Ciudad de México.- Los retrocesos en la agenda de las mujeres se han dado de forma paulatina en los últimos años. Si bien se reconocen avances importantes en la materia, la realidad es que existen dos deficiencias prioritarias: El derecho a la interrupción legal del embarazo y la falta de homologación del delito de feminicidio en los códigos penales del país. Los ejemplos de estos detrimentos son vastos; desde lo sucedido en el congreso de Guanajuato donde se negó la despenalización del aborto, hasta las penas mínimas que pueden alcanzar los feminicidas cuando hacen uso del recurso de la abreviada -declararse culpables- en distintas entidades del país.
Un hilo conductor importante entre estos dos vacíos legales, es que existen 3 entidades que manejan la misma agenda anti derechos, es decir, que aquellos estados que han llevado a las últimas instancias y rebotado las iniciativas por la despenalización del aborto una y otra vez, tampoco han tenido la voluntad política de reformar sus códigos penales y tipificar el delito de feminicidio; ambas, acciones de inconstitucionalidad que han permitido, no sólo la criminalización de las mujeres que toman la decisión de abortar, sino también, fomentado la impunidad, obstaculizando el acceso a la justicia y liberando a feminicidas de forma sistémica durante todos estos años.
Se trata de las entidades norteñas Durango, Nuevo León y Tamaulipas, donde la desaparición de mujeres y pobres acciones para atender los feminicidios hacen mancuerna para atentar contra los derechos supremos de la vida, la libertad y la justicia. De forma concreta, estas entidades vecinas se caracterizan por ejercer omisiones, de carecer de verdaderas políticas públicas feministas y de gobiernos que no reconocen la urgencia de utilizar la perspectiva de género al interior de sus Congresos.
El feminicidio; Figura ausente en 4 códigos penales: Evangelina Flores Ceceña
En nuestro país, sólo 28 entidades tienen tipificado el delito de feminicidio; sólo 4 han omitido realizar este trabajo en sus congresos: Nuevo León, Durango, Tamaulipas y Baja California Sur. Si bien reconocen el homicidio por razones de género, no han incorporado el feminicidio como delito autónomo.
Esto se debe a que cada entidad goza de un poder autónomo para legislar y contemplar los delitos en sus códigos penales. Y aunque esta apuesta pueda resultar importante para garantizar la autonomía en las decisiones de cada estado, en otros escenarios, este hecho ha complicado seriamente el avance de la justicia, como en el caso del feminicidio.
Que existan 32 códigos penales en nuestro país ha abierto brechas para la incertidumbre jurídica, esto quiere decir, que el feminicidio no siempre implica una pena máxima, esbozando una realidad preocupante: Asesinar a una mujer como acto de extrema misoginia, no tiene las mismas consecuencias; cometer el feminicidio -por ejemplo- en Durango puede tener penas de un par de décadas, y en otras entidades, sentencias 3 veces mayores.
Este hecho fue denunciado por Evangelina Flores Ceceña en la presentación del informe sobre feminicidio ante la CEDAW en México, donde se expuso que existen entidades en el país donde cometer el feminicidio es castigado con sólo 20 años de prisión, implicando profundos vacíos jurídicos, pues esta pena irrisoria tampoco es el problema esencial, sino que además de estas pobres sentencias, las autoridades tampoco comprenden qué es un feminicidio.
Flores Ceceña denunció durante la presentación de los informes sombra en el marco de México ante la CEDAW, que aunque urge que Nuevo León, Durango, Tamaulipas y Baja California Sur reformen sus códigos penales estatales a fin de proteger a las mujeres y víctimas indirectas de este delito, tampoco se trata de «reformar por reformar«; no basta con que se escriba «feminicidio» en los códigos, si ésto será letra muerta y no suscribe a los estatutos y convenciones internacionales que promueven la abolición de la violencia de género en todas sus expresiones.
Esto quiere decir que, en nuestro país, no se considera de la misma forma el feminicidio. Alcanzar una sentencia por este delito es una moneda al aire; una decisión arbitraria que dependerá de la interpretación de la ley de cada código penal. Lo que para unas autoridades puede ser tipificiado, para otras, puede ser diluido como «homicidio» y así, entre estos hechos, acceder a una justicia restaurativa por el crimen de feminicidio se convierte en una tarea titánica, donde muy pocos casos logran obtener sentencias condenatorias.
