Ciudad de México.– En América Latina y el Caribe, la participación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios ha ido en aumento, representando actualmente el 36% de toda la fuerza laboral en este sector, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Sin embargo, pese a su papel fundamental, las trabajadoras rurales siguen enfrentando brechas significativas que limitan el pleno ejercicio de sus derechos.
El informe de la FAO La situación de las mujeres en los sistemas agroalimentarios advierte que, aunque su presencia en el mercado laboral ha evolucionado, ocupando roles que van desde agricultoras y trabajadoras no remuneradas en el ámbito familiar, hasta vendedoras, empleadas y empresarias en actividades relacionadas con la producción y distribución de productos alimentarios, este aumento se ha vinculado parcialmente al predominio de la emigración masculina en la región, considerada como uno de los motores de la feminización de la agricultura.
Si bien esto ha significado avances positivos, como una mayor participación y mejoras en el poder de decisión de las mujeres, estos procesos no siempre se traducen en una mejora real del bienestar o en un empoderamiento efectivo de las mujeres rurales. Con la migración de los hombres, las mujeres rurales asumen nuevas tareas, pero ello no conlleva necesariamente una transformación en su posición subordinada dentro del hogar.
De igual forma, el informe señala que existe una mayor presencia de mujeres en trabajos agrícolas que, en su mayoría, no cuentan con un salario formal. Esto se debe a que muchas laboran como trabajadoras familiares contribuyentes, una forma de autoempleo vulnerable, ya que suele ser no remunerada y carece de acceso a la seguridad social. Al ser consideradas “ayudantes” en la explotación o empresa familiar, estos trabajos se desarrollan en contextos marcados por una alta informalidad.
En América Latina, casi la mitad (48%) de las mujeres que trabajan en la agricultura lo hacen como trabajadoras familiares contribuyentes, en contraste con solo un 9% de los hombres que desempeñan este tipo de función.
Además, aquellas mujeres que sí perciben un salario enfrentan una persistente brecha salarial, lo cual limita su autonomía y las coloca en una posición desventajosa dentro de los sistemas agroalimentarios, tanto en el ámbito agrícola como en los segmentos no agrícolas.
De acuerdo con la OIT, estudios de caso sobre trabajadoras agrícolas asalariadas temporales en siete países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Perú) muestran que, incluso desempeñando las mismas funciones, las mujeres reciben en promedio remuneraciones inferiores a las de los hombres.
Esta desigualdad se agudiza aún más en el caso de las mujeres indígenas. A nivel global, existe una brecha salarial del 18.5 % entre personas indígenas y no indígenas; en América Latina y el Caribe, esta brecha se amplía hasta el 31.2 %, siendo la más alta del mundo.
Según la FAO, si se lograra eliminar la brecha de género en la productividad agrícola y se erradicaran las diferencias salariales en el sector, el PIB mundial podría aumentar un 1%, lo que equivale a casi 1 billón de dólares. Esta mejora también reduciría la inseguridad alimentaria en un 2% y beneficiaría a aproximadamente 45 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria.
A nivel global, las mujeres presentan mayores niveles de inseguridad alimentaria que los hombres, una desigualdad que se profundizó durante la pandemia. Aunque entre 2021 y 2022 se logró una leve disminución de esta brecha en América Latina, la región continúa concentrando a varios de los países donde la diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a inseguridad alimentaria sigue siendo significativamente alta. Por ello, la búsqueda de mecanismos para abordar esta problemática sigue siendo urgente.
Acceso a la tierra, financiamiento y tecnología
Ante este panorama, se vuelve crucial fomentar un aumento significativo en el acceso de las mujeres a activos y recursos como insumos, propiedades, servicios, medios financieros y tecnología. Esto es esencial para generar condiciones de igualdad en las oportunidades económicas.
Este acceso tendría impactos positivos importantes. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres sean propietarias de la tierra puede fortalecer su autonomía económica y su poder de negociación. Esto se traduce en una mayor libertad de movilidad y una mejor capacidad de acceso al mercado. Incluso, de manera indirecta, estos factores pueden influir en la reducción de la violencia de género en ciertos contextos.
En ese sentido, el informe destaca que, en países como Nicaragua, se ha observado que la propiedad de la tierra por parte de mujeres se asocia significativamente con una disminución de la violencia física y psicológica ejercida por sus parejas.
Del mismo modo, el acceso a la tecnología resulta fundamental para aumentar la eficiencia y la productividad en los sistemas agroalimentarios, así como para permitir la participación de las mujeres en cadenas de valor de alto nivel y en mercados más rentables. En países de renta baja y media-baja, las mujeres suelen tener menos acceso que los hombres a recursos fundamentales como semillas mejoradas, fertilizantes o equipos mecanizados.
A esto se suma el hecho de que la maquinaria y las herramientas agrícolas suelen estar diseñadas pensando en trabajadores varones, lo que representa una barrera adicional para la adopción de tecnología por parte de las mujeres.
En cuanto a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), también es esencial garantizar la inclusión de las mujeres. A través de estas herramientas, pueden obtenerse numerosas ventajas económicas, ambientales y sociales: desde mejorar la disponibilidad de servicios en áreas rurales, reducir gastos de transacción, optimizar el uso de insumos y recursos naturales, hasta fortalecer la resiliencia frente a impactos y crisis.
Si bien el índice de penetración de internet entre hombres y mujeres ha aumentado en los últimos años, y la brecha de género en el acceso ha disminuido, aún persiste una diferencia significativa a nivel global. No obstante, la región de las Américas es la que presenta la menor brecha de género en el uso de internet en el mundo.
Recomendaciones
Por todo ello, ante la persistente desigualdad en el sector agroalimentario, la FAO propone métodos eficaces para reducir la brecha de género en el acceso de las mujeres a recursos productivos como la tierra, el agua, el ganado, los servicios de extensión y la tecnología. Entre las estrategias sugeridas se encuentra el diseño de intervenciones integrales que aborden múltiples limitaciones enfrentadas por las mujeres, el fomento de la acción colectiva y de organizaciones rurales, así como la implementación de reformas y programas que garanticen la titulación y el registro conjunto de tierras.
También se ha demostrado la eficacia de intervenciones centradas en mejorar el acceso de las mujeres a formación y desarrollo de capacidades, mediante sistemas de extensión que respondan a sus necesidades y limitaciones. Una mayor educación y capacitación puede fortalecer las demandas de las mujeres en cuanto al acceso y propiedad de recursos. De hecho, la alfabetización y educación femenina han contribuido significativamente a una mayor equidad de género en la propiedad de tierras en América Latina.
Finalmente, resultan esenciales las políticas públicas que buscan explícitamente cerrar la brecha digital de género. En algunos países de América Latina y el Caribe, como Costa Rica, se han establecido metas claras de inclusión de la mujer en políticas nacionales de acceso a banda ancha, las cuales han demostrado ser efectivas.
