Ciudad de México.- Intersecta reflexiona en «Deshabitar el castigo: Conversaciones feministas sobre el punitivismo y la justicia desde los sures«, un conjunto de artículos diversos sobre la importancia de reconocer los alcances del punitivismo, las afectaciones en las víctimas de violencia de género, las teorías feministas que rodean este debate y en dónde nace la revolución para avanzar hacia futuros más sostenibles y menos violentos.
Intersecta permite cuestionar si el castigo es la única manera de avanzar para erradicar la violencia y nos aporta claves feministas para entender la discurso que legitima el punitivismo, por lo que su texto aporta conocimiento en un escenario violento por el que México atraviesa.
Las sociedades han aplicado al castigo como única manera de avanzar para la erradicación de la violencia -castigo a quien sea, no precisamente a personas que realmente han producido daños irreparables-. Castigo a la mujer que aborta, al campesino, a la agricultora, a la artista, a la mujer de la maquila, al adolescente, sin importar en dónde se ponga la bala, los centros penitenciarios están repletos de historias de impunidad y violencia a manos del Estado a causa de herramientas muy violentas como el «perfilamiento racial».
Con un sistema de siglos donde se considera que el aislamiento y el castigo es la única forma de frenar los actos violentos, resulta una obviedad que, con una historia de tanto tiempo, el sistema carcelario no sólo no ha funcionado, sino además, ha replicado la violencia al llevar a cauces todavía más complejos al interior de estos espacios, como las agresiones sexuales, la sujeción forzada, la desprotección alimentaria y por su puesto, la privación más elemental: La libertad.
El sistema penal promete solucionar un problema profundo de seguridad, pero termina por empeorar la situación, escribe Elena de Hoyos, Marisol del Águila y María Luisa Villanueva en el apartado «Los Costos sociales del punitivismo».
Y esto se basa, según las autoras, en que según la lógica, se debe aislar a las personas sin tomar en cuenta su contexto y, por lo tanto, sin enfrentar las causas reales de la inseguridad. Esto apuntala a que, por ejemplo, no se terminará con el delito de robo encerrando y torturando a quien lo comete si antes no se atienden los fenómenos estructurales que llevan a este hecho; el Estado debe abolir toda encarnación cultural y social de la violencia para frenar la reproducción en los sujetos.
«Una institución que deshumaniza a las personas, las aísla, y promueve la creencia de que, entre menos veamos como humanas a las personas que encarnan el problema, estamos más seguras. Eso es parte del imaginario clasista, misógino y racista de la opinión pública.» (Elena de Hoyos, Marisol del Águila y María Luisa Villanueva).
Resulta necesario reflexionar sobre de dónde nace la urgencia de cuestionar el punitivismo desde el crisol del feminismo.
Los punitivismos son diversos y sobre las mujeres, parecen recargarse con mayor ahínco. Sólo bastaría con mirar el derecho penal que pretende criminalizarlas por aborto o quizás las lastima con tortura y fabricación de delitos porque su pareja sentimental estaba ligado al crimen organizado.
El primer acercamiento que se da es construido por todas las autoras que participaron en el documento, donde se expresa que el punitivismo es una “forma de resolver conflictos o de responder a situaciones dolorosas o a daños, reales o percibidos” que incluye “encerrar, apartar, castigar y hacer sufrir a quien se percibe que causó ese daño”.
Se desmenuzan algunas justificaciones que son reveladoras, pues la realidad es que la visión de justicia retributiva es algo esperado; desear que quien produzca daño pague por sus acciones. Estefanía Vela Barba identifica 3 escenarios que abren la posibilidad de la justificación.
El punitivismo vengativo: Considerar que una persona merece estar en la cárcel, una encarnación de la visión de justicia.
Punitivismo inhabilitador: Apartar a personas que representan un riesgo social, de forma concreta, la separación de personas que necesitan ser contenidas en otros espacios por un bien «común».
Punitivismo disuasivo: Cuando se pretenden cambiar comportamientos dañinos mediante la materialización del castigo.
«Lo que a mí me interesa criticar es el aparato punitivo y no la razón para su uso porque —que quede claro— puedo coincidir con las razones que motivan su uso», escribe Estefanía Vela.
Mujeres y punitivismo: Más castigo y prisión preventiva
Según el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales (CNSIPEE) 2024, del 2020 a la fecha ha existido un recrudecimiento de la prisión preventiva sobre las mujeres, quienes tienden a permanecer bajo esta medida con mayor incidencia en comparación de sus congéneres, por ejemplo, en 2023 el 36% de los hombres fue imputado con esta medida cautelar; las mujeres en un 46.9%, esto representa 10 puntos porcentuales más.