Estos hechos opacos sólo han producido cifras negras donde se desconoce de forma precisa cuántos feminicidios se han dado en nuestro país en lo que va del 2025. Si bien fuentes como el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional recogen algunos datos a nivel federal, la realidad es que el verdadero nodo se encuentra en saber: ¿Cuántos delitos de homicidio fueron realmente feminicidio? Mientras existan códigos penales que no contemplen la figura de este delito y otros más, tengan vacíos que permitan la subjetividad, la cifra de cuántas mujeres son asesinadas como expresión de misoginia permanece como número desconocido.
Ejemplo claro de esto se da en Durango -donde no existe la figura explícita de feminicidio-, sólo del 29 al 31 de mayo, se registró el feminicidio de una adolescente de 16 años y el posterior suicidio del feminicida -su pareja-, un hombre de 23 años, dejando así, en orfandad a un recién nacido. Según datos del Secretariado Ejecutivo, de enero a abril del 2025, sólo se ha registrado el feminicidio de 2 mujeres, una versión que choca con el registro de los medios de comunicación, que sólo en el último mes, documentaron el feminicidio de una mujer de 93 años de nombre Victoria García Sánchez. Así como asesinato de María Guadalupe, víctima de feminicidio con arma blanca a manos de su expareja.
Las abreviadas: El segundo tropiezo en la justicia contra el feminicida
El procedimiento abreviado consiste en que el feminicida reconozca expresamente su participación en el delito, lo que le podría garantizar reducir su pena; sin un código penal sólido, ni autoridades que comprendan el feminicidio como una violencia estructural articulada con muchas otras violencias, el uso de esta carta permite a los feminicidas salir en tiempo récord.
Los ejes más importantes del procedimiento abreviado van de la siguiente forma:
Facultad discrecional: Es concedido por la Fiscalía, es decir, no es un derecho al que todos los agresores tengan acceso; la facultad se puede convertir en verdugo y facilitador de libertad si así lo desea.
Reducir las penas: El acceso al procedimiento abreviado no es reducir la pena por un par de años, sino que tiene la facultad de bajar la sentencia hasta un tercio de la pena mínima.
Impacto: Obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas indirectas -particularmente a las y los hijos en orfandad-, pero también, implica violar el principio de no repetición y fomenta la reincidencia; con feminicidas libres en apenas poco más de una década, se gestan casos como el de Eduardo «G» quien habría asesinado a su exnovia Martha Berenice en 2004 en Sinaloa y tras quedar en libertad en 2020, inició una relación sentimental con Astrid Cruz quien desconocía el pasado de Eduardo. Fue asesinada el pasado 3 de marzo del 2025 en Zapopan Jalisco, además, Eduardo «G» también cometió el homicidio de Fernando (16 años), hijo de Astrid quien habría defendido a su hermana menor, una niña de 9 años que logró escapar del hecho.
A la publicación de este artículo, Eduardo «G» está prófugo y se desconoce en qué parte del país se esconde.
¿Y a quién se le entrega el procedimiento abreviado?: Aunque se quisiera referir que las Fiscalías hacen un trabajo extraordinario negando el abreviado en la mayoría de los casos, la realidad, es que las fiscalías estatales permiten el uso de este recurso de forma cotidiana. Por ejemplo, según dio a conocer la doctora Elizabeth Ávila durante la exposición de informes sombras en el marco de la CEDAW, en Sinaloa 8 de cada 10 sentencias por feminicidio fueron por procedimiento abreviado, evidenciando cómo mecanismo se ha convertido en una política pública para reducir el atraso de investigaciones, muchas veces por incapacidad de las fiscalías para armar casos sólidos; las autoridades prefieren el abreviado, que realizar investigaciones duras.
Ante este panorama que resulta desalentador, especialmente si se encuadra con un país feminicida con aproximadamente 11 mujeres asesinadas cada 24 horas, la única forma de avanzar es en la homologación federal del feminicidio como delito autónomo; penas, investigaciones y protocolos iguales, para que ningún feminicida más goce de los beneficios de los vacíos legales y de Códigos Penales que se rigen en la arbitrariedad.
