Ciudad de México.- De acuerdo con el informe sombra «Educación y Violencia en Espacios Educativos», la violencia de género está presente en todas las instituciones educativas, por lo que es necesario ampliar la recomendación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) sobre instruir medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en estos espacios.
En los últimos seis años han emergido protestas de la llamada «cuarta ola» que se han sostenido a través de redes sociales realizando campañas como #MiPrimerAcoso, #MeeTooAcademicos o #SiMeMatan. Esto les ha servido a las mujeres para hacer eco sobre la violencia de género en paros y huelgas estudiantiles en diversas instituciones de educación superior.
Las mujeres universitarias, docentes, administrativas y estudiantes de todo el país viven diariamente diversas formas de acoso y hostigamiento sexual, laboral, psicológica y política, por lo que se sigue perpetuando la discriminación y la falta de acceso a la justicia para las mujeres. Casos como los de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) pueden describir el panorama al que se enfrentan las mujeres es espacios educativos.
Recordemos que representantes del Estado mexicano estarán esta semana en Ginebra, Suiza, en aras de realizar la sustentación de su X informe Periódico y llegarán ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer [CEDAW] con un aproximado total de 209 recomendaciones que el Comité ha extendido desde 1998; un número extenso que pesa más, por las omisiones e incumplimiento, pues según comparte, Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM), con Cimacnoticias, se calcula que aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
Caso UNAM
En 2016 se implantó el primer Protocolo de Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el primer año, hubo 234 quejas por violencia de género en el Subsistema jurídico de la UNAM. A partir de 2020, se aprobó que fuera la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género (SSUAVG).
En agosto de 2020 y agosto de 2021, esta área orientó a mil 211 personas y atendió 576 quejas (nuevas y en trámite). De ellas, el 95% las denunciantes fueron mujeres, siendo el 85% estudiantes u 6.6& personal académico. Por otro lado, en el 92.7% de los denunciados eran hombres y 5.6% mujeres cuyo rol era estudiantil en el 63% y personal académico en el 11%.
- En el 76.6% las victimas reportaron haber sufrido de 1 a 3 violencias, mientras que el 85.56% sufrió entre 1 a 4 violencias.
- Respecto a las relaciones entre las partes involucradas, 314 casos declararon una relación de tipo académica y 82 casos corresponden a una relación de tipo personal y académica.
- Las formas de violencia más frecuentes son el acoso (74 casos) y el hostigamiento sexual (65 casos), aunque también se registraron casos de discriminación (63), violencia física (16) y sexting no consensuado (14).
- El 61.3% de los casos sí se implementaron medidas precautorias para proteger a las víctimas, mientras que en el 38.7% restante no.
Para agosto de 2021 y diciembre de 2022, la Defensoría registró un aumento importante en el que se orientaron a 2 mil 143 personas y se procesaron 727 quejas, siendo un aumento de 151 casos en un periodo menor que el registro pasado. Se encontró que el 92% de los denunciantes fueron mujeres (69% estudiantes,15% personal administrativo y 9% académicas), por el contrario, el 89.8% de los denunciados eran hombres (47.8% estudiantes, 23.3% personal académico y 16.3% trabajadores).
- Respecto a la violencia que sufrieron, 88.89% reportó experimentar entre 1 y 3 situaciones de violencia y el 93.25% entre 1 a 4 violencias.
- Según el tipo de relación entre las personas involucradas, en conexiones alumnado-profeso se presentaron 42 situaciones de discriminación, 121
de acoso en sus diversas formas, 48 de hostigamiento sexual, 17 de sexting no consentido y 21 violencia física. En el ámbito laboral, 39 casos
de discriminación, 48 de acoso, 27 de hostigamiento sexual, apenas 1 de sexting no consensuado y 11 episodios de violencia física. - Del total de casos analizados, en el 76% se implementaron medidas precautorias para proteger a las personas afectadas y en el 24% de los casos no se aplicaron.
En 2023, siendo el séptimo año en el que se implementó el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM, la Defensoría orientó a mil 897 personas y atendió 943 casos que se procesaron en quejas, presentando un aumento de 200 casos respecto a 2022 y 500 en comparación a 2021. El 92% de los denunciantes fueron mujeres (20% personal administrativo, 10% académicas y el resto estudiantes), mientras que en el perfil de los agresores encontraron 80.5% eran varones, 15.16% mujeres, 0.21% una persona transexual y no se tiene información del 4.13% restante (43% estudiantes y 23% fueron académicos).
- Las relaciones académicas constituyen el principal escenario de conflicto con 380 casos: situaciones entre compañeros 66.05%, relación alumna-profesor 27.89% y profesora-alumno 4.21%.
- El 82% experimentó entre 1 y 4 situaciones de violencia, el 5.19% entre 5 y 8 agresiones y el 0.10% enfrentó hasta 8 agresiones de violencia.
- En los tipos de violencia reportados destacan 150 quejas por acoso, 53 por discriminación, 30 de violencia física, 31 quejas por hostigamiento sexual y 6 por sexting no consensuado.
- En el entorno laboral, el acoso vuelve a ser la principal manifestación de violencia (41 casos), seguido de cerca por la discriminación (32 casos). El hostigamiento sexual se registró en 18 casos, la violencia física en 7, y el sexting no consensuado en 1 caso.
