Ciudad de México. — La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) celebró una audiencia pública en el caso de Celia Ramos Vs. Perú, considerado el primer caso de esterilización forzada de Perú que llega ante ese Tribunal y hoy ya es considerado un hito histórico y una oportunidad clave para que la Corte reconozca esta práctica como un crimen de lesa humanidad y una forma de violencia reproductiva que se llevó a cabo durante el régimen de Alberto Fujimori en ese país.
Celia Ramos, una mujer de Piura en situación de pobreza, fue sometida a una esterilización sin su consentimiento en julio de 1997 producto del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF), impulsado, ejecutado y supervisado por el gobierno de Fujimori y sus ex ministros de salud entre 1996 y 2001.
A pesar de haberse negado reiteradamente, Celia fue presionada por personal de salud y finalmente intervenida quirúrgicamente sin un consentimiento pleno, libre, previo e informado. Sufrió un paro respiratorio por la medicina suministrada durante la operación, le provocaron un coma y falleció 19 días después, sin recibir la atención médica necesaria.
A principios de 1997, Celia acudió a un puesto de salud buscando atención odontológica y desde entonces, igual que le ocurrió a María Mamérita Mestanza Chávez y a miles de mujeres más bajo el régimen de Alberto Fujimori, fue buscada y presionada para practicarse una esterilización.
El personal de salud le insistió en que era una operación sencilla, que le evitaría un embarazo riesgoso y le garantizaría acceso a programas sociales para sus hijas. Celia fue forzada a una esterilización en julio de ese mismo año. Debido a esa intervención, murió 19 días después.
Durante la audiencia, su hija Marisela Monzón Ramos expresó el profundo impacto de su pérdida y las expectativas que tiene con este proceso: “Mis hermanas y mi familia esperamos que, después de casi tres décadas del fallecimiento de mamá, se reconozca la verdad de lo que pasó, que se haga justicia, que se abra una investigación real y exhaustiva, y que el Estado reconozca y repare la afectación que nosotras tuvimos”.
El caso de Celia no es un hecho aislado, sino que corresponde al patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos bajo el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSRPF) que afectó a miles de mujeres, la mayoría de ellas en situación de pobreza, rurales e indígenas.
Al respecto la perita Kimberly Theidon, señaló que en el marco del PNSRPF “se impusieron estereotipos de género, legados coloniales, la discriminación étnica y normas machistas que consideraban que mujeres pobres, rurales, analfabetas e indígenas no tenían el derecho de tomar decisiones sobre su fertilidad, ni ejercer autonomía sobre sus cuerpos”.
Según cifras del Ministerio de Salud de Perú, entre 1996 y 2001 se realizaron más de 270 mil ligaduras de trompas uterinas, la mayoría sin garantías efectivas del derecho al consentimiento libre e informado, la salud y la vida. A la fecha, casi 7 mil mujeres han sido incorporadas en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas, (REVIESFO) y continúan esperando por justicia y reparaciones integrales. A ello se suman 18 víctimas mortales documentadas por la Defensoría del Pueblo vinculadas a estas prácticas, lo que subraya la gravedad de las consecuencias sufridas por las víctimas.
En septiembre del 2024, Cimacnoticias informó tras las muerte del ex mandatario peruano Alberto Fujimori, acontecida el 11 de septiembre de ese mismo año, se hizo más grande la denuncia por la esterilización forzada que vivieron mujeres provenientes de comunidades indígenas, andinas, amazónicas y zonas rurales, como resultado del violento Programa Nacional de Planificación Familiar y Salud Sexual y Reproductiva impulsado por el régimen de este ex presidente entre 1995 y 2001.
Tras la muerte del mandatario, el Centro por la Justicia y el Derecho Penal (CEJIL) planteó un número aproximado de 2 mil mujeres víctimas de este hecho, pero el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de Perú, refierió que este número, de hecho, es mucho mayor, alcanzando a 314 mil 605 mujeres.
Esterilización forzada contra mujeres peruanas en régimen de Fujimori. Ni perdón, ni olvido
De esto deviene en la digna rabia e indignación colectiva, pues tras anunciarse la muerte de Alberto Fujimori, -producto de un cáncer-, el Estado conmemoró su vida para honrarlo y se le dedicaron honores en los medios masivos de comunicación; pero este personaje político, es responsable de la violencia y muerte de miles de mujeres.
El caso ante la Corte
En el 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró la responsabilidad del Estado peruano en el caso de Celia y recomendó medidas de reparación integral. Sin embargo, y ante la falta de avances sustantivos, el caso fue remitido a la Corte IDH en 2023.
Desde las organizaciones que acompañamos a las víctimas, Maria Ysabel Cedano abogada de DEMUS destacó:
“La Corte tiene la oportunidad histórica de hacer justicia estableciendo la responsabilidad del Estado peruano por este crimen de lesa humanidad, reparar integralmente con y para las víctimas y adoptar garantías de no repetición para que nunca más se vulnere el derecho al consentimiento libre e informado sin discriminación alguna”.
