Ciudad de México.- La Comisión para el Acceso a la Verdad está buscando a víctimas de la violencia del Estado mexicano durante la llamada «Guerra sucia» para conocer sus testimonios. De acuerdo con el comisionado Carlos Pérez Ricart, esta podría ser “probablemente la última posibilidad” de esclarecer lo sucedido en México durante el periodo de 1965 a 1990, una etapa caracterizada por la violencia ejercida desde el Estado contra la sociedad civil en general.
En una conferencia de prensa celebrada este 7 de febrero, los comisionados Eugenia Allier Montaño, David Fernández Dávalos y Carlos Pérez Ricart informaron que la convocatoria está abierta a todas aquellas personas víctimas de violaciones a sus derechos humanos entre 1965 y 1990 en México. Sin embargo, también incluye a perpetradores como policías y exmilitares, así como funcionarios públicos y cualquier otra persona que ejerció violencia o fue testigo de ella durante dicho tiempo.
A grandes rasgos, la convocatoria está dirigida a familiares, personas cercanas o víctimas de delitos como: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, masacres, tortura, desplazamiento forzado interno, detención arbitraria, prisión por motivos políticos, exilio, violaciones contra niñas, niños y adolescentes, tortura sexual, violencia sexual, violencia reproductiva y ocupación militar de territorios.
Los comisionados hicieron énfasis en que estas violaciones a derechos humanos no solo afectaron a militantes de grupos políticos o activistas. En este sentido, las víctimas también pueden ser personas de la comunidad LGBTIQ+, obreros sindicales, campesinos y campesinas, mujeres que fueron castigadas y torturadas por abortar o personas que ayudaron a practicar un aborto, personas migrantes, presuntos criminales y, en general, la población cuyos derechos fueron violentados por la fuerza pública.
La información que se obtenga a través de este ejercicio de recolección será publicada en un informe en septiembre de 2024. El objetivo de este documento es esclarecer lo sucedido en México durante la “Guerra sucia”. Esto es importante no solo para construir la verdad: también, para reescribir la historia dando voz a las víctimas y para colaborar en los procesos de obtención de justicia.
¿Cómo será la recolección de testimonios?
Esta convocatoria es nacional y la recolección de testimonios (que además puede incluir documentos y fotografías) se realizará en una serie de visitas a estados como Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Oaxaca y Chiapas. Antes de cada visita se lanzará una convocatoria local para que la población esté enterada.
Las personas interesadas en compartir su experiencia pueden enviar su testimonio al correo electrónico [email protected]. También se podrán agendar reuniones virtuales con quienes se encuentren en el exilio o no tengan posibilidades de hablar con los investigadores de la Comisión personalmente.
Por otro lado, las personas podrán decidir el uso que se le dará a la información: si desean que aparezca o no en el informe final, y si desean iniciar procesos judiciales o de reparación del daño dada su experiencia. Además, quienes lo deseen pueden ofrecer su testimonio de manera anónima, pero con la seguridad de que hay protocolos para proteger sus datos y la información que proporcionen. De igual forma, víctimas y agresores pueden dar su testimonio nuevamente incluso si ya se han acercado con la Comisión.
Finalmente, los comisionados hicieron un llamado para que los colectivos de víctimas también se acerquen a ellos. Su participación puede ser central para llegar a todas aquellas personas que han sido acalladas históricamente para hablar sobre esta etapa violenta en México.
Mirar la “Guerra sucia” con perspectiva de género
«Creemos que la represión del Estado mexicano no fue únicamente en contra de estos movimientos, sino que se extendió al resto de la sociedad”, declaró Eugenia Allier respecto a la idea de que la violencia del Estado entre los 60 y los 90 únicamente afectó a movimientos contrainsurgentes.
Carlos Pérez Ricart reafirmó esta opinión en entrevista con Cimacnoticias. De acuerdo con el comisionado, en esa época, el Estado mexicano violentó a todas aquellas esferas sociales que considerara “disidencias” u oposiciones peligrosas para el régimen establecido, el cual estuvo liderado, entre otros, por los expresidentes Gustavo Díaz Ordaz y Carlos Salinas de Gortari.
En este sentido, la información documental que se ha revisado hasta ahora (así como unos 200 testimonios que ya han sido levantados) ha arrojado información sobre diferentes violencias directas e indirectas ejercidas contra las mujeres. Indirectamente, por ejemplo, ellas se vieron afectadas por la desaparición y el asesinato de familiares, lo cual las obligaba a reacomodar su núcleo cercano y su cotidianidad.
En cuanto a las agresiones directas, se han encontrado casos de violencia sexual contra mujeres en zonas militarizadas. En estas zonas, además, hubo mujeres obligadas a contraer matrimonio, tener hijos (o no) y demás violaciones contra sus derechos y sus libertades. Aunque algunos de estos casos ya están documentados, otros -opina Pérez Ricart- no se han abordado con sensibilidad o con perspectiva de género.
Por otro lado, el comisionado también explicó que hay casos muy puntuales sobre los que se indagará en los próximos días; uno de ellos es la persecución y el castigo contra mujeres que querían interrumpir su embarazo. Al respecto, Carlos Pérez Ricart comentó que hay un registro de clínicas abortistas clausuradas por el Estado.
También hay casos en la Ciudad de México donde policías civiles ingresaron a dichas clínicas amparados por la ley para desmantelarlas. De igual manera, se tiene información sobre médicos y médicas violentados por asistir un aborto. Esto fue frecuente en los años de 1980, y eran tareas asociadas a la policía del entonces Distrito Federal (DF), “una policía sumamente corrupta y sumamente violenta”.
“Si me preguntas cuál es la hipótesis, es que estos casos fueron extremos, generalizados y sistemáticos y necesitamos documentarlos.”
Carlos PÉrez Ricart
Precisamente, un caso bastante documentado en el DF es el de Tlaxcoaque, un centro de detención y tortura donde, en 1989, un grupo de mujeres y personal médico fue presuntamente torturado a manos de un grupo de judiciales.
“Así se montó la seguridad del país”, declaró la comisionada Eugenia Allier Montaño en la conferencia de este 7 de febrero. La recopilación de testimonios de víctimas y victimarios es un paso para desmontarla y erradicar la violencia emanada desde el Estado.
