Ciudad de México.- El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA,) deberá estar listo a más tardar el próximo 2 de marzo del 2024, donde aparecerán todos los deudores alimentarios y solventará la ausencia de información sobre quienes no cumplen con sus deberes, además para que las personas inscritas no puedan ejercer cargos públicos y de elección popular.
De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en México hay 4 millones 180 mil hogares con padres ausentes, esto quiere decir que esas familias cuentan con un sustento económico gracias al trabajo de una madre autónoma.
En 2021, el 47.9 por ciento de los divorcios registrados en el país, se asignó al menos a uno de los divorciantes el pago de pensión alimenticia para las o los hijos, en una década aumentaron divorcios de 13 por cada 10 mil habitantes en 2012 a 16.9 en 2021, señala el INEGI.
Según un análisis publicado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, en México es poca la información sobre el impacto económico en los hogares después de los divorcios y no se cuenta con estadísticas administrativas sobre la situación del incumplimiento en pago de pensiones alimenticias y sus consecuencias en el bienestar de las infancias, juventudes y las mujeres.
Sin embargo, los divorcios tienen mayores secuelas negativas para las mujeres y a las infancias, que los hombres, porque ellas suelen tener ingresos menores; en la mayoría de los casos las mujeres son las que continúan viviendo con las hijas e hijos después de la ruptura, y con frecuencia los hombres dejan de colaborar económicamente para la manutención de sus hijas/os cuando se disuelve el vínculo conyugal, lo que vulnera sus derechos a la alimentación, la salud, la educación y su desarrollo integral.
La Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia, que preside la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, llevó a cabo el foro nacional “Por una niñez más protegida: Instrumentación y alcances del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA)”, en el cual participaron especialistas y funcionarios.
La diputada del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, afirmó que 8 de cada 10 hogares de padres separados no reciben una pensión alimentaria, es decir, los hombres no atienden su responsabilidad moral, social y paternal.
Dijo que la reforma que permitió la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias tuvo como propósito velar por los derechos de las mujeres ante la carga económica, de cuidado y social, que asumen solas respecto al desarrollo de sus hijas e hijos.
De igual manera, agregó, se busca garantizar el interés superior de la niñez, es decir, crear mecanismos que les permitan hacer realidad el ejercicio de sus derechos y satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, salud y educación, lo cual es fundamental.
En ese marco, el director general de Asuntos Jurídicos del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de Familia (SNDIF), Alejandro Cárdenas Camacho, detalló que el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias opera de forma digital, pública, gratuita y únicamente alberga la información de deudas alimentarias decretadas en favor de las niñas, los niños y los adolescentes.
Subrayó que el acceso al Registro tendrá tres modalidades: consulta pública, acceso directo para los tribunales y por parte de las procuradurías de protección a la niñez.
Asimismo, comentó que los tribunales tendrán la obligación de suministrar mensualmente la información de los deudores alimentarios morosos.
Mencionó que el pasado 8 de mayo de 2023, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el «Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de pensiones alimenticias», en el que se estipula la creación del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias.
Por otra parte, Alejandro Cárdenas Camacho propuso que se disminuya a 5 días el plazo para llevar a cabo la inscripción y no 90 días como actualmente se estipula. al mencionar que la iniciativa surgió, ya que en México no se contaba con un número o registro que contabilizará el número de personas que no cumplen con sus obligaciones alimentarias, afectando el derecho superior de niñas, niños y adolescentes.
Cabe recordar que para crear el Registro, ayudó en gran medida la presión de colectivos feministas quienes denunciaron a miles de deudores alimentarios por medio de internet y a las marchas convocadas por los mismos. De esa manera, se logró modificar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la Ley Electoral, particularmente en lo que tiene que ver con la declaración 3 de 3 contra de la violencia de género en ese ordenamiento.
En el foro nacional “Por una niñez más protegida: Instrumentación y alcances del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RENOA)”, realizado en San Lazaro, también participó Patricia Olamendi Torres, defensora de las mujeres, quien se congratuló por este avance legislativo; no obstante, indicó que se debe trabajar para que en el país ser deudor alimentario sea razón de rechazo, señalamiento, vergüenza, deshonestidad.
Indicó que los juicios por pensión alimentaria tienen una duración de aproximadamente siete años, por lo que pidió diseñar acciones que eviten que los juzgadores permitan y solapen que los hombres no cumplan sus responsabilidades, y declare desde el inicio de los procesos jurídicos una pensión provisional. También solicitó que estas personas no puedan acceder a un cargo público.
En su oportunidad, Rebeca Yolanda Bernal Alemán, abogada y defensora de los derechos de las mujeres y de la niñez, expresó que es fundamental capacitar a las autoridades jurídicas sobre la perspectiva de la infancia a efecto de que imparta justicia como es debido y exhortar a las instancias locales desde los congresos para que cumplan con los lineamientos de este Registro.