Sin acceso al aborto
En México 23 entidades han despenalizado el aborto y el acceso a este derecho es libre (Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, CDMX, Coahuila, Colima, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz, Zacatecas, Nayarit, Campeche, Yucatán y ahora, Tabasco); 8 entidades mantienen vigente la penalización de la ILE (Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala), finalmente, se tiene el caso extraordinario de Aguascalientes donde el aborto sólo está permitido hasta las 6 semanas de gestación.
México ha atestiguado detrimentos importantes en materia de derechos sexuales y reproductivos, como por ejemplo, la agenda provida del Congreso en Guanajuato que negó de forma aplastante permitir la legalización de la interrupción del embarazo. A la par, este año se dio un hecho histórico en el Congreso de Aguascalientes cuando echaron para atrás este derecho conquistado, violando el artículo prmero de la Constitución Política que prohíbe todo acto que restrinja y desconozca los avances conquistados.
Aguascalientes es la única entidad a nivel federal que logró retroceder en materia de derechos sexuales y reproductivos; a pesar de haber consagrado la despenalización del aborto hasta las 12 semanas, el pasado 28 de agosto se logró colar una iniciativa en el Congreso hidrocálido que pretendía reducir a 6 semanas la interrupción legal del embarazo (ILE).
A pesar del rechazo colectivo y la lucha de las colectivas, esta iniciativa de ley fue aprobada con 19 votos a favor y 6 en contra, la oposición panista logró reducir el tiempo para acceder a este derecho.
El caso de la criminalización de una menor en Querétaro también sacudió al país, cuando el propio fiscal de la entidad se pronunció en contra y se gestó un acto público para condenar a la menor y aunque el hecho se resolvió a través de la Secretaría de las Mujeres, queda la sensación amarga que recuerda que el acceso a los derechos sexuales y reproductivos está lejos de ser una garantía verdadera. Se sigue dando la muerte materna en entidades donde está despenalizado el aborto, existen carpetas de investigación contra mujeres, las y los legisladores rechazan llevar la discusión al Congreso y lo más preocupante, se producen discursos de tergiversación, encauzando en el avance de la agenda antiderechos.
En este fenómeno identificado por Cimacnoticias, resulta una obviedad que hay un nexo entre las entidades con mayorías provida en los Congresos y falta de la figura del delito autónomo de feminicidio; las agendas antiderechos están vigentes y entretejen las violencias. Terminar con la criminalización y la falta de acceso a la justicia no es más que un síntoma de falta de voluntad política.
Durango: Gobernado por Esteban Villegas desde el 2022 bajo el régimen del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Tamaulipas: Américo Villarreal Anaya, quien terminó con el régimen del PAN-PRI, Villareal de MORENA gobierna desde el 2022.
Nuevo León: Gobernado por Samuel García desde el 2021 bajo la bandera de Movimiento Ciudadano.
Durango y su agenda antifeminista
Durango tiene una larga historia de preferencia por el régimen priísta y panista que le ha tapado, de forma incisiva, el paso a MORENA -hecho que producido la molestia del partido guinda, donde Andy López acusa corrupción por la derrota en las elecciones del pasado primero de junio donde cayeron ante el PRI-PAN-. Su gobernador es Esteban Villegas y en la capital, el priísta reelecto por segunda ocasión Toño Ochoa.
Ambos, con una serie de polémicas importantes donde queda en duda su compromiso con los derechos de las mujeres; más allá de la política, se habla de una verdadera voluntad política para erradicar las violencias, el feminicidio y empujar la marea verde.
Esteban Villegas fue puesto en el ojo del país luego de que se difundiera un video donde se encuentra conversando con la presidenta Claudia Sheinbaum. Villegas la sujeta fuertemente de ambos brazos mientras intenta acercarla a él; Sheinbaum sonríe y se mantiene firme para liberarse, sin embargo, el gobernador la tiene prendida de las muñecas, produciendo una evidente tensión.
