Las elecciones de este 4 de junio dieron el triunfo virtual al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en el Estado de México. Con esto, el partido suma 23 entidades bajo su administración local (además de la administración de México entero). Así, Morena podría estar asegurando la mayoría de votos para las elecciones presidenciales 2024. Dados los perfiles candidateables que el grupo político tiene hasta ahora destacan Claudia Sheinbaum y Marcel Ebrard.
De acuerdo con las estadísticas nominales del INE, el Estado de México es la entidad con mayor cantidad de electores a nivel nacional: en total cuenta con 12 millones 582 mil 187 personas registradas que pueden ejercer su voto. De ahí que el triunfo virtual de la candidata Delfina Gómez Álvarez sobre Alejandra del Moral Vela haya representado una ganancia importante en cuanto a la distribución de votos para el 2024. Y esto parece reforzarse en las estadísticas.
Según una encuesta de Campaigns & Elections México (CE Research) publicada este 5 de junio, el 43 por ciento de la población votaría por Morena en las elecciones de 2024. Y, dentro de los posibles candidatos, Claudia Sheinbaum sería quien se llevaría la presidencia de México.
Dentro de los candidateables del partido, la preferencia está distribuida de la siguiente forma: el 43 por ciento de los votantes se iría con Claudia Sheinbaum. Un 31 por ciento daría su voto a Marcelo Ebrard y otro 14 por ciento a Adán Augusto. En la lista también están Gerardo Fernández Noroña y Ricardo Monreal, con el 8 y el 4 por ciento de la preferencia según CE Research.
En caso de concretarse estas predicciones estadísticas, todo apuntaría a que el gobierno de Morena se extenderá hasta 2029. Esto, con todo y la falta de políticas públicas y recursos destinados a proteger los derechos humanos de la mayoría de la población mexicana: las mujeres.
La agenda de Morena, el gobierno «más feminisita» de México
La renuncia de Marcelo Ebrard Casaubón pone sobre la mesa a dos favoritos para representar a Morena en las elecciones presidenciales de 2024. Uno es él y el otro su compañera Claudia Sheinbaum. Sea quien sea el o la ganadora, deberá presentar una agenda de trabajo para la protección de los derechos humanos de las mujeres. Y hasta ahora, las agendas del partido a nivel institucional, local y federal han dejado que desear.
En el caso de Marcelo Ebrard —quien dejará la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a partir del 12 de junio—, su administración como canciller ha estado marcada por violaciones sistemáticas a los derechos laborales contra las y los trabajadores de la Secretaría a la que renunció recientemente. Así lo evidencian los casos de Virginia Solís Tepayol y Elvia Álvarez Marín, dos trabajadoras que denunciaron hostigamiento laboral en sus áreas de trabajo dentro de la SRE. Las dos fueron atendidas por el Comité de Ética y el Órgano Interno de Control de la Secretaría, pero lo único que sucedió fue que perdieron sus empleos.
En el caso de Virginia Solís, además, la SRE incumplió los protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Ella trabajaba en el consulado mexicano de San Francisco, California, y sufrió una violación sexual cuando seguía trabajando para la representación nacional en el extranjero. Pese a tener conocimiento de los hechos, la Secretaría decidió terminar su contrato laboral.
Lo que facilitó el despido de Solís Tepayol fue el modo de contratación con el que tanto ella como gran parte del personal de la SRE está trabajando. Desde 2015, quienes conforman este personal están contratados como prestadores de servicios profesionales independientes, lo que les deja sin prestaciones como seguro médico para sus familiares. Además, en cualquier momento, los consulados pueden terminar sus contratos sin previo aviso y sin darles algún tipo de liquidación por los meses o años que hayan trabajado. Esto deja a las y los trabajadores en una incertidumbre permanente, y no solo en el extranjero: la contratación de Elvia (quien trabajaba para la SRE en México) era igual que la de Virginia.
Marcelo Ebrard está al tanto de esta situación desde 2015 e incluso ha tenido reuniones con trabajadoras y trabajadores de la SRE. Sin embargo, sigue sin atender este problema que —a final de cuentas— está incluido en la perspectiva integral de una vida libre de violencia.
Por su parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo en la Ciudad de México ha dejado a su paso un aumento significativo en diferentes formas de violencia contra las mujeres. En 2018, cuando tomó posesión de su cargo como jefa de gobierno, la cifra de feminicidios era de 47 de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Su último año completo de gobierno (2022) concluyó con 74 de estos delitos.
El número de delitos contra la libertad y la seguridad sexual, por su parte, se duplicaron: pasaron de 4 mil 445 en 2018 a 10 mil 530. Las estrategias del gobierno de Sheinbuam para combatir estas violencias se han limitado a planes de atención como otra línea de llamadas de emergencia y la creación de centros de atención para mujeres.
Además de esto, cabe destacar que Sheinbaum ha dado señales de su falta de perspectiva de género al tratar casos como el de Ariadna, una chica que perdió la vida en octubre de 2022. En una conferencia de prensa transmitida en vivo, la jefa de gobierno expuso innecesariamente imágenes del cuerpo de la joven siendo cargada por uno de los presuntos implicados en el caso.
Por su parte, a nivel federal, el gobierno morenista también se ha caracterizado por su desinterés en la agenda referente a los derechos humanos de las mujeres. En el presupuesto de este 2023, mientras al transporte turístico se le otorgó una cantidad de 98 mil 549 millones 175 mil 369 pesos, para el Anexo 13 (que engloba todos los programas destinados a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres) se destinaron solo 342 millones de pesos para 2023.
Además, pese a la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), diversos delitos que constituyen formas de violencia contra la mujer tuvieron repuntes significativos a nivel nacional. De acuerdo con datos del SESNSP, entre 2021 y 2022, los feminicidios, los homicidios dolosos de mujeres y la violencia familiar han alcanzado cifras históricas que no se habían registrado por lo menos en los últimos siete años.
En agosto de 2021, por ejemplo, en México hubo 108 presuntos feminicidios, alcanzando así un pico muy elevado respecto a los años anteriores al gobierno de AMLO. Aunque dicha tendencia bajó este 2022, lo que no ha disminuido es la cantidad de presuntos homicidios dolosos contra mujeres (una cifra importante tomando en cuenta los errores que hay en la clasificación de las carpetas de investigación).
Aunado a esto, la administración ha hecho cambios recientes como la eliminación de 30 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) entre las que se encuentran las dirigidas a la atención del cáncer cérvico uterino y cáncer de mama. Así, la administración morenista deja ver un poco de lo que vendría en caso de que las predicciones estadísticas se concreten: un gobierno donde la agenda de las mujeres (sus derechos laborales y su derecho a una vida libre de violencia) no es un asunto prioritario.
