Ciudad de México.- Ya pasaron casi dos meses desde que la defensora otomí Estela Hernández Jiménez sufrió tortura sexual por elementos de la Policía Estatal de Querétaro, por lo que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México instó al gobernador Mauricio Kuri González; al presidente municipal de Amealco de Bonfil, Oscar Pérez Martínez; y a la titular de la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ), Irene Quintanar Mejía, a garantizar su integridad física y psicológica, así como el cese de agresiones en su contra.
De acuerdo con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, la represión que vivió Estela no es un hecho aislado, sino que se enmarca bajo el contexto de despojo, discriminación y violencia contra los pueblos y personas defensoras del territorio.
La organización señaló como responsables a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al Ayuntamiento del Municipio de Amealco, así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); sin embargo, apuntaron principalmente al gobernador Mauricio Kuri González por permitir la aplicación de la fuerza desmedida.
De esta manera, acusaron que las agresiones contra el pueblo Santiago Mexquititlán se cometen desde las estructuras de poder (corporativos, ambientales, financieros o económicos) llevando a cabo crímenes de mayor gravedad como ecocidio, etnocidio, desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. Particularmente, mencionaron que la represión contra el pueblo fue una consecuencia de las acciones del Concejo Indígena de Santiago Mexquititlán, al que pertenece Estela, por ser uno de los entes en defensa del territorio.
No olvidemos que el pasado 4 de junio, Estela fue detenida, torturada física y sexualmente cuando la defensora asistió al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Amealco para exigir que se esclareciera la detención arbitraria de tres jóvenes indígenas en una redada arbitraria.
Sin embargo, existe un procedente que podría indicar que dicha acción fue un acto de venganza, ya que en 2017, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, tuvo que ofrecer una disculpa pública a las mujeres indígenas Alberta Alcántara Juan, Teresa González Cornelio y Jacinta Francisco Marcial (madre de la defensora) al ser acusadas falsamente de secuestro.
Este caso no es aislado, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, desarrolló en 2022 el primer Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual Cometido contra Mujeres Privadas de Libertad en México, el cual fue generado como parte de un resolutivo emitido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en su sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 contra el Estado mexicano por las 11 mujeres sobrevivientes víctimas de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco, estado de México:
En este diagnóstico se informó que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia, incluyendo la tortura sexual en diferentes etapas de su proceso de detención: ya sea en su arresto, traslado, puesta a disposición ante el ministerio público, arraigo, estancia en centro de reclusión o la etapa de juicio.
Y precisamente se especifica desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres que “este delito es mayor cuando se comete contra mujeres privadas de su libertad, al utilizar su cuerpo como un instrumento de castigo y sometimiento, y en ese contexto son procesadas penalmente, por tanto, enfrentan doble vulnerabilidad”.
Las mujeres de Santiago Mexquititlán en la mira
Ya han sido diversos los episodios donde se cometieron delitos contra las mujeres del pueblo de Santiago Mexquititlán que traducen a agresiones, tortura y estigmatización formando «crímenes de Estado patriarcal». En ellos, el encarcelamiento, golpes, criminalización y estigmatización de las mujeres como una forma de mensaje a la población, según señala la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
«La tortura y la violencia de género efectuada contra Estela Hernández demuestra que el mensaje de poder y control se sexualizó mandando un mensaje social al resto de mujeres sobre lo que puede pasar si hacen lo que ella hizo, solidarizarse, documentar, realizar trabajo comunitario, de defensa del territorio y los derechos humanos» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
Datos de Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) documentan las siguientes agresiones entre 2012 y 2024:
Defensoras de la tierra, territorio y el medio ambiente con 22.4%, defensoras a la verdad, justicia y reparación con 18.9%, defensoras a la información y libertad de expresión con 13.7%, defensoras a la participación política 10.4%, defensoras de las mujeres a una vida libre de violencia con 9.5%, defensora de derechos humanos con 6.5%, defensoras de las mujeres con 5.3%, defensoras de la educación con 3%, defensoras de las personas privadas de la libertad con 2.3%, defensoras de los derechos sexuales y reproductivos con 1.8%, defensoras de la población LGBTQI+ con 1.7% y defensoras de los pueblos indígenas con 1.6%.
