Ciudad de México.– Ser mujer indígena y acceder a un cargo de liderazgo implica doble discriminación para enfrentar al sistema patriarcal que responde con violencia y mecanismos de expulsión, como en el caso de Inés Martínez, primera presidenta municipal de Zapotitlán, Oaxaca, quien durante su gestión enfrentó violencia política ejercida por funcionarios locales y ante esta situación, el congreso local optó por desaparecer los poderes del municipio, antes que sancionar a los agresores.
En 2023, Martínez, junto con la regidora de Salud, Elodia López, denunciaron al síndico José N y al regidor Damián N, por discriminarlas, cuestionar su capacidad y excluirlas de las decisiones del gobierno municipal, únicamente por ser mujeres. Las acusaciones se centraban en calificarlas de “incompetentes” y desestimar sus opiniones, especialmente en temas considerados “de hombres”, como las obras públicas.
Este caso refleja un entramado estructural en el que la participación política de las mujeres indígenas y afrodescendientes enfrentan múltiples formas de violencia interseccional. Según el informe Violencia política contra mujeres de comunidades indígenas, ejercer los derechos de las mujeres en estas comunidades ocurre dentro de un sistema de cargos cívico-religiosos construido desde una visión patriarcal.
Las mujeres no se autoexcluyen voluntariamente de la vida pública y política; su ausencia responde a prácticas sociales y sistemas de creencias profundamente arraigados que dificultan su participación y permanencia en el poder.
“Los ataques a una mujer que ocupa un puesto público tienen también implicaciones para aquellas mujeres que tienen el deseo de dedicarse a la política. El descrédito a una presidenta por el hecho de ser mujer es menguar los deseos y prospectivas de otras mujeres” (Violencia política contra mujeres de comunidades indígenas, 2016).
En el caso de Zapotitlán, el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO) sancionó en junio de 2024 a ambos regidores por ejercer violencia política contra Martínez y López, al determinar que ambos funcionarios utilizaron su posición para difamarlas públicamente en asambleas comunitarias, con la finalidad de desprestigiarlas, a pesar de carecer de pruebas. Además, se documentó que ejercían violencia simbólica a través de actos como limitarles el uso de la palabra y minimizar constantemente sus decisiones durante las sesiones de cabildo.
La sanción impuesta consistió en una multa de 54 mil 285 pesos para cada uno y su inscripción en el Registro Estatal de Personas Sancionadas por Violencia Política en Razón de Género: nueve años y un mes para Longinos, y siete años y tres meses para Reyes.
Frente a esta situación, ambos impugnaron la resolución ante el Tribunal Electoral federal, argumentando que eran víctimas de violencia institucional; sin embargo, su recurso fue desechado por falta de pruebas.
Pese a que su impugnación no procedió, en abril de 2025, los acusados, junto con otro regidor y miembros de la Comisión Ciudadana Municipal, presentaron una solicitud al Congreso para desaparecer los poderes del Ayuntamiento, alegando conflictos internos, entre ellos la denuncia por violencia política en razón de género.
Ante ello, el Congreso oaxaqueño, que había ignorado por casi un año las sanciones del TEEO, las cuales implicaban la remoción de ambos funcionarios, llevó a cabo el pasado 20 de junio su segunda sesión extraordinaria, en la cual se votaron dos dictámenes de proyecto de decreto. El primero contemplaba la revocación del mandato de Longinos y Reyes tras haber sido sentenciados por violencia política en razón de género; el segundo optó por desaparecer por completo los poderes del municipio de Zapotitlán Palmas.
Finalmente, el Congreso decretó la suspensión del Ayuntamiento electo para el periodo 2023–2025. Esta decisión se justificó al señalar un “vacío de autoridad e ingobernabilidad que hacen imposible su funcionamiento”. Ante ello, el gobernador Salomón Jara instalará un Consejo Municipal que administrará el municipio durante el resto del periodo de gobierno.
Pese a que Inés Martínez ha buscado apoyo por parte del gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, les ha negado ayuda, ignorando por completo las múltiples violencias cometidas durante su gestión. Del mismo modo, se intentó recurrir a la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, pero la respuesta ha sido la misma: un silencio absoluto.
Violencia política: herramienta ignorada o mal ejecutada
De acuerdo con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la politóloga Flavia Freidenberg define la violencia política en razón de género como “aquellos comportamientos dirigidos específicamente contra las mujeres por ser mujeres, con el propósito de que abandonen la política, al presionarlas para que renuncien a ser candidatas o a un cargo público”.
Desde 2020, la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas para tipificar, nombrar y castigar la violencia política ejercida contra mujeres candidatas o funcionarias. No obstante, casos como el de Inés Martínez evidencian que las sanciones, aunque dictadas, muchas veces son ignoradas o se buscan estrategias para no ejecutarlas.
Además, se ha documentado que este mecanismo ha sido mal utilizado, convirtiéndose en una herramienta de censura. El caso más reciente, reportado por Cimacnoticias, ocurrió el 13 de julio, cuando se sancionó a la ciudadana Karla María Estrella Murrieta por emitir una opinión en contra de la diputada federal Diana Karina Barreras en febrero de 2024.
Otro ejemplo fue el de la columnista Laisha Wilkins, quien compartió en su perfil de X una publicación de Aristegui Noticias en la que se acusa a la excandidata a ministra, Dora Martínez Valero, de intentar censurar la investigación “Televisa Leaks”. En consecuencia, Wilkins fue denunciada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al mismo tiempo que se presentó una denuncia contra la periodista Carmen Aristegui por revelar el intento de censura.
Si bien la tipificación de la violencia política ha sido un logro feminista imprescindible, seguimos enfrentando un Estado que ignora a quienes sufren estos abusos y perpetúa el aislamiento de las mujeres en la esfera política. Esta herramienta, aunque necesaria, ha sido omitida y, en algunos casos, transformada en un instrumento de control.