Planteó que el plazo de 90 días para que las personas sean inscritas al RENOA es enorme, por lo que propuso concientizar y dar a conocer a los niveles de gobierno y autoridades que hay un artículo en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes que establece que se podrá pedir el certificado de no inscripción en dicho Registro.
Por su parte, Angélica de la Peña Gómez, exsenadora de la República y defensora de los derechos de las mujeres, mencionó que el interés superior de la niñez debe obligar a ver con otro enfoque cómo garantizar los derechos alimentarios, y ante ello el Estado tendrá que tomar decisiones de manera estructural y progresiva.
Consideró necesario que se trabaje para que los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE) contemplen los criterios de la Ley “3 de 3” contra la violencia para evitar que lleguen a cargos públicos los deudores alimentarios.
Ningún deudor alimentario sea candidato
La consejera electoral de Tabasco, María Elvia Magaña Sandoval, informó que en esta entidad existe resistencia para ejecutar la reforma constitucional al artículo 38 en materia de deudores alimentarios morosos, por lo que los lineamientos emitidos por ese organismo han sido impugnados por algunos partidos políticos.
Ante ello, planteó que se deben implementar acciones para que todas las instituciones del Estado mexicano empujen y permitan que se hagan efectivas estas reformas constitucionales que dieron origen al RENOA.
La diputada del Congreso de Yucatán, Carmen González Martín, dijo que su entidad ya realizó las adecuaciones normativas a su Código Penal y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Públicos relacionados con bienes muebles, para dar origen a la creación del Registro de Deudores Alimentarios.
Por otra parte, propuso que quienes reciban apoyos, becas, fondos gubernamentales y sean deudores alimentarios no puedan acceder a ellos.
La feminista, defensora de derechos humanos y activista política, Yndira Sandoval, indicó que se está a 9 días de vencerse el plazo para que las entidades federativas armonicen sus legislaciones; sin embargo, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Michoacán, Campeche y Nuevo León no lo han realizado.
Se pronunció porque los partidos incorporen en sus convocatorias internas los criterios de la Ley “3 de 3”, ya que estos deben ser los primeros filtros para terminar con los deudores alimentarios.
Agregó que el siguiente paso es trabajar en las sanciones para que los partidos pierdan su registro en caso de que postulen como candidatos a quienes estén inscritos en el RENOA.
En marzo del 2023 se aprobó por el Congreso de la Unión la modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y publicado en el Diario Oficial de la Federación en mayo del 2023, la creación del Registro que está a cargo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), quien ya informó esta en la elaboración de este.
El RENOA gracias a la 3 de 3
El Registro será público y se actualizará mensualmente con las personas que adeuden pensiones mayores a 90 días. La base de datos contará con nombre, CURP y RFC del deudor, el órgano que ordenó la inscripción, el monto de la obligación alimentaria y el plazo de pago.
Los Tribunales Superiores de las entidades federativas y de la Ciudad de México suministrarán, sistematizarán y actualizarán la información que se genere sobre el incumplimiento de las obligaciones alimentarias para integrarse al Registro Nacional de Obligaciones.
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias emitirá certificados de no inscripción, para lo cual dispondrá de un sitio web en el cual se genere automáticamente el certificado de forma gratuita.
Las autoridades municipales, estatales y federales podrán exigir como requisito la presentación del Certificado de no inscripción para los trámites de licencias de conducir, pasaporte, para participar como candidatos de elección popular, jueces o magistrados, compra venta de bienes inmuebles y solicitudes para matrimonio.
El requisito para poder participar como candidato de elección popular coincide con la reciente reforma constitucional conocida como 3 de 3 contra la violencia, la cual establece que la ciudadanía no podrá ser registrada como candidata para ningún cargo de elección popular, ni podrá ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público si ha sido sentenciada de manera firme por cometer intencionalmente algunos delitos, entre los que se encuentra el de ser persona deudora alimentaria morosa.
El análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado, denominado “El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias: una batalla contra el incumplimiento en el pago de la pensión alimenticia”, elaborado por Vázquez Correa, señala que es importante tener un registro de deudores, como herramienta para generar información sistematizada, confiable y actualizada para la elaboración de políticas públicas más afectivas para avanzar hacia la igualdad sustantiva y la justicia social.
A través del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y la creación de los certificados de no inscripción como requisito para hacer algunos trámites administrativos, el Congreso de la Unión atiende la obligación de promover instrumentos, acciones y políticas necesarias para garantizar el derecho al desarrollo óptimo de la infancia y juventud, establecido en el Articulo 73 de la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Interamericana sobre obligaciones alimentarias.
Precisa que en varios países latinoamericanos han legislado sobre la creación de un registro de deudores como una herramienta para inhibir el incumplimiento del pago de la pensión alimenticia para niñas, niños y adolescentes.
El estudio también refiere que durante el pico de la pandemia Covid-19, en América Latina el incumplimiento en el pago de pensiones alimenticias ha tomado relevancia en la agenda pública, tanto por las condiciones económicas, como por la paralización de la actividad judicial.