En igual sentido, Catalina Martínez Coral, Vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, aseguró “el caso de Celia representa una grave violación a los derechos humanos cometida en el marco del programa estatal de planificación familiar. Este caso es clave para que la violencia reproductiva sea reconocida como una grave violación a los derechos humanos y un crimen de lesa humanidad”.
Durante la audiencia pública ante la Corte, el Estado peruano adoptó una posición negacionista, frente a las graves violaciones cometidas en el marco del PNSRPF. Negó que se cometieron esterilizaciones forzadas de manera sistemática y cuestionó la existencia de una afectación a los derechos humanos de miles de mujeres.
Además, desconoció los riesgos que enfrenta la organización DEMUS, que representa a la familia de Celia en este litigio, ante la reciente reforma de la Ley de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (Ley APCI). Frente a ello, Gisela de León, directora legal de CEJIL, resaltó “esta norma atenta contra el derecho a defender derechos humanos de quienes, como DEMUS, ejercen esta defensa a través del uso de recursos judiciales y administrativos a nivel nacional e internacional”.
Al finalizar la audiencia, las organizaciones peticionarias solicitaron a la Corte que declare al Estado peruano responsable por la comisión de crímenes de lesa humanidad y por la violación de múltiples derechos, incluyendo el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud, a la autonomía reproductiva, a la igualdad ante la ley, y a las garantías y protección judicial de Celia Ramos y su familia.
También pidieron que el Estado investigue de forma exhaustiva, pronta y seria los hechos que llevaron a la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Ramos, y que sancione a todas las personas responsables, incluyendo altos funcionarios del gobierno de la época. Solicitaron además la implementación de reparaciones integrales para la familia de Celia y la política de reparaciones integrales transformadora para todas las víctimas de esterilizaciones forzadas, y garantías efectivas de no repetición.
Antecedentes
El caso de Celia Ramos tiene antecedentes importantes. En 2003, el Estado peruano firmó un Acuerdo de Solución Amistosa en el que reconocía su responsabilidad por un caso similar, el de María Mamérita Mestanza Chávez. En ese acuerdo, el Estado se comprometía a implementar medidas de reparación integral, pero 20 años después, las medidas de fondo aún no se han cumplido: los casos siguen en la impunidad, no se han implementado modificaciones legislativas y políticas públicas que garanticen que estos hechos no vuelvan a ocurrir.
Como lo explica Carmen Cecilia Martínez, directora asociada de estrategias legales del Centro de Derechos Reproductivos, «el envío del caso de Celia a la Corte Interamericana tiene un especial significado porque coincide con el aniversario número 20 del Acuerdo de Solución Amistosa del caso María Mamérita Mestanza Chávez, quien también murió como parte de una política cruel y sistemática de esterilizaciones forzadas en contra de mujeres, en su mayoría, indígenas, campesinas, que vivían en situación de pobreza. Celia, María Mamérita, y miles de mujeres vieron anulada su autonomía reproductiva, sin que hasta hoy reciban justicia por los daños irreversibles a su vida, salud, e integridad. Confiamos en que la Corte no solo pueda ampliar su jurisprudencia alrededor del consentimiento previo, libre, pleno e informado, sino que visibilice esta forma de violencia reproductiva a la luz de los estándares internacionales».
Las esterilizaciones forzadas hicieron parte del llamado Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado por la dictadura de Alberto Fujimori. Según el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO, creado a partir del Acuerdo de Solución Amistosa del caso Mestanza), hoy hay 6 mil 504 víctimas inscritas en todo el país.
Milton Campos, abogado por Demus (organización feminista peruana) de la hija mayor de Celia Ramos, que es parte civil en la investigación judicial en curso contra el expresidente Fujimori, sus exministros de salud Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga, entre otros; informa en este caso se han registrado mil 264 denunciantes. Precisa que la Fiscalía ha pedido que se amplíe esa investigación para incluir a 2 mil 264 denunciantes adicionales.
El abogado subrayó que miles de denunciantes han visto vulnerados sus derechos de acceso a la justicia y garantías judiciales. Cynthia Silva, directora de Demus, agregó que en el proceso de ampliación de la extradición de Fujimori, que se sigue por esta causa ante la Corte Suprema de Chile, el Estado peruano no cuenta con abogado, lo que ha generado un estancamiento en el proceso.
María Ysabel Cedano, abogada por Demus en el caso, enfatiza en que la Corte IDH tiene la oportunidad histórica de revertir el contexto de impunidad que han vivido miles de mujeres en el Perú estableciendo medidas de reparación y no repetición concretas, que a su vez puedan robustecer las obligaciones que tienen los Estados en materia del derecho al consentimiento, y la salud sexual y reproductiva.
