Ciudad de México.- La presencia de militares se convirtió en una de las figuras incómodas en los últimos días; su presencia tensa a la población con el desalojo del Multiforo cultural Alicia el viernes 30 de junio y luego cuando se les ubicó a algunos miembros del ejército en plena Sala de Sesiones, por lo que este avance en el espacio público es evidente desde la reforma que implicó la extensión de las facultades en el espacio civil de las fuerzas castrenses y la adición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La presencia de fuerzas castrenses en el espacio público -ya sea por accidente, como maneja el gobierno de la CDMX o por invitación en el INE-, implica un cambio de paradigma importante que más allá del mensaje, implica una transformación de la vida pública, particularmente, de grupos prioritarios. Ejemplo concreto de esto, son las mujeres mayas al sur del país que, desde la construcción del Tren Maya, han tenido que modificar toda su rutina a causa de la presencia militar; han dejado de acudir a los mercados a vender su mercancia, a acudir a las plazas con sus amigas y a encerrarse en sus casas antes de que anochezca por temor a encontrarse con «los verdes».
La presencia del Ejército trae a colación el debate sobre estos cuerpos del Estado y qué tanta facultad tienen para invadir, ya no sólo las zonas -por ejemplo- de desastre como apoyos de refuerzo, sino también, las calles de la ciudad y las instituciones electorales que presumen de su autonomía.
Si bien las autoridades, incluso las federales, se han pronunciado en contra de los protocolos que permiten el despliegue del Ejército para desalojar espacios culturales, la realidad es que estos avances lentos -pero evidentes-, podrían ser evidencia de algo más grande, según advierten distintas organizaciones que se han posicionado férreamente en contra de las fuerzas armadas y la Guardia Nacional bajo el ala de la SEDENA.
Un análisis de Data Cívica e Intersecta en colaboración con grupos y organizaciones feministas titulado Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las fuerzas armadas publicado en agosto de este año señala que las violaciones a los derechos de las personas migrantes y mujeres se han exacerbado desde el avance de las fuerzas armadas en el espacio público.
El informe recoge los criterios para la participación legítima de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública, recomendados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la resolución del caso Alvarado, —relacionado con la desaparición de dos mujeres y un hombre por elementos castrenses en 2009, en Chihuahua— con el propósito de salvaguardar los derechos humanos de las personas.
Los criterios señalan:
- Que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso.
- La intervención de las fuerzas armadas está subordinada y complementada a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial.
- Debe ser regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia.
- De ser fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces.
- No obstante, estos criterios no se incluyeron de forma explícita en la reforma a la Guardia Nacional y con estas muestras públicas dadas este fin de semana en la Ciudad de México, resulta una obviedad que tampoco se cumplen.
Militarizar las calles como política de miedo no solo significa incrementar los abusos contra las mujeres, sino también las detenciones arbitrarias, desapariciones, agresiones físicas, torturas y violencia sexual donde la impunidad se convierte en mancuerna.
El micrositio «Bajo la bota», espacio gestionado y alimentado por varias organizaciones de la sociedad civil y periodistas, explica que la militarización ha facilitado la criminalización de las personas migrantes y los impactos diferenciados que esta tiene sobre las mujeres, particularmente las afrodescendientes.
El sitio ha documentado que la Guardia Nacional y el personal militar están entre los principales agresores de las niñas y mujeres migrantes, muchas de ellas candidatas para protección humanitaria tras huir de violencia feminicida y criminal en sus respectivos países de origen.
En un diagnóstico del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), UNICEF y el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, 30 % de las mujeres entrevistadas en albergues para migrantes entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por autoridades identificadas como militares o GN, durante su trayecto en México, documentó Bajo la bota.
“Les quitan dinero, las bajan de los camiones y las someten a violencia física y psicológica, muchas veces frente a sus hijas e hijos. Las mujeres han reportado que la violencia consiste, entre otras, en extorsiones, tortura de sus parejas frente a ellas, amenazas de detención, intimidación, abuso sexual y separación familiar”.
Entre las últimas documentaciones, sin que sea una cifra definitiva, sino sólo una muestra de un universo indeterminado de casos, la Investigación “Permiso para matar” publicada este año, señala que fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad.
Defensoras se pronuncian
Espacios como el CCU Tlatelolco de la UNAM, Data Cívica y el Centro Prodh, externaron su preocupación sobre el avance de la presencia militar, particularmente, en la vida cotidiana de las y los ciudadanos.
«Preocupa que la militarización se extienda también a labores de protección civil en espacios emblemáticos de la capital» (Centro Prodh).
Y mientras estos 2 escenarios -elecciones y foro Alicia- se gestaron este fin de semana, la cuestión radica en saber qué mensajes envía la presencia del Ejército a la población y si su presencia, implica un detrimento a los derechos humanos de las personas, particularmente, de sectores vulnerables, como mujeres, adolescentes, comunidades migrantes e indígenas.
Militares en el Foro Alicia: La lucha de las juventudes contra las fuerzas armadas
El viernes 30 de mayo, el Multiforo Cultural Alicia fue desalojado por elementos del Ejército, el argumento fue el sobrecupo. Esto, a pesar de que el concierto estaba en aras de comenzar y en ningún momento se estrechó comunicación previa en caso de comprobarse esta sobreventa de boletos.
Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y policía local arribaron al emblemático foro para rodearlo y comenzar a sofocar el espacio, refiriendo que había falta de permisos. La multitud que había acudido al concierto del español Fermín Muguruza salió del multiforo entre empujones; afuera, los elementos con armas largas ya estaban en fila.
