos Procesados A.C.
Finalmente, esta Roberto Salvador Illanes Olivares. Tiene una maestría en derecho público y es socio fundador del despacho jurídico Illanes y Co.
El listado de hombres candidatos calificados con NA lo conforman: Luis Rafael Hernández Palacios Miron, Gabriel Regis López, Eduardo Santillán Pérez, Ricardo Aldredo Sodi Cuéllar y Eduardo José Torres Maldonado.
