Ciudad de México.- Previa al inicio de las pre campañas electorales se ido a conocer que Cintia Campos Garmendia, directora de Procedimientos Especiales Sancionadores del Instituto Nacional Electoral (INE), renunció al cargo por presuntamente intentar responsabilizar al presidente Andrés Manuel López Obrador de violencia política contra las mujeres en razón de género.
“Yo no tengo ninguna relación con el procedimiento de responsabilidades iniciado por alterar la frases del Presidente de México en un asunto vinculado con Violencia Política por Razón de Género. Los asuntos de Violencia Policía en contra de las mujeres son sustanciados por una dirección especializada distinta a la que yo encabezaba”, indicó la maestra en Derecho Procesal Constitucional.
La separación ocurre una semana después de la suspensión definitiva del titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso (UTC), Alberto Cruz Martínez, jefe de Campos Garmendia, por el presunto cambio, en una transcripción oficial, de los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Xóchtil Gálvez. Por el episodio, la UTC elaboró un proyecto en el que se propuso responsabilizar al mandatario de violencia política contra las mujeres en razón de género.
La funcionaria descartó que su decisión esté relacionada con la alteración de frases del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra Xóchitl Gálvez, entonces senadora de la República y aspirante a candidata presidencial del Frente Amplio por México, conformado por PAN, PRI y PRD.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, señaló que “este episodio debe servir para revisar procedimientos, la UTC es un área altamente calificada que a diario produce con alta calidad, pero habrá que revisar si en alguna parte se deben hacer ajustes para que esto no suceda, porque no puede suceder con nadie».
El periodo de precampañas está a punto de comenzar (del 20 de noviembre al 18 de enero), ante ello, la consejera presidenta, Taddei, llamó ‘al buen comportamiento de todos los servidores públicos’, incluidos los tres poderes de gobierno. (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Los dichos del presidente
El 11 de julio, Xóchitl Gálvez, entoces senadora y aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, presentó una denuncia ante el INE en contra del mandatario y sus colaboradores responsables, por referirse a ella de forma violenta en la conferencia matutina del 3 de julio, lo cual es un delito de violencia política de género en su contra.
En su denuncia solicitó como medidas cautelares que se instruyera a los servidores públicos responsable del manejo de cuentas de redes sociales del Gobierno de la República a “no reproducir mensajes que puedan constituir ese tipo de violencia, así como el retiro de materiales que contengan “frases discriminatorias y que estereotipan a las mujeres”.
“Antes, cuando imperaba el dedazo, era el presidente en turno el que imponía a su sucesor. Pero estamos hablando del presidente de una institución, ahora ni siquiera es un dirigente político o un dirigente de partido, es un gerente, Claudio X. González hijo, el que decide. Tengo toda la información de que él llevó a cabo las consultas para que los represente, a este grupo, Xóchitl Gálvez”, dijo el presidente en la mañanera de julio.
“Es que la señora Xóchitl Gálvez pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así, los imponen y entran atados de pies y manos. Son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía”, aseguró.
En los “hechos”, la ex senadora, indicaba que el presidente señaló que su camino estaba decidido por diversos hombres; que cualquier aspiración que pueda tener depende de lo que diga un grupo de hombres.
Cintia Campos Garmendia, como titular del área de sanciones, área adscrita a la UTC, fue señalada por presuntamente tomar las palabras tal cual como las dijo Xóchitl Gálvez, y no revisar de manera textual lo que dijo el presidente en la mañanera donde sí usó palabras que fueron catalogadas como violencia en razón de género como “títere”, “empleada” y candidata de “la mafia del poder”.
La Comisión del INE se retracta
Diez días despues de ingresada la denuncia, la Comisión de Quejas del INE determinó que lo dicho por López Obrador no se consideraba violencia política en razón de género porque las manifestaciones solo fueron una “crítica dura, propia del debate político y no un señalamiento por su condición de mujer”.
Con dos votos a favor y uno en contra de la consejera Claudia Zavala, la Comisión negó las medidas cautelares solicitadas por la senadora Xóchitl Gálvez Ruiz contra el presidente.
“Decir que fue elegida por un grupo de hombres, que la van a utilizar, que solo vale por ser una mujer que habla de manera coloquial, que es un títere, una empleada de la oligarquía, que los medios hablan bien de ella por órdenes de un grupo de hombres, sí son violencia política por razón de género porque le atribuyen un papel de subordinada frente a la presunta existencia de un grupo de hombres que la favorece”, argumentó Zavala.
La Comisión resolvió que se necesitaba realizar un análisis de fondo para determinar si realmente se ejerció violencia política de género en contra de Xóchitl Gálvez, acción correspondiente a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a la Comisión del INE volver a sesionar, y en esa ocasión, el viernes 4 de agosto, rectificó. La resolución fue que el titular del Ejecutivo sí ejerció violencia de género contra Xóchitl Gálvez.
Indicó que fue en hasta cuatro ocasiones, los días 10, 11, 14 y 17 de julio, que durante su mañanera utilizó frases para referirse de mala manera a la candidata virtual del Frente Amplio por México y determinó eliminar estas frases de las grabaciones de la mañanera, además de recomendar al presidente nacional a no referirse de manera violenta de la entonces senadora, así como de ninguna otra mujer.
Además de López Obrador, la queja presentada por la entonces senadora, incluyó como presuntos responsables a Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República; Martha Ramírez González, directora general de Comunicación Digital; Sigfrido Barjau de la Rosa, director del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie), y Pedro Ramírez Pérez, jefe de departamento adscrito a la Coordinación General de Comunicación Social.
¿Qué es la violencia política de género?
De acuerdo con el INE, la violencia política en contra de las mujeres en razón de género afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas; a su desarrollo en la escena política o pública, subir de puesto al interior de sus partidos políticos, o en el propio ejercicio de un cargo público.
Para que se acredite la violencia política en razón de género se deben cumplir los siguientes criterios:
- Cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos.
- Cuando la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres; es decir, la acción u omisión afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer.
¿Cuáles son las Instituciones facultadas para prevenir y atender este tipo de violencia?
Puede sancionarse a través de la configuración de diversas conductas establecidas en los ordenamientos penales, electorales y administrativos.
De acuerdo a las expresiones que adquiera la violencia y a la competencia de cada instancia, serán:
- Instituto Nacional Electoral (infracciones a la normativa electoral federal)
- Organismos Públicos Electorales Locales (infracciones a la normativa electoral local)
- Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (delitos electorales)
- Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (incumplimiento de cualquier obligación electoral)
- Partido Político (cuando se trate de asuntos internos competencia del sistema de justicia intrapartidaria)
La Ley General en Materia de Delitos Electorales establece que:
“Comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien” de manera directa o a través de otra persona, cometa acciones como amenazar o intimidar a una mujer, directa o indirectamente, con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular; realice o distribuya propaganda político electoral que degrade o denigre a una mujer, basándose en estereotipos de género, con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos y electorales”.
En la UTC se integran las investigaciones derivadas de quejas contra partidos, aspirantes y demás actores políticos, actualmente tiene más de 800 expedientes registrados de presuntos actos anticipados de precampaña y campaña, más el trabajo ordinario relacionado con otros temas.