El 22% de estas mujeres esperará más dos años para recibir una sentencia y sólo el 19% esperará menos de 3 meses para terminar oficialmente la prisión preventiva -con una sentencia favorable o condenatoria-.
¿Lo más preocupante? A pesar de que el grueso poblacional condenado a una pena sea mayormente masculino, son las mujeres quienes reciben las sentencias más grandes.
Mientras que el 20.7% de los hombres reciben, -mayoritariamente- sentencias de hasta menos de 10 años, el 11% de las mujeres reciben 50 años o más de prisión, la mitad, sólo el 5.5% de los hombres alcanzan esta altísima sentencia.
En un vistazo rápido, en 2023 los hombres cometieron 309 mil 571 delitos; las mujeres 18 mil 406. Aún con esto, el castigo que reciben las mujeres es el doble de alto que sus congéneres. ¿Qué delitos cometen? Según la CNSIPEE, el robo y el secuestro; los hombres, secuestro y homicidio a nivel federal.
La mayoría de estas mujeres tiene entre 30 y 34 años, y usualmente, su grado educativo máximo es la educación secundaria. Otra interseccionalidad importante es su origen, pues al cierre de 2023, 8 mil 175 personas indígenas estaban privadas de su libertad, mayormente, de origen náhuatl.
Claudia Alarcón reflexiona en «Aportes generales de los feminismos al antipunitivismo» sobre algunas de las preguntas más frecuentes entre las feministas y qué tanto se pueden establecer criterios del movimiento para incidir en la abolición de la criminalización y el castigo.
Alarcón arroja algo fundamental y es que, criminalizar la conducta individual faculta y autoriza al Estado a intervenir en la regulación del orden social mediante la aplicación de castigos provistos de intencionalidad.
Entonces, ¿en qué momento se encuentra el feminismo con el antipunitivismo? La autora rescata que las críticas feministas promueven el diálogo y el trabajo conjunto con otros movimientos, teniendo por objetivo, atender las conductas transgresoras y transformar las violencias estructurales.
Es Luz Piedad Caicedo Delgado en «Feminismos antipunitivistas: un repaso» quien acota que la cárcel funciona como un aparato represor y reproductor de exclusión, donde se reproducen distintas estructuras de violencia y dominación, como por ejemplo, el colonialismo, el racismo, el sexismo o el capacitismo; un arma que pretende golpear, particularmente, a las personas en situación de vulnerabilidad como las personas precarizadas o racializadas.
Precisamente Luz Piedad cita a Angela Davis en ¿Son obsoletas las prisiones? para esbozar algunas realidades de qué tanto se puede «restaurar» el tejido social a través del uso de un sistema carcelario y cómo, por el contrario, acentúa la violencia contra las mujeres y las personas negras.
«La cárcel es un sistema creado para controlar y no para brindar seguridad. El feminismo, dicen estas autoras [Angela Davis, Gina Dent, Erica Meiners y Beth Richie], no puede sostener una agenda política transformadora si a la vez apuntala las estrategias represoras del Estado; es decir, si le solicita al Estado la creación de más delitos, más años de reclusión y más cárceles: “… el movimiento para acabar con la violencia de género y sexual … nunca puede aislarse del trabajo para acabar con la violencia del Estado, incluida la violencia policial”.
De forma concreta, el feminismo no puede luchar por causas justas como la abolición de la violencia de género, de fenómenos como el feminicidio, la tortura, la desaparición, el extractivismo de la tierra, el acceso al aborto libre y seguro, el abuso infantil o cualquier brecha de lucha de los distintos feminismos, si ésta, no se cuestiona el brazo opresor del Estado.
Más allá de poner el cuerpo por fenómenos aislados, resulta imperante que se derroquen las estructuras que los solapan, siendo el punitivismo, uno de los sistemas que más se conecta intrínsecamente con el patriarcado, el capitalismo y el colonialismo: La justicia penal es un brazo del patriarcado.
Luz Piedad Caicedo Delgado refiere que la autora Angela Davis sostiene que, en lugar de abogar por penas privativas de libertad y siempre buscar un mayor aumento de la represión, se deben construir sociedades más equitativas y libres donde todas las causas del crimen como la pobreza y la discriminación sean erradicadas.
Pero, ¿y si las mujeres representan apenas un mínimo de personas en condiciones carcelarias por qué es urgente nombrarlas? Entre las reflexiones de este documento de Intersecta se acota la forma en que, no sólo se trata de virar hacia las condiciones en que viven estas mujeres; las torturas sexuales que viven en el momento de su aprehensión, sino también, comprender todo el sistema que les atraviesa cuando, en su vida, se atraviesa el punitivismo -y no precisamente sobre ellas-.