Villegas fue tundido en redes por distintas organizaciones que señalaron que no era un hecho trivial, sino un acto de violencia simbólica y machismo, pues jalar a Sheinbaum fue un acto de minimizar su autoridad y dignidad frente a las y los presentes. El gobernador nunca realizó un pronunciamiento sobre el hecho.
Esteban Villegas ha realizado algunas políticas públicas como le entrega de tarjetas de apoyo como «Tarjeta Madre» para beneficiar a 90 mil mujeres y en sus discursos del 8 de marzo aprovecha para hablar de su figura como aliado y cómo reprueba férreamente cualquier expresión contra la mujer. Sin embargo, este hecho discursivo queda lejos de la acción si en la entidad, se niega la despenalización del aborto y no se ha reformado el Código Penal a fin de recrudecer las penas a identificar el delito de feminicidio.
Algo que hay que rescatar de Villegas es que el pasado 8M refirió estar a favor de las protestas de las mujeres y refirió que estaba bien la iconoclasia, especialmente si se trataba de denunciar a los violentadores; el discurso se cayó cuando envió un último mensaje «sabemos quiénes son, hay cámaras por todos lados y se los digo desde ahorita» para zanjar con un «sí denuncien, nada más no mientan».
Una práctica violatoria que sigue su par, el alcalde de Durango capital, el priísta Toño Ochoa que el pasado 8M advirtió que se consideraría tomar medidas penales en contra de las mujeres que «dañaron la ciudad», además de exponer su incomodidad con la puesta de una antimonumenta en una plaza pública. Ochoa ganó un segundo periodo el pasado primero de junio.
Así, dos figuras de autoridad con gran peso en Durango oscilan entre la ambivalencia del discurso pro-mujeres y la falta de voluntad para realmente reconocer las necesidades y la rabia de las duranguenses que enfrentan los picos más altos de violencia doméstica, la antesala del feminicidio.
Tamaulipas, la entidad de las fosas clandestinas
Según datos del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, hasta mayo del 2025 aumentó un 42% el número de atenciones brindadas a víctimas de violencia; se dieron 5 mil 734 atenciones diversas. Aún, cuando el instituto se quedó acéfalo a principios de año con la renuncia de la titular.
Gobernado por MORENA -hecho histórico para Tamaulipas que persigue una lógica priísta y panista-, es Américo Villareal quien ha quedado al frente del estado, si bien ha desplegado tarjetas de apoyo para las mujeres, no existen rastros de políticas públicas específicas desarrolladas en sus años de gestión que atiendan particularmente la prevención y erradicación de los distintos tipos de violencia.
El año pasado, Villarreal dedicó un mensaje a las mujeres donde condenó la violencia de género y destacó que las tamaulipecas «no están solas». Sin embargo, las legislaciones por el feminicidio y el aborto son pobres; a esta ecuación, también se debe sumar otro problema que aprieta a Villareal: La desaparición y las buscadoras en riesgo. Así, se deshilan los siguientes registros:
Aborto: El Código Penal (artículo 357) impone sanciones de uno a cinco años de prisión (más que en otras entidades documentadas en este artículo), a la mujer que, voluntariamente, procure o consiente que otro le hiciere abortar.
En esta entidad, interrumpir el embarazo está estrictamente penalizado, a pesar de que ocupe el lugar número 18 entre las entidades con mayores embarazos adolescentes – infantiles.
Según documenta, Ipas, en 2021 en Tamaulipas se registraron 625 egresos hospitalarios en niñas y adolescentes de entre 10 y 14 años, de los cuales 194 (31.04 %) fueron por causas obstétricas; el 41.78% de los casos, a causa de parto según datos de la Secretaría de
Salud (DGIS, 2021).
Feminicidios: En Tamaulipas, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de febrero del 2024 a enero del 2025, se registró el feminicidio de 26 mujeres, ocupando el ranking número 12 de las entidades con el mayor número de incidencias de este delito. Sin embargo, hay 797 carpetas de investigación.
El 45% de las víctimas de feminicidio son asesinadas con elementos diversos (puños, bates, objetos), el 26% con arma blanca y el 24% con arma de fuego. Los municipios de Reynosa y Victoria registran los números más altos de llamadas de emergencia por violencia de género.
