Es muy común que el ruido electoral silencie temas de fondo, como es la violencia contra las mujeres que sigue sin tener respuestas efectivas por partes de las autoridades donde la negligencia y la falta de prioridad cobra vidas. Hablamos de la vida de las mujeres que quedan a merced de sus agresores, empoderados por la inacción estatal, pues saben que difícilmente se hará algo.
Y entre más alejadas de los centros neurálgicos sociales y políticos ocurren las violencias contra las mujeres, más impunidad se suma, más dolor y más invisibilidad. Por ello quiero traer a la luz a Maricruz García Margarito, mujer indígena de Guerrero quien el 27 de marzo de este año fue desaparecida por hombres armados y encontrada sin vida tres días después.
Que ha ocurrido desde entonces, casi nada. Las autoridades judiciales de San Luis Acatlán municipio en el cual vivía Maricruz, simplemente han dejado pasar el tiempo y al único detenido que tenían las autoridades lo liberaron para emitir un día después la orden de aprensión en su contra y para dos personas más.
Orden de aprensión que se logró después de las movilizaciones que la familia de Maricruz y vecinos han hecho ante las autoridades para exigir justicia.
Maricruz se ha convertido en un símbolo en su comunidad Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, por ello, el día de su sepelio, el 3 de abril, además de las flores fue despedida con globos y cartulinas exigiendo justicia y acompañada por prácticamente todo el pueblo.
La inacción de las autoridades es la que manda el terrible mensaje de que se puede violentar, desaparecer y asesinar a las mujeres sin temor a la justicia.
En el caso de Maricruz no es la excepción por desgracia, a decir de su madre, a quien entrevisté el día de ayer, tanto la Jueza Adelina Adame Morales como el Ministerio Público Pedro Araujo Leónidas, solo han dejado pasar el tiempo pese a tener los datos de los presuntos feminicidas y tener las ordenes de aprensión, le han pedido a doña Aurelia Margarito, mamá de Maricruz, localizar a los feminicidas y avisarle a la autoridad para que los puedan detener.
Como en muchos casos donde los feminicidas son partes de estructuras criminales, la exigencia de justicia trae consigo el amago para las familias. Doña Aurelia, ha empezado a recibir amenazas por la exigencia de justicia para Maricruz y pese a denunciarlo ante el MP que lleva el caso de Maricruz, la respuesta que ha tenido es que no haga caso.
Recordemos que el municipio de San Luis Acatlán es parte del “programa estrella” del gobierno de Evelyn Salgado que en noviembre de 2021 fue dado a conocer con bombo y platillo, como La estrategia para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes en las regiones de la Montaña y Costa Chica, acuerdo firmado por 21 presidentes municipales entre ellos el de San Luis Acatlán, donde fue asesinada Maricruz.
La gobernadora Evelyn Salgado y su programa fue respaldado, como en ningún otro estado, por autoridades federales, a través del Instituto Nacional de las Mujeres, con su titular Nadine Gasman e incluso ONUMujeres estuvo presente a través de su titular, Belén Saenz.
Este programa que surge tras la visita presidencial a la montaña donde mujeres reclamaron la falta de acción gubernamental ante la venta de niñas en la región, tiene tres líneas de acción, una de ellas es el acceso a la justicia para las mujeres y que como vemos no está dando resultados después de casi dos años de haberse puesto en marcha.
Qué paso con lo dicho entonces, dónde quedó el seguimiento de estas acciones que desde 2021 se supone iniciaron, cuáles son los balances que se tiene, lo que hay son declaraciones generales y felicitaciones que confirman que los actos de gobierno pomposos no funcionan si las acciones que se presumen no se aplican ni se evalúan.
Investigaciones periodísticas del estado de Guerrero señalan que la famosa estrategia se quedó en la nada.
Tristemente fueron muchas luces que se apagaron pronto y volvieron a dejar en la oscuridad a las mujeres de Guerrero.
Porque es esta región de la Costa chica y Montaña las mujeres, como Maricruz enfrentan con mayor crudeza las desigualdades profundas de la pobreza y la marginación, donde el año pasado el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan documento 202 denuncias de mujeres de la región que indicaron haber sufrido algún tipo de violencia.
El mismo Tlachinollan ha documentado casos en donde el propio ministerio público criminaliza a las mujeres indígenas por denunciar la violencia que sufren.
La familia de Maricruz teme que, si el caso queda en lo local, no habrá justicia, pide a las autoridades federales tomen cartas en el asunto, es momento que los reflectores de la Gobernadora Salgado y quienes la respaldan brillen en este caso y lo prometido en noviembre de 2021 se cumpla haciendo la justicia que se requiere.