- Ante los casos recibidos, el 51.33% de los casos se implementaron medidas precautorias para proteger a las personas afectadas. Por otro lado, en el 48.67% restante no se aplicaron.
De acuerdo con el informe, los datos evidencian que, pese a los esfuerzos de la UNAM para atender la violencia de género, el problema estructural persiste y se diversifica. Existen patrones recurrentes, por ejemplo, la violencia se concentra en espacios académicos en relaciones entre compañeros o alumno-profesor en el 48.6% de los casos y los principales afectados don estudiantes (63% al 69&) seguido por trabajadoras administrativas (15% al 20%).
Los resultados del protocolo son limitados, solo entre el 51.33% y 76% de los casos se aplicaron medidas restaurativas y en el 5.29% de los casos las personas reportaron entre 5 y 9 agresiones: «Estas cifras no solo reflejan la urgencia de fortalecer la respuesta institucional, sino también el valor de las denunciantes, quienes, al romper el silencio, exponen una realidad históricamente invisibilizada y en la mayoría de los casos, son victimizadas y sufren incluso hostigamiento de sus pares al denunciar», apunta el informe.
Caso UACH
En 2021, la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) la violencia de género contra mujeres en el ámbito escolar incrementó, por lo que se denunció que en el estado falta una política educativa de prevención, investigación, sanción, reparación del daño y erradicación de la violencia de género. Por ello, la Red de Profesoras Universitarias de Chihuahua acompañó y dio seguimiento desde la primera queja presentada ante la Defensoría de Derechos Universitarios de la UACH.
Los docentes y personal administrativo fungieron como «enlaces» de la Unidad de Género en cada facultad para la atención a las víctimas de violencia de género, pero al no contar con capacitación necesaria para atender las quejas muchas víctimas fueron revictimizadas abandonando sus denuncias. En consecuencias, muchas desertaron de sus estudios o tuvieron afectación en su desempeño académico, su proyecto de vida y su salud física y mental.
Dos facultades fueron señaladas, la primera fue la Facultad de Artes cuando en 2019, 23 alumnas firmaron una queja contra un profesor por acoso sexual, 5 de ellas interpusieron una queja ante la Defensoría de la UACH. También huno un caso de violación sexual por el profesor señalado que fue reconocido gracias a un testimonio, aunque este último no tuvo seguimiento institucional.
En respuesta, en 2023 la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chihuahua emitió la recomendación 5s.1.2.247/2021, en la que se sugiere la inmediata reparación del daño a las víctimas, sancionar al responsable y medidas para la no revictimización de las estudiantes de esta facultad; sin embargo, la UACH no localizó a las víctimas desde que se presentaron las denuncias en la Defensoría.
Por otro lado, en algunas carreras afines al área de salud donde las mujeres realizan su Internado de pregrado, Servicio Social o Residencias médicas -en dependencias externas a la universidad- en los tres niveles se registró acoso, así como hostigamiento sexual y laboral. Esto pone a las estudiantes en una situación precaria y de indefensión, ya que las autoridades no asumen la responsabilidad para atender los casos.
El informe denunció que pese a contar con una Defensoría, las políticas públicas y protocolos de atención a la violencia de género contra estudiantes de educación superior no son resolutivas, ya que se tuvo que involucrar instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Centro de Atención a la Violencia contra las Mujeres (CAVIM) o la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razón de Género (FEM).
También se realizaron procedimientos con el acompañamiento de la Red de Profesoras Universitarias, para que las alumnas pudieran acceder a interponer un recurso jurídico, ya que las autoridades no ofrecieron ni medidas de protección, ni atención a sus demandas, sino lo contrario, más acoso por atreverse a denunciar.
«Es necesario un cambio para el establecimiento de medidas de protección y no revictimización para las víctimas. En pocos casos se suspende a los
generadores de violencia, la mayoría de los casos continúan impunes, mientas que las alumnas desertan o abandonan su carrera, cortando así su proyecto de vida, aunado a la afectación psicológica y familiar adicionales»
Asimismo, las profesoras que acompañaron a las alumnas en la elaboración de las quejas y el seguimiento también fueron castigadas con presiones laborales, reducción de clases y horarios que se traducen a menores recursos y criminalización por su tarea como defensoras.
Recomendaciones del informe
- Política pública integral: establecer una política clara y efectiva para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género en instituciones educativas públicas y privadas con reparación integral del daño.
- Coordinación estatal: la Secretaría de Educación debe coordinar y garantizar la estandarización y ejecución de sanciones por violencia de género en todas las instituciones educativas.
- Registro de sancionados: crear un registro de personas sancionadas por violencia de género en todos los niveles educativos para evitar su reincidencia en otros centros.
- Aplicación de la Ley 3 de 3: adaptar la ley y aplicarla en todos los niveles educativos impidiendo el acceso a la docencia a agresores, deudores alimentarios y hostigadores.
- Educación con perspectiva de género: Establecer medidas que garanticen la inclusión de la perspectiva de género en planes y programas de estudio, así como en la capacitación especializada del personal docente, directivo y administrativo.
