Sonora, Son.- Este 7 de junio, después de un proceso legislativo que inició desde julio de 2022, en el estado de Sonora finalmente entrará en vigor la iniciativa 3 de 3 a nivel local. La exsenadora Leticia Burgos Ochoa (impulsora de la medida) celebró esta noticia; sin embargo, advierte que el Congreso de la entidad dejó fuera la propuesta de que esta ley se aplique no solo contra quienes tengan sentencias firmes sino también contra personas vinculadas a proceso por violencia en razón de género. Por ello, señala que aunque este es un gran paso por una vida libre de violencia, los gobiernos aún encuentran formas de sostener la impunidad.
La 3 de 3 en Sonora (también conocida como Ley 170 por la terminología del Congreso local) fue presentada por primera vez por parte de la sociedad civil en julio de 2022. En ella, tal como se aprobó recientemente a nivel federal, se estipula que para ser postulado o nombrado como funcionario público, una persona no debe tener una sentencia definitiva por:
- Violencia sexual
- Violencia en razón de género (familiar, política, psicológica, física, etc.)
- Ser deudora alimentaria morosa
Quien ha estado al frente de la iniciativa desde entonces es La Observatoria Ciudadana Todas Mx-Sonora, de la cual forma parte Burgos Ochoa. En agosto, dicha colectiva las recolectó firmas necesarias para que la 3 de 3 iniciara un proceso legislativo, y varios meses después (en marzo de 2023), este proceso finalmente inició.
Congreso de Sonora limita propuesta de la Ley 3 de 3
Para la dictaminación de esta iniciativa se realizaron tres parlamentos abiertos el 19, el 22 y el 24 de abril de este 2023. En estos parlamentos se tocó un asunto central: la necesidad de que las sanciones aplicaran no solo para quienes tienen sentencia firme sino también para aquellas personas que están vinculadas a proceso. Según detalló Leticia Burgos a Cimacnoticias, en los parlamentos no se presentaron argumentos en contra de esta propuesta.
La iniciativa no surgió de la nada. Al respecto, la exsenadora asegura que en Sonora, en 7 de cada 10 hogares se violenta a una mujer. Además, asegura que otros problemas como la violencia sexual, la violencia familiar y el abandono paternal son cada vez más frecuentes en la entidad. Pese a esto, interponer una demanda es un asunto sumamente complicado para las mujeres, quienes tienen que lidiar con instituciones saturadas y personal poco capacitado en el tema de violencia contra las mujeres.
Por otro lado, Burgos Ochoa afirma que de las demandas que sí son aceptadas (que corresponden al 4 por ciento del total de los delitos), solo el 1 por ciento de ellas concluyen en una sentencia firme. Por ello, limitar las restricciones de la 3 de 3 a agresores con sentencia firme deja fuera un amplio número de personas que también han ejercido violencia aunque no tengan una sanción por ello.
La argumentación para incluir a personas vinculadas a proceso en la 3 de 3 se basó en el artículo 19 constitucional. En él se establece que los derechos de una persona quedan suspendidos desde el momento de su vinculación a proceso. Por lo tanto, lo que propusieron las mujeres organizadas es posible. Tanto, que en Sonora ya hay cerca de 20 municipios como el Onavas en el que la 3 de 3 sí se está aplicando de esta forma como una disposición administrativa.
Pese a todos estos antecedentes, la versión votada y aprobada por el Congreso el pasado 27 de abril limita las restricciones a personas con sentencia firme. El argumento de las y los legisladores al respecto fue que no pueden estar por encima de la Constitución, aludiendo a que la 3 de 3 aprobada a nivel federal se aplica solo a agresores con sentencia firme. No mencionaron, sin embargo, que en esta legislatura de impacto nacional también se intentó incluir a las personas vinculadas a proceso sin que esta consideración quedara plasmada en el decreto final según explica Burgos Ochoa.
La fundadora de la Red Feminista Sonorense observa en esta resistencia un pacto patriarcal que sigue cobijando a los agresores. “En realidad, lo que se esconde atrás es la impunidad. Detrás de esa postura de «solo sentencia firme» se esconde la protección a victimarios y agresores que ellos saben que tienen nombre y apellido… Todavía el patriarcado se resiste y su bandera de impunidad le caracteriza”.
Aún con estos bemoles, la Ley 3 de 3 es un paso importante en la justicia para las mujeres de Sonora. Y es que la iniciativa tiene una diferencia con la legislación federal: con la también llamada Ley 170 se modifican todos los artículos de la Constitución local que hablan sobre los requisitos para elegir, nombrar o postularse como servidores públicos.
“Es una reforma estructural la de Sonora porque atraviesa 14 artículos”, declaró Leticia Burgos al respecto. Esta reforma busca prevenir la violencia, un tema que, al parecer, no está entre las prioridades de las y los legisladores del norte del país.
Ley se aprueba pese a desinterés institucional
“El proceso de la 3 de 3 en el estado de Sonora ha estado preñada de indolencia y de falta de responsabilidad de parte del Poder Legislativo que no reconoce todas sus deficiencias”, contó la también exdiputada Leticia Burgos a Cimacnoticias. En entrevista con la agencia señaló, por ejemplo, que en los parlamentos abiertos no hubo presencia importante de legisladoras o legisladores.
Además de esto, a pesar de que la iniciativa llegó formalmente al Congreso en noviembre de 2022, no fue sino hasta marzo de este año que la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales comenzó a trabajar en ella. Más adelante, el 26 de abril, dicha comisión canceló una reunión que tenía con las activistas impulsoras de la ley.
Para entender mejor:
El día siguiente, 27 de abril, el Congreso no permitió que estas mujeres estuvieran presentes durante la votación de la 3 de 3. Además, para Burgos fue clara la renuencia de las y los legisladores para decretar la validez de la iniciativa una vez que se consiguió su respaldo por parte de más del 50 por ciento de los municipios de la entidad.
“A ese grado ha llegado el Congreso cuando nosotras fuimos colaborativas y vamos a seguir siéndolo”, lamentó la exlegisladora, quien además agregó: “Es una vergüenza tener un Congreso mayoritario de mujeres que le dan la espalda al movimiento, pero sobre todo le dan la espalda a la ciudadanía, porque esta iniciativa es una iniciativa ciudadana”.
No obstante, Burgos Ochoa reconoce que en los municipios se han encontrado con una situación completamente distinta. “Hay una mayor sensibilidad y comprensión del tema”, asegura, lo que ha permitido que la 3 de 3 avance poco a poco —aunque con contundencia— en la entidad al norte de México. “Este es el mensaje de la 3 de 3”, cierra la exsenadora: “es posible vivir una vida libre de violencia”. Y, para ello, las impulsoras de esta iniciativa no quitan el ojo de la impune esfera política.