Nuevo León ante la ola de feminicidios
Samuel García llegó a Nuevo León bajo una promesa clara: Acabar con las viejas prácticas del priísmo y salvar a la población con un aire fresco, joven y cercano a la población. Prometió una gestión impecable y desde hace 4 años, se ha convertido en uno de los gobiernos con más aristas a causa de decisiones precipitadas y señalamientos evidentes de machismo; una desconexión absoluta de la violenta realidad y pobreza que atraviesa al pueblo neolonés.
Junto a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, Nuevo León posee características complejas en su panorama político; entre tiktoks, memes y el peso del marketing, el Movimiento Naranja del equipo García – Rodríguez ha demostrado el músculo de las redes sociales, pero también, el desconocimiento completo de asuntos relacionados al feminicidio, la desaparición y la trata.
A pesar de ondear una bandera millenial por los derechos y Mariana Rodríguez dedique jornadas enteras a pulir redes sociales a fin de garantizar un buen empalme con la agenda de su esposo, la realidad es que Nuevo León permanece muy detrás de otras grandes ciudades como la capital o Guadalajara; la entidad ha bateado la discusión del aborto y no hay luz alguna de que se vaya a legislar su Código Penal para mejorar el procedimiento para la identificación y penalización del feminicidio.
De acuerdo a la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, la entidad está atravesada por la negligencia de sus mandatarios, pues sólo se logran sentencias condenatorias en 1 de cada 4 feminicidios. Además, de exponer todo un endeble sistema con el asunto de Debahni Escobar y la pobreza de las instituciones para reconocer los casos -a 2025, Nuevo León no reconoce el delito de feminicidio contra Debahni-, Samuel García se ha defendido y en cada 25 de noviembre aprovecha para advertir que no tolerará ningún tipo de violencia contra las mujeres.
Discurso que se separa de una verdadera política pública para mejorar la calidad de vida de las mujeres; en su entidad las mujeres siguen siendo criminalizadas por abortar [hasta 3 años de prisión, según su Código Penal]] y los feminicidas, tienen el poder de matar con la certeza de que el marco normativo es escueto y en dos décadas, pueden volver a las calles.
De enero a diciembre, Nuevo León se convirtió en la tercera entidad con más delitos de feminicidio, sólo por debajo del estado de México y Ciudad de México, entidades que, sin obviar, contienen un grueso poblacional masivo a comparación de la entidad regiomontana.
En un ejemplo certero, mientras Nuevo León registró 60 feminicidios, la Ciudad de México registró 65; una diferencia mínima de 5 casos, esto, a pesar de que la capital registra -número redondo 9 millones de habitantes y Nuevo León 5, apuntando a que la tasa de feminicidios por cada 100 mil mujeres neolonesas es preocupante.
En añadidura, el segundo fenómeno que ha resultado imposible contener para Nuevo León es la desaparición de mujeres; un fenómeno que no es aislado, sino una violencia estructural que se ha replicado de forma incisiva bajo el mismo modus operandi, donde las neolonesas desaparecen y tiempo después, son encontradas con signos de violencia.
Estos hechos de violencia acontecen en municipios que tienen decretada una Alerta por Violencia de Género (AVG), lo que pone en alerta esta manifestación sistemática de la violencia que afecta a las mujeres, niñas y adolescentes que viven en esa entidad.
Por ejemplo, la desaparición y feminicidio de Yolanda Martínez, Debanhi Escobar, Bionce Amaya, y Ana Carolina -último registrado el pasado febrero del 2025-, desapariciones que ocurrieron en el Área Metropolitana conformado por 13 municipios, de los cuales Apodaca, Cadereyta Jiménez, Guadalupe, Juárez y Monterrey -que en conjunto suman un millón 287 mil 250 mujeres que habitan estos lugares, según el Censo 2020 elaborado por el INEGI- cuentan con una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) desde el año 2016,
De acuerdo con Red Lupa, para mayo de 2024, el número de mujeres desaparecidas en Nuevo León alcanzó los mil 738, pero aun faltaría incluir a las que no volvieron a sus hogares en los meses subsecuentes y retomar a las 30 de las 100 mujeres que desaparecieron en lo que va del 2025, según datos del fiscal Raúl Alejandro Sepúlveda Martínez.
