Ciudad de México.- Entre 2021 y 2022, la violencia vicaria aumentó 14.09 por ciento, con afectaciones a 22 mil 904 niñas y niños víctimas de esas violencias la cual se ejerce contra las mujeres utilizando a sus hijos, hijas, personas de la tercera edad o con discapacidad o incluso bienes materiales, causándoles daño o amenazando con hacer algo en perjuicio de aquellos con el objetivo de hacerlas sufrir.
En un sistema patriarcal como el mexicano, las diversas formas de violencia contra las mujeres -poco más de la mayoría de la población nacional- suelen existir al amparo del sistema de justicia y de las estructuras sociales; sin embargo eso está cambiando poco a poco.
Así lo documenta la investigación “La violencia vicaria: Acciones desde el legislativo federal y local para su prevención y erradicación”, del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, en la cual señala que a la fecha el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares reconoce a la violencia vicaria como un tipo de violencia contra las mujeres y ordena medidas de protección para las víctimas.
Mientras que en el Senado existen 38 iniciativas de reforma a leyes secundarias para incorporar este concepto en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Civil Federal y al Código Penal Federal, entre las que se incluyen promover, incitar o fomentar actos de violencia psicológica que descalifiquen la figura materna afectando el vínculo materno filial; interponer acciones legales con base en hechos falsos o inexistentes, en contra de las mujeres para obtener guarda y custodia, cuidados y atenciones o pérdida de la patria potestad de las hijas o hijos en común; y condicionar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias.
Pese al incremento de la violencia vicaria al interior de los hogares y del daño ocasionado a niñas, niños y adolescentes, aun existen seis estados que no reconocen este tipo de violencia, como son Chiapas, Chihuahua, Durango, Jalisco, Tabasco y Veracruz. En Coahuila y Quintana Roo, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, informó que si bien, son estados que cuentan con una ley vicaria, están ‘mal hechas y dejan en estado de indefensión a mujeres, infancias y adolescencias’. En el resto de los estados, la violencia vicaria está regulada en más de 60 ordenamiento locales.
Fue apenas el 8 de mazo de este año cuando la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 460 votos, reformas para incorporar la violencia vicaria en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. La adición del artículo 7 Bis establece que:
“La violencia vicaria es la acción u omisión cometida en contra de una mujer, por la persona con la que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato o relación de hecho, con la intención de causarle cualquier tipo de daño o sufrimiento, separarla de sus hijas e hijos y causar desapego en el vínculo materno-filial, utilizando la violencia”.
De acuerdo con la Encuesta Nacional acerca de la Violencia Vicaria en México (2022), realizada por el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria (FNCVV), la Ciudad de México ocupa el primer lugar con mayores casos de violencia familiar, seguido por el estado de México y Nuevo León, y una de las formas más insidiosas de la violencia contra la mujer, es la familiar.
En el 80 por ciento de los casos analizados (2,231 mujeres sobrevivientes fueron entrevistadas en todo el país), las víctimas fueron separadas de sus hijos de forma inesperada, con previas amenazas y sin tener contacto con las hijas e hijos.
La encuesta revela también que, en 9 de cada 10 casos de violencia vicaria, los agresores cuentan con formas de bloquear los procesos legales de manera ilegal. Estos bloqueos pueden explicarse principalmente con tráfico de influencias, recursos económicos y sobornos. Además, según la encuesta del FNCVV se identificó que uno de los impactos más importantes entre las mujeres víctimas este tipo de violencia es que dedican “una tercera parte de una jornada laboral a la semana en atender temas legales”.
A pesar que casi el 80 por ciento de las víctimas entrevistadas generan ingresos por ellas solas, no les es suficiente para solventar sus gastos familiares, más los procesos legales en contra del agresor. Además casi en la totalidad de los casos, el agresor presenta ventaja legal y económica en contra de la víctima.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), entidad que debería encargarse de proteger a las mujeres, niñas, niños y adolescentes, no ha dado solución a las 150 solicitudes de apoyo desde el 2020 ingresó el FNCVV. Incluso, varias organizaciones como el FNCVV, Cam-Cai Colectiva de Amorosas Madres contra la Violencia, 25 Día Naranja, Colectivo CESODI, Unión de Madres Protectoras, Madres Unidas, Madres Exigiendo Justicia contra la Violencia Vicaria, Brazos Vacíos, Unión de Madres Protectoras de América Latina y CeMujer, denunciaron que la CNDH tuvo una reunión con grupos agresores de mujeres, motivo por el cual, en mayo, decidieron retirarse de las mesas de diálogo que mantenían con la finalidad de realizar un foro de discusión sobre el tema.
El término vicario proviene del latín vicarius, utilizado como adjetivo. La Real Academia Española lo define como aquello que sustituye, reemplaza o toma el lugar de otra persona en la vivencia de una situación o de una cosa en el ejercicio de una función.
Ejemplos más comunes de esta violencia son amenazas, sustracción y maltrato de niñas, niños y adolescentes; hablar mal de las madres o humillarlas o interrumpir tratamientos médicos o farmacológicos de los niños y niñas.
La investigación “La violencia vicaria: Acciones desde el legislativo…”, concluye apuntando que es necesario abordar la sanción de este tipo de violencia no solo desde una perspectiva de género sino desde un enfoque en el principio del interés superior de niñas, niños y adolescentes.
Colectivos como Mucha Madre Coatlicue Tonanzin, Ley Sabina Nacional y Las de Violeta han realizado violentómetros vicarios para ejemplificar acciones o actitudes que pueden evolucionar a este tipo de violencia o pueden terminar en sustracción de menores.
