Ciudad de México.- Este miércoles, concluyó el segundo y último día de la audiencia que sostuvo el Estado mexicano ante la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), en la cual, una delegación de funcionarias acudieron a Ginebra, Suiza para rendir cuentas rinde cuentas sobre el avance y cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad de género y de nueva cuenta, las mexicanas evadieron los cuestionamientos, además, negaron problemáticas que violentan a las mujeres, niñas y adolescentes en el país.
Esta negación sistemática a lo largo de los dos días llevó a la determinación de no concluir este examen hasta que el Estado mexicano entregue respuestas por escrito las cuales fueron solicitadas por la CEDAW pero evadidas con contundencia.
La segunda audiencia comenzó puntualmente a las 7 de la mañana hora de México) y 3 de la tarde, hora de Ginebra, con la participación de la delegación mexicana quienes retomaron los temas pendientes de la sesión anterior. A diferencia del día anterior, cuando se destinó gran parte del tiempo a responder únicamente dos de los cuestionamientos del Comité, esta vez las respuestas fueron más concisas haciendo que la audiencia fuera más corta.
Durante la sesión, la relatora para México del Comité CEDAW, Yamila González Ferrer, reconoció la diversidad cultural y natural del país así como su importancia como referente en América Latina y felicitó a México por la elección de una mujer como presidenta por primera vez en su historia y destacó la creación del Sistema Nacional de Cuidados.
Aunque es importante recordar que fue la misma Citlalli Hernández, Secretaria de las Mujeres quien informó el pasado 26 de noviembre del 2024 durante el Encuentro Nacional: El Futuro de los cuidados en México, organizado por extinto Instituto Nacional de las Mujeres, que este sexenio México no tendrá un Sistema Nacional de Cuidados y con ello fue la misma funcionaria quien despejó la incertidumbre por la promesa de campaña que emitió la actual presidenta de México. En ese momento dijo:
«Difícilmente, México gozará de éste en 2025, pues será un año crucial de trabajo, diseño y estadística que permita poner las primeras piedras rumbo a 2026; configurar un Sistema Nacional de Cuidados requerirá de años de planeación, políticos y recursos que, probablemente, no alcancen a estar completamente cubiertos al cierre del sexenio.
Se cae promesa de Sheinbaum. En este sexenio no habrá Sistema Nacional de Cuidados
Hay que recordar que México firmó la CEDAW el 17 de julio de 1980 y la ratificó el 23 de marzo de 1981, por lo que está obligado a eliminar la discriminacipon contra las mujeres en todas sus formas y adoptar medidas legislativas, judiciales y administrativas para garantizar la igualdad sustantiva.
En esta ocasión, México rindió cuentas ante su X informe periódico en el que representantes del Estado mexicano viajaron a Ginebra, Suiza, para sustentar el documento enviado en septiembre de 2024. México llegó con 209 recomendaciones de la CEDAW que ha desobedecido desde 1998 y según compartió Azucena Enríquez, secretaria académica de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la UNAM (CUDH-UNAM) a Cimacnoticias, aproximadamente el 70% de las recomendaciones no han sido cumplidas de forma satisfactoria.
En este contexto no cumplido, el Estado mexicano concluyó esta comparecencia CEDAW 2025 donde las relatoras Ana Peláez Narváez, Patsilí Toledo Vázquez, Jelena Pio Comella, Esther Eghobamen-Mshelia y Rangita de Silva de Alwis cuestionaron la falta de cumplimiento de las recomendaciones en lo que respecta a los artículos 8 al 16 de la Convención -las cuales mencionan derechos en: migración, educación, salud, trabajo, economía, condiciones jurídicas y discriminación en contextos familiares y relaciones de pareja.
Pero en el turno para responder de la delegación mexicana evadió los cuestionamientos, por ejemplo, Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, destinó tiempo de las respuestas a enfatizar las acciones implementadas desde la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo a la presidencia de México y de la narrativa oficialista de «es tiempo de mujeres», pero no dio cifras de avances en migración, educación, salud, trabajo, economía, condiciones jurídicas y discriminación en contextos familiares y relaciones de pareja.
Hernández a lo largo de estos dos días estuvo acompañada también de la senadora Martha Lucía Mícher; Jennifer Feller, directora de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Sayuri Herrera, directora de Acceso a la Justicia para las Mujeres de la Semujeres; Mónica Soto presidenta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TPJF); Ingrid Gómez Saracibar, subsecretaria para una Vida Libre de Violencias de la Semujeres y la Janet del Rosario Cruz, representante del Consejo Nacional de Pueblos Indígenas.
Así transcurrieron las horas y los cuestionamiento pero la constante de la delegación mexicana fue la evasión y evitar la presentación de datos concretos sobre la disminución y de la violencia contra las mujeres que permitieran evaluar si, efectivamente, existe una disminución.
Esta omisión generó un vacío informativo en el diálogo ante la CEDAW al no dar impacto real de las políticas públicas implementadas en este sexenio. La falta de evidencia concreta debilitó la evaluación del Estado mexicano.
Este escenario ya había sido advertido por varias organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidios (OCNF), en la presentación del informe sombra «Informe al Comité CEDAW ante la Décima Evaluación al Estado mexicano», el pasado 17 de junio, en el que documentaron retrocesos, omisiones graves y falta de voluntad política en la protección de los derechos de las mujeres, evento donde también se reiteró que la narrativa oficial del Estado mexicano no corresponde con la realidad que enfrentan las mujeres en México, sobre todo aquellas en situación de mayor vulnerabilidad.