De forma sucinta, muchas personas comenzaron a grabar los hechos, denunciando que se estaba haciendo uso del exceso de la fuerza pública, pero que además, este hecho representaba un doble discurso: La cooptación de espacios culturales, de ocio y esparcimiento.
El gobierno de la Ciudad de México se limpió la culpa, refiriendo que se darían con los responsables de esta orden que atentaba contra las libertades de la población, mientras que la alcaldía Cuauhtémoc y su administración de Alessandra Rojo de la Vega negaron saber el hecho. Así, entre culpas echadas, la última en pronunciarse fue la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio.
La presidenta refirió que la actuación no había sido correcta y que se harían las debidas diligencias para saber qué sucedió con ese protocolo de actuación.
El tema ahí se zanjó, pero las culpas repartidas continúan entre el gobierno de la capital y la alcaldesa de la Cuauhtémoc, quien se ha defendido refiriendo que nadie le notificó a la alcaldía sobre el desalojo del Multiforo Alicia y mucho menos, que habría soldados en el lugar. Así, mientras el gobierno de Brugada intenta sacudirse la responsabilidad refiriendo que la Cuauhtémoc intenta «lavarse las manos», la realidad es que aún no se sabe el hilo conductor sobre quién giró la orden de llamar a las fuerzas castrenses.
Lo que sí resulta una obviedad, fue la incomodidad civil de la presencia del Ejército y la Guardia Nacional, hecho que ha producido la inmediata reacción de los espacios universitarios de la UNAM exigiendo respuestas sobre por qué un espacio de convivencia y cultura terminó por ser intervenido por hombres fuertemente armados.
El nexo entre la lucha de las juventudes por defender sus espacios de las fuerzas armadas es una historia ya contada; el sector universitario, cultural y artístico son importantes sectores detractores al avance del Ejército. Desde los movimientos civiles contra los regímenes liderados por estudiantes, hasta la defensa incisiva de las universidades, resulta necesario recordar que para el Ejército, esos grupos poblacionales no sólo son incómodos, sino también, considerados una amenaza para el status quo.
Militares en el INE
Elementos de la Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) arribaron a la sesión del Consejo General del INE, despertando las señales de alerta entre las personas consejeras que se encontraban en la reunión; cuatro hombres uniformados se presentaron en las mesas del Instituto Nacional del Electoral, despertando las dudas sobre los alcances de su participación en las discusiones electorales.
En cada jornada electoral, el INE tiende a desplegar estas mesas de trabajo a fin de garantizar una coordinación segura, transparente y democrática; estas discusiones se gestan de forma habitual, sin embargo, esta sería la primera vez que elementos de las fuerzas armadas participan activamente en estos espacios.
Entre las críticas más duras, se cuestionó la posición de estas personas del Ejército; se les colocó en las primeras filas, justo detrás de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei; un lugar exclusivo para el personal de la secretaría ejecutiva. Lo que infirió que se buscó que su presencia fuese completamente visible ante cámaras y medios de comunicación, alrededor, las y los consejeros se miraban desconcertados. El consejero Jaime Rivera denunciaría poco después: «las y los consejeros no fuimos consultados ni informados de ello».
Tanto el investigador expresidente del organismo, Lorenzo Córdova como el exconsejero Alfredo Figueroa denunciaron que el hecho no sólo era preocupante, sino también, implicaba un parteaguas en la forma de entender los procesos electorales.
«Nunca en la historia política del IFE-INE autónomos vimos a militares en la sesión del Consejo General», atinó Alfredo Figueroa, mientras que Lorenzo Córdova advirtió:
«Una cosa es la indispensable colaboración con las fuerzas armadas, otra que tengan presencia —aunque sea como público—en los órganos de decisión del INE… De ser cierto, es algo inédito y símbolo de los nuevos tiempos [sic]»
De estos señalamientos, Taddei ha salido a defender el hecho revirando que «no se pierde la autonomía, por Dios» y ligó la presencia de las fuerzas armadas a una simple cortesía que el Ejército había tenido con el INE, atajando que habían participado para acotar temas en materia de seguridad y recordó que el INE siempre ha estado bajo resguardo de las fuerzas armadas.
«Me parece un exceso porque siempre hemos puesto la confianza en la autoridad», dijo Guadalupe Taddei.
En su mañanera de este lunes, Claudia Sheinbaum también ha acotado el caso, defendiendo que la presidenta del INE les había invitado para que «conocieran» las reuniones de seguridad y rechazó categóricamente la injerencia militar, refiriendo que sólo se trataba de actos de desinformación en un intento de manchar el proceso democrático: «México va hacia adelante, es extraordinario lo que está pasando», zanjó la mandataria.
Y así, bajo el escudo de una invitación exclusiva, el tema ha pasado a segunda plana, aunque los hechos han despertado la incomodidad de funcionarias y funcionarios del INE quienes mantienen firme su señalamiento de no haber sido consultados con esta maniobra y que Taddei actuó de forma unilateral. Sin importar el escenario donde se mire, la realidad es que este fin de semana, la presencia de las fuerzas castrenses fue una constante en el espacio público y más que producir la tranquilidad de un «avance» como ha atajado la presidenta, coloca al centro saber con qué facilidad se puede demandar la presencia de fuerzas armadas a las calles e instituciones del país.
Violaciones a los derechos humanos y la tensión de militares en el espacio público
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