Más voces en favor de Estela
Así como se pronunció la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida interpuso una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro ante la falta de una investigación para esclarecer las violaciones a los derechos humanos de Estela, así como de los tres jóvenes.
También solicitaron la aplicación de todas las medidas cautelares que sean necesarias para asegurar la protección de la defensora y de la comunidad de Santiago Mexquititlán. Asimismo, pidieron seguir las recomendaciones integrales y completas para emprender acción contra las instancias responsables para la reparación del daño, el castigo a los culpables y las medidas de no repetición.
De la misma manera, solicitaron frenar el acoso y financiamiento de grupos paramilitares, así como la utilización de medios de comunicación que violentaron a la defensora. Esto porque, días después de la agresión, medios acusados por mantener relaciones afines con el gobierno de Querétaro, reprodujeron el discurso en donde las autoridades estigmatizaron, difamaron y criminalizaron a los habitantes del pueblo de Santiago Mexquititlán.
Durante esa conferencia, el secretario de Gobierno del Estado de Querétaro, Carlos Alberto Alcaraz, hizo declaraciones en donde describió que en las comunidades se encontraron «factores de riesgo social», por lo que la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida advirtió que se pretende asociar el concepto de «comunidades indígenas» con «riesgo», convirtiendo así a las personas detenidas, entre ellos la defensora Estela, en «perturbadores del orden» para la violencia con la que se actuó.
«Referirse a la población de Santiago Mexquititlán como un lugar en el que hay “factor de riesgo social” es ir enfocando a la comunidad como un territorio en el cual será necesario poner orden, colocarles como posibles criminales para justificar futuros operativos, acciones, despojos y colocar a la opinión pública en su contra. Es decir que se justifica la violencia estatal con el racismo estructural. La repetición de las palabras foco de riesgo en declaraciones da cuenta de una estrategia, y no de declaraciones aisladas. « -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
La agresión contra Estela Hernández
Uno de los casos más violentos contra una defensora de derechos humanos del pueblo Santiago Mexquititlán es el de Estela Hernández. De acuerdo con la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida, fue detenida, torturada física y sexualmente alrededor de las 8 de la noche del pasado 4 de junio.
Elementos de la Policía Estatal de Querétaro (POES) arremetieron contra ella y su esposo. Según narró la defensora, en un video grabado por su hermana Sara Hernández, y la Asamblea Nacional por el Agua y la Vida.
Posteriormente fue metida en una unidad de la policía junto con más mujeres y hombres para trasladarla a un Ministerio Público, más tarde, la ingresaron en un cuarto donde ejercieron violencia física y sexual contra ella. Al salir, refirió sentir intenso dolor de cabeza, dolor de la cintura, adormecimiento del lado izquierdo de su cuerpo, dolor abdominal, dolor en el pie izquierdo, cojeo y dificultad para caminar.
De esta manera, la organización señaló que, en el episodio de violencia en su contra se violó el derecho a la igualdad y no discriminación de los pueblos indígenas, violencia contra mujeres (humillación, tocamientos, abuso de poder y sexismo), a la libertad personal en virtud de la detención arbitraria, a la integridad personal en virtud de malos tratos, y al derecho a defender los derechos humanos.
«Este comportamiento constituye una también violación de derechos (…) y es un acto de silenciamiento por parte del Estado, que está obligado de proteger y no transgredir los derechos cometiendo delitos una y otra vez, pues están enmarcados en tratados internacionales firmados y ratificados por el estado mexicano» -Asamblea Nacional por el Agua y la Vida
Como antecedente, en 2006 la madre de la defensora, Jacinta Maciel, fue detenida junto a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, acusadas falsamente en 2006 de secuestrar a seis agentes de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI). Pese a que fueron liberadas entre 2009 y 2011 al comprobarse que no habían cometido ningún delito, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) determinó que había actuado de manera regular, por lo que negó la reparación hasta que, en 2017, la institución ofreció una disculpa.
Jacinta Francisco Marcial | Cimac Noticias