Temas claves evadidos
Durante la audiencia ante la CEDAW, las discrepancias señaladas se hicieron evidentes. Temas como la violencia feminicida, la criminalización de las mujeres que abortan, la militarización de la seguridad pública, la falta de justicia en casos de desapariciones, la funcionalidad de los órganos autónomos, fueron negados principalmente por Citlali Hernández.
Por ejemplo, la titular de la Semujeres declaró que la militarización de la seguridad en el país no existe, pues argumentó que la Guardia Nacional es una nueva figura policial nacional, que ha sido acompañada por la DEFENSA, por lo que no implica una «militarización». Reconoció las violaciones a derechos humanos cometidas por fuerzas armadas, pero atribuyó que este problema había ocurrido en el pasado, sin tomar en cuenta las 219 denuncias por violación de derechos humanos ante la CNDH interpuestas contra la Guardia Nacional desde el 2020 y las 4 mil quejas del mismo tipo en contra de las fuerzas armadas en general.
Actualmente existen diversas investigaciones que evidencian cómo los contextos de militarización incrementan la violencia estructural que viven las mujeres, volviendo sus cuerpos territorio de guerra y control. La Investigación “Permiso para matar” publicada en 2024, señala que fue posible identificar 222 mujeres que fueron víctimas de asesinatos y desapariciones en México, desde el año 2006 y hasta 2022, a manos de policías estatales, agentes federales, soldados y marinos, es decir, integrantes de las corporaciones que ejercen sus funciones con amplia discrecionalidad.
Por otro lado, la Secretaria de las Mujeres afirmó los efectos positivos de la elección judicial asegurando que la reestructuración del personal del Poder Judicial podría ayudar a mejorar el acceso efectivo a la justicia sin informar los señalamientos y problemáticas que se tuvieron durante el proceso como la falta de capacitación especializada para juzgar con perspectiva de género o la cantidad de personas acusadas por violencia de género que se le filtraron al INE para ser electos el pasado 2 de junio.
Es importante traer a cuenta a Fatima Gamboa, abogada y directora de Equis Justicia, quien señaló previamente para Cimacnoticias que la celebración de una elección popular para elegir al Poder Judicial no cuenta características que neutralicen la ineficiencia de la impunidad o mejore la atención judicial para las mujeres desde sus cimientos, pero sí se atañe un valor preocupante, que es el de permitir un proceso electoral donde se ondeen banderas políticas.
Otro tema evadido fue la manera en que la Secretaría de las Mujeres, operará los programas que ya manejaba el extinto Instituto de las Mujeres (Inmujeres) en conjunto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (CONAVIM) y que desaparecieron junto con éste como las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).
También es necesario señalar que la Conavim, surgió como dependencia federal en 2009, durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, en respuesta a las Convenciones sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) y de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer (Convención Belem do Pará), así como a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Al respecto, un informe sombra reveló que la institución, refiriéndose a la Secretaría de las Mujeres, no ha sido capaz de asumir la función de las AVGM ante la falta de estructura administrativa y personal, por lo que la nueva reestructura se ha traducido a un retroceso que ha debilitado la protección estatal de las mujeres.
Pero Citlalli Hernández solo se limitó a reiterar que la institución es nueva y, por lo tanto, aún falta un largo camino para adaptarse y lograr cubrir todas las áreas de las que se encarga, sin hacer mención del despido masivo a las antiguas trabajadoras que operaban antes de la creación de la Secretaría de las Mujeres.
También, negó que en el país existieran mujeres encarceladas por el delito de aborto cuando datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) publicados en su informe «Maternidad o castigo. Hacia la despenalización del aborto en México» muestran que de enero de 2012 a diciembre de 2022 hubo 12 mujeres en prisión preventiva por el delito de aborto, en 412 ocasiones se ejerció la acción penal por abortar (145 fueron mujeres) y se emitieron 142 sentencias (32 dirigidas a mujeres). Dichos datos fueron obtenidos a través de solicitudes de información a las 32 entidades de la república mexicana.
La Secretaria de las Mujeres añadió la efectividad de la Ley de Amnistía implementada en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la cual otorga «perdón» a cualquier persona sentenciada por el delito de aborto; sin embargo, el informe del OCNF se señala que solo en 1 caso una mujer ha podido salir en libertad de las 10 solicitudes que han demandado esta ley.
También afirmó su confianza en las medidas implementadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para combatir la crisis de desapariciones como consolidar la Clave Única de Registro de Personas (CURP), como única fuente de identidad y crear una base nacional de identificación humana, sin mencionar que estas propuestas ya existen en el país de forma previa a la llegada del partido oficial Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), mismo en el que milita Hernández, es decir, no hay políticas nuevas para enfrentar la crisis de desaparecidas.
En este tema el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ya lo advertía, la iniciativa presentada por la presidenta de México, no aborda la búsqueda inmediata y de campo, o las células de búsqueda municipales. Tampoco reforma a las fiscalías, al Sistema Nacional de Atención a Víctimas o ayuda a las Comisiones de Búsqueda, no fortalece los mecanismos extraordinarios de identificación forense, del Centro Nacional de Identificación Humana o los centros regionales de identificación humana. No se destinan más recursos económicos del presupuesto o la participación de familias en la creación de políticas de búsqueda y en la misma reforma que está en procedimiento legislativo.