Se reflexiona sobre cómo las mujeres vuelcan su vida a los cuidados de la persona que está privada de su libertad -su hermano, esposo, novio, abuelo-, y es que, la vida cambia cuando una persona allegada pierde su libertad. Para sostener este cambio y avanzar, son las mujeres de la familia quienes se ven en la necesidad de empujar las luchas; luchar por la libertad, por cuidar de los miembros de la familia, sostener a sus hijas e hijos, pero también, hacerse cargo de su familiar. Visitarlo, cuidarlo y básicamente, convertirse en el puente entre la cárcel y en el mundo exterior.
En «Evocar una justicia anti punitiva para casos de violencia basadas en género» de Viviana Rodríguez Peña se reconoce cómo, el sistema carcelario asegura todo castigo sobre el cuerpo femenino; la vigilancia y la disciplina sobre los cuerpos y la sexualidad de mujeres que les ha costado la vida y la dignidad de vivir de manera plena.
Como acompañante de mujeres en reclusión, Viviana Rodríguez ataja que las palabras más comunes entre las mujeres privadas de su libertad está la impunidad, injusticia, revictimización, maltrato, cansancio e ineficiencia. Estas son experiencias de vida que recuerdad que no se está garantizando la justicia, por el contrario, el Estado pasa a ser otro agente de la violencia -sexista y misógina, particularmente-.
Esto recuerda a la conversación con Elisa Zaldívar, privada de su libertad injustamente por un periodo de 6 meses por el delito fabricado de abuso infantil. En su experiencia, narró para la agencia las condiciones de vida al interior del Centro Penitenciario de Cancún, donde la mayoría de las mujeres que estaban privadas de su libertad eran inocentes; mujeres que fueron engañadas por su pareja, que estaban al momento de la aprehensión de su novio, que eran trabajadoras del hogar y sobre todo, mujeres sobrevivientes de violencia doméstica que habían cometido homicidio de su agresor; Zaldívar rescató que no era un discurso rosado de las mujeres inocentes, pues otras, reconocían haber sido responsables de crímenes, sin embargo, la diferencia entre estos dos grupos resultaba abismal.
Viviana Rodríguez reflexiona sobre:
¿Cómo imaginar una justicia antipunitivista para erradicar la violencia vivida por mujeres?
Uno de los actos a desmitificar es que el antipunitivismo no busca la justicia para las mujeres, por el contrario, pretende construir mejores agendas para garantizar una verdadera justicia restaurativa y segura. Si bien el encarcelamiento de agresores o potenciales feminicidas puede salvar vidas, la realidad es que muchas veces, este hecho es insuficiente; afuera, la vida de las mujeres puede continuar comprometida a través de amenazas, otras articulaciones de la violencia -como el sicariato- e incluso, la posibilidad de que el agresor quede en libertad y esta vez, cometa un feminicidio.
Así, Rodríguez esboza que, para lograr formas de justicia que no impliquen necesariamente la privación de libertad de los responsables de las violencias contra las mujeres, es necesario:
- Adoptar medidas de protección que paren la violencia y eviten su repetición, cuestionando de entrada la dominación sobre las mujeres.
- Atender las condiciones materiales que dieron lugar o mantuvieron la relación de poder y la discriminación a la mujer y que fueron funcionales para la violencia.
- Facilitar la comunicación y la reflexión sobre la ocurrencia de las violencias con la víctima, el agresor y sus entornos cercanos.
Esto se debe articular con otras herramientas poderosísimas para garantizar una verdadera prevención, cuidado y la erradicación de la violencia que el punitivismo no ha podido -ni podrá- resarcir: Medidas de protección oportunas, seguridad para superar la dependencia económica y cultural, la seguridad de las mujeres debe ser prioritaria.
Apuntando a esta poderosa cita de Viviana:
«El sufrimiento alcanza a otras personas, afecta el tejido social, impone nuevas cargas, muchas veces genera empobrecimiento y da lugar a otras violencias. Tampoco creo que las víctimas sean solo objetos de protección estatal, seres sin posibilidad alguna de sobrevivir a las violencias. Muchas de ellas han gestionado respuestas a la violencia y al riesgo por su propia cuenta, han sobrevivido a la violencia varios años y son personas con autonomía para decidir. Quieren y pueden definir lo que buscan en el proceso de justicia; algunas buscan venganza, por supuesto, pero varias buscan algo diferente al castigo que deshumaniza».